El pretendido diálogo entre la oposición y el régimen chavista, tantas veces prometido y no cumplido por el régimen desde 2002, no ha prosperado y ahora el régimen recurre al fraude electoral para impedir la realización, antes del 10 de enero de 2017, del Referéndum Revocatorio (RR) del presidente Nicolás Maduro.
Esta última versión de diálogo no ha avanzado porque siempre fue una farsa del chavismo, que lo ha utilizado como cortina de humo para encubrir sus trabas al proceso convocatorio del RR, con el claro propósito de evitarlo, a sabiendas de que su realización significa el fin de Maduro presidente y del régimen.
Para impedirlo consiguió el apoyo del Secretario General de la UNASUR, Ernesto Samper, quien nombró, sin el consentimiento explícito de los cancilleres del grupo, tres facilitadores de supuesta imparcialidad: Rodríguez Zapatero de España, Leonel Fernández de República Dominicana y Martín Torrijos. La mayoría de los países de hemisferio, tanto en la OEA como en UNASUR y MERCOSUR se expresaron, a favor del dialogo. Pero hasta hoy sus frutos son nulos; o peor, no hay diálogo formal. Prueba de ello es que ahora se ha solicitado la mediación del Vaticano. Mientras tanto cunde la crisis humanitaria y la miseria, se agudiza la polarización social y política, continúa la represión, la persecución y encarcelamiento de líderes de la oposición y se ignora la constitución y el Estado de derecho.
El diálogo y el RR son la única la vía pacífica y democrática para resolver la crisis política y humanitaria --crisis resultante de la ceguera ideológica, la inoperancia, corrupción, represión e impunidad del régimen chavista. El diálogo sólo tiene sentido para la oposición y su Mesa de Unidad Democrática (MUD) si es para garantizar el RR antes del 10 de enero, liberar los presos políticos, aliviar la crisis humanitaria y restaurar el respeto del Estado de derecho y la división de poderes. Pero si no hay diálogo ni RR pre-10 de enero, la oposición estará en su derecho de promover la desobediencia civil y la rebelión pacífica según lo permite la Constitución bolivariana (Arts. 333 y 350).
Como el diálogo ya no puede ser utilizado más para ocultar la obstrucción del proceso convocatorio del RR, el régimen instala la manipulación del proceso electoral (revocatorio) para su beneficio. El régimen ha usado el fraude para mantenerse en el poder desde 2004 y lo perpetró descaradamente en la elección inconstitucional de Maduro tras la muerte de Chávez en 2013.
Con su control del Consejo Nacional Electoral (CNE), el régimen ha introducido elementos fraudulentos en el proceso convocatorio del RR. Inconstitucionalmente, el CNE decidió que el 20 % de los votantes necesario para convocar el RR debe obtenerse en cada uno de 24 distritos del país, y no en circunscripción nacional como lo establece la Constitución y como ocurrió en el RR de 2004 --que ganó Chávez dudosamente. El presidente es electo por circunscripción nacional y debe ser revocado de igual forma. Para retrasar el proceso y favorecer al régimen, el CNE estableció que la recolección de firmas se realice a fin de octubre, con sólo unas 5,000 máquinas “capta-huellas” en vez de las 19,500 correspondientes y con sólo 1,300 centros de votación en zonas mayormente rurales; y anunció sin base alguna que el RR se realizará recién el primer trimestre del 2017. Tampoco ha convocado las elecciones para gobernadores que deberían efectuarse antes de fin de año.
Ahora que el chavismo se ha quitado la máscara, es hora de acabar con la pasividad de la comunidad democrática inter-americana. No se puede ignorar el fraude electoral, el encarcelamiento de líderes opositores (más de 100 ya), la alteración del orden constitucional democrático y la tragedia humanitaria que sufre Venezuela. La democracia y la dignidad humana son indivisibles, no tienen frontera ni nacionalidad. La no-intervención es secundaria; la defensa de los derechos humanos y la democracia es lo prioritario.
Lo urgente y moral es un pronunciamiento de las democracias americanas en sus foros hemisféricos. Un pronunciamiento que censure las transgresiones de Maduro; que demande la realización del RR en tiempo y forma, permitiendo que el electorado venezolano, el soberano, decida, pacífica y electoralmente, el destino del país, tal como lo establece su propia Constitución; que exija se liberen los presos políticos y se permita la asistencia humanitaria y la observación electoral; y que advierta al gobierno de posibles sanciones económicas y diplomáticas, y de una posible suspensión de la organización como ya lo hizo el MERCOSUR.
En esa dirección va una reciente declaración de Argentina, Brasil, Chile, México, Paraguay y Perú que expresa su “preocupación” por la decisión del CNE respeto del RR, que tiene el “efecto de postergar” su realización y distorsionar su sentido. Destacable es también que el presidente argentino, Mauricio Macri, haya declarado la necesidad de “hacer lo imposible” para que el RR se realice este año. Igualmente, merece resaltarse que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, haya activado la Carta Democrática Inter-Americana para llamar la atención sobre la crisis política y humanitaria venezolana e iniciar un proceso de “apreciación colectiva” de la misma. Pero no es suficiente, se requiere la acción diplomática/política colectiva de la mayoría de los Estados miembros de la organización.
La incógnita es si esa mayoría permanece impávida y cómplice de Maduro por omisión, o denuncia sus violaciones a los derechos humanos y su alteración del orden democrático venezolano.
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