Editorial
Desde la intervención militar ilegal de los EE. UU. y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, las noticias sobre Venezuela han estado dominadas por el petróleo, el narcoterrorismo y los premios Nobel. Los venezolanos han sido ignorados en gran medida durante las disputas políticas subsiguientes, a pesar de que el país enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo tras el colapso económico y la emigración masiva. Más de 20 millones de venezolanos viven en la pobreza, con un acceso inadecuado a alimentos y medicinas esenciales. Mientras el futuro político del país sigue siendo incierto, una prioridad clara es proteger la salud del pueblo venezolano.
La actual crisis sanitaria en Venezuela es crónica: el resultado de la corrupción política y la mala gestión económica bajo Hugo Chávez (1999–2013) y luego Maduro. El país ha experimentado una profunda desinversión en infraestructura física e institucional; muchos hospitales carecen incluso de suministros confiables de agua corriente o electricidad. El sistema de salud pública apenas puede proporcionar los servicios de salud más esenciales. Aunque las clínicas privadas pueden ofrecer una mejor atención, menos del 10% de la población puede costear un seguro privado. Los sobornos son comunes y los pacientes a menudo deben pagar por medicamentos e insumos. Se estima que el gasto de bolsillo representa el 30% del gasto en salud en Venezuela.
Las sanciones de los EE. UU. han exacerbado esta crisis. Delcy Rodríguez, presidenta en funciones de Venezuela, ha firmado un proyecto de ley para permitir la inversión extranjera privada en la industria petrolera venezolana en respuesta a la presión estadounidense, a pesar de los esfuerzos globales por alejarse de los combustibles fósiles. Prometió que "cada dólar que ingrese a Venezuela proveniente de nuestra industria de petróleo y gas será destinado a atender las necesidades de salud del pueblo venezolano". Esta promesa es un buen comienzo, y se debe exigir que Rodríguez rinda cuentas por su cumplimiento.
Uno de los mayores desafíos es la falta de datos: desde 2016, el Gobierno no ha publicado ningún boletín epidemiológico. Se sabe que, en 2016–17, Venezuela tuvo el mayor aumento en la incidencia de malaria en el mundo y que han ocurrido brotes importantes de sarampión y difteria. Pero, ¿cómo se puede reconstruir un sistema de salud sin información confiable y actualizada que sirva de guía? Las prioridades más urgentes para el Gobierno deben ser restablecer las funciones básicas de salud pública: vigilancia de enfermedades, capacidad de laboratorio y preparación y respuesta ante brotes. Estas medidas son de costo comparativamente bajo, alto impacto y críticas para ayudar a guiar la toma de decisiones.
Un aspecto central de la crisis de salud de Venezuela es la escasez de personal sanitario. Venezuela fue una vez un destino para profesionales de la salud altamente calificados. Ahora, decenas de miles de profesionales de la salud han huido del país, junto con otros 7,7 millones de venezolanos. Los salarios de los médicos pueden ser de apenas 20 dólares al mes. El 80% de los hospitales reportan algún tipo de violencia contra los trabajadores de la salud. Según Amnistía Internacional, Venezuela fue el único país que encarceló a trabajadores de la salud que hablaron públicamente sobre los riesgos para su seguridad y la de los pacientes durante la pandemia de COVID-19. Para restaurar la confianza en el personal médico, las condiciones de trabajo y la seguridad deben mejorar. Aunque los incentivos podrían alentar a algunos a regresar, será necesario aumentar la capacidad de formación nacional, lo que a su vez requiere inversión en las universidades venezolanas, que también se han visto afectadas negativamente por la fuga de cerebros del país.
La reconstrucción del sistema de salud de Venezuela también debe incluir el fortalecimiento de la salud pública y la prevención. El envejecimiento de la población venezolana requiere una mejor gestión de las enfermedades crónicas, y el país debe mejorar su salud materna e infantil, los servicios de vacunación y la salud ambiental. Un sistema de atención primaria resiliente y sólido es fundamental para este objetivo, como destacó una comisión reciente. La Misión Barrio Adentro fue un ambicioso programa nacional de atención primaria lanzado por el Gobierno venezolano en cooperación con Cuba en 2003. Para mediados de la década de 2010, había colapsado en gran medida, con alrededor del 80% de las instalaciones cerradas para 2017 debido a la falta de infraestructura, la asignación inadecuada de recursos y la escasez de personal. La inversión sin una gestión adecuada y la corrupción han llevado al desperdicio y al fracaso.
El colapso gradual del sistema de salud de Venezuela fue la consecuencia predecible de decisiones políticas a largo plazo. Muchos venezolanos se sentirán aliviados al ver el fin del liderazgo de Maduro, pero la transición hacia una democracia real debe hacerse bajo el derecho internacional y respetando la soberanía de Venezuela. La reconstrucción de Venezuela requerirá la recuperación de la confianza pública, y un sistema de salud funcional será una parte crucial del futuro del país. Ahora es responsabilidad de la comunidad internacional apoyar al pueblo venezolano, silenciado y marginado con demasiada frecuencia durante esta crisis, para hacer realidad esa esperanza. ■ The Lancet
Traducido por Gemini
www.thelancet.com Vol 407 February 7, 2026
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(26)00249-7/fulltext