La etapa de transición política que se ha abierto en Venezuela es una invitación al discernimiento sobre la contribución la Iglesia Católica a propiciar un avance hacia la institucionalidad de lo público, el entendimiento, la negociación política, la justicia y la paz social. Comparto algunos comentarios a raíz de mi visita a Venezuela entre el 15 y e l 30 de diciembre de 2015, sin pretender un análisis completo de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015 en el contexto de la situación económica o social.

El sistema político venezolano ha entrado, después de las elecciones del 6 de diciembre 2015 (6D-15), en una etapa de transición. Lo que no es tan claro es hacia dónde se dirige esa transición. La crisis de legitimidad que puso punto final al Sistema de Partidos Políticos y Reconciliación de Élites (1958-1998), no pudo ser superada por el proyecto político de la revolución bolivariana (“chavismo” o “bolivarianismo”).

Generar las condiciones para construir la legitimidad política necesaria para vivir como sociedad sigue siendo la causa profunda de la prolongada inestabilidad en Venezuela. Esta causa profunda del proceso socio-político venezolano se menciona poco o se prescinde de ella en los análisis y comentarios de mayor difusión. Por eso, se tiende a ver la condición de país petrolero en términos exclusivamente económicos produciendo una mirada incompleta y explicaciones superficiales de la condición de país “rico” por poseer abundantes reservas de hidrocarburos y “pobre” por depender de los precios de un recurso natural sometido a los vaivenes del mercado internacional.

Sin embargo, conviene recordar dos elementos claves para entender la relación de la sociedad venezolana con el petróleo.

El primero es la distorsión del Estado a causa de ser el exclusivo receptor y distribuidor de los ingresos petroleros. Ingresos que constituyen una “renta” puesto que los recibe en función de su condición de administrador de la propiedad nacional que es el recurso. Disponer en forma exclusiva de la renta petrolera hace al Estado “autónomo” de la sociedad. No depende de los ingresos que ella destina, a través de la tributación descontada a los beneficios de las actividades productivas y comerciales, sino que, por el contrario, la sociedad se hace “cliente” del Estado puesto que muchas de sus actividades dependen de la distribución de la renta petrolera.

El segundo es la existencia de una muy arraigada cultura política rentista. Ambos elementos ayudan a comprender la dificultad enorme de fortalecer la ciudadanía como condición de un pueblo organizado sujeto de un régimen democrático a cuyo servicio se ponga el Estado. La legitimidad política de un régimen democrático en Venezuela depende en buena parte de la superación de la cultura política rentista. El discurso político actual, bolivariano u opositor, no alude a esta necesidad de la cual son conscientes muchos de los líderes.

Las elecciones del 6D-15 pusieron de manifiesto el cambio de correlación de fuerzas políticas que se ha venido dando lentamente durante los últimos años. El proyecto bolivariano ha perdido la clara mayoría que exhibió durante mucho tiempo. La alianza de partidos y movimientos reunida en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) obtuvo una clara mayoría electoral y la mayor parte de los diputados a la unicameral Asamblea Nacional (112/167).

La MUD aventajó al chavismo en más de 2 millones de votos (2.108.397), es decir, 6l 56.2% de los votos contra el 40.8%. Situación electoral inédita desde el primer triunfo de Hugo Chávez en 1998. El “mensaje” enviado por los ciudadanos venezolanos va más allá de la elección de la Asamblea Nacional con mayoría opositora al proyecto bolivariano acostumbrado a dominar todos los poderes del Estado por 17 años.

Las elecciones rompieron los límites de zonas chavistas u opositoras en todo el país. Ningún grupo puede reclamar hoy zonas geográficas o capas sociales de su dominio exclusivo.

Se vieron signos importantes de actitud “institucional” de los militares y quedó patente el pluralismo político en el seno de las Fuerzas Armadas. En aquellas mesas en las que votaron sólo militares la ventaja a favor de la MUD fue mayor que la media nacional (70-30). Sin embargo, sigue siendo preocupante la poca transparencia del mundo militar y la proclamada lealtad al chavismo de los altos mandos.

