Eliminar las sanciones a PDVSA por parte de EE. UU. y permitirle acceso al mercado de capitales internacionales son medidas que deben tomarse ya que afectan al sector privado más que al sector público. No obstante, esas medidas de levantar las sanciones económicas de EE. UU. no son suficientes para que Venezuela desarrolle su potencial económico. Con aproximadamente $14 billones en recursos naturales no explotados, Venezuela tiene una oportunidad de impulsar su PIB anual a $1billón por año en lugar de $80.000 millones hoy ó de $350.000 millones que fue nuestro pico de PIB en la década pasada. Sin embargo, para transformar este potencial de recursos naturales en riqueza tangible y sostenible, es imperativo no solo eliminar las sanciones económicas de EE. UU. sino además reformar la política petrolera y minera del país. Incluso podríamos argumentar que aún si el presidente Trump decide mantener el sistema de licencias actuales de Joe Biden, Venezuela podría atraer muchas nuevas inversiones, ya que el actual marco regulatorio desincentiva incluso la solicitud de licencias de inversión extranjera ante la OFAC. El actual marco regulatorio no ha generado suficientes inversiones ni siquiera de Turquía, Rusia, China ni de ningún país BRICS.
Algunas reformas críticas que puede tomar el gobierno son:
Apertura al sector privado. La política actual otorga al Estado el control absoluto sobre la exploración y explotación de los hidrocarburos, con PDVSA como el operador principal. Este modelo ha demostrado ser ineficiente y poco atractivo para los inversores privados, lo que ha llevado a una disminución drástica de la producción petrolera en los últimos años. La propuesta es permitir la participación de empresas privadas a través de concesiones y contratos de producción compartida, similares a los modelos exitosos implementados en países como Brasil y Colombia. Estas reformas permitirán diversificar las fuentes de inversión y mejorar la eficiencia en la exploración y producción.
Disminuir la carga fiscal. Actualmente, la carga fiscal impuesta a las empresas que operan en el sector petrolero y minero es una de las más altas del mundo, con regalías de hasta el 33% y una carga tributaria total que puede superar el 70% de las ganancias. Este esquema desincentiva la inversión extranjera, ya que reduce significativamente la rentabilidad de los proyectos. La propuesta sería reducir las regalías a un rango competitivo del 10% al 15% y establecer un esquema tributario escalonado que favorezca la inversión en las fases iniciales de exploración y desarrollo. Adicionalmente, se pueden ofrecer incentivos fiscales a proyectos que utilicen tecnologías limpias o que generen empleo local.
Mejorar la seguridad de los contratos. La propuesta sería establecer garantías que protejan la propiedad privada y los contratos, así como ofrecer las garantías necesarias para la resolución de disputas. Debemos brindar mayor certeza a los inversores y fomentará un clima de negocios más estable.
Repatriación de capitales. Igualmente, los inversores necesitan la certeza de que podrán repatriar sus ganancias de manera libre, para lo cual se debe normar y generalizar lo que se ha hecho ya con varias alianzas.
En un contexto global donde la sostenibilidad es un requisito clave para la inversión, Venezuela debe adoptar un enfoque de desarrollo responsable en el sector extractivo. Para cumplir con este requisito debemos implementar un marco regulatorio que incluya estándares ambientales, sociales y de gobernanza obligatorios para todas las empresas que operen en el sector. Además, se deben fomentar proyectos y programas de responsabilidad social corporativa que beneficien a las comunidades locales.
Como el gobierno no cuenta con dinero para invertir en el desarrollo petrolero y minero, éste debe competir por atraer la inversión privada internacional. La implementación de estas reformas puede hacer de Venezuela más competitiva y generar una serie de beneficios claves para el país, aún bajo el actual régimen de licencias OFAC por parte de los EEUU. Un aumento de la producción petrolera y minera tendrá un impacto positivo en el PIB y en las exportaciones con un sector privado más fuerte. Esto a su vez posibilitará la generación de empleo directo e indirecto, tanto en el sector extractivo como en las industrias conexas. Una economía minera y petrolera más fuerte incrementará la recaudación fiscal, a pesar de la reducción de las regalías, gracias al aumento de la actividad económica. La diversificación de la economía será más viable ya que la inversión en tecnología, y en infraestructura mejorará también las condiciones para el turismo, la agricultura y la manufactura. Al abrir nuestra economía, Venezuela podrá estar lista para reestructurar deuda externa, habrá crédito y tendremos más venezolanos con buenos empleos y mejores sueldos.
Venezuela tiene una riqueza natural importante, la décima mayor del mundo, pero su aprovechamiento requiere no solo de eliminar sanciones de EEUU sino de un cambio profundo en la política petrolera y minera.
X: @alejandrojsucre
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