Las elecciones son procesos ciudadanos que hacemos entre todos. En este boletín 100 compartimos algunas pistas sobre a qué debemos prestar especial atención. Así, ponemos nuestra mirada sobre los acuerdos, el registro, el árbitro, los candidatos inhabilitados, los partidos desmembrados, la opacidad y la vigilancia. Detrás de cada uno de estos asuntos hay derechos que el Estado debe garantizar y los ciudadanos, estar en su derecho de ejercerlos

El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) completa, con la presente entrega, una centena de boletines periódicos. Un esfuerzo sostenido de esta organización en sus últimos años, pensado con el ánimo de propiciar una comprensión más plural y socialmente responsable de los asuntos electorales en el país, la región e incluso del mundo.

No es, desde luego, asunto sencillo el de medir fuerzas con la desinformación, que también extiende sus tentáculos hacia lo electoral sembrando desconfianzas, reencuadrando realidades, alimentando mitos y, en suma, alejando aún más a la sociedad del desarrollo y resguardo de la democracia.

Llegamos al boletín 100 con nuestra lupa de observadores puesta en el futuro. Y lo primero que divisamos es que los venezolanos todos, junto a sus instituciones, debemos prepararnos mejor para encarar el próximo ciclo electoral: en los próximos dos años, 2024 y 2025, por mandato constitucional deberían ser renovados los 3.360 cargos de representación popular de la nación, desde la Presidencia de la República (un jefe de Estado), pasando por la Asamblea Nacional (277 diputados, tras las reformas de 2020), hasta las gobernaciones (23 gobernadores), los consejos legislativos (253 legisladores, a la fecha), las alcaldías (335 alcaldes) y los concejos municipales (2.471 concejales, según el diseño actual).

¿A qué debemos prestar atención?, ¿sobre cuáles aspectos deberíamos afinar esa mirada, para convertir el próximo ciclo electoral venezolano en una oportunidad aprovechada para un mejor futuro para el país? De seguro son más. No es menos cierto que en el camino irán apareciendo otros factores, pero, de entrada, vamos a aportar cinco elementos que vale la pena ubicar en la primera fila de los esfuerzos político-electorales necesarios en el futuro próximo.

1. Los acuerdos políticos

De lo siguiente estamos convencidos: para que las próximas elecciones en Venezuela salgan mejor, los actores políticos tienen que coincidir previamente en negociaciones para llegar a acuerdos.

Los más recientes procesos electorales pueden servir como ejemplos de cómo el acuerdo político sirve como catalizador.

Por un lado, la presidencial de 2018 y la parlamentaria de 2020 no salieron bien. La primera violó las reglas del juego democrático y derivó en un desconocimiento internacional del resultado que arrastró problemas de diversa índole. La segunda excedió la letra constitucional, al imponer un diseño arbitrario y distinto al de la legislación, y las consecuencias se evidenciaron, entre otros aspectos, en una mermada participación.

Por otro lado, la regional y municipal de 2021 detuvo el descenso de la curva de integridad electoral. Los acuerdos por una administración electoral menos desequilibrada, la habilitación de tarjetas electorales antes cooptadas y la apertura hacia una observación electoral internacional más plural despertaron una mayor participación entre actores y electores. Y ante el colofón ventajista de Barinas, la voluntad popular revalidó la viabilidad de la ruta electoral.

México es una puerta que por ningún motivo debería cerrarse. La hoja de ruta lleva rato trazada y aprobada por consenso, memorando de entendimiento incluido, con lo político y lo electoral como asuntos esenciales. En el entendido de que buena parte de las garantías y condiciones por definir se asientan, además de sobre la base de los acuerdos políticos, en el interés y la apropiación de la sociedad: las elecciones también las construye, las hace, las diseña la gente. Con sus demandas y su participación.

2. El Registro Electoral y el derecho a elegir

El más reciente corte del Registro Electoral (RE) del cual se tiene conocimiento público data del pasado 30 de septiembre. Son 21 millones 094 mil 629 electores. Pero faltan otros tantos millones.