La alta participación electoral (73%) no es casual. Indica la preferencia de millones de venezolanos por la vía electoral para solucionar conflictos políticos. Algunas medidas sobre circuitos electorales y características de las elecciones que se decidieron para favorecer al chavismo en las elecciones anteriores favorecieron a los candidatos de la MUD en ésta.

Fue notable el compromiso de muchos jóvenes en la actividad política directa (por ej. la campaña electoral) en contacto con la base social y la gente. El reto es la formación política sistemática de estos jóvenes y su vinculación a organizaciones de trabajo político y social (militancia)

El chavismo sigue en el gobierno[1]. No fue una elección Presidencial. La mayoría electoral podrá manifestarse a través del poder legislativo, con las limitaciones constitucionales que tiene. Para la oposición es una situación conveniente por cuanto puede crecer políticamente sin tener que las consecuencias de las medidas impopulares que serán necesarias para enfrentar la situación económica. La MUD debe cuidar su discurso político para no crear falsas expectativas de cambios rápidos o profundos y dirigir las responsabilidades hacia quien realmente las ha tenido durante estos años y sigue en el gobierno.

Corresponde al Gobierno enfrentar la aguda crisis económica y social que, sin duda, motivó buena parte de los votos en su contra. La inflación superó el 200% durante el año 2105 y el PIB decreció alrededor del 10%. Los precios del petróleo han estado alrededor de US$ 30 por barril, cuando estuvo por encima de $100 en los años anteriores, y todo indica que pasarán varios años antes de alcanzar precios por encima de $50. Hasta final del 2015 el gobierno no ha mostrado signos de cambiar su política económica ni ha ofrecido alternativas para mejorar el abastecimiento o impulsar la inversión productiva pública y privada.

Las consecuencias sociales de la situación económica recaen sobre los más pobres. El salario mínimo está rezagado en relación a los aumentos de precios causados por la galopante inflación. Las ayudas gubernamentales a través de las llamadas “misiones” no alcanzan a quien las recibe y la disminución de los ingresos petroleros obliga a disminuirlas. El resultado es un aumento de la pobreza que ha vuelto a los índices de los años 90 del siglo XX, revirtiendo uno de los principales logros de la revolución bolivariana.

Ante el cambio de mayoría en la Asamblea Nacional, el Presidente Maduro aprobó media docena de decretos-leyes usando las atribuciones otorgadas por la AN a través de la “Ley Habilitante” que venció el 31 de diciembre, imposible de prolongar con la nueva conformación del Parlamento.

Otras “triquiñuelas” políticas del chavismo después de las elecciones del 6D-15 han sido:

La instalación del “parlamento comunal” en espacios de la Asamblea Nacional. El Parlamento Comunal no está previsto en la Constitución. La ley de las comunas lo contempla como una instancia local pero no como instancia nacional.

El nombramiento de 13 magistrados y 21 suplentes del Tribunal Supremo de Justicia fuera de tiempo. Previendo un resultado adverso en las elecciones parlamentarias el bolivarianismo pidió a un grupo de Magistrados anticipar su jubilación para efectuar los nombramientos mientras tenían mayoría en la Asamblea Nacional y garantizar el “control” del Poder Judicial por el largo período de los nuevos Magistrados (10 años). Estos nombramientos no se hicieron con apego a los requisitos, lapsos y procedimientos previstos en las Constitución y las leyes vigentes.

La impugnación ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de 9 de los diputados recién electos. La Sala Electoral está conformada por Magistrados claramente identificados con el bolivarianismo. Si se logra disminuir el número de diputados de la MUD, la oposición perdería una de las tres “mayorías” en la Asamblea Nacional, la de 2/3 necesaria para algunas materias. Conservaría la de 3/5 y mitad más uno, que sirven para la mayor parte de las decisiones que puede tomar el Poder Legislativo. La MUD ha reaccionado “recusando” a los Magistrados de la Sala Electoral por sus vínculos con una de las partes.

