1. Antes de abordar el fondo de la polémica que se ha generado en torno al referéndum consultivo convocado por el gobierno de Maduro, con el fin de que las venezolanas y los venezolanos “ratifiquemos” la soberanía sobre el Esequibo y “ratifiquemos” la política que ha venido adelantando el Estado venezolano para dirimir la controversia con Guyana, sobre ese territorio que nos arrebató el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el siglo XIX, es necesario referirnos al contexto nacional e internacional que rodea esta consulta, con el fin de establecer un criterio que atienda al interés intergeneracional de la Nación, más allá de la coyuntura actual en la cual están en juego intereses locales y foráneos, que en el marco de la cual podría afectar el resultado del referéndum y por ende, la unidad nacional en torno a la defensa de la integridad territorial.
2. Fue en 2015 cuando el gobierno de Guyana optó por desconocer el Acuerdo de Ginebra (1966) y esgrimir el fraudulento Laudo Arbitral de París (1899) como el único instrumento “válido” que estableció la frontera entre Venezuela y Guyana. Ese mismo año se inició un proceso de agudizando de la polarización y del conflicto político en Venezuela debido a la confrontación existente entre el gobierno y la Asamblea Nacional controlada por la oposición, en la cual el gobierno de EEUU jugó un papel protagónico y abiertamente injerencista. También fue en 2015 cuando la transnacional petrolera estadounidense ExxonMobil dirigida en esa oportunidad por Rex Tillerson (2015-2016), futuro Secretario de Estado del gobierno de Donald Trump (2017-2018), anunció el hallazgo de un gran yacimiento petrolero en el llamado “bloque Stabroek” (1400 MMB) en aguas contiguas al territorio en reclamación del Esequibo. Ésta inverosímil coincidencia entre el hallazgo petrolero en aguas del Esequibo, la decisión de Guyana de salirse del Acuerdo de Ginebra y la intensificación del conflicto político interno, teniendo como denominador común la presencia a Rex Tillerson como actor decisivo, quien representaba los intereses de la ExxonMobil y del gobierno de los EEUU. Ésto explica en buena medida la sincronía en el cambio de rumbo que tuvo la controversia por la soberanía del Esequibo. Ese cambio fue seguido por Ban Ki-moon, Secretario General de la ONU (2007-2016) quien decidió unilateralmente cerrar las negociaciones directa establecida en el Acuerdo de Ginebra y proponer el envío del contencioso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Empero es su sucesor Antonio Guterres, quien también de manera unilateral decidió concretar el envío del litigio Guyana-Venezuela a dicho tribunal de arbitraje internacional pero sin el consentimiento de Venezuela.
3. Fue así como se crearon las condiciones para que la ExxonMobil desplegara todo su poder económico para influir sobre el gobierno guyanés, a fin de crear un hecho cumplido con el otorgamiento unilateral de concesiones petroleras en el territorio en reclamación, violando el derecho internacional y abandonando la vía diplomática del diálogo directo en el marco del Acuerdo de Ginebra, para escudarse detrás del poder imperial de EEUU y los poderes fácticos.
4. Según el Acuerdo de Ginebra se remitió la controversia a Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, para que decidiera la estrategia a seguir. Éste resolvió enviar el asunto a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), pero otra vez lo hizo sin tener el consentimiento de Venezuela, como lo establece el Acuerdo y el estatuto de la propia Corte. Pero además, es bien sabido que Venezuela es uno de los países que no reconoce la jurisdicción obligatoria de la CIJ y por lo tanto, legalmente no puede ser llevada ante esa instancia en contra de su voluntad. Éstas graves irregularidades vician de origen dichos procedimientos.
5. Luego de que Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, remitiese unilateralmente a la CIJ el diferendo territorial sobre el Esequibo, el gobierno de Guyana sin demora acudió unilateralmente ante la CIJ para demandar la validez y consecuente aplicación del Laudo Arbitral de París, violando el Acuerdo de Ginebra. De ser aceptada esa demanda por la CIJ , automáticamente quedaría firme la delimitación de las frontera entre Guyana y Venezuela dictaminada en dicho laudo y terminaría materializándose el despojo a Venezuela de su Guayana Esequiba. Como consecuencia de ello perdería su vigencia el Acuerdo de Ginebra firmado entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Ésto significa que lo que se dirime en la CIJ no es si Venezuela tiene suficientes derechos jurídicos e históricos para reclamar el Esequibo, sino si el fraudulento e írrito Laudo de París es nulo o válido, como lo reconoció expresamente el usurpador inglés al firmar el mismo.
6. Por ser un tema de interés nacional y por existir una política de Estado con vigencia en las últimos 70 años basada en el Acuerdo de Ginebra, la actuación de Venezuela en este caso ha tenido una continuidad histórica, al propiciar una solución pacífica y negociada satisfactoria para ambas parte y descartar el arbitraje internacional basado en su mala experiencia histórica, v.g. el Laudo de París de 1899, incluyendo el arbitraje de la CIJ. El hecho de que este tribunal arbitral se haya declarado competente sin el consentimiento de Venezuela, para conocer la validez o no del laudo arbitral de París de 1899, viola el Acuerdo de Ginebra que es el tratado Internacional que obliga a las partes, porque según consta en el mismo, ambas deben estar de acuerdo para acudir ante esa instancia. Pero además, Venezuela es uno de los Estados que no acepta la jurisdicción obligatoria de la CIJ, lo cual reafirma que no se puede procesar una demanda como ésta en contra de su voluntad y el hacerlo viciaría de nulidad el proceso.
7. Al sopesar la actuación del Secretario de General de la ONU y de la CIJ en torno al procesamiento del diferendo territorial del Esequibo, se constata una posición sesgada de ambos órganos a favor de Guyana, cuando dieron por terminado el Acuerdo de Ginebra y como consecuencia de ello, revivieron de facto el fraudulento e írrito Laudo Arbitral de París que validó el despojo a la República de los 159.000 Km2 que integran el territorio Esequibo, por el reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. No es de extrañar que ésta conducta de ambos órganos internacionales esté determinada por intereses geopolíticos y socioeconómicos que están actuando sobre el terreno como son el Comando Sur de los EEUU, la ExxonMobil (EEUU) y otras transnacionales petrolera como la CNOOC China, Hess adquirida por Chevron (EEUU), Total (Francia) y Repsol (España), que han recibido concesiones y adelantan inversiones petroleras en la plataforma marina del Esequibo. Hay que tener en cuenta que ese tipo de inversiones a mediano y largo plazo se realizan cuando hay seguridad jurídica, lo que quiere decir que esos agentes económicos manejan la información privilegiada, de que el diferendo limítrofe de Guyana con Venezuela será resuelto con seguridad a favor de Guyana en breve. Ésta es otra evidencia que tiende a confirmar la hipótesis de que existe una conspiración contra Venezuela que tiene tres pivotes: la ExxonMobil, el Departamento de Estado de EEUU y gobierno títere de Guyana.
8. Más allá de los errores que se puedan haber cometido en éste y gobiernos anteriores en el manejo del diferendo territorial del Esequibo y ante las evidencias de que existe una conspiración de los poderes fácticos para materializar el despojo de nuestro territorio Esequibo, todos los venezolanos y venezolanas, independientemente de nuestro modo de pensar y de nuestra condición social, debemos unirnos alrededor de la defensa del Esequibo. Es un deber y una responsabilidad que tenemos frente a la historia y las futuras generaciones a cuyo legado nos debemos. El Esequibo es un asunto de todos y la diatriba política interna no debe desviarnos ni apartarnos de ese compromiso con la Patria.
9. El referéndum consultivo es un instrumento para el ejercicio de la democracia directa y la soberanía según los establecido en los artículo 5 y 31 de la Constitución cuyo textos citamos a continuación: Artículo 5: “La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en ésta Constitución y en la ley, (…)”
Artículo 71: “Las materias de especial trascendencia nacional podrán ser sometidas a referéndum consultivo por iniciativa del Presidente de la República en Consejo de Ministro, por acuerdo de la Asamblea Nacional aprobado por la mayoría de sus integrantes o a solicitud de un número no mayor del diez por ciento de electores y electoras inscritos en el registro civil y electoral”. (...)
