Venezuela sigue adelante gracias a su gente. La misma que, aunque cuestiona la mala praxis tanto de los gobernantes como los de la oposición, entiende que su presente imperfecto le permite ir formando y preparando fuerzas para su futuro, el cual pretende que sea perfecto, esto es, adecuado a las realidades diversas en las cuales se debe involucrar, para seguir en esta tierra de gracia.
Su agenda es, de acuerdo con el transcurrir del año, tan diversa como lo permitan las condiciones en las cuales se van alineando sus propios círculos, tejidos todos alrededor de la existencia de los recursos para hacer posible los momentos de felicidad o de «evasión de la diaria realidad»: los cumpleaños de la familia, los nacimientos y bautizos, quizá algún matrimonio, o divorcio, que algunos también celebran, o el triste recordatorio del que ya no está, por migración o por la fuerza de la vida.
A esta agenda personalísima se le unen la de las fiestas anuales, infaltables dentro del sentir venezolano: «celebrar el carnaval», «ir a la playa en semana santa», «sacar a los muchachos de vacaciones escolares», «los estrenos de navidad y año nuevo». Y toca la agenda agotadora, la infaltable, a la que hay que darle la cara día a día: la comida para el núcleo familiar y, en cada vez más creciente número de casos, los familiares y las amistades solidarias, los «que no tienen». La agenda de la falta de agua, la de los cortes diarios de la luz, la de la cola del gas, la de la cola de la gasolina en aquellos que aún tienen en funciones el vehículo, o la cola del transporte, sin olvidar la de la búsqueda y compra de la comida. La de las colas es la agenda de las «horas perdidas». Y en ellas el recurso más invertido en sentido es el tiempo, con modalidad de pérdida.
Y este manejo negativo del recurso tiempo tiene sus responsables. Y no es precisamente el ciudadano que lo malgasta, pues le mueve su deseo de seguir adelante en este país, su país. Entre los responsables se encuentra aquel que está constitucionalmente obligado a hacer realidad los valores superiores de Venezuela como Estado democrático y social de derecho y de justicia, tanto en su ordenamiento jurídico como en su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Es éste, a través del gobierno nacional y de las instituciones constitucionales, quien debe desarrollar los fines esenciales que le soportan: la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución. A través de la educación y el trabajo como los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
Y esta agenda, que debe ser diseñada, dirigida, ejecutada y evaluada en post de la satisfacción de la calidad de vida del ciudadano, se encuentra orientada única y exclusivamente a la supervivencia, no del venezolano, sino de la propia sobrevivencia gubernamental. En lo social, ya no hay como soportar la dotación de las bolsas de alimentos y, especialmente, su calidad – verbigracia el video altamente reproducido del atún de cartón–.
Y ni hablar del «fuera de» servicio público. Si por un día la protesta ciudadana se orientará hacia identificar las sedes de los servidores públicos que no prestan tal función, tendríamos a 335 municipios abarrotados de carteles con la inscripción «fuera de servicio”.
La delincuencia, que inexplicablemente en el lapso de 2017 a 2022 había bajado su incidencia, vuelve a aparecer. ¿Cuáles son los factores de ello? ¿El regreso al país de algunos conciudadanos? ¿El exceso de confianza por parte de las fuerzas de seguridad ciudadana y del Estado? ¿O la falta de recursos oficiales para atender también esta variable de la calidad de vida?
Cada cierto tiempo aparece en la página del Plan de la Patria una encuesta en la cual se identifican diversas situaciones susceptibles de solución por parte del Ejecutivo Nacional. Y le dicen al ciudadano que sólo debe seleccionar tres. En abril de 2020, expuso Maduro en televisión, sin mostrar las gráficas que poseía Jorge Rodríguez, que 88% de los encuestados indicó que, para esa fecha, el problema que requería mayor atención era el suministro de alimentos, 61% en agua potable, 46% en gas doméstico, 27% en gasolina, 13% en electricidad, 6% en servicio de Internet y 6% en transporte público.
Tres años y un trimestre después, la capacidad de respuesta del Ejecutivo Nacional está muy mermada, por lo cual estos porcentajes al día de hoy deben estar superando ya 100%. Es decir, ineficiencia total para solucionar los servicios públicos. Ello quizá sea la razón del embellecimiento de los espacios públicos, una vez estallada la burbuja económica del lapso 2021-2022.
En lo político, el oficialismo vive en un constante ejercicio de adecuación y mantenimiento de su maquinaria electoral, a través de la renovación de las directivas de los consejos comunales, las consultas públicas desde algunas gobernaciones para atender proyectos comunitarios – atención que la Ley Orgánica del Poder Municipal otorga a los municipios –, a lo que se unen las declaraciones sobre misiones internacionales de observación electoral, las incesantes inhabilitaciones administrativas con efectos suspensivos del derecho al sufragio, emanadas por cierto de una rama pública nacional que no es el Ejecutivo; el dejar que ocurra el amedrentamiento a encuentros y personas ligadas a la oposición en medio de la celebración del proceso opositor de la Primaria con miras a la selección de un candidato por parte de un sector de la oposición.
En ninguna de estas agendas está el ciudadano como causa o efecto. Las referencias que aparecen sobre él se pueden enmarcar en «justificar» o «motivar» la paz social o la estabilidad del país.
Y esta orfandad aumenta al procurar ubicar en las organizaciones y liderazgos políticos de los denominados opositores atisbos de acciones, declaraciones y hechos ciertos en defensa de la ciudadanía. Ausencia total. El ciudadano es a los partidos políticos lo que es el elector a ciertas organizaciones civiles: una herramienta a ser usada en un momento indicado y un instrumento de justificación de programas por los cuales pueden percibirse ciertos recursos. No es el protagonista. Es el sospechoso habitual: «la participación no aumenta porque la gente no salió a votar», es la conclusión fácil. La que no se hace debería ir por la vía del diagnóstico y de la reflexión: ¿En qué he fallado como organización política para que el ciudadano no acompañe mi proyecto?
Y este mal trato a la ciudadanía se está permeando a las organizaciones civiles, quienes se encuentran enfrentadas entre sí, bajo la confrontación que llevará a la disgregación y atomización que ya tenemos en los partidos políticos.
No se vislumbra al gran ganador de todo este escenario de derrota en medio de una guerra asimétrica donde el gran perdedor no es el gobierno ni la oposición y mucho menos la ONG o la organización civil. El otro es el ciudadano, es decir, el individuo, la persona, el elector. Para resumirlo en una sola palabra: el venezolano.
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