La segunda fase del Foro Social realizado en Caracas del 26 al 29/09 pasado y coordinado por la Organización Internacional del Trabajo, amerita abordar el accionar de los diferentes actores de las relaciones de trabajo en Venezuela y las propuestas anunciadas luego de finalizado el evento.

Como ya conocemos la reunión tripartita de septiembre estuvo precedida de una primera fase realizada del 25 al 29/04 de 2022, cuya realización ha sido la consecuencia de la Comisión de Encuesta aprobada por la OIT (2019) para evaluar la aplicación de los convenios 26, fijación de salarios mínimos, 87, libertad sindical y 144, consulta tripartita.

Luego de transcurridos 5 meses de abril a septiembre 2022 demás está decir que el régimen madurista ha sido aplazado, en todas las asignaturas que los convenios laborales establecen para lograr el trabajo decente, se reconozca la libertad sindical y se consulte debidamente a empresarios y trabajadores en materia de fijación de salarios y de empleo.

Esta situación ha derivado en la protesta laboral acentuada al mantenerse el salario mínimo como el salario promedio del sector público, la afectación del complemento salarial con el Instructivo ONAPRE y el fracaso rotundo de la política económica por su incapacidad de contener la inflación. La muestra evidente es que el salario mínimo de 30 $ mensuales decretado unilateralmente en marzo hoy representan 15 $, cantidad insuficiente ante una canasta alimentaria de 450 $ al mes.

Es oportuno preguntarse ¿vale la pena continuar con estos encuentros a pesar de la evidente posición del régimen de evadir su responsabilidad ante este desmadre laboral?, la respuesta debe ser indudable y del tamaño de una catedral, un rotundo Si.

Mas aun al estar en presencia de una gestión autoritaria que no desea tratar ningún tema del estado ante organismos internacionales que los evidencien, y mucho menos ante la opinión pública nacional, por ser característico de estos gobiernos sórdidos esconder, maquillar sus oscuras intenciones, las cuales adornan con discursos de ser víctima de bloqueos y el fraseo “socialista revolucionario”.

Por tanto, resulta incomprensible los ciruelazos permanentes de corrientes sindicales del país contra la OIT, este organismo no es una central sindical, ni un tribunal, es un espacio creado desde hace un siglo para ordenar civilizadamente las relaciones de trabajo a nivel global.

No por casualidad atiende los requerimientos de los actores laborales de 169 países, donde se incluye a gobiernos, empleadores privados y trabajadores. Este organismo tripartito cuando arriba a un país no selecciona a quienes representan a los trabajadores, por el contrario, estos deben ponerse de acuerdo previamente y acordar quienes son sus representantes, aun cuando los reglamentos de la OIT mencionen de preferencia a la central más representativa.

Me atrevería a afirmar que este organismo tripartito internacional ha sido el más consecuente seguidor de la situación de los trabajadores venezolanos durante el siglo XXI, con el envío de mas de 15 misiones de diferente tenor en procura de llamar al botón a un régimen contumaz violador de los convenios laborales firmados por el estado venezolano desde el siglo pasado.

Tanto ha sido su insistencia y perseverancia que finalmente concretó la Comisión de Encuesta, cuya iniciativa por cierto partió de Fedecámaras no de las centrales sindicales, las cuales luego de acordada la decisión se sumaron correctamente al reclamo de los patronos venezolanos.

Por lo explicado le corresponde al sindicalismo venezolano ordenar sus desencuentros, que han conllevado incluso al congelamiento de numerosas quejas introducidas por sindicatos ante el comité de libertad sindical de la OIT al no actualizarlas adecuadamente, siendo entre otros un caso resaltante el de los 23.000 trabajadores petroleros despedidos en 2003, sin pago de prestaciones sociales, quienes hoy deambulan en procura de defensa de sus derechos laborales sin respuesta alguna.

En resumen, se ha programado una nueva reunión para febrero 2023, es oportuna la ocasión para que el sindicalismo enmiende sus diferencias y pueda presentar una posición sólida frente a un régimen calificado como violador de los DDHH por el reciente informe de las Naciones Unidas, con caso abierto en la Corte Penal Internacional y un expediente laboral de larga data que debe permanecer vigente como espacio de denuncia y seguimiento a las políticas antilaborales que violentan intencionalmente los convenios internacionales.