La tragedia ocasionada por los terremotos del 24 de junio de 2026, con magnitudes de 7,2 y 7,5, con epicentro en el estado Yaracuy, no constituye un mero evento natural, sino la consecuencia previsible y evitable de un grave crimen institucional. En momentos en que Venezuela llora a miles de muertos y desaparecidos, como ex titular de las máximas instancias en materia de urbanismo y vivienda del país, cumplo con el deber profesional y moral de elevar esta denuncia ante la opinión pública nacional e internacional.

La magnitud de esta lamentable catástrofe es el resultado directo de años de sistemática inobservancia de la Constitución, leyes y reglamentos que regulan la planificación urbana y la construcción, y no ejecutar políticas públicas de previsión, prevención y mantenimiento de toda obra de infraestructura públicas o privadas. Así como de una extendida corrupción y manifiesto desprecio por la vida de los venezolanos, puesta de manifiesto cuando desde el poder sabotean o impiden la ayuda humanitaria nacional e internacional, que trata de salvar a quienes bajo escombros luchan aun por sus vidas, huérfanos del auxilio inmediato, adecuado y oportuno del Estado; acrecentando la tragedia y privilegiando así las acciones vandálicas denunciadas de funcionarios militares y civiles presentes en los desoladores lugares del desastre:

I. Ausencia del Estado y Fallo en la Respuesta Inmediata

Mientras colapsaban edificios y viviendas en La Guaira, Miranda, Carabobo, Aragua y otras regiones, el Estado estuvo notoriamente ausente. No se activaron protocolos de emergencia efectivos. Los ciudadanos debieron organizar por sí mismos las labores heroicas de rescate con medios rudimentarios. Los organismos de seguridad y protección civil carecieron de la dotación adecuada y llegaron tarde o no llegaron. Esta opacidad ha sido escandalosa, con cifras oficiales que subestiman visiblemente la dimensión real de la tragedia.

II. El Fraude Habitacional y sus Consecuencias Letales

El régimen ha proclamado la construcción de más de 5.258.000 viviendas de la “Gran Misión Vivienda Venezuela”. entre los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, de las cuales este último se atribuye 4.800.000 viviendas construidas. Se trata de una de las mayores estafas en la historia nacional. Estimaciones técnicas confiables indican que solo se habría construido alrededor del 10% de lo anunciado, (525,800), con graves deficiencias estructurales y de calidad. Familias fueron reubicadas desde sus comunidades donde ciertamente carecían de viviendas adecuadas. a complejos habitacionales donde encontraron la muerte. Construidos: 

•⁠  ⁠Con diversos sistemas constructivos, o provenientes de diferentes países sin el previo aval ni certificación técnico necesario, del Instituto de Materiales y Modelos Estructurales (IMME) de la Universidad Central de Venezuela, que certifica la idoneidad de los sistemas y materiales a utilizar. Incluso sin estudios de suelos adecuados; 

•⁠  ⁠Sin cálculos estructurales sismo-resistentes y violando deliberadamente las normas COVENIN; 

•⁠  ⁠Con materiales de inferior calidad suministrados por contratistas vinculados al poder. La carencia de control y fiscalización, acarrea desastres, destruyendo en minutos lo que el patrimonio familiar construyó durante décadas.

•⁠  ⁠Sin procesos licitatorios transparentes, -eliminados de la gestión pública- que facilita la discrecionalidad, los sobreprecios y corrupción.

