El Congreso de los Estados Unidos tradicionalmente ha utilizado sanciones económicas como herramientas clave de política exterior. Su autoridad constitucional para regular el comercio exterior permite establecer marcos legales específicos que otorgan poder al ejecutivo para imponer restricciones comerciales y financieras frente a amenazas internacionales.

Históricamente, leyes como la Ley de Comercio con el Enemigo (1917) y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, 1977) han establecido bases sólidas para el uso de sanciones. Durante la Guerra Fría, el Congreso demostró firmeza en aplicar sanciones contra regímenes que violaban derechos humanos o representaban amenazas estratégicas, como la Unión Soviética (enmienda Jackson-Vanik, 1974) y Sudáfrica (Ley integral contra el Apartheid, 1986).

Desde la década de 1990, las sanciones han aumentado como respuesta inicial a conflictos internacionales, destacando leyes como la Ley Helms-Burton contra Cuba en 1996 y la Ley de Sanciones a Irán y Libia. Esto reflejó una visión bipartidista del Congreso de EE.UU., buscando objetivos claros y precisos al implementar sanciones económicas.

Actualmente, las sanciones desde el Congreso de EEUU se consideran herramientas esenciales y efectivas para abordar desafíos geopolíticos como terrorismo, proliferación nuclear, abusos de derechos humanos y agresiones regionales. El Congreso mantiene una vigilancia activa sobre estas medidas y ha legislado numerosas sanciones específicas, como la Ley Magnitsky (2012) y la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de América mediante Sanciones (CAATSA, 2017).

La tendencia reciente muestra un enfoque en sanciones específicas, que buscan afectar directamente a individuos o sectores económicos claves sin perjudicar excesivamente a las poblaciones civiles. Esta estrategia se acompaña de una estricta supervisión legislativa, exigiendo informes periódicos al Ejecutivo sobre la implementación y efectividad de las medidas.

El Congreso de EE.UU. ha jugado un rol central al imponer y supervisar sanciones contra Venezuela en respuesta al enfrentamiento creciente entre el gobierno de Nicolás Maduro con diversos gobiernos de los EEUU.. A partir de 2014, con la Ley para la Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil de Venezuela, el Congreso comenzó a implementar sanciones directas contra altos funcionarios venezolanos acusandolos de represión y corrupción.

En 2019, la Ley VERDAD extendió estas sanciones hasta 2023, evidenciando un compromiso continuo del Congreso en mantener presión económica con el objetivo de promover una transición democrática en Venezuela. Las audiencias congresionales sobre Venezuela han enfatizado repetidamente la importancia de una presión sostenida y efectiva, aunque también han cuestionado la eficacia y los costos humanitarios asociados a estas sanciones.

En respuesta a estas preocupaciones, algunos legisladores han pedido ajustes en la aplicación de las sanciones, incluyendo excepciones humanitarias y revisiones regulares de su eficacia. Sin embargo, existe un fuerte consenso bipartidista sobre mantener presión económica intensa sobre Maduro, especialmente después de fracasos en negociaciones.

El Congreso de EE.UU. ha demostrado históricamente su compromiso en utilizar sanciones como herramienta estratégica de política exterior, ajustando su enfoque según resultados prácticos y consideraciones humanitarias. En el caso venezolano, la postura del Congreso refleja claramente un objetivo compartido de restablecer la democracia mediante presión económica, aunque sigue abierto el debate sobre cómo maximizar la eficacia y reducir efectos negativos para la población venezolana.

He leído con cuidado las declaraciones y explicaciones de expertos como Juan C. Zarate, Derek Maltz y Adam Szubin y en ninguna exposición o ensayo presentado por ellos aseveran que las sanciones económicas por si solas traerán los cambios deseados en las prácticas de los gobiernos a lo cuales se dirigen las sanciones. En todas las exposiciones explican los riesgos a la Sociedad civil de aplicar sanciones y la necesidad de ser flexibles y dinámicos en su aplicación. 

Los venezolanos hemos sufrido varias sanciones que se acumulan en los últimos años para hacer la economía inviable: una sanción proviene de la administración gubernamental que tiene muchos funcionarios públicos que desvían fondos del fisco sistemáticamente, y en lugar de hacer más escuelas y centros de salud, usan parte de los fondos públicos para llenar cuentas bancarias privadas en otros países, la segunda sanción es que EEUU congela fondos e impide las exportaciones de petróleo y la inversión en Venezuela secando al secando por completo el acceso a financiamiento al ciudadano común; y la tercera sanción es que algunos dirigentes de la oposición también se aprovechan de las sanciones y las piden para usar fondos congelados por EEUU para hacer vida política y de oposición en EEUU y no en Venezuela. Así como el presidente Trump ha roto con muchos programas que benefician a ciertos grupos de interés que generan déficit fiscal en los EEUU, también debe diseñar sanciones que no afecten al sector privado estadounidense ni el venezolano. 

X: @alejandrojsucre 

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