La amenaza de obstaculizar la instalación de la AN el 5 de enero de 2015 llenando las calles alrededor de la sede con el “pueblo chavista”.[2]

En este contexto, la prioridad es recuperar la política como el modo de resolver los agudos conflictos, la polarización ideológica y las heridas sociales existentes. Recuperar la política forma parte del mensaje enviado por los electores. Se trata de profundizar la política para fortalecer la ciudadanía y construir la legitimidad del sistema político. Legitimidad republicana, como mínimo, y democrática para una buena parte de la ciudadanía venezolana, incluyendo integrantes de las Fuerzas Armadas.

Recuperar la política significa la re-institucionalización de lo público, es decir, que el Estado se organice y rija de acuerdo a la Constitución y las Leyes vigentes. De este modo existiría la autonomía de los poderes públicos el equilibrio entre ellos para garantizar los intereses públicos por encima de los privados de un grupo político o económico determinado.

Sin el fortalecimiento de la ciudadanía y de la organización popular no es posible la recuperación de la política. La crisis de legitimidad del Sistema de Partidos Políticos y Conciliación de Élites y la imposibilidad del bolivarianismo para reconstruirla tienen como causa fundamental la fragilidad de la ciudadanía en la población venezolana. La cultura rentista profundizada por el chavismo en el poder complica esa tarea. Sólo un pueblo de ciudadanos puede hacer política y vivir en democracia. La palabra “pueblo” evoca la idea de ciudadanos organizados.

El Estado fortalecido por su re-institucionalización debe ser capaz de diseñar, aprobar y poner en práctica políticas públicas que permitan garantizar lo básico para la convivencia:

El abastecimiento de productos alimenticios y medicinas. Este problema representa la mayor preocupación cotidiana de la población que debe hacer largas colas, recorrer establecimientos y pagar precios abusivos para abastecerse. Significa un desperdicio de horas y energías humanas demasiado grande e injustificable. Es, además, ocasión para multiplicar la corrupción que crece en las más variadas formas y espacios de la vida social, afectando principalmente a los más pobres.

Garantizar el abastecimiento está estrechamente ligado a políticas económicas que promuevan la producción, garanticen las importaciones y el equilibrio en las transacciones monetarias. Las diferencias cambiarias entre un dólar “oficial” a bolívares 6.30 o 50 y el dólar paralelo a bolívares 850 es insostenible, mucho más ante las limitaciones del propio gobierno para ofrecer dólares. También la corrupción se cuela en este esquema. Muchos de quienes logran acceso al dólar vendido por el gobierno prefieren venderlo en el mercado paralelo que usarlo para lo que fue concedido (importación de medicinas, insumos industriales básicos, etc.)

La atención a la salud. Comenzando por la garantía de ser atendido profesionalmente y de obtener los tratamientos para la curación de las enfermedades. Asimismo, la prevención de enfermedades, atención epidemiológica, nutrición de los niños, etc.

La seguridad ciudadana es la otra inmensa aspiración de la población venezolana. La tasa de homicidios no ha dejado de crecer en los últimos años hasta llegar en 2015 a 90 por cada 100 mil habitantes, es decir, tres asesinatos por hora.

La seguridad está sin duda ligada a llegar a contar con un sistema judicial eficiente y apegado a la ley, cuerpos policiales equipados y coordinados, además de un sistema penitenciario decente.

La educación de calidad es la inversión a futuro para aspirar a una sociedad con el desarrollo humano aspirado. Un sistema educativo que ofrezca una educación de calidad sin distingos sociales es una política de largo plazo que necesita su sostenimiento por varios períodos gubernamentales para garantizar su cobertura nacional y producir efectos. La calidad educativa debe aspirarse también en la Educación Universitaria en todas sus dimensiones: docencia, investigación y extensión universitaria.

