Mientras las mejores universidades de todas las regiones del mundo están pensando en la cuarta revolución científico-técnica, con implicaciones tan delicadas como las abiertas por la biotecnología y la inteligencia artificial, las del trío de dictaduras de izquierda del Caribe –Venezuela, Cuba y Nicaragua– se mantienen abiertas sin cumplir con los fines propios de la educación superior. Si bien la Revolución bolivariana no jugó a la persecución de intelectuales hasta casos muy recientes como el de la abogada, defensora de derechos humanos y experta en el sector militar Rocío San Miguel, no descansó hasta que el sector educativo entró en cintura.
Ahora la universidad venezolana es un modelo que podría despertar el interés, con el perdón de la ironía, de Estados fallidos y autoritarios que contemplan las instituciones de tercer y cuarto nivel como una carga onerosa o que requieren de recursos a muy bajo costo, sin pretensiones en cuanto a actualización científico-técnica. En un caso que puede considerarse tal vez único en el mundo, las casas de estudio públicas y autónomas venezolanas funcionan apoyándose en trabajo donado. Con sueldos que no exceden, en el mejor de los casos, los treinta dólares mensuales, siguen abiertas, con una reducción sustancial del número de estudiantes y de profesores, por supuesto. De este modo, se obtiene un personal calificado a bajo costo para países gobernados por mafias aferradas a toda costa al poder. Se dirá que semejante política conduce en el siglo XXI a la peor de las miserias; lo que ocurre es que la pobreza no es un problema, es indispensable para el mantenimiento de la mafia revolucionaria.
Se trata de una situación que remite a la noción de cognitariado, un sector de profesionales de la información de alto nivel condenados a la precariedad laboral, pero en realidad se parece más bien a la servidumbre, sin ofender a mis colegas, no al desempleo ni al trabajo mal pagado. Es un escenario postapocalíptico: el profesorado del que hablo suele superar los 50 años de edad, forma parte de la planta estable que antes contaba con prestaciones sociales, aguinaldos, vacaciones y jubilación y las perdió tal vez para siempre. Líderes gremiales han publicado los resultados de estudios que señalan la existencia de profesores de planta que hacen una comida o dos al día, sin recursos para la investigación y manteniéndose con ayudas familiares o con otros trabajos que no tienen que ver con la universidad. Supongo que quienes continúan trabajando mantienen la esperanza de que las cosas mejoren. En definitiva, no es una obligación; quien quiera puede jubilarse con apenas 25 años de servicio o renunciar; tampoco hay mayor supervisión en cuanto a cumplimiento de obligaciones, aunque me consta que mis colegas de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela hacen su trabajo con honestidad y dedicación. En los hechos, la carrera académica está extinguida porque no tiene sentido ascender en el escalafón, publicar o estudiar postgrados en un entorno como el actual.
Todos los involucrados –profesorado, alumnado, autoridades universitarias, gobierno, familias, opinión pública– conviven con esta situación absurda. En 2018 corrió como la pólvora por las redes sociales una noticia: un profesor, recientemente fallecido, recibió donaciones de alimentos de parte de sus estudiantes de una universidad privada. La noticia celebraba la generosidad juvenil aunque la bondad se vio opacada con una molesta pregunta: ¿tales estudiantes aceptarían que se les aumentase la matrícula con el fin de que sus profesores recibiesen un mejor salario? Sorpresivamente (o no tan sorpresivamente) la respuesta fue un rotundo no. Venezuela es carísima para propios y extranjeros; no obstante, la educación se considera una especie de obsequio de los dioses y no un rubro más que hay que pagar vía impuestos o financiando directamente la educación de la descendencia. Se trata de una sociedad cómplice que acepta la carrera docente en términos de una servidumbre voluntaria, independientemente de la buena intención de tantos colegas que se niegan a dejarle las universidades a partidarios del gobierno sin calificación.
Lo más patético de esta situación que tanto perjudica al estudiantado y al país, condenado al peor de los atrasos, es el engaño, la simulación de normalidad. La vicerrectora académica de la Universidad Central de Venezuela, María Fátima Garcés, anunció que esta casa de estudios es la mejor del país, por no hablar de las comunicaciones oficiales adornadas con la frase “2024 Año de la Transformación Curricular de la Universidad Central de Venezuela”. Semejantes anuncios en una institución con servicios públicos intermitentes, sin el entorno virtual adecuado a la educación del siglo XXI, bibliotecas desactualizadas, profesorado sin salario y desprovista de recursos para la investigación parecen una burla, pero no lo son. El engaño se funda en un voluntarismo visible en otros sectores de la vida nacional, una apuesta contra toda evidencia a simular una educación de calidad en un entorno devastado. El rector Víctor Rago incluso declaró que la universidad debía enseñarle al gobierno nuevas vías de ejercicio democrático y mantiene una cruzada por la normalización en la que con una mano pide la libertad de una presa política del gobierno (la mencionada Rocío San Miguel, docente de la Universidad Central de Venezuela), y con otra se ha acercado al gobierno hasta, incluso, formar parte de una reciente farsa gubernamental, la patriotera reclamación sobre el Esequibo ante la vecina Guyana.
Que se sepa, esta actitud tan colaboradora desde el rectorado de la principal universidad del país no ha conmovido al gobierno, dispuesto a seguir con una educación pública financiada por el profesorado. Como docente universitaria que migró de Venezuela a México comprendo las razones de estas autoridades dispuestas a lidiar con Estados enemigos de la ciencia, la tecnología y el pensamiento plural: la realidad es que las universidades públicas (alguna vez autónomas) son parte del Estado. Una vez que se acepta ser rector o vicerrectora en este contexto, no queda otra alternativa que someterse a un ejercicio de simulación, al estilo cubano. Existen otros estilos de connivencia de universidades con gobiernos autoritarios como el chino, que dejó atrás la cruzada antimoderna y antioccidental de la Revolución cultural para embarcarse en el capitalismo más salvaje y contaminante del que se tenga noticia. El problema es que China y Venezuela no pueden ser más diferentes en cuanto a historia y en cuanto a relación con la producción, la renta y el Estado. Las universidades chinas deseosas de competir se alistaron en una carrera científico-técnica de largo alcance, mientras que las venezolanas no pueden hacerlo. Nuestra liga es Cuba y Corea del Norte, no China o el imperialismo ruso, peligroso e imponente pese a su mediocridad desde el punto de vista tecnocientífico y su pobreza.
Evitar un presente y un futuro miserable y violento al estilo de las películas de la saga Mad Max depende de que la Revolución bolivariana sea derrotada. Y las autoridades actuales de unas cuantas universidades públicas y privadas parecen estar firmemente convencidas de que tal derrota no es posible. Sin dejar de entender esta postura, espero, por el bien de mis colegas y de la juventud de mi país, que estén equivocadas. Venezuela parece un ejemplo de la colapsