En el complejo tablero de la geopolítica contemporánea, la crisis venezolana ha dejado de ser únicamente una tragedia nacional para convertirse en un terreno de disputas e intereses internacionales. A lo largo de casi tres décadas, el país no solo ha enfrentado el desmantelamiento progresivo de sus instituciones democráticas, sino que hoy se halla atrapado entre la consolidación de un régimen autoritario y el pragmatismo impositivo de potencias extranjeras.

El cálculo pragmático y el dilema del tutelaje

Uno de los aspectos más cuestionables de la dinámica reciente es la postura adoptada por la administración de los Estados Unidos. Con el objetivo manifiesto de no complicar el acceso directo a los recursos energéticos y mineros de la nación, la política exterior norteamericana ha optado por un pragmatismo severo. Bajo la lógica no declarada de que «el vencedor se queda con el botín», las decisiones estratégicas parecen responder a fines electorales y económicos inmediatos en Washington, más que a un compromiso real con la restitución de la democracia venezolana.

Esta aproximación se traduce en un esquema de tutelaje que compromete severamente la soberanía nacional. El uso de los ingresos provenientes de la industria petrolera y minera, así como de los activos protegidos en el exterior, para sufragar gastos operativos y de despliegue militar, ubica a la potencia extranjera como el principal beneficiario coyuntural. Mientras tanto, la oposición democrática debe librar una batalla en dos frentes: resistir ante la estructura represiva interna y, simultáneamente, disputar los espacios de autonomía frente a los planes e imposiciones del tutelaje externo.

Una autocracia inédita en el continente

Resulta frecuente escuchar análisis simplistas que afirman que la sociedad civil venezolana «no hizo lo suficiente» para recuperar su libertad. Sin embargo, dichos juicios desconocen la naturaleza singular del régimen implantado en Venezuela durante los últimos 28 años.

No nos enfrentamos a una dictadura militar tradicional del siglo XX. El modelo venezolano constituye una estructura compleja donde se cruzan dinámicas delictivas transnacionales con el respaldo estratégico, logístico y financiero de un eje geopolítico compuesto por Rusia, China, Irán y Cuba. En los últimos dos siglos de historia regional no existe antecedente de una organización de esta magnitud que haya cooptado la totalidad de las instituciones del Estado. Frente a un aparato represivo de tales proporciones, la exigencia de auxilio internacional no era una opción, sino una necesidad operativa. No obstante, tras acciones o extracciones parciales, la transición ha quedado trunca y, en los últimos meses, diversos indicadores de la crisis han tendido a deteriorarse.

Prioridades sociales frente al manejo de recursos

En el plano socioeconómico, las demandas urgentes de la ciudadanía continúan desatendidas. La recuperación del salario real, la restauración de los servicios públicos esenciales y el rescate del golpeado sistema educativo constituyen emergencias nacionales impostergables.

A ello se suma la gestión de los fondos venezolanos custodiados en el Tesoro estadounidense. Resulta insólito que, ante emergencias humanitarias y desastres naturales recientes como los estragos causados por eventos sísmicos, estos recursos permanezcan bajo la administración discrecional de esquemas de tutelaje en lugar de ser gestionados de forma transparente y soberana por una representación legítima venezolana enfocada en la atención social inmediata.

Sanciones, elecciones en EE. UU. y la trampa de la deuda pública

El panorama político se ve condicionado además por los debates internos en la política norteamericana. De cara a los procesos electorales legislativos en Estados Unidos, la eventual reconfiguración de mayorías en el Congreso podría abrir espacios para matizar o reformular las decisiones impuestas a  Venezuela.

Sin embargo, el escenario actual muestra señales alarmantes. La más reciente y aleccionadora es la  flexibilización táctica o la suspensión formal de sanciones a figuras centrales del régimen —como el caso de Jorge Rodríguez— sin justificación práctica que la explique, lo que  promueven la percepción de impunidad y facilitan el afianzamiento de la cúpula gobernante en el poder, varias de ellas incluso con precio de su cabeza por parte de sus mismos protectores actuales.

Asimismo, destaca el manejo que se pretende dar a la abrumadora deuda pública venezolana, calculada analíticamente entre los 170.000 y 240.000 millones de dólares. Las imposiciones actuales avalan la intermediación de firmas financieras vinculadas a los intereses del tutelaje para renegociar compromisos contractuales. Por el contrario, una revisión legítima y soberana exigiría una auditoría exhaustiva de dichos pasivos. Fundamentándose en la doctrina de Derecho Internacional sobre la Deuda Odiosa e Ilegítima, un gobierno democrático estaría plenamente facultado para impugnar compromisos viciados de nulidad —especialmente los suscritos de forma irregular con potencias extra-continentales como China, Rusia e Irán y otras del ámbito próximo —, más por razones políticas que socioeconómicas, lo que podría reducir las acreencias exigibles a menos de la mitad de la cifra actual.

La vigencia de la resistencia democrática y la Unidad Nacional

Pese a este adverso contexto, las fuerzas democráticas venezolanas han demostrado una notable capacidad de innovación organizativa y resistencia ciudadana. El liderazgo ejercido por María Corina Machado y la Plataforma Unitaria ha permitido consolidar mecanismos inéditos de movilización de base y verificación ciudadana (como las redes de comanditos y las plataformas de sistematización de actas electorales), redefiniendo las formas de lucha pacífica frente a entornos autoritarios.

El desafío inmediato exige articular de manera coherente a las dirigencias de los partidos políticos tradicionales con los movimientos sociales emergentes en torno a un Acuerdo de Unidad Nacional preexistente ampliado. Solo a través de una voz unificada y soberana será posible derrotar el cerco represivo interno, invalidar las pretensiones de una transición simulada y exigir un trato de respeto mutuo y autodeterminación frente a la comunidad internacional.