Generar fuentes de trabajo productivo, estable y capaz de garantizar ingresos suficientes a los trabajadores para sostener su vida y la de sus familias, así como desarrollar sus capacidades.

Los tiempos difíciles que vive y ha vivido la sociedad venezolana han puesto también de manifiesto la capacidad de emprendimiento y la creatividad de millones de venezolanos. Esa fuerza social real necesita encontrar cauces de desarrollo para contribuir orgánicamente a superar no sólo la actual coyuntura económica sino el esquema rentista arriba aludido.

El camino es, sin duda alguna, la negociación entre las fuerzas y actores políticos. El diálogo es el instrumento de cualquier negociación.

El conocimiento de la realidad, tal como es, y el reconocimiento entre los actores para hacerse interlocutores son condiciones imprescindibles. La existencia de posiciones radicalizadas es normal en procesos políticos de búsqueda de la legitimidad. Quienes sostienen posiciones radicalizadas están llamados a participar en el diálogo aceptando las consecuencias de toda negociación que requiere a todos los actores ceder parte de sus posturas iniciales para llegar a posiciones aceptables por todos sin imposiciones forzadas. Posiciones radicalizadas que impidan la negociación es infantilismo político que lleva al aislamiento de quienes las sostienen y su salida de hecho del proceso político. Los radicalismos están presentas tanto en el chavismo como en la unidad democrática.

La Iglesia Católica está llamada a discernir su papel en esta etapa de transición. La Conferencia Episcopal Venezolana tiene, sin duda, una importante responsabilidad en ese discernimiento. Pero no sólo ella. Todas las organizaciones eclesiales están llamadas a participar en este proceso.

Se puede partir de la toma de conciencia de los cambios en la relación entre las instancias de la Iglesia y del Gobierno que se han producido desde la muerte de Hugo Chávez (5 marzo 2013).

Este periodo coincide con el pontificado de Francisco y con los esfuerzos de los Nuncios Apostólicos de tender puentes entre la Iglesia Católica y el Gobierno. Han sido notables los mensajes del Papa a Venezuela en apoyo a las iniciativas de diálogo político y la presencia del Nuncio Apostólico para garantizarlos cuando le ha sido pedido.

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha hecho un enorme esfuerzo por usar un lenguaje más pastoral y reconciliador que político. Ha ido logrando evitar los sesgos hacia la oposición y ofrecerse como espacio de diálogo.

La ocasión del Jubileo de la Misericordia para propiciar la reconciliación como ayuda al necesario dialogo político está allí. Por eso la importancia de preguntarse si estamos, como Iglesia en condiciones de extender los puentes para el diálogo y la reconciliación.

Esto supone un esfuerzo grande en sintonizar con la fe del pueblo, alimentarla pastoralmente del sentido evangélico de la misericordia como base de la reconciliación que lleva a la fraternidad que reconoce las diferencias, se alegra de ellas y favorece la convivencia plural.

31 diciembre 2015

[1] El presidente Nicolás Maduro anunció ayer cambios en su gabinete, así como la creación de otros ministerios. Aristóbulo Istúriz, hasta ahora gobernador del estado Anzoátegui, fue designado vicepresidente ejecutivo, cargo que ocupaba desde marzo de 2013 Jorge Arreaza, quien pasará a ocupar la Vicepresidencia del Área Social cartera de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología.

“Aristóbulo ha jugado un papel tremendo en las luchas populares. Un papel estelar desde los años 1980, en las luchas políticas contra el puntofijismo neoliberal y decadente. Fue el primer alcalde verdaderamente revolucionario que tuvo Caracas”, expresó el jefe del Estado.

