Editorial

Desde que a principios de marzo habló el presidente Trump asegurando que vendrían noticias importantes con respecto a Venezuela, hemos constatado numerosas acciones visibles, y otras menos mediáticas, pero que se concretan en un apoyo decidido a lograr el restablecimiento de la democracia en nuestro país.

Es de particular relevancia lo manifestado anteayer por el Embajador Elliot Abrams en un artículo publicado en The Wall Street Journal, y la rueda de prensa ofrecida este martes por el Secretario de Estado Mike Pompeo, que dejan bien clara la posición del gobierno norteamericano sobre la solución a la crisis venezolana.

En primer lugar, dan pleno apoyo a la idea de la formación de un gobierno de emergencia nacional, tal como fue planteado hace un par de días por Guaidó.

En segundo lugar, están de acuerdo con la designación por la Asamblea Nacional de un Consejo de Estado que tendría como objetivo principal proceder en un lapso menor a un año a convocar elecciones generales, tanto presidenciales como parlamentarias, y para que estas sean libres y democráticas se procederá a designar un nuevo CNE y TSJ. No dijeron nada específico en cuanto a los demás órganos del Estado, pero se supone que quien puede lo más, puede lo menos.

En tercer lugar, para que ese Consejo de Estado asuma el poder ejecutivo, ni Maduro ni Guaidó pueden ser Presidentes de la República.

En cuarto lugar, quien presida el Consejo de Estado no podrá ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones.

Y por último, Guaidó, que seguirá siendo el presidente de la AN, si podrá participar en las futuras elecciones. No así quienes hayan sido objeto de sanciones por violación de los DDHH, narcotráfico o apoyo al terrorismo.

De constituirse este Consejo, automáticamente se suspenderán las sanciones que no sean individuales, y podrá llegar al país toda la ayuda necesaria para paliar la crisis sanitaria y humanitaria.

Vista la gravedad de la situación no sólo por el Covid-19, sino por la escasez de gasolina y el pésimo estado de la salud pública y del transporte, un acuerdo en este sentido luce imprescindible para que pueda entrar libremente en el país la tan necesaria ayuda humanitaria y sanitaria que impida que se produzca un cataclismo social.

Es probable que a algunos no les guste esta fórmula, sin embargo, sería bueno conocer qué otra estrategia se puede implementar en el corto plazo y sobre todo cómo y quiénes la podrían ejecutar con el mayor grado de consenso posible.

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