En este segundo reporte, el Observatorio Electoral Venezolano (OEV) presenta los resultados obtenidos durante la tarde del domingo 28 de julio, poniendo el acento en el cierre del acto de votación, el escrutinio y la verificación ciudadana. También comparte un balance de 155 incidencias que fueron validadas y rigurosamente documentadas.
El día de la elección se desplegó una red de 696 observadores en todo el territorio que fueron los ojos del OEV en igual número de centros de votación, como detallamos en el primer avance.
La tarea de los observadores se vio seriamente limitada por la negativa del Consejo Nacional Electoral de dar acreditación al OEV a pesar de cumplir los requisitos previstos en la ley. Sin embargo, esto no impidió la elaboración de un informe que corrobora los resultados obtenidos por otras organizaciones independientes.
A continuación, los hallazgos más relevantes de la jornada:
La alta afluencia de personas fue una constante durante la mañana, en un 77,1% de los centros se observó más de 40 electores en cola para ejercer su derecho. Durante la tarde este comportamiento cambió y en 37,1% de los centros había menos de 15 personas haciendo fila. En 23,4% de los centros, entre 15 y 40 votantes, y en 20,1% más de 40 electores.
Aunque la jornada se caracterizó por ser pacífica en su mayoría, el número de incidencias aumentó de 15,8% a 19,6% en horas de la tarde. Las irregularidades estuvieron asociadas, en su mayoría, con discusiones o peleas en los alrededores de los centros de votación (7,5%); protestas o trancas en los alrededores del centro de votación (7,2%); episodios violentos por la actuación de grupos civiles al margen de la ley (2,9%); e intimidación, coacción o desestimulación del ejercicio del voto (2,7%).
La presencia de funcionarios del Plan República y la Milicia Nacional Bolivariana también incrementó en la tarde.
Las demoras o interrupciones en el proceso de votación disminuyeron. Durante la mañana se produjeron retrasos en poco más de 50% de los centros, bajando en la tarde con reportes en 30,3% de los centros. Las interrupciones estuvieron relacionadas con fallas en las máquinas de votación, demora en el proceso generada por el personal del CNE conocida popularmente como “operación morrocoy” y fallas eléctricas.
Cierre de centros de votación
Una práctica ventajista en los procesos electorales en Venezuela es la extensión del cierre de los centros de votación. La ley electoral establece que esto debe ocurrir a las 6:00 de la tarde si no hay electores en cola, pero en la práctica no se cumple. Durante el tiempo adicional en el que permanecen abiertos los centros de votación suele ocurrir el acarreo de electores para favorecer a determinado candidato.
En esta oportunidad la mitad de los centros cerró a la hora programada, en el 31,6% se prolongó permitiendo que votarán electores en cola; sin embargo en 13,5% se prorrogó sin votantes en la cola; es decir, de forma injustificada.
Otro dato relacionado con esto es que la movilización de electores con recursos públicos bajó levemente de 23,3% en la mañana a 19,4% en la tarde. Estos traslados se realizaron con recursos del gobierno nacional y entidades dependientes de él y gobernaciones y/o alcaldías del oficialismo principalmente.
Puntos partidistas
Los puntos de control político sí estuvieron presentes durante toda la jornada, de acuerdo con los reportes recibidos, 70,6% de los puntos eran oficialistas y 40,1% opositores. La tarea fundamental que acometieron en estos espacios fue el registro paralelo de votantes (en 62,7% de los puntos).
El escaneo del código QR fue la actividad relacionada con el Carnet de la Patria que más se repitió.
También se observó propaganda electoral en los alrededores del centro, aunque en menor escala, concretamente en 21,9% de los centros durante la tarde. La mayoría (19,4%) a favor del candidato a la reelección Nicolás Maduro.
Al igual que la extensión del cierre de los centros de votación, los puntos partidistas son transgresiones a la ley que se cometen para aventajar a una facción política.
Escrutinio, un acto público que no fue tal
Aunque la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 140, establece que el acto de escrutinio es público y las o los miembros de mesa permitirán la presencia en el local de los electores o las electoras y testigos electorales sin más limitaciones que las derivadas del espacio físico en el que funciona la mesa electoral, este derecho fue ignorado con frecuencia.
Un indicador sobre las restricciones en las que se llevó a cabo el escrutinio es el número de observadores que pudieron presenciarlo; apenas lograron ingresar 151 observadores de los 619 voluntarios que permanecieron en las inmediaciones de los centros para el momento del escrutinio. Esto evidenció un patrón relacionado con la decisión de no permitir que este acto fuera público.
