Las estrategias están definidas de manera clara y en proceso de desarrollo. El objetivo del régimen es mantener el poder a cualquier precio y consolidarlo a partir de enero de 2021, contando con una Asamblea Nacional (AN), única institución que le falta en su cuenta, para ejercer un total dominio, repito, institucional, del país.
Lograr el objetivo de controlar la AN, a partir de enero de 2021, le permitiría al régimen legitimar algunos de los contratos que sus cómplices internacionales le reclaman que sean avalados por el parlamento. Además, el régimen autoritario se quitaría de encima esa molestia de un “gobierno interino”, con un presidente designado por una AN que le es hostil, pero que es aceptado por una parte importante de la comunidad internacional. Y de paso, que no es poco, al sector madurista le serviría para quitarse de encima esa remora inútil de la ANC y al “cabellismo” que la controla.
Invalidar a la AN ha sido un objetivo del régimen, desde el mismo diciembre de 2015 cuando fue humillantemente derrotado en las elecciones parlamentarias. En ese esfuerzo ha hecho todo tipo de maniobras en contra de la AN: desconociendo a sus diputados, ha dejado sin representación a los electores del Territorio Amazonas durante cinco años; desconoció a la AN con sentencias de su obsecuente TSJ; persiguió y apresó diputados, obligando a algunos a exilarse y otros a esconderse o asilarse en embajadas; le quitó presupuesto y recursos; trató de dejarla de lado con una ilegitima ANC, cuya elección no fue reconocida ni nacional ni internacionalmente y que al final ha dejado de lado; trató, infructuosamente, de quitarle funciones en 2017 a través de fallidas sentencias del TSJ, intento que fue resistido por la población con grandes manifestaciones, que el régimen convirtió en violentos disturbios, que costaron vidas humanas; finalmente, comprando y corrompiendo diputados opositores, intentó tomarla por la fuerza en un chusco intento en enero de 2020.
Todo eso fueron inútiles intentos de doblegar la resistencia democrática del pueblo venezolano y sus diputados electos en 2015; al final, opta por la vía electoral. Pero no es suficiente. Al régimen no le importa lo que piensen u opinen los venezolanos, ni el mundo, con respecto a lo que hace en el país; pero lo perturba que una mala opinión sobre su régimen por parte de la comunidad internacional, le ha cerrado las puertas al crédito y financiamiento internacional y al comercio, que le impide contar con recursos para continuar sus trapacerías con las importaciones y no puede seguir haciendo demagogia en el país, mientras enriquece a sus cómplices internos e internacionales. El régimen sabe que es necesario que el proceso electoral que ha convocado y organizado goce de una cierta “legitimidad” internacional.
En esa dirección ha emprendido algunas tareas: por una parte, envía cartas a la ONU y a la Unión Europea, describiendo las “bondades” de su proceso y pidiendo observación internacional para el mismo; por la otra da muestras de apertura y magnanimidad liberando algunos presos políticos. Pero ninguna de las artimañas parecen dar resultados. Por una parte, los organismos internacionales, particularmente la Unión Europea (UE), no se conforman con cartas ni solicitudes, exigen ver cambios en las condiciones electorales: “… para un proceso electoral transparente, inclusivo, libre y justo”, dicen. Por otra parte, al régimen no le basta liberar unos pocos presos políticos, sabiendo como se sabe que son muchos más los que quedan en las mazmorras de la tiranía. Para mayor desgracia del régimen, esta semana se ha dado a conocer el Informe de la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, presentado a la ONU, que denuncia los crímenes de Lesa Humanidad que se cometen en el país, lo que compromete mucho más su imagen y le coloca al cuello una piedra de molino en su objetivo de lograr legitimidad y reconocimiento internacional.
Pero sus mayores esfuerzos siguen siendo en el campo interno y con el propósito de garantizarse un resultado favorable en el proceso electoral, sin tener recursos para hacer demagogia y comprar electores y sin tener que emplear todavía las “municiones” del fraude el día de la votación o el desconocimiento de los resultados –como hizo con los resultados de la gobernación del Estado Bolívar en 2017– ha desplegado grandes esfuerzos en dos direcciones, una, “agenciarse” una oposición a su medida, que participe y legitime su proceso; y dos, lograr que la oposición mayoritaria se abstenga de concurrir a las elecciones.
Su primer objetivo, solo está logrado parcialmente. Los denominados “alacranes” y la llamada “mesita”, no dan muestras de despegar en las encuestas y ni siquiera han logrado presentar una lista única de candidatos a la AN. Ese arroz con mango, sigue siendo un arroz con mango y de esta manera, no solo no sirven a los propósitos propagandísticos del régimen, sino que lo más probable es que ellos mismos no lograrán figurar en “pizarra” para obtener algunas curules. El segundo objetivo, sin embargo, sí parece logrado. La oposición democrática –más bien la población opositora– ha decidido no participar el 6D; y aun cuando se ha anunciado la defección a esta política de un sector encabezado por Capriles Radonsky, no se vislumbra que tenga una fuerza que logre arrastrar a votar una parte importante de la oposición. Aparte de que el propio Capriles ha dicho no estar seguro de llegar al final del proceso, al día de la votación, pues si no logra modificar algunas de las condiciones electorales, retiraría a sus candidatos.
Por otra parte, no se descarta que el régimen juegue una nueva carta, el aplazamiento de las elecciones, con la justificación de la pandemia, si en el camino percibe que se enreda más la legitimidad del proceso. Hasta ahora esa posibilidad ha sido negada, y personalmente creo que ese aplazamiento es difícil que ocurra, pero todo es posible. Por lo tanto, lo que luce más probable es que a partir de enero de 2021 tengamos una AN completamente dominada por el chavismo, con algún “salpicado” de diputados de la denominada “mesita” y, eventualmente, algún diputado opositor, si el sector “caprilista” llega hasta el final del proceso.
Es decir, a partir de enero de 2021, cesará en sus funciones la actual AN y la presidencia interina de Juan Guaidó; posiblemente el régimen no se consolide más, pues su legitimidad está en declive, pero seguirá ejerciendo de facto el poder y tanto la comunidad internacional, como el liderazgo opositor deberán redefinir sus estrategias.
Es momento de ir pensando la estrategia que desplegará la oposición a partir de esa fecha. Hasta ahora, ni la actividad febril y constante de la oposición, ni la presión internacional han conseguido que el régimen acceda a sentarse a negociar, realmente, una salida a la crisis humanitaria, severa, que vive el país y permitir una salida constitucional y electoral. Hasta el 6D y sobre todo a partir de enero de 2021, será mucho más imperativo que los líderes y los partidos políticos realmente opositores se reinventen, como hemos estado insistiendo, para elevar el costo político de la permanencia del régimen en el poder.
La presión interna, que sobradas razones existen para que se dé, debe incrementarse, organizarse, y acompañar a la presión internacional, para que se produzca el quiebre del bloque hegemónico de poder que permita alguna salida política a la crisis que vive el país.