10. El gobierno de Nicolas Maduro decidió convocar un referéndum para consultar al pueblo sobre el tema del Esequibo con base en cinco preguntas. Empero, lo hizo sin haber realizado una amplia consulta que permitiese recoger las opiniones de todos los sectores de la vida nacional, con el fin de lograr unificar criterios sobre un asunto tan delicado y trascendente. Éste proceder del gobierno delata su tradicional talante autoritario, inmediatista, prepotente y sectario, al pretender sacarle provecho polítiquero a un asunto de Estado y de interés nacional, generando justificados recelos en quienes lo adversan, dándole argumentos a los agentes externos que adelantan una conspiración contra la integridad de nuestro territorio, para manipular promoviendo el desánimo, la abstención y el voto en contra. No hay que subestimar la confusión y desinformación que puede generar la profusa campaña, que dichos agentes vienen desarrollando en contra de los derechos históricos que tiene Venezuela sobre el Esequibo. Además, ese manejo sectario deplorable del gobierno, contribuye a que el tema del Esequibo se cuele en la agenda político electoral ocasionando la fractura de la unidad nacional en torno a su defensa. Esa conducta del gobierno está provocando que algunos sectores de la oposición reaccionen con reservas e intenten diferenciarse de esa iniciativa por desinformación o sencillamente porque desconfían de un gobierno que no es transparente en su proceder.
11. Algunos han criticado la convocaria del referéndum porque lo consideran redundante e innecesario, argumentando que se trata e una consulta referida a la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, señalando no sin razón, que “eso ya fue aprobada por el pueblo cuando refrendó la actual Constitución” y por lo tanto, según este criterio es ocioso e inútil hacer la consulta de nuevo. En ese mismo sentido se han hecho objeciones al texto de algunas preguntas. Hay que reconocer que son legitimas todas las opiniones y propuestas relacionadas con el tema, pero más allá de su posible pertinencia, hay que valorar la trascendencia e inmediatez del hecho político frente al cual estamos, y la manipulación que haría Guyana y sus aliados de una posible baja participación en el referéndum para desestimar el reclamo de Venezuela. Un dato importante que refleja la importancia que tiene el referéndum en la disputa que libramos por el Esequibo, es la actitud adoptada por el gobierno de Guyana de rechazarlo de plano, llegando al colmo de solicitar a la CIJ que adopte la medida cautelar su suspenderlo, a sabiendas que esa instancia no es competente para conocer una materia que es de exclusiva incumbencia del pueblo venezolano y sus instituciones, y de que nuestro país históricamente nunca ha aceptado la jurisdicción obligatoria de la misma. Esta reacción desesperada del gobierno de Guyana, de intentar parar el referéndum incluso con el descaro de llamar a los venezolanos a no votar por las pregustas 3 y 5 del mismo, y el apoyo por la calle del medio que ha recibido de los gobiernos de EEUU y Canadá entre otros, es un indicador elocuente de la importancia que tiene la consulta y el impacto político que tendrá en el curso futuro que tome el diferendo sobre el Esequibo. La razón es que el referéndum, como expresión directa del pueblo de reafirmación de soberanía, es un poderoso mensaje para Guyana y la comunidad internacional exigiendo el regreso al Acuerdo de Ginebra, para lograr “una solución negociada satisfactoria para ambas partes”. Eso explica la razón por la cual esa consulta popular, aunque pareciera redundante, se constituye en una manifestación pacífica del pueblo venezolano en defensa de nuestro territorio. Es así como hay que valorar el referéndum en el marco de una coyuntura tan compleja, en la que está en riesgo la integridad territorial de la república. Este referéndum consultivo será un hito histórico en la continuidad de nuestra demanda histórica por la restitución del despojo de que fuimos objeto por el imperio británico.