Minimizar el amplio rezago, la creciente brecha existente entre la dinámica poblacional y migratoria con el padrón nacional de electores debe constituir una materia de primer orden porque, indefectiblemente, predispondrá el carácter de la próxima elección presidencial.

Dentro de Venezuela, una cantidad no despreciable de la población necesita actualizar su residencia y su centro de votación, mientras que el bono demográfico juvenil requiere inscribirse por primera vez. Fuera de Venezuela, los 107.878 electores que, a la fecha, aparecen registrados para votar desde el exterior no son sino una minúscula parte de los varios millones de migrantes que deben, primero, recuperar su derecho a la identidad para, entonces sí, seguir ejerciendo su derecho a elegir en esta, que continúa siendo su primera comunidad política de adscripción.

Conforme avanzan las semanas se eleva el apremio por una buena jornada especial del RE, que cumpla con los tres criterios establecidos en la legislación electoral: facilidad de acceso para los electores, presencia en sectores de difícil acceso y/o de mayor concentración y garantía para todos los sectores de la población (artículo 33 de la LOPRE). El tiempo es ahora.

Desde agosto de 2022 espera discusión en el directorio del CNE un proyecto de reglamento del voto en el exterior. Una era la situación migratoria en 2009, cuando la AN aprobó la vigente Ley Orgánica de Procesos Electorales, que limita el voto migrante a aquellos con una residencia u otro régimen de legalidad de permanencia, y cuyo artículo 124 la legislatura actual debería reconsiderar. Y otra es la realidad 14 años después, cuando Naciones Unidas ha posicionado a Venezuela como uno de los países de mayores crisis migratorias del mundo.

El derecho a elegir pasa, finalmente, por el respeto al principio de calendarización: las fechas y los períodos de ley, los cronogramas electorales y el equilibrio entre los tiempos técnicos y los tiempos políticos predisponen a mejores elecciones.

3. El árbitro

Lo dicen las encuestas: la imagen pública del CNE mejoró, aunque parcialmente, con la actual administración, designada en 2021 por el Legislativo, el poder público al cual le corresponde este encargo constitucional. Y esto ha sido gracias a los acuerdos políticos. Los antecedentes nos enseñan un errático camino de autoridades comiciales nombradas por el Poder Judicial desconociendo los procedimientos claramente estipulados en la Constitución.

Los integrantes del órgano electoral serán actores fundamentales del próximo ciclo. Decíamos en 2021, cuando juraron en el Parlamento, que después de las regionales de 2021 los actuales rectores serían los encargados de llevar a cabo los destinos, por lo menos, de la elección presidencial de 2024, así como de las votaciones parlamentarias y subnacionales del año siguiente.

Pero el directorio ha cambiado. Injustificadamente, desde abril de 2021 no se ha materializado el reemplazo para la falta absoluta de una de las rectorías principales. No solo está incompleto el directorio, sino también dos de los tres órganos subordinados del órgano rector del Poder Electoral.

Por el bien de todos, para el próximo ciclo electoral se necesita un CNE completo y con la mayor independencia institucional posible, a pesar de que el Estado haya propiciado en el pasado muchas violaciones al principio de separación de poderes. Un CNE que refuerce su capacidad sancionadora ante arbitrariedades recurrentes en campañas electorales como el uso de bienes y recursos del patrimonio público con fines electorales y la aparición de altos funcionarios públicos en ejercicio favoreciendo parcialidades partidistas.

4. La participación política y el derecho a ser elegido

Corregir tanto desnivel acumulado, tanta pendiente, en el terreno de juego electoral pasa por sincerar quiénes pueden alcanzar o recuperar el derecho constitucional a ser elegidos.

Aquí hace falta hacer valer la carta magna, la cual establece que los derechos políticos únicamente pueden ser despojados mediante sentencia judicial firme. Y no mediante inhabilitaciones administrativas de la Contraloría, avaladas por una ley de cuestionada constitucionalidad.

La inhabilitación con aparente motivación partidista ha venido superándose a sí misma en las elecciones recientes: ya no es solo la denuncia del Partido Comunista, formación disidente de la coalición gobernante, de retiro de 15 de sus candidatos en 2021 sin investigación ni decisión previa, o el caso de su candidato a gobernador de Barinas quien sí pudo inscribirse para noviembre de 2021, pero no para enero de 2022, por otra súbita inhabilitación. Es también que, en Barinas, ocurrió la inhabilitación retroactiva del candidato inicialmente ganador de esa gobernación, al igual que la de su esposa, quien de paso nunca ha ejercido cargos públicos.

No por casualidad la segunda de las recomendaciones prioritarias de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) habla de suprimir esa prerrogativa de la Contraloría de despojar a ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que repercute negativamente en el derecho a la defensa.

A las inhabilitaciones se une el tema, también irresuelto, de la entrega de los símbolos y de las tarjetas electorales de seis partidos políticos (no solo los opositores Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular y Movimiento Republicano, sino los oficialistas Tupamaro y Patria Para Todos) a facciones internas minoritarias. Y, ante esto, la primera de las recomendaciones urgentes de la MOE UE: evitar que el Poder Judicial invada las competencias del Poder Electoral.

5. La desinformación y la vigilancia social

Como decíamos más arriba, la sociedad hace buena parte del ciclo electoral: desde su motivación a inscribirse o actualizar sus datos en el RE, pasando por su participación como miembros de mesa, hasta su votación misma en la jornada electoral. Para participar del ciclo electoral, sin embargo, la gente precisa de información. Solo con datos verificados, confiables, veraces y oportunos los electores podrán tomar decisiones responsables y conscientes.

Además de un ecosistema mediático disminuido, el rigor de la censura y la opacidad en el acceso a datos públicos, Venezuela también ha padecido desinformación electoral. Hablamos de toda información falsa o maliciosa sobre los procesos electorales que afecten directamente el ejercicio del derecho al voto.

La lucha por el acceso a información veraz es una cruzada que requiere del concierto de todos, desde el árbitro, pasando por los actores políticos, hasta los electores. Se libra insertando políticas concretas contra la desinformación en los próximos cronogramas electorales, desde el CNE; evitando y siendo oportunamente sancionados quienes promuevan información maliciosa e intenten manipular la conversación pública, desde las candidaturas y los partidos; y haciendo mayores esfuerzos de alfabetización digital para saber con criterio más afinado qué huele a mentira, desde la sociedad.

La pluralidad de flujos comunicacionales también se fortalece permitiendo una observación electoral nacional e internacional diversa e independiente, capaz de advertir faltas con libertad, pero también de recomendar mejoras que redundan en el desarrollo y resguardo de la democracia.

La desinformación no es, sin embargo, la única nube oscura. Urge aclarar el uso del Sistema Patria y del carnet de la patria con fines electorales. Como también recomendamos desde la observación electoral en su momento, el terreno se desnivela menos si se da a conocer cuál es la institución responsable de la gestión de los datos de esta plataforma, dónde y cómo se almacenan los datos, quién tiene acceso a ellos y con qué fines, todo bajo el derecho constitucional de acceso a la información.

Terminamos como empezamos: enfatizando la importancia de que la sociedad exija, reclame y abrace los acuerdos políticos que deben surgir sobre las condiciones y garantías necesarias para transitar un próximo ciclo electoral lo más competitivo posible. Así como la naturaleza no da saltos, así también los procesos para lograr altos niveles de integridad electoral son graduales, incrementales. Trabajemos, con el concurso de todas las partes, con todos los venezolanos, en la construcción de una vía para avanzar en la reinstitucionalización del país hasta encontrarle puerta de salida constitucional, pacífica y democrática a la crisis que todavía determina nuestra cotidianidad.

Segunda quincena de febrero 2023

https://oevenezolano.org/2023/02/boletin-100-el-futuro-electoral-venezol...