Particularmente grave resulta el caso de La Guaira, donde se ignoraron de manera sistemática las normas, recomendaciones y planes de ordenamiento territorial y construcción emitidos tras la tragedia aluvional de 1999. Dichos instrumentos, elaborados por universidades y comisiones de expertos nacionales e internacionales, definían áreas de protección, densidades habitacionales permitidas, tratamientos preventivos y parámetros de diseño estructural adaptados a la alta vulnerabilidad sísmica y a la inestabilidad geológica aluvional de la zona, similar a la de sectores como Palos Grandes, Altamira, Chacao y La Castellana en Caracas. Tanto el sector oficial como el privado incumplieron estas disposiciones, construyendo indebidamente sobre los conos de deyeccion, priorizando el lucro sobre la seguridad de las personas, reflejado en la deficiente calidad de las edificaciones y pérdida irreparable de miles de vidas que el desastre ocasionó y destruyo en un 70 % aproximadamente la infraestructura habitacional y de servicios de La Guaira. Un nuevo reto de reconstrucción desprovisto de cualquier otra consideración que no sea ajustado profesional y técnicamente a las condiciones geológicas y sísmicas, de estricto cumplimiento. 

III. Responsabilidades Penales

Esta tragedia no presenta culpables difusos. Existen responsabilidades concretas a lo largo de toda la cadena de mando: 

•⁠ ⁠Funcionarios civiles y militares que, otorgaron permisos y contratos ignorando las normas urbanísticas, de diseño y sismo-resistencia; 

•⁠ ⁠Altos directivos que, autorizaron obras sin los controles técnicos requeridos, invocando supuestas emergencias inexistentes; 

•⁠  ⁠Promotores y contratistas que, con complicidad gubernamental, ejecutaron construcciones precarias priorizando el beneficio económico; 

•⁠ ⁠Dirigentes del régimen que, a pesar de conocer los riesgos sísmicos del territorio venezolano, mantuvieron y promovieron esta política fraudulenta.

•⁠  ⁠El Estado que, incurre en responsabilidad civil y penal por su imprevisión institucional y por la deficiente asistencia no inmediata prestada a las víctimas. 

La corrupción generalizada no es un detalle administrativo, en este caso es un factor adicional de riesgo sísmico que multiplicó los damnificados y mortalidad.

IV. Exigencias Inmediatas

•⁠ ⁠Transparencia total: publicación inmediata y verificable de las listas completas de fallecidos, heridos y desaparecidos, con identificación y ubicación. 

•⁠ ⁠Apertura humanitaria irrestricta: ingreso sin demoras ni discriminación ideológica de equipos de rescate internacionales, maquinaria y ayuda humanitaria. 

•⁠ ⁠Auditoría técnica forense independiente: comisión nacional e internacional que determine las causas técnicas de los colapsos, la calidad de los materiales y cumplimiento de las normas. 

•⁠ ⁠Investigación penal: procesamiento de todos los responsables del fraude habitacional, desde los más altos niveles de gobierno hasta promotores y contratistas. La corrupción sistemática en vivienda social debe ser calificada como delito de lesa humanidad. 

•⁠  ⁠El Colegio de Ingenieros de Venezuela: conjuntamente con el apoyo internacional especializado sobre la materia debe responsablemente cumplir con su deber ético y legal, iniciando investigaciones por mala praxis y liderando la auditoría técnica forense de la infraestructura afectada: Habitacional, Servicios Generales, Transporte y Comunicaciones. 

V. Llamado a la Sociedad Civil

La impunidad solo se fortalece en el silencio. Hago un llamado urgente a la sociedad civil y a todos los ciudadanos víctimas o no de este desastre para que denuncien públicamente estos hechos. La arquitectura y la ingeniería son disciplinas al servicio de la vida humana. Cuando son pervertidas con fines propagandísticos y de lucro, se convierten en instrumentos letales. Venezuela exige verdad, justicia, reconstrucción institucional y un cambio profundo a su modelo político y administrativo, como en la conducción del Estado de quienes han priorizado su permanencia en el poder sobre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos, a los que ha declarado la guerra. Cada vida que pudo haberse salvado clama por 

responsabilidades y sanciones.

VENEZUELA EXIGE VERDAD Y JUSTICIA.

Ex Ministro del Ministerio del Desarrollo Urbano y Vivienda (MINDUR) y ex Presidente del Instituto Nacional de la Vivienda (INAVI).

01 de julio de 2026