12. Se ha planteado también que “según la Constitución es al Jefe de Estado a quien corresponde dirigir la política exterior” del país, y por ser el referéndum consultivo no vinculante es un despropósito hacer dicha consulta porque además, lo que quiere Maduro es evadir su responsabilidad para endosarla al pueblo. Si bien ese juicio pudiera ser cierto, todavía tendría sentido la consulta popular como estrategia para reafirmar la soberanía en los términos planteados anteriormente. Debemos recordar que según nuestra Constitución la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (art. 5) y la puede ejercer a través de los medios establecidos en la misma, en este caso a través del referéndum consultivo (art.71). La antigua Corte Suprema de Justicia creo jurisprudencia en el marco de la Constitución de 1961, sobre el carácter vinculante de esta consulta popular, cuando aprobó la convocatoria del referéndum consultivo que dio lugar a la decisión de convocar la Asamblea Nacional Constituyente (1999). Sin embargo, además de la razón jurídica, está el peso que tiene la razón política.
13. El gobierno de Guyana rompió el diálogo y abandonó el Acuerdo de Ginebra para acudir a la CIJJ, luego de otorgar concesiones petroleras en la plataforma marina del territorio Esequibo sin el consentimiento de Venezuela, violando de manera flagrante el derecho internacional. Todo indica que se ha urdido una conspiración entre los poderes fácticos liderados por EEUU, la ExxonMobil y el gobierno de Guyana, para re-validar en la CIJ el fraudulento e írrito Laudo Arbitral de París, en el cual se despojó a nuestro país de la Guayana Esequiba y se legitimó la invasión colonial inglesa en dicho territorio.
14. Si Venezuela mantiene su posición histórica de rechazar el arbitraje de la CIJ, de cara al futuro podrá mantener su reclamo histórico sobre el territorio Esequibo. Con mayor razón debe actuar así en un proceso que está viciado en su origen, con el fin de tendernos una “trampa-jaula” al margen de la legalidad internacional, para que aceptemos la reproducción actualizada del fraudulento laudo de París, ahora en La Haya. Si así se procediese tendríamos la oportunidad de mantener nuestro reclamo histórico sobre el territorio Esequibo y la fachada atlántica. Por el contrario, si se acepta la jurisdicción de la CIJ confiando en su buena fe y contando con la razón que no asiste, estaríamos clausurando el Acuerdo de Ginebra como medio para resolver la controversia. Si perdemos la apuesta y la CIJ re-valida el laudo de París, lo perderíamos todo, sentando un precedente que podría tener consecuencias irreparables.
En nuestra opinión lo que debe hacerse es no aceptar la jurisdicción de la CIJ y ratificar la validez del Acuerdo de Ginebra firmado entre Venezuela y el Reino de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. De esa manera muestro reclamo histórico sobre el Esequibo y nuestra fachada atlántica se mantendría vigente.
15. En el marco de una de las mayores crisis de su historia, la República se encuentra frente al gran desafío de tener que enfrentar una conspiración internacional aprovechando la grave crisis política, económica y social interna que padecemos, para amputarle a nuestro territorio la Guayana Esequiba y su proyección marítima, incluyendo nuestra Fachada Atlántica, mediante una estrategia leguleya que colide abiertamente con el derecho internacional, combinada con la fuerza de los hechos cumplidos y la amenaza militar velada. Frente a esta feroz inquina de los poderes fácticos que intentan doblegar a Venezuela, la respuesta no puede ser otra que la unidad de todos los venezolanos, independientemente de nuestra ideología, posición política o modo de pensar, para defender nuestro territorio. Por ahora, el instrumento que está a nuestro alcance, más allá de sus imperfecciones y del manejo politiquero que pretende darle el gobierno de Maduro, es el voto como expresión genuina de reafirmación de soberanía en defensa del Esequibo y la fachada atlántica. Por esa razón yo votaré cinco veces sí.
No 208, 26 de noviembre 2023
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