Es evidente que en Venezuela no se respetan los Derechos Humanos ni las libertades fundamentales que garantiza la Constitución de la República. El gobierno ejerce el poder sin estar sujeto al Estado de derecho. Utiliza al Tribunal Supremo de Justicia, que actúa como instancia obediente a los intereses del Ejecutivo Nacional y el partido oficialista, para su propio provecho; así como lo hacen otras instancias de los Poderes Republicanos, desde el Consejo Nacional Electoral hasta la Fiscalía General de la República, pasando por la Defensoría del Pueblo. En la realidad, no hay separación e independencia de los poderes públicos, lo cual es sumamente grave.
El colmo de la situación de ilegalidad en que se ha colocado el gobierno nacional es el desconocimiento de la Asamblea Nacional, que fue elegida por el poder originario; es decir, por el pueblo; pero que el gobierno, en complicidad con el TSJ, desconoce, llegando al extremo de aprobar el presupuesto nacional para el año 2017 fuera de lo establecido taxativamente por la Constitución.
Por otra parte, también en contra del texto constitucional, el CNE, pospone las elecciones de gobernadores y alcaldes para el próximo año, cuando están establecidas para llevarse a cabo en este próximo mes de diciembre; alegando como criterio para ello que no hay dinero suficiente. El motivo real de está decisión está claramente al descubierto. Es el hecho evidente de que el gobierno perdería estas elecciones de manera contundente, como sucedió en el caso de la actual Asamblea Nacional. Otra vez el CNE decidiendo a favor del gobierno; y más aun, poniéndole trabas y dificultades al Referéndum Revocatorio, también establecido en la Constitución. Se ha llegado al colmo del descaro de utilizar tribunales penales para admitir una causa electoral, cosa que no les corresponde, para intentar detener, de manera completamente ilegal, el proceso del referéndum revocatorio. El CNE, sin haber ni siquiera una decisión de los tribunales, decidió suspende la programación de la recolección del 20% de firmas para el mencionado revocatorio.
Queda claro quienes son los que actúan a espaldas de la Constitución de la República. Son los mismos que mienten, abusan del poder, hacen promesas populistas que no pueden cumplir, falsean datos y llegan a agredir violentamente a quienes se oponen a su gobierno. También son los que han llevado al país con las mayores reservas de petróleo del mundo, y que ha pasado por la etapa de mayor bonanza de precios del barril de petróleo, a la ruina económica; por empecinarse en aplicar políticas económicas fracasadas; aquí y en el resto del mundo. Para colmo de males, estamos viviendo una nefasta etapa histórica, en la que los valores morales perecen haber perdido relevancia y la corrupción pública ha escalado los más altos niveles jamás vistos.
Para colmo de males, el gobierno se ha dedicado a la persecución de sus rivales políticos, encarcelando a dirigentes de diversos partidos, recurriendo a la manipulación de pruebas y procedimientos de dudosa legalidad. Esta actitud se traduce en un irrespeto continuado a los Derechos Constitucionales de los ciudadanos. Se incumple, nada más ni nada menos, que con La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamados por las Naciones Unidas (Artículos 55 y 56 de la Carta de la ONU), y que está obligada a hacer cumplir el gobierno nacional, pues forma parte del estatuto legal del país.
De acuerdo a lo expuesto, es evidente que no estamos en un sistema basado en una democracia protagónica, en la que el pueblo ejerce el poder y la soberanía, para garantizar el bien común. Nos mintieron desde un principio, manipularon la verdad para engañarnos, para llegar al poder y tratar de permanecer en él “como sea”, mostrándonos un falso ideario político, con principios que ni sus propios líderes cumplen, empezando por la misma Constitución que promovieron. Lo que se desprende de los hechos, de la realidad cotidiana, es que en nuestro país no existe un gobierno de régimen democrático, sino una proto-dictadura, ejercida tiránicamente; con la complicidad de Poderes Públicos que abandonaron su condición de independencia para servir al Ejecutivo Nacional y al partido de gobierno; que intentan usufructuar el poder en beneficio propio y de los grupos de poder que lo apoyan, incluso a espaldas de la inmensa mayoría del pueblo
21 de octubre de 2017