Esta semana que concluye nos permitió conocer un conjunto de situaciones y hechos que pudiesen ser calificadas de curiosos, si no fuese porque son trascendentales para el futuro inmediato de todos los venezolanos.
De manera muy reiterada por diferentes actores partidistas, vuelve a calificarse de antipolítica cualquier crítica o comentario que pueda generarse en relación a las actuaciones de la cada vez menos apropiadamente calificada como Unidad.
Criticar posturas y proponer correctivos no es atacar a la política; por el contrario, la intención de las que hemos escuchado proviene en su mayoría de organizaciones e individualidades que en su inmensa mayoría se reconocen como políticas aunque no militen en partidos, comprometidas notablemente con la búsqueda acordada de un país distinto y mejor para TODOS.
Señalar que existe incoherencia entre los que ejercen la dirección de la oposición no implica desdeñar la diversidad que es consustancial a la democracia, si no reclamar la necesidad de un discurso consensuado que evidencie unidad en los propósitos y en las formas de conseguirlos.
Solicitar abrir a otros factores de la sociedad civil, no obligatoriamente partidista, la participación en la plataforma llamada a tomar decisiones es precisamente la negación de la antipolítica y la confirmación de que todos somos políticos inclusive los que pregonan no serlo.
Asumir críticas puntuales como agresiones a la MUD o al Poder Legislativo e inclusive tomárselas personalmente, no pasa de ser una reacción defensiva ante la imposibilidad de rebatir lo que se plantea, válida pero innecesaria. Nadie desconoce lo hecho por la MUD o la Asamblea, así como lo que no han hecho o han hecho mal.
Es cierto que nuestros diputados trabajan en condiciones muy difíciles, lo reivindicamos, pero cuando los escogieron sus partidos y luego los elegimos los ciudadanos, aceptándolos a pesar de rechazar la forma e inclusive tener dudas sobre la idoneidad de algunos, conocían o debían conocer a lo que se enfrentarían, asumiendo así su cuota de la violación de derechos, que con muy distintas expresiones sufrimos todos.
En estos momentos en los que debemos estar poniendo en acción planes concertados concretos para seguir esta ya larga resistencia, vemos que carecemos de una estrategia común; cada partido o grupo tiene su propia “solución” y como consecuencia trabaja exclusivamente en función de ella, lo que se confirma y agrava ante la falta de una estrategia comunicacional efectiva.
Para colmo de males, ante las arremetidas de un gobierno que todos hemos coincidido en calificar de dictatorial, reclamamos “ingenuamente” respeto a derechos que hace ya muchos años nos fueron conculcados y para mencionar solo un ejemplo, propalamos que por haber perseguido el revocatorio presidencial perdimos la oportunidad de elegir nuestras autoridades estadales, en lugar de insistir que ambas acciones son absolutamente constitucionales, que era obligación de Estado haberlas realizado, pero que el régimen en ninguna circunstancia las hubiese permitido, ni permitirá, a menos que le represente algún beneficio en términos de su permanencia en el poder.
Ante una dictadura no se pueden estar esperando gestos democráticos y enfrentarla significa exigir lo que creemos nos corresponde y rechazar todo aquello que la beneficie, sabiendo que el éxito no está asegurado y que inclusive el no lograrlo debe convertirse en un incentivo para continuar la lucha.
Es inadmisible que los partidos se estén aprestando para “legalizarse” en sus actuaciones políticas, aceptando un reglamento diseñado para que ninguno o muy pocos puedan hacerlo, favoreciendo el juego de la polarización que solo beneficia a los económicamente capaces de lograrlo y que destruye a la verdadera democracia ahogando las voces de las minorías.
La concurrencia a este evento “legal”, ante la supuesta desacreditación electoral de la tarjeta de la MUD, sería un acto de complicidad con el régimen, que solo podría ser justificado si como instrumento de lucha se estableciese una nueva forma organizacional de conducir la acción opositora, forma que incluya a todas las expresiones de la sociedad civil, que se presente como una opción electoral circunstancial, con el apoyo de todos y con un objetivo superior, cambiar al país, recuperar a las instituciones y de paso, salir del régimen.
Por lo demás y convencidos de que dejar pasar el tiempo es la peor forma de complicidad, nos adscribimos a la única posibilidad real, constitucional, pacífica, política y electoral que nos queda, una constituyente surgida del poder originario, que no excluya a nadie y que puede ser aceptada por todos como la forma de reconstruir al país.
Que el régimen tratará de impedirla, seguro; qué los factores, de aquí y de allá, enemigos de un cambio le pondrán todos los obstáculos, por supuesto; pero al final y más vale que sea pronto, la sensatez privará y tendremos un “LIBRITO” que se constituya en las “REGLAS DEL JUEGO” que todos tendremos que acatar para poder alcanzar el futuro que soñamos.