Vuelve a la palestra el tema del voto de los venezolanos en el exterior. El Rector del CNE, Roberto Picón, se ha referido al mismo, en diversas oportunidades, desde que asumió el cargo; pero, fue la información divulgada en días pasados por la organización Súmate la que en realidad nos dio un aldabonazo de advertencia de este problema real, complejo, de difícil solución.
No cabe duda que el Registro Electoral (RE), su actualización, la votación, el escrutinio y la promoción de la participación ciudadana de los venezolanos en el exterior, responden a principios de equidad e igualdad de condiciones en el ejercicio del derecho al voto, como las que se aplican para los venezolanos residentes en Venezuela y que están establecidas en el artículo 294 de la Constitución y en el artículo 3 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope). Pero esa es la parte teórica, ideal, del problema, en la práctica, esto no es así, ni por asomo; la complicación está al intentar implementarlo.
La información de Súmate, que se puede conseguir en su página web, fue divulgada en su cuenta de Twitter, que son los datos que vamos a evaluar: Si no se actualiza el RE, 10 millones de venezolanos se podrían quedar sin votar en las elecciones del 2024 o tendrían dificultades para hacerlo; según las proyecciones de población, eso es casi el 39% del padrón electoral de esas elecciones; de ese total más de 3 millones 300 mil, mayores de 18 años, que están inscritos en el RE, pero ahora residen en el exterior, cifra a la que hay que incluir 256 mil jóvenes, no inscritos y que cumplirán 18 años antes de diciembre de 2024.
De los otros 6 millones, que están en Venezuela y que según Súmate no podrían votar o tendrían dificultades para hacerlo, lo más grave es que tampoco podrán votar en el 2025, cuando se elegirán Asamblea Nacional, gobernadores, alcaldes, asambleas legislativas y concejos municipales.
Revisar el RE para actualizarlo, librarlo de todas las irregularidades, existentes o supuestas, para que los venezolanos le tengan confianza y, sobre todo, para que voten quienes hoy están en el exterior, aunque no es una tarea fácil, es posible realizarla en el tiempo que queda para esas elecciones, pues aún podemos asumir que se llevarán a cabo en el tiempo normal, es decir a finales de 2024.
Resolver el problema en el país, que cuenta con una cierta estructura, aunque complicado, es más fácil. Pero hacerlo en el exterior, si pretendemos resolver el tema como si estuviéramos en Venezuela y de acuerdo con las normas y legislación actual, es tarea prácticamente imposible; solamente hagan números de cuántos “funcionarios” o “voluntarios” y cuántas horas hombre se necesitan para actualizar y registrar casi 4 millones de personas en el exterior, para lo que no existe ninguna estructura instalada.
El RE es solo el primer paso
Registrar a los venezolanos en el exterior no está exento de dificultades, pero es un primer paso, allí solo comienza el proceso; con las normas actuales, después habría que lograr que se establezcan en el exterior las Circunscripciones Electorales que sean necesarias, de acuerdo con el número de votantes; crear Organismos Subalternos, para organizar y facilitar la inscripción, actualización y votación; establecer Centros de Votación y Mesas Electorales, para garantizar la fluidez y el ejercicio del voto −actualmente solo se vota en consulados y hay muchos cerrados−; probar los mecanismos para la recolección y trasmisión de resultados; y por supuesto, formar miembros de mesa, observadores y testigos que vigilen el proceso. Todo eso hay que hacerlo para una población de votantes equivalente a los actuales estados Zulia y Miranda juntos, pero que está dispersa por todo el mundo. Tarea ciclópea, titánica y −por qué no decirlo− absurda.
Necesario pensar diferente
Por lo tanto no solo hay que empezar cuanto antes. Mas importante es convencerse que hay que pensar en el problema de manera diferente; como ya dije, no pretender resolverlo como se resuelve en el país, pues si seguimos pensando así, el problema no tiene solución y esto favorece las expectativas del régimen de mantenerse en el poder.
Ya hay muchos grupos, organizaciones de los partidos y de la sociedad civil, expertos en la materia, que han planteado soluciones diferentes y adecuadas: voto remoto, a distancia o por Internet, que no son un sueño, ni un privilegio de países desarrollados; pues países tan lejanos como Estonia y tan cercanos como Panamá y México, tienen votación por internet, desde hace tiempo −2017, 2019 y 2021, respectivamente− y de manera exitosa; México lo tiene incluso para elecciones regionales.
