Desde distintas perspectivas, se plantean soluciones para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Por un lado, el gobierno de EE.UU debe considerar el levantamiento de las sanciones impuestas a PDVSA sin condicionarlas a las negociaciones entre la oposición y el oficialismo. Asimismo, es fundamental que EE.UU favorezca el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra en relación con el tema del Esequibo. Por su parte, Venezuela debe proceder de inmediato a la devolución de los activos expropiados y no pagados a Exxon, así como a todas las empresas estadounidenses que vieron interrumpidas sus operaciones por motivos de falta de viabilidad económica por los controles de precios y de cambio de la década pasada y que para colmo, fueron confiscadas por el gobierno venezolano sin previa indemnización. Igualmente, el gobierno de Venezuela debe ser neutro o apoyar a EE.UU. en enfrentar lo que son sus amenazas geopolíticas, nunca aliarse con enemigos de EE.UU. sino para crear puentes y proponer acciones correctivas de las partes.
Es necesario evitar que las sanciones económicas sean utilizadas como armas de negociación, ya sea por EE.UU o solicitadas por la oposición, como respuesta a las deficiencias democráticas, puesto que esto afecta directamente a la población, convirtiéndola en rehén de las disputas políticas.
Las sanciones impuestas a PDVSA constituyen un golpe que debilita como un embargo al sector privado venezolano y al ciudadano. La recuperación económica de Venezuela y de la democracia depende en gran medida de la participación de empresas como Chevron, Repsol, Ini, Shell, entre otras, para revitalizar las inversiones y las exportaciones, lo cual se traducirá en un aumento de los salarios para la población. Sin embargo, las sanciones contra PDVSA fortalecen a ciertos grupos políticos del oficialismo y de la oposición, mientras que restringen el acceso al financiamiento internacional y disminuyen el flujo de divisas en todos los sectores económicos privados, lo que profundiza la pobreza y la emigración. La pobreza y emigración en nada ayudan a la democracia.
Venezuela no puede equipararse a países como Irán, Rusia o Cuba en términos de amenazas geopolíticas y en cuanto al impacto de las sanciones. En el caso venezolano, las sanciones a PDVSA impactan de manera desproporcionada en la población, dado que el sector privado es el principal empleador y carece de acceso suficiente a divisas y crédito internacional. La corrupción en Venezuela, aunque en ha disminuido desde que el gobierno abrió la economía en el 2020, podrá disminuir aún más una vez que EE.UU levante definitivamente las sanciones a PDVSA, lo que permitirá la reestructuración de la deuda en los mercados internacionales y la participación privada en las empresas del estado como lo prevé el Centro de Inversiones Productivas.
Antes de las sanciones impuestas por el presidente Trump, Venezuela dependía en un 90% de sus exportaciones de petróleo. Al sancionar estas exportaciones e inversiones petroleras, se condena a toda la sociedad venezolana a una reducción de ingresos y a un aumento de la corrupción, ya que la menor producción petrolera se desvía hacia mercados paralelos y países no democráticos, donde no hay transparencia ni rendición de cuentas.
Si bien Estados Unidos tiene la responsabilidad como buen vecino de sancionar a quienes violan los derechos humanos y corrompen su sistema financiero e inmobiliario, debe evitar sanciones que perjudiquen al venezolano común y al sector privado en su conjunto. Es imperativo separar los asuntos políticos de los económicos en Venezuela para proteger a la población de ser utilizada como moneda de cambio por algún grupo político. Las sanciones petroleras generalizadas solo contribuyen a la pobreza, la emigración y la disminución de la participación democrática, y no afectan o fortalecen a los que realmente apuntan.
Es importante reconocer que la producción petrolera en Venezuela se ve afectada por diversos factores adicionales, como la corrupción, las dificultades para que los productores privados lleguen a acuerdos con el gobierno, el deterioro de las instalaciones petroleras, la calidad del petróleo y la transición hacia energías más sostenibles. Sin embargo, estos factores no justifican mantener las sanciones petroleras, ya que éstas crean nuevas barreras para abordar los problemas mencionados , los perpetúan al impedir acciones correctivas.
@alejandrojsucre