Cualquier ciudadano, hoy más que nunca, siente en lo más profundo la urgencia de una sociedad que reclama justicia.
A mí me preguntan, en la creencia de que lo debería saber por mi profesión, si algún día podremos dar una respuesta afirmativa sobre esa legítima inquietud y, con gran dolor, debo responder que ello aparece como un sueño lejano, porque los venezolanos no hemos aprendido ni internalizado esa lección, ni nos hemos preocupado por sentar las bases que la puedan hacer posible, ya que las guerras, las confrontaciones internas, la debilidad institucional y los regímenes autoritarios caudillistas no han permitido la formación y consolidación de un verdadero Poder Judicial autónomo e independiente, que no pueda ser utilizado como instrumento de la política.
Eso sí, cultivamos y propiciamos el mito de la ley y de las constituciones como panacea para resolver todos nuestros problemas y para identificar un culpable de los males que debemos atacar con acciones y no con advertencias punitivas o pócimas legales insertadas en gacetas oficiales.
La leyes inoperantes y los administradores de una justicia dependiente, politizada y manipulada, han dado lugar al recurso perverso de los “caminos verdes” por los que transitan las causas promovidas para resolver los conflictos ciudadanos, y han creado así prácticas al margen de la Constitución y de las leyes formales, invocadas cuando se asumen cargos públicos, aunque ahora solo se jura por la revolución y el socialismo del siglo XXI.
Por lo demás, ante los requerimientos de justicia de una sociedad que hoy resiente su total ausencia y padece las consecuencias de la anomia y del caos jurídico, se han abierto trochas o caminos tortuosos que han sustituido los procesos como instrumentos idóneos para establecer la verdad de los hechos que afectan las bases morales de la colectividad, con la consecuente frustración ciudadana que solo tiene la certeza de la violencia, del atropello a sus derechos y de la trágica impunidad que liquida toda esperanza de justicia.
Los “caminos verdes” que se han sobrepuesto al orden normativo que rige el debido proceso son innumerables e inciertos. Pero son la más dura respuesta que puede tener un ciudadano que ha padecido en carne propia los abusos de quien detenta el poder y, de buena fe, ha recurrido a un tribunal demandando decisiones justas.
En esos caminos no se observan las normas que aparecen en nuestros códigos, aunque hay reglas que se respetan religiosamente, al igual que las que imponen los “pranes” en las cárceles, siendo la más importante la de la obediencia a “órdenes de arriba”, sin identificación de sus responsables.
Es una tarea impostergable para la Venezuela del futuro sentar las bases de un Poder Judicial que, simplemente, cumpla con su tarea de impartir justicia y aplicar el derecho, único camino hacia la paz social y el logro del bien común.
El Nacional
25 de mayo de 2018