La novedad fue la constitución de su equipo económico. De acuerdo con Maduro, deberá estar en “línea directa con las necesidades del país y en trabajo permanente con el pueblo” para impulsar un plan de rescate de la economía que tendrá una duración de tres años (2016-2019). “Estará centrado en la construcción del nuevo Estado Social”, aseguró.

Luis Salas fue nombrado vicepresidente económico y estará al frente del recién creado Ministerio de Economía Productiva. Salas, sin experiencia hasta el momento en el gobierno nacional o regional, coordinará un equipo de nuevos ministros, agrupados en lo que el presidente denominó el “bloque soberanía y seguridad agroalimentaria”. Lo integran Miguel Pérez Abad, en Industria y Comercio; Jesús Farías, en Comercio Exterior e Inversión Extranjera; Wilmar Castro Soteldo, en Producción Agrícola; el almirante Ángel Belisario Martínez, en Pesca y Acuicultura; Emma Ortega, en Agricultura Urbana, y Rodolfo Marco Torres, que hasta ahora era el vicepresidente económico y ministro de Banca Pública y Finanzas, en Alimentación.

Rodolfo Medina fue nombrado ministro de Banca Pública y Finanzas, y fueron ratificados Marlenys Contreras en Turismo, y Eulogio del Pino en Petróleo y Minería. Carlos Osorio, quien se desempeñaba como ministro de Alimentación, será el jefe de Defensa Integral de la Región Central.

Uno de los objetivos de este nuevo gabinete ministerial será el de “mantener y expandir todos los planes y grandes misiones sociales de la revolución, el milagro de Chávez, el milagro de la revolución”.

El jefe del Estado ratificó a Padrino López como ministro de la Defensa. Delcy Rodríguez fue nombrada vicepresidente del Área Política y confirmada canciller. En Educación estará Rodulfo Pérez; Luisana Melo en Salud; Gladys Requena en el despacho de la Mujer, Iris Varela en Servicios Penitenciarios; Freddy Ñáñez en Cultura; Mervin Maldonado en Juventud y Deportes; Oswaldo Vera en Trabajo; el mayor general Enrique González López en Interior, Justicia y Paz; Luis José Marcano en Comunicación e Información; Ricardo Menéndez en Planificación; Luis Motta Domínguez en Energía Eléctrica; Luis Sauce en Transporte; el general Manuel Quevedo en Vivienda y Hábitat, y Ernesto Paiva en Ecosocialismo y Agua; Clara Vidal en Pueblos Indígenas, e Isis Ochoa en Comuna y vicepresidente del Socialismo Territorial.

Como jefe de gobierno del Distrito Capital fue designado Daniel Aponte y Gerardo Izquierdo, ministro de Estado para la Frontera. (Tomado de El Nacional, 7 de enero de 2015)

Los nombramientos no dan señales de plantearse una política económica distinta a la de los últimos años. La presencia de Aristóbulo Istúriz en la Vice Presidencia abre mayores posibilidades de diálogo político.

[2] El 5 de enero 2016 fue asegurado por la PNB y la GNB el recinto de la AN y sus alrededores. Sendas concentraciones de partidarios de ambos bandos se produjeron sin contacto ni hechos violentos. Se instaló la AN con 109 diputados de la MUD y 54 del GPP (3+1 de Amazonas están “suspendidos” por el TSJ) la elección de la directiva, toda de oposición, presidida por Henry Ramos Allup (AD), acompañado de Enrique Márquez y Simón Calzadilla como Vice-Presidentes, además de Roberto Marrero y José Luis Cartaya como Secretario y sub secretario. La bancada chavista se retiró después de la elección de la directiva. Los MCS chavistas intentaron la imagen del pueblo en la calle en apoyo a la revolución y sus diputados en contraste con una mayoría opositora sin pueblo. El Presidente Maduro volvió sobre el tema de la guerra económica y las intenciones de la derecha de eliminar los beneficios al pueblo logrados en revolución. En la sesión del 6 de enero fueron juramentados los tres diputados de la MUD de Amazonas.