El viernes 09 de octubre el Comité Noruego del Nobel anunció que concedió el Premio Nobel de la Paz 2026 a la jurista Navanethem “Navi” Pillay, en reconocimiento, entre otros méritos, a que “ha estado a la vanguardia en el desarrollo de un orden jurídico internacional”.

Sobre su perfil, en la página web oficial del comité, se destaca que: “La Sra. Pillay se formó en derecho y pronto comenzó a defender a los activistas que se oponían al apartheid. Creció en una familia de ascendencia india tamil en Durban, Sudáfrica, donde en 1967 fundó su propio bufete de abogados. En la década de 1980 estudió en la Universidad de Harvard y allí obtuvo su título de Doctora en Ciencias Jurídicas en 1988. La Dra. Pillay fue nombrada miembro del Tribunal Superior de Sudáfrica en 1995. Cuatro años más tarde se convirtió en jueza y presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR), donde obtuvo distinción por su papel al establecer que la violencia sexual y la violación, así como la difusión de propaganda, podían conducir a acusaciones por crímenes contra la humanidad y genocidio”.

Se desempeñó como jueza de la Corte Penal Internacional (CPI) y de 2008 a 2014 como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). Presidió la Comisión Internacional Independiente de Investigación de las Naciones Unidas sobre el Territorio Palestino Ocupado de 2021 a 2025. En 2019 se convirtió en jueza ad hoc de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso en el que Myanmar está acusado de genocidio.

El Comité Noruego del Nobel concedió mucha importancia al papel de Navi Pillay por promover la paz y el derecho internacional y “como fuerza impulsora en el desarrollo de un sistema internacional de derecho y orden, al tiempo que destaca aún más su rigor judicial, su integridad personal y su considerable coraje”.

También el Comité destacó la relevancia de esta designación, en un contexto internacional marcado por numerosas guerras y conflictos armados, que demanda una actuación más firme e independiente de los jueces y de las instituciones encargadas de garantizar el respeto del derecho internacional.

Con este premio a la noble labor de Pillay, el Comité Nobel desea recordar al mundo que “la capacidad de resolver conflictos sin fuerza ni violencia depende del Estado de derecho internacional; un sistema jurídico internacional en el que los criminales de guerra rindan cuentas y las víctimas de abusos vean que se hace justicia es una condición previa para un mundo pacífico”.

Tras conocerse la concesión del Premio Nobel de la Paz 2026 a Navi Pillay, Donald Trump volvió a cuestionar la decisión del Comité Noruego y expresó, una vez más, su inconformidad por no haber recibido el galardón. En un mensaje publicado en Truth Social, afirmó haber puesto fin a ocho guerras, estar cerca de resolver otros dos conflictos y haber logrado el retorno de los rehenes israelíes, incluidos los últimos 28, tanto vivos como fallecidos. Añadió que también había contribuido a la liberación de cientos de rehenes de distintos países y a su regreso a casa.

La reacción, sin embargo, no se limitó a las declaraciones. Su Administración impuso de forma inmediata sanciones contra la Corte Penal Internacional. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció medidas destinadas a prohibir las transacciones con la institución, restringir sus recursos y paralizar su capacidad operativa, a la que calificó de ilegítima. Frente a estas medidas, varios países europeos manifestaron su respaldo a la CPI y defendieron la continuidad de su labor judicial independiente.

La CPI rechazó las sanciones contra la institución. En su sitio web oficial, su presidenta, Tomoko Akane, destacó: “Esta medida se dirige a una institución judicial independiente, creada por tratado y a la que 125 Estados Partes han encomendado la investigación y el enjuiciamiento del crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Se trata de un intento de obstruir el curso de la justicia e impedir que la Corte cumpla la función para la que fue creada. Es un ataque al Estado de derecho y a los fundamentos mismos del orden jurídico internacional, que atenta contra el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”.

Además, Akane subrayó que “la designación busca perturbar las operaciones de la Corte e intimidar a quienes trabajan para ella o colaboran con ella. La Corte, por su parte, no se dejará amedrentar. La Corte seguirá cumpliendo plenamente su mandato, con independencia e imparcialidad, actuando únicamente sobre la base de la ley y las pruebas, en beneficio de las innumerables víctimas de crímenes graves”.

Estados Unidos no es parte del Estatuto de Roma y ha cuestionado que la CPI ejerza jurisdicción sobre nacionales de Estados que no lo han ratificado. Ese argumento forma parte de una controversia jurídica relevante. Sin embargo, una cosa es discutir el alcance de la jurisdicción de la CPI y otra emplear sanciones para dificultar su funcionamiento, especialmente cuando sus actuaciones afectan a aliados de Washington. Esta última conducta puede convertir el principio de soberanía en un privilegio de los más poderosos y debilitar el principio de igualdad ante el derecho internacional.

La posición de Washington es contradictoria, ya que mientras muchos países reclaman la defensa del derecho internacional, este tipo de sanciones a uno de los principales instrumentos de aplicación, no hace otra cosa que erosionar la posibilidad misma de una paz basada en reglas. En un mundo de rearme acelerado y conflictos en aumento, esa erosión es un riesgo estratégico para la estabilidad global.

En 2025, cuando el Comité Noruego destinó el Nobel de la Paz a María Corina Machado “por su incansable labor de promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, también Donald Trump se quejó públicamente contra el Comité, reprochando no haberle otorgado el premio a él por sus gestiones diplomáticas y terminar una serie de guerras.

En un gesto de amistad, el 15 de enero de 2026, durante una reunión privada en la Casa Blanca, en Washington D.C., María Corina Machado le regaló la medalla de su Premio Nobel de la Paz al presidente estadounidense Donald Trump.

En apenas dos años, el Comité Noruego del Nobel ha distinguido a dos extraordinarias mujeres que, desde latitudes muy diferentes, han apostado por la defensa de derechos fundamentales y del orden jurídico internacional: María Corina Machado (2025) y Navi Pillay (2026).

Machado personifica la resistencia cívica frente a un régimen autoritario continuado. Pillay representa décadas de lucha jurídica contra el apartheid, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, desde los tribunales de Ruanda hasta la CPI y la Corte Internacional de Justicia.

Por su parte, Donald Trump solo ha reiterado, con mucha insistencia, su molestia por no recibir el galardón.

La ironía se escribe sola. El líder de la mayor potencia mundial, que celebra el uso de la fuerza, las sanciones y la desconfianza hacia las instituciones internacionales, observa cómo el Nobel premia, año tras año, precisamente lo contrario: la defensa de la legalidad, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos…

El marcador resulta, por ello, especialmente elocuente: Premio Nobel de la Paz 2 – Donald Trump 0.

https://www.elnacional.com/columnas/premio-nobel-de-la-paz-2-donald-trump-0/