Sabemos también que la posibilidad de que quienes viven en el exterior puedan votar en elecciones nacionales −presidenciales o referendos− depende de que se modifiquen varias disposiciones legales, que limitan realizar el RE y el acto de votación como tal; la principal es la limitación del derecho al voto a quienes no tengan residencia legal en otro país, que como sabemos hay muchos venezolanos que están en esa condición; y también la disposición de que el único documento válido para votar es la cédula de identidad laminada −y no el pasaporte−, pues muchos en el exterior no tienen cédula ni la pueden obtener; y además, las limitaciones legales para registrarse en el RE de manera telemática o por internet.
Hacer esas modificaciones, en leyes orgánicas y reglamentos, no debería suponer mayor dificultad, si hay la voluntad política para ello; pero, tengamos claro que modificar la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) que ello implica, supone la intervención de la Asamblea Nacional, que todos sabemos cuál es su tendencia y filiación actual.
Decisión política y acuerdo político
Por lo tanto, de lo que tenemos que estar conscientes es que, sin una decisión política y un acuerdo político, eso no es posible. Por “decisión política” entiendo el firme deseo de hacerlo, sin posiciones abstencionistas o de desánimo, por parte de los opositores que deseamos salir de este régimen por la vía electoral.
Por acuerdo político, entiendo una negociación y acuerdo con el régimen para acometer esta tarea. Sin ese acuerdo, para emprender todas estas modificaciones, el proceso no va a avanzar. No es difícil suponer que el régimen no está dispuesto a hacer nada por solventar la situación, pues supone con razón, que la mayoría de los que hoy viven en el exterior, votarían en su contra.
El problema, nada trivial, se nos “reduce” a como forzar al régimen a sentarse a negociar un acuerdo político que permita resolver la situación, de los millones de votantes que en Venezuela y el exterior, hoy no lo pueden hacer.
La dificultad real
Esa es la dificultad real, por dos razones, por demás obvias; una, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para ir a un proceso electoral si estamos entrampados en disputas internas en los partidos y entre partidos?, que no nos hemos podido poner de acuerdo ni siquiera en el método para escoger candidatos, para acordar un programa de gobierno y un mensaje de esperanza y futuro con el cual llegarle a la población; y dos, que tampoco tenemos mecanismos claros de presión internacional para forzar al gobierno a una negociación, sobre todo si hay grupos de la sociedad civil en la oposición, unos proponiendo levantamiento de sanciones y otros su intensificación.
Tareas por delante
Tenemos entonces varias tareas por delante:
– Una, tomar la firme decisión de participar en los venideros procesos electorales: 2024, presidenciales y 2025 para Asamblea Nacional, Gobernadores, Alcaldes, Asambleas Legislativas y Concejos Municipales;
– Dos, resolver nuestros problemas internos para la selección de candidatos, consenso en un programa y un discurso político a los electores;
– Tres, desde luego, avanzar lo más que se pueda en ubicar a los venezolanos en el exterior para que llegado el momento se puedan registrar y votar;
– Cuatro, proponer y lograr que quienes votan en el exterior lo puedan hacer de forma presencial o remota, por correo, pero sobre todo por Internet, que además reduce considerablemente los costos del proceso, al no tener que desplazar personal para constituir organismos subalternos, ni tener que disponer de centros electorales y mesas de votación;
– Cinco, desarrollar los mecanismos internos de presión política, con base en las sobradas razones que hay en el país para movilizar y organizar a la población contra la oprobiosa situación a la que estamos sometidos;
– Y seis, ponernos de acuerdo −con el apoyo de quienes están en el exterior− en cómo lograr que se mantengan las sanciones internacionales, único mecanismo de presión que hoy tenemos, revisando las económicas y financieras que pudieran ser perjudiciales para la población e intensificando las personales contra los funcionarios del régimen, sus familiares y testaferros.
Para quienes están en el exterior, pasar de la consigna “el voto de la diáspora”, a trazarse objetivos que sean realmente la solución del problema, es una tarea prioritaria.
Politólogo