Discrepar públicamente en lugar de acordar unitariamente sobre cómo superar la crisis nacional, más que mostrar diversidad, evidencia la equivocada intención de diferenciarse en nimiedades de forma jurídica. Decimos nimiedades, porqué nadie en nuestro país cree en soluciones legales ante la manera reiterada en la que actúan los llamados a ser garantes de las leyes.
Todos, inclusive muchos de los que en algún momento apoyaron al régimen de Chávez, que no el de Maduro, concordamos que un paso importante a favor de dicha superación sería la separación del presidente de su cargo.
Algunos parecieran tener tiempo para esperar que “madure y se caiga”, sin tomar en cuenta que cuanto más se prolonguen los desaciertos, muchos más tardaremos en comenzar la recuperación y que esta será cada vez más difícil. Otros sentimos que es indispensable acelerar los acontecimientos y que si acordamos la forma constitucional de lograrlo, es posible comenzar a transitar el camino hacia un país distinto y mejor para TODOS, imagen que no nos cansaremos de invocar.
¿Cómo? debe ser respondido políticamente y ello implica unidad de criterios y de propósitos.
Desde nuestra posición de ciudadanos nos animamos a aupar los esfuerzos, que intuimos se están realizando con la participación de factores diversos, en procura de un acuerdo que permita el establecimiento de un nuevo gobierno, sin duda de transición, cuyo único propósito tiene que ser la recuperación del estado de derecho y de la institucionalidad llamada a garantizarlo.
Esta transición debe incluir las correcciones de fondo que indudablemente requiere la constitución de 1999, por la vía más expedita que las haga estables y con la intención de asegurar garantías reales para la marcha armónica de una Venezuela federada.
Adicionalmente, y no menos importante, ese período transicional deberá emprender lo que en otras latitudes se está llamando la “regeneración democrática”, que no es otra cosa que el rescate del ejercicio de la política desde una vertiente ética, en la que la transparencia en las actuaciones institucionales y personales sea obligación no negociable.
La democracia tiene que dejar de ser representada exclusivamente por elecciones puntuales y su práctica debe ser acometida por los ciudadanos participando en todos los ámbitos de la vida diaria, mediante el ejercicio pleno de sus derechos y el cumplimiento estricto de sus obligaciones.
Los políticos tienen que estar orgullosos de ese calificativo y ejercer el oficio a dedicación exclusiva, sin compartirlo con otras actividades que a la larga pudiesen generarles conflictos de intereses, defendiendo sus ideales y recordando siempre que su papel es el de representar a otros que no tienen las mismas oportunidades para hacerse sentir.
Todo esto y mucho más es posible si aceptamos que existe una responsabilidad compartida, cuyo ejercicio nos atañe a cada uno; para lograrlo tenemos que seguir luchando y exigiéndole a los que nos representan, el encontrar un camino constitucional unitario que nos permita continuar libérrimamente, como seres humanos que somos, esa búsqueda interminable de la felicidad que llamamos vida.