Organizaciones de la sociedad llaman a insistir en la reconstrucción de la ruta electoral como vía insustituible para el logro del estado de Derecho y la democracia en Venezuela. El Alto Comisionado Volker Türk insta a que los próximos procesos electorales nacionales sean transparentes, inclusivos y participativos. Que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a la participación es una exigencia internacional.

El Diccionario de la Lengua Española dice que preocuparse supone intranquilidad, temor, angustia o inquietud. Pero, en otra acepción, también supone prevenir a alguien sobre algo. Quizás con ambos sentidos, la palabra en cuestión se viene repitiendo en distintos ámbitos sociales y políticos durante el último mes, desde que una estrategia oficialista dinamitó, a mediados de junio, la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) justo a las puertas de un ciclo electoral que debería renovar todos los cargos de elección popular de Venezuela.

Decenas de países se mostraron preocupados por el asunto electoral de Venezuela durante el 53º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. El pasado 5 de julio, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos expresaron de manera conjunta su preocupación por la renuncia de la directiva del CNE y advirtieron que constituye una amenaza a las garantías electorales. Francia también expresó “profunda preocupación” por la renovación del CNE al tiempo que pidió respeto por los derechos políticos de todos porque, de lo contrario, las próximas elecciones podrían resultar iguales que las de 2018.

Las elecciones presidenciales de 2024 y las regionales, locales y legislativas de 2025 presentan una oportunidad crucial para la reinstitucionalización de la democracia y del Estado de Derecho en Venezuela, pero la falta de garantías aumenta las preocupaciones. Así lo ven la Oficina de Washington para América Latina (WOLA) y otras cinco organizaciones internacionales que suscribieron un comunicado sobre el tema.

De preocupante también han calificado la coyuntura 24 organizaciones de la sociedad venezolana, incluido el OEV, en otro comunicado conjunto en el cual exhortan a los actores políticos y sociales venezolanos a denunciar, sin ambigüedades, esta nueva crisis de institucionalidad del ente electoral, así como advertir sobre los efectos contrarios a los derechos que esa acción tendrá en los venideros procesos electorales y, en general, en el proceso de reinstitucionalización en Venezuela.

Esas organizaciones demandan la designación de un CNE apegado a la legalidad, que cumpla con los preceptos constitucionales de independencia, autonomía, despartidización, imparcialidad y transparencia, al tiempo que invitan a rechazar cualquier intento de imponer una directiva subordinada a intereses particulares.

Mientras la Comisión Europea observa “una evolución sumamente preocupante” en el curso de la inhabilitación de opositores, el Parlamento Europeo condenó este 13 de julio la decisión “arbitraria e inconstitucional” de inhabilitar a políticos de la oposición venezolana, así como la interferencia del gobierno en el proceso electoral en el país.

Antes, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo en su actualización sobre Venezuela del pasado 5 de julio que sigue de cerca los acontecimientos relacionados con el nombramiento de un nuevo CNE desde la perspectiva de las normas internacionales de derechos humanos.

“Los próximos procesos electorales nacionales de Venezuela deben ser transparentes, inclusivos y participativos. Insto a que se levanten todas las restricciones indebidas al derecho a participar en los asuntos públicos; el pleno cumplimiento del debido proceso; y medidas para prevenir y sancionar los ataques, la intimidación y la criminalización de las personas que expresan su disidencia”, expresó.

Avanza rápido proceso en la AN

Mientras se publica este boletín transcurren los últimos días del lapso fijado por el Comité de Postulaciones Electorales 2023 para recibir los expedientes de los candidatos a ocupar los cargos de rectores electorales.

El aviso que se publicó el 4 de julio dice que “el lapso de postulaciones tendrá una duración de catorce (14) días continuos a partir de la última publicación de esta convocatoria”. Se desprende, entonces, que hasta el 18 de julio, aunque en su declaración a los medios del pasado 4 de julio el presidente del comité, diputado Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira), dijo que la recepción de los recaudos es hasta el 15 de julio.

La convocatoria, según establece la ley, va dirigida al Poder Ciudadano, a las facultades de Ciencias Jurídicas y Políticas de las universidades nacionales y a la sociedad civil.

El 30 de junio quedó instalado formalmente el Comité de Postulaciones Electorales 2023. Así se denomina la instancia que tendrá la responsabilidad de producir y entregar a la plenaria de la AN la lista de elegibles a integrar el nuevo CNE, luego de descartar aquellos postulados que no cumplan los requisitos contemplados en la Constitución y leyes electorales.

Un día antes, el 29 de junio, la AN ya había juramentado a los 21 integrantes del Comité de Postulaciones Electorales, después de haber aprobado la designación de los 10 miembros de la sociedad civil que lo conforman.

Comité de Postulaciones Electorales 2023

Diputados Sociedad civil

1. Giuseppe Alessandrello (PSUV/La Guaira)

2. José Gregorio Correa (AD/Nacional)

3. Desiree Santos Amaral (PSUV/Distrito Capital)

4. Cilia Flores (PSUV/Distrito Capital)

5. Nosliw Rodríguez (PSUV/Cojedes)

6. Didalco Bolívar (PSUV/Nacional)

7. José Villarroel (PSUV/Nacional)

8. Luis Augusto Romero (Avanzada Progresista/ Nacional)

9. Miguel Salazar (Copei/Nacional)

10. Ricardo Sánchez (Alianza para el Cambio/Nacional)

11. Gloria Castillo (PSUV/Monagas) 1. Ricardo Bravo (sector religioso)

2. Dayairi Ruiz (sector indígena)

3. Carlos Boully (sector religioso)

4. Thaina Aristizabal (sector afrodescendientes)

5. Alexis González (sector discapacidad)

6. Marcos Guerrero (sector profesionales y técnicos)

7. Alfonzo Granadillo (sector adulto mayor)

8. Rosmely Flores (sector profesionales y técnicos)

9. Guillermo Hidalgo (sector trabajadores)

10. María Fernanda García (sector profesionales y técnicos)

Haremos dos consideraciones sobre el comité:

-Nueve de los 11 diputados repiten en funciones, puesto que ya formaron parte del Comité de Postulaciones Electorales que entregó la lista de elegibles de la cual surgieron los 15 integrantes del CNE ahora renunciante, designado en mayo de 2021. Incluso, como en 2021, preside la instancia el diputado Alessandrello (PSUV/La Guaira), y en la vicepresidencia lo acompaña el diputado José Gregorio Correa (AD/Nacional).

-La legislación electoral precisa que serán 10 los representantes de los distintos sectores de la sociedad, pero no especifica cuáles sectores. Esta escogencia de sectores que hizo unilateralmente la comisión preliminar de 11 diputados no tomó en consideración, por ejemplo, a las organizaciones de la sociedad civil ni a las organizaciones de observación electoral que postularon aspirantes para la conformación del comité, a diferencia de la selección del año 2021.

Cerraremos esta nota con una cita, que pretende ser disparadora de la reflexión. Corresponde a los profesores de Harvard Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, y está contenida en las páginas de su libro ‘Cómo mueren las democracias’ (Ariel, 2018):

“¿Cómo hacen los gobernantes autoritarios para destruir las instituciones democráticas que se supone que tienen que limitarlos? Algunos lo hacen de un plumazo. Pero, con más frecuencia, el desmantelamiento de la democracia se inicia de manera paulatina. Para muchos ciudadanos, al principio puede resultar imperceptible. Al fin y al cabo, se siguen celebrando elecciones, los políticos de la oposición continúan ocupando escaños en el Congreso. Los periódicos independientes siguen circulando. La erosión de la democracia tiene lugar poco a poco, a menudo en pequeños pasos. Cada uno de esos pasos individualmente parece insignificante —ninguno parece amenazar seriamente la democracia—. De hecho, los movimientos del gobierno para subvertirla suelen estar dotados de legalidad: son aprobados por el parlamento o declarados constitucionales por el tribunal supremo. Muchos de ellos se adoptan con el pretexto de perseguir un objetivo público legítimo (e incluso loable), como combatir la corrupción, “transparentar” las elecciones, mejorar la calidad de la democracia o potenciar la seguridad nacional”.

Boletín 109 |

Primera quincena, julio de 2023

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