Tal día como hoy, 27 de febrero hace 35 años, se produjeron saqueos de gran magnitud en Caracas y en otras ciudades que duraron hasta el 7 de marzo. En su control hubo evidentes violaciones de los derechos humanos. Diez años después, en 1999, el gobierno de Hugo Chávez reconoció esas violaciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aceptó que el Estado compensara a las víctimas. Después de ese reconocimiento se han producido innumerables violaciones cometidas por los regímenes de Chávez y de Maduro, pero la reacción ha sido desconocerlas, retirarse de esa Corte y de la Organización de Estados Americanos. Sin duda, quienes detentan el poder desde 1999, tienen una doble moral.
Debemos reconocer que algunos compatriotas, consideran normal el robo y el saqueo cuando no hay vigilancia. Una prueba es el pillaje de la carga de camiones que se accidentan en carreteras, sea cerveza o cualquier mercancía. Es decir, hay una falta de valores ciudadanos. En el Caracazo hubo poca presencia policial, ya que había una protesta de parte de los efectivos. El gobierno tardó en reaccionar y ante el desbordamiento de la situación, acudió al ejército, cuyos integrantes no tienen la formación para controlar esos hechos. Las consecuencias eran de prever.
Han surgido hipótesis de que hubo injerencia de elementos de la extrema izquierda. Es probable que, una vez desatados los saqueos, ellos hayan intervenido echando leña al fuego. Incluso se ha dicho que Fidel trajo armas en su visita a Caracas, lo cual es poco probable, ya que en ese momento estaba de luna de miel con Carlos Andrés Pérez (CAP) e incluso tres años después condenó el intento de golpe de Estado de Chávez. Otros apuntan al descontento por las medidas económicas anunciadas por CAP, pero la mayoría no se habían aplicado. Pudo haber molestia porque eso no era lo que había prometido durante su campaña electoral y el derroche en su toma de posesión. Pocos mencionan que había un descontento creciente por el comportamiento del sector político y que el país venía cuesta abajo como consecuencia del derroche del programa la “Gran Venezuela” del primer gobierno de CAP, y de los malos gobiernos de Luis Herrera Campíns y de Jaime Lusinchi.
El ingreso petrolero ya no era suficiente para seguir creando “la ilusión de armonía”, a la que se refirieron Naím y Piñango. El precio del barril de petróleo había caído a 13,5 dólares y había escasez de algunos alimentos. En todo caso, la chispa fue un aumento de la gasolina aprobada el día anterior y un incremento no autorizado del costo del pasaje Guarenas -Caracas que pasó 10 a 15 bolívares y tomó por sorpresa a los usuarios.
Ante la CIDH, los representantes de Chávez, es decir del Estado venezolano, reconocieron en noviembre de 1999, que se había violado el derecho a la vida, a la integridad personal y a la libertad individual, a las garantías judiciales y que se había enterrado a ciudadanos sin el protocolo exigido. Oficialmente hubo 276 muertos. Además, aceptaron que el Estado tenía que compensar a las víctimas. Una queja de gente de zonas populares fue que los soldados y policías exigían presentación de recibos de los artefactos eléctricos.
¿Quiénes fueron los responsables de las violaciones mencionadas? Los rojos han querido culpar al Alto Mando Militar, encabezado por el general Italo del Valle Alliegro, lo cual es injusto. Si el ejército no hubiese intervenido los daños hubiesen sido de mayor magnitud. Lamentablemente, los soldados eran bisoños y en algunas zonas fueron recibidos con disparos. Un caso fue el asesinato del mayor Felipe Acosta Carles. La responsabilidad recae en quienes tenían la obligación de prevenir estos sucesos, de contar con la preparación para controlarlos y de reaccionar a tiempo ante los informes de inteligencia, sin violar los derechos humanos.
En el período del 2002 al 2023 se han producido miles de asesinatos por parte de organismos de seguridad del Estado y de grupos paramilitares simpatizantes del régimen. Para citar solo unos pocos casos, recordemos los asesinatos ejecutados por pistoleros desde Puente Llaguno en contra de manifestantes desarmados; dentro de tres días se cumplen 20 años del asesinato de José Manuel Vilas L. , de Gente del Petróleo y Unapetrol, a quien unos motorizados chavistas acribillaron en San Antonio de los Altos con el permiso de un pelotón de guardias nacionales; ese mismo 2004, un subteniente de la Guardia Nacional asesinó en Machiques a Evangelina Carrizo durante una marcha pacífica; en el 2019 en la Dirección de Contrainteligencia Militar torturaron hasta causarle la muerte al capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
El Observatorio Venezolano de Violencia informó que en el 2022 hubo 1.240 muertos en intervenciones policiales por supuesta resistencia a la autoridad, 5.799 casos estaban en averiguación y hubo 1.370 denuncias de desapariciones. En el 2023, hubo 953 fallecidos en intervenciones policiales y 4.064 muertes violentas en averiguación.
Reciente está el caso de Rocío San Miguel, abogada defensora de los derechos humanos, a quien aplicaron desaparición forzosa y, al 25 de este mes, no habían permitido la visita de sus abogados. Ella tiene medida cautelar de protección de la CIDH y, además, esta instancia había exigido que el Estado la compensara por un despido ilegal en el 2004 por haber firmado la solicitud de referendo revocatorio presidencial. Ese despido lo hizo José Vicente Rangel y las nuevas acusaciones las realizó Tarek Saab Williams, ambos se promocionaban como defensores de los derechos humanos.
¡Qué ironía! Esa es la doble moral de quienes usurpan el poder.
Como (había) en botica:
La decisión de una Corte de Apelaciones de Nueva York en el caso de los bonos PDVSA 2020, emitidos con respaldo de CITGO, evidencia que la estrategia de Asamblea Nacional 2015 y de la Directiva ad hoc de Pdvsa presidida por Horacio Medina, era la adecuada. Esos bonos debían contar con la aprobación de esa Asamblea.
Lamentamos el fallecimiento de Yenny Hernández Guzmán, compañera de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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