Hay palabras que se llevan más fácilmente que otras. Quizás son más manejables, tal vez permiten mayores matices. “Dictador”, al parecer, es una de ellas. Nicolás Maduro ha lidiado con esa palabra durante todos estos últimos años. Desde 2014, cuando anunció medidas de control y regulación de los medios de comunicación, y sentenció: “me van a llamar dictador, no me importa”; hasta enero de este mismo año, cuando tildó de “imbéciles” a quienes lo calificaban de esa manera, asegurando que “cuando me llaman dictador ofenden a todo el pueblo de Venezuela”.
Pero, a partir del informe de 443 páginas que la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó esta semana ante Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Maduro deberá comenzar a lidiar con otras palabras, más difíciles y ásperas, que no permiten demasiadas manipulaciones: criminal, torturador, asesino.
El chavismo siempre ha sabido moverse hábilmente en el territorio del lenguaje. Después de veinte años y miles de millones de dólares desaparecidos, los resultados de sus gobiernos —en todos los ámbitos— son catastróficos. Pero su retórica se mantiene intacta. Vive en la ficción épica de su propio discurso. Fuera de su narrativa, el chavismo es un movimiento que tomó el poder y —de manera ilegítima— lo trasformó para permanecer en él, corrompiéndose y haciéndose cada vez más violento. Solo en el lenguaje el chavismo puede ser democrático o progresista, bolivariano o, incluso, revolucionario. Por eso, su principal enemigo, su más contundente adversario, siempre ha sido la realidad.
Este 15 de septiembre una parte fundamental de esa realidad tuvo voz, sonó y se hizo visible en el informe. El documento registra el trabajo de una estructura autónoma, encargada de llevar a cabo el procedimiento conocido como Fact Finding Mission, activado por la ONU el año pasado para seguir evaluando el caso venezolano. La Misión investigó 223 casos, 48 de ellos de manera exhaustiva, y examinó otros 2891, buscando corroborar los patrones de las violaciones de derechos humanos. Es un reporte duro, lleno de detalles y testimonios que permiten establecer responsabilidades directas sobre quién conocía y ordenó las acciones, además de la cadena de mando en su ejecución. Aunque es un informe técnico, su nivel de precisión sobre los lugares de reclusión, los métodos de tortura y las distintas experiencias de las víctimas de la violencia, lo convierten en un material altamente sensible, en un relato cruel y muy doloroso.
El informe considera que tanto Nicolás Maduro como sus ministros del Interior y de la Defensa “tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos”. Este señalamiento no tiene precedentes en América Latina y tipifica por primera vez en la región el delito de lesa humanidad, abriendo una mayor posibilidad de que las autoridades venezolanas sean juzgadas internacionalmente.
La respuesta oficial era previsible: el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se aferra a su retórica, descalificando a la Misión, a todas las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos que colaboraron con el proceso. Invoca los tópicos clásicos de su repertorio: el imperialismo y las conspiraciones internacionales. No es fácil, sin embargo, destruir 443 páginas con un tuit.
En el informe hay demasiadas heridas. Se registran masacres, disfrazadas con el método de “simulación de enfrentamiento”, ejecuciones arbitrarias, fosas comunes llenas de cadáveres… La investigación confirma, además, un procedimiento según el cual las autoridades superiores pueden dar “luz verde para matar” en los operativos. También se documentan numerosos testimonios sobre detenciones y desapariciones temporales forzadas, donde se aplicaron a las víctimas diversos tipos de tortura, incluyendo palizas y “descargas eléctricas en los genitales”. En muchos casos, también, los detenidos y detenidas fueron violados sexualmente. Un exdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional asegura que la institución tiene un “comportamiento cultural” de tortura.
No es posible enfrentar una investigación como esta con consignas fáciles. Ante tanta sangre, la ideología no existe. La cháchara bolivariana se arruga, se desvanece. No en balde, como para evitar debates estériles y dejar en claro la línea de la institución, el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha salido a exigir al gobierno de Venezuela que se tome “muy en serio” el informe.
En Latinoamérica pasamos muchos años pensando que las dictaduras eran un asunto del pasado, una tragedia antigua, protagonizada por militares despiadados y ciegos, ya pasados de moda. Creímos que habíamos superado ese horror. Y bajamos la guardia: nuestro sistema de alarmas comenzó a relajarse y, junto al cambio de los tiempos, a la antipolítica, a las crisis de representación, a las nuevas tecnologías y a las redes sociales, dejamos que se nos colara nuevamente el autoritarismo criminal, una política de masacre ordenada y ejecutada desde el Estado.
“No había otra solución. Estábamos de acuerdo en que era el precio que había que pagar para ganar la guerra contra la subversión”. Es una frase que podría decir algún militar de alto rango en Venezuela. Pero en realidad la dijo Jorge Rafael Videla, dictador argentino.
Es necesario respetar las palabras. Este nuevo informe de la ONU tiene 275.901. Cada una de ellas representa una herida, tiene un rostro, su propia historia y la historia de mucha otra gente, de muchas organizaciones de derechos humanos que llevan años denunciando y documentando la salvaje violencia institucional que existe en Venezuela.
Quizás ahora a Nicolás Maduro sí le importe que lo llamen dictador. Tal vez comience a preocuparse por las consecuencias que conlleva ese término. Tal vez ahora su gobierno entienda que, detrás de esa pequeña palabra, también están las víctimas, hablando, buscando, pidiendo justicia contra sus crímenes de lesa humanidad.
20 de septiembre 2020
New York Times