En la mayoría de las mesas observadas, el presidente anunció el inicio del acto de escrutinio. A su vez se pudo constatar que había presencia de testigos de Nicolás Maduro y Edmundo González.
En el 24,4% de mesas que pudieron ser observadas, la transmisión fue exitosa casi en su totalidad.
El equipo de incidencias verificó 155 alertas recibidas, de las cuales 82 (53%) tienen que ver con problemas asociados al cierre de los centros electorales y a los actos de escrutinio y verificación ciudadana.
A continuación compartimos algunos reportes que ejemplifican lo ocurrido, protegiendo algunos datos por seguridad:
En un centro de votación, en Barinas, una camioneta trasladó las máquinas de votación por presuntas fallas en la transmisión de los resultados sin que se imprimiera el acta de escrutinio. Los electores presentes protestaron.
En Zulia, cerca de 500 personas no pudieron ejercer su derecho al voto por supuestas fallas eléctricas, aun cuando las máquinas de votación están dotadas de una batería para que continúen funcionando si no hay energía. Posteriormente, no se le permitió el ingreso a los ciudadanos al escrutinio.
En Nueva Esparta, negaron la copia del acta de escrutinio al testigo de la oposición bajo el argumento de que tenían “órdenes de arriba” de imprimir un solo ejemplar. El acto de escrutinio se hizo sin presencia de electores. Luego informaron que había problemas de transmisión y trasladaron la memoria removible de la máquina de votación a otro centro electoral.
En un centro de votación del estado Lara, efectivos de la Policía Nacional Bolivariana y del Plan República negaron la entrada a 20 ciudadanos interesados en presenciar el acto de escrutinio sin explicar los motivos de esta decisión que vulneró su derecho a la participación.
En otro local, en el estado Carabobo, funcionarios del Plan República sólo permitieron el ingreso de entre cinco y 10 personas por mesa para el acto de escrutinio lo que provocó protestas. La manifestación generó la presencia de la Policía Nacional Bolivariana.
Los estados en los que se verificaron incidencias relacionadas con fallas en la transmisión de las máquinas son: Táchira (1 caso), Yaracuy (1 caso), Miranda (2 caso), Mérida (1 casos), Carabobo (1 caso), Zulia (1 caso), Anzoátegui (1 caso), Nueva Esparta (1 caso).
Verificación ciudadana
Esta auditoría que corresponde hacer al cierre del acto de escrutinio también se realizó con restricciones. Solo se le permitió el ingreso a 143 de los 603 observadores que se mantuvieron en los alrededores de los centros para presenciar la verificación ciudadana.
El Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, en su artículo 439, precisa que la selección de las mesas en las que se hará la verificación ciudadana es por sorteo y el número de mesas que se auditarán lo establece y hace público el CNE antes de la jornada electoral.
No obstante, el sorteo solo se realizó en la mitad de los centros observados; es decir, en 73 centros.
Balance de incidencias en el territorio nacional
El equipo del OEV validó y documentó rigurosamente 155 incidencias, de las cuales 82 consistieron en fallas, interrupción o suspensión del proceso. El total se desagrega de la siguiente manera: 56 casos asociados con problemas para cerrar el centro electoral y llevar a cabo adecuadamente los procesos de escrutinio y verificación ciudadana, 13 casos relacionados con fallas en la herradura durante el proceso de votación y 13 inconvenientes al momento de abrir el centro y las mesas.
Se registraron 37 hechos de violencia, incitación a la violencia o momentos de tensión; específicamente 14 casos de protestas o quejas, 10 de enfrentamientos o discusiones, 5 de intimidación, 3 de incitación a la violencia y 5 ataques o irrupciones en los centros de votación.
En cuanto a proselitismo político, se confirmaron 14 actos de propaganda electoral, de los cuales 13 fueron a favor del candidato Nicolás Maduro y 1 favor del candidato Edmundo González.
En los reportes destacan 20 casos de registros paralelos de votantes, que consistió en el acopio de datos de los electores dentro del centro de votación por parte de miembros de mesa o de coordinadores del CNE, a través de listas escritas a mano, fotos tomadas con un celular o una aplicación para escanear las cédulas de identidad.
