La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), define la seguridad alimentaria como la condición en la que, en un lugar determinado, todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y poder llevar así una vida activa y sana. Por lo tanto, debe haber disponibilidad, acceso y consumo adecuado. La seguridad alimentaria se puede considerar de acuerdo a diferentes escenarios y niveles de análisis, pero el familiar es el que reviste la mayor importancia.
En Venezuela, la alimentación como derecho constitucional, está claramente establecida en el artículo 305 de la constitución de 1999: “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población”. Así, queda suficientemente establecido que el acceso a una alimentación suficiente y de calidad no es una concesión que gobierno alguno hace a los ciudadanos, es una condición a la cual tienen derecho; todo gobernante está obligado a realizar los esfuerzos que sean pertinentes para garantizarla. Sin que para nada tenga que ser necesario depender de programas especiales o “misiones” para intentar remediar problemas de seguridad alimentaria que el propio gobierno que los implementa ha causado. Los alimentos, su acceso y distribución no deben ser jamás utilizados por gobierno alguno como instrumento de presión política para intentar forzar el apoyo del pueblo, mucho menos para su sometimiento.
Analizando el terrible estado de la profunda crisis actual, a la que han conducido las equivocadas y desastrosas políticas económicas del gobierno, durante un período de casi 20 años, es más que evidente que éste no ha cumplido con su obligación de garantizar a los venezolanos un derecho tan fundamental como el de la seguridad alimentaria. La alta y sostenida inflación, transformada luego en hiperinflación, ha multiplicado aceleradamente el empobrecimiento de la población. Para mediados de julio de 2018 el 87 % de los venezolanos vivía en condiciones de pobreza, y más del 60% en pobreza extrema. El hambre y la desnutrición atormentan a la población. Nunca fuimos tan pobres y estuvimos tan desprotegidos como hoy en día. La inseguridad alimentaria como condición permanente hace vulnerable no solo a las personas y las familias, sino que el país entero es también vulnerable.
La precaria situación de la seguridad alimentaria en Venezuela, caracterizada por la excepcional subida del precio de los alimentos, el desabastecimiento y la escasez, fue precedida por numerosas decisiones, decretos y medidas administrativas que, en suma, le dieron al gobierno un enorme control sobre todos los eslabones de las cadenas agroproductivas. Se trataba, de una u otra manera, de dominar para su uso político la producción, importación, distribución y comercialización de alimentos. Entre las principales causas del profundo deterioro sufrido por la seguridad alimentaria, causado por la irresponsabilidad y mala gestión del actual gobierno, destacan: 1.- La acentuada caída de la producción nacional de alimentos; 2.- La insostenibilidad en el tiempo del modelo basado en grandes importaciones de alimentos, sostenido por la abundancia de petrodólares ̶ que fortaleció la llamada agricultura de puertos y debilitó aun más la producción nacional ̶ y 3.- La distorsión de la demanda real por pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Durante algún tiempo, el régimen chavista insistió en que habían logrado la seguridad alimentaria porque se importaban alimentos con los dólares de la riqueza petrolera; hasta que la contundente realidad hizo evidente que estaban mintiendo. Lo que si se logró fue alimentar groseramente los bolsillos de la corrupción. Mención aparte merecen los problemas de gobernanza; es decir, de la eficacia del gobierno como administrador del Estado para el funcionamiento armónico de la institucionalidad, traducido en términos económicos, sociales y políticos de bienestar. De esta condición suele depender la consecución de la seguridad alimentaria de un país o, por el contrario, su estruendoso fracaso; como es el caso venezolano en el presente.
Lograr la seguridad alimentaria es una labor que involucra directamente a los gobiernos, que deben crear las condiciones necesarias, implementando las políticas económicas, de producción agrícola y desarrollo social que sean necesarias; también el sector de la pesca debe ser considerado. Es imprescindible una gestión de gobierno eficiente, que cambie los viciados procedimientos y el desastroso modelo de desarrollo que hasta ahora se ha estado imponiendo. Se necesita una importante transformación del sistema agrícola y del sector agroindustrial para aumentar significativamente la producción y calidad de alimentos disponibles, y así poder hacer frente a la actual situación. Un cambio de gobierno y de sus paradigmas ideológicos es requisito obligatorio para rectificar el camino
Profesor, Facultad de Agronomía, UCV