Para abril de este año, Transparencia Venezuela identificó 920 empresas con participación mayoritaria del Estado. Este conjunto de empresas subsumidas en el erario público incluye a sectores expropiados, intervenidos o creados por el gobierno. Del total, 701 están bajo el control directo del gobierno central, 215 de gobernaciones y 4 de alcaldías. En conjunto, abarcan áreas críticas de la economía nacional como hidrocarburos, minería, sector agroalimentario, siderúrgica, metalúrgica, cemento, comercio, telecomunicaciones, banca y servicios públicos. Un alto porcentaje de estas empresas, muchas de ellas objeto de expropiaciones, presenta problemas graves de funcionamiento, pérdidas recurrentes, peso excesivo de la burocracia, deficiencia en la prestación de servicios, gestión ineficiente y falta de mantenimiento. Allí radica una de las causas mayores de frustración y malestar social, pero también de confianza en otro modelo, fundado en la libertad, el apoyo a la inversión privada y una enorme posibilidad de generar empleo productivo en todos los sectores.
Como respuesta a la necesidad de maquillar el colapso financiero y la insostenibilidad del modelo de control absoluto en Venezuela, las autoridades estatales vienen anunciando la voluntad de implementar reformas legales que le permitan desincorporar activos del Estado y abrirlos a la participación al capital privado. En este cuadro se inscribe el anuncio hecho por la presidenta encargada sobre la creación de una Comisión de evaluación estratégica de activos para lograr la captación de inversiones.
El debate sobre la restitución de empresas y activos parece haberse centrado en propuestas de análisis jurídico para definir mecanismos de devolución tras años de control estatal. No se ha avanzado suficiente, sin embargo, en el proyecto. En informaciones opacas se menciona el otorgamiento de 40 permisos entregados a empresas anónimas, así como del respaldo de algunos sectores al propósito de estimular la reactivación productiva.
Para Ana María Carrasquero, coordinadora de Cedice Libertad, uno de los retos iniciales para lograrlo es contar con un inventario completo de todos los activos restituibles en Venezuela. El mayor reto, sin embargo, se llama transparencia. La exigencia de todos es claridad sobre el manejo y la venta de estos activos ahora en poder del Estado. No se trata de lograr levantar sanciones como de recuperar empresas para la generación de bienes. La comisión debería presentar soluciones para la vuelta de esas empresas a la iniciativa privada y hacerlo bajo un esquema transparente de fideicomiso, con intervención de banca internacional, con mecanismos claros de subastas, de oferta pública, protección de fondos, con seguridad para el destino de los ingresos, que no puede ser otro que la generación de riqueza en un clima de libertad.
Para quien se pregunte qué nos dejaron las expropiaciones, la respuesta es clara: empresas destruidas, descapitalización, fuentes de empleo convertidas en pago al clientelismo, a la obediencia política, pérdida de capacidad de producción y de calidad de vida para los ciudadanos. De allí que privatizar es rescatar, es devolver a la gente las oportunidades, dotar al país de las herramientas para crecer.
Hay quienes piensan que hay todavía tiempo para hacerlo. ¿Qué deberíamos esperar? La libertad y la reconstrucción de la economía sin cartas ocultas no pueden esperar. Lo urgente es alimentar la confianza de los ciudadanos y de los inversionistas, contar con unos y con otros para atender los verdaderos intereses del país, fomentar la producción, el aliento a la iniciativa y al emprendimiento.
La noción de lo perentorio no existe en las filas oficiales. Si así fuera, las secuelas de las catástrofes naturales de los terremotos habrían recibido una respuesta inmediata. Ante la urgencia de reconstruir después del trágico efecto de los sismos, necesitamos de una industria cementera con fortaleza, por ejemplo. El caso es que no hay sentido de prelación en la reconstrucción a la que debemos abocarnos todos. Peor aún, se ignora el imperativo de la planificación. Se actúa por impulso o para atender la necesidad de reconocimiento público.
Así es con respecto al resto de las prioridades nacionales: salud, educación, calidad de vida, derechos humanos y libertades.
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