Estas irregularidades fueron documentadas en 115 reportes que, según las regiones político administrativas de Venezuela, provinieron: 18,2% de la Región Capital; 15,6% de la Región Centrooccidental; 15% de la Región Zuliana; 11,3% de la Región Central; 9,5% de la Región Los Andes; 15,6% de la Región Los Llanos; 10,4% de la Región Oriental; y 4,3% de la Región Guayana. Las entidades con más reportes de incidencias fueron Zulia (17), Lara (16) y Miranda (13).
Una proclamación controvertida
Seis horas después del cierre de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó un primer boletín indicando que el 80% de las mesas habían sido escrutadas y que la participación fue del 59%, según el presidente del órgano comicial, Elvis Amoroso. Sin embargo, los resultados desagregados por mesa no se publicaron, lo que impidió su auditoría y generó preocupaciones sobre la transparencia del proceso.
Adicionalmente, la Ley Orgánica de Procesos Electorales es clara, en su artículo 146, al establecer que: “La Junta Nacional Electoral y las Juntas Electorales, éstas últimas bajo la supervisión de la primera, tendrán la obligación de realizar el proceso de totalización en el lapso de cuarenta y ocho horas”.
Para que ocurra la proclamación debe hacerse la totalización de los resultados y esto no se cumplió ya que el contenido de 20% de las actas no había sido anunciado al país. Aun sin haber concluido la totalización, el Poder Electoral procedió a proclamar como presidente electo a Nicolás Maduro el 29 de julio.
Los cuestionados resultados generaron protestas en varios estados del país el mismo día de la proclamación: Aragua, Táchira, Yaracuy, Zulia, Carabobo y Falcón. En Caracas, periodistas registraron una movilización que salió desde Petare, la Dolorita y Caucagüita hasta la avenida Francisco de Miranda, en la que los presentes reclamaron respeto a la voluntad popular expresada a través del voto.
Los cacerolazos espontáneos también retumbaron en varias partes del país, notablemente en los barrios.
Ante los preocupantes acontecimientos el Centro Carter, uno de los veedores internacionales legitimados por el Poder Electoral, concluyó que “la elección presidencial de Venezuela de 2024 no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”.
Así mismo, el Centro Carter señaló que “no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales”.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, organismo que envió un panel de expertos al país para evaluar el proceso electoral, pidió transparencia y que se publiquen puntualmente los resultados de las elecciones y un desglose por colegios electorales.
El gobierno colombiano solicitó a las autoridades venezolanas un escrutinio transparente, el conteo de votos y la veeduría internacional sobre las actas y los resultados finales del proceso electoral. La Cancillería de este país informó que mantiene diálogos permanentes con los gobiernos de Brasil y México para crear las condiciones necesarias y buscar un acuerdo por la convivencia y la paz política en Venezuela.
Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo: “Es normal pelearse. ¿Cómo resolverlo? Presentando las actas. Si el acta muestra un desacuerdo entre la oposición y la situación actual, la oposición presentará un recurso y esperará en el tribunal a que se celebre el juicio. Y habrá una decisión, que tendremos que aceptar. Estoy convencido de que es un proceso normal y regular”.
Un segundo y definitivo boletín fue anunciado cinco días después de la elección, el 2 de agosto. De acuerdo con el reporte oficial, se alcanzó 96,87% de trasmisión y 59,97% de participación que equivale a 12.386.669 de votantes escrutados. Los candidatos obtuvieron: Nicolás Maduro 6.408.844 de votos (51,95%), Edmundo González 5.326.104 de votos (43,18%) y otros 600.936 de votos (4,86%).
Es preciso destacar que el Poder Electoral dio el segundo balance sin presentar los resultados de forma discriminada ni cumplir con las auditorías de telecomunicaciones fase II y verificación ciudadana fase II, cruciales para determinar lo que ocurrió con la transmisión de las máquinas de votación la noche del 28 de julio y cotejar lo expresado en los comprobantes de voto, las actas de escrutinio y lo que se registró en el centro nacional de totalización luego de la transmisión, con base en una muestra representativa y aleatoria de los centros de votación.
Reiteramos que la confianza en los resultados depende de su auditabilidad e instamos a las autoridades electorales a garantizar la verificación ciudadana con la publicación desagregada de los resultados mesa por mesa. Los observadores del OEV, en su condición de ciudadanos, lograron obtener copias de algunas actas emitidas por las máquinas de votación. Hemos podido contrastar esas actas con las que han sido hechas públicas por la oposición y la coincidencia ha sido absoluta. Para corroborar los resultados presentados por el CNE deberíamos poder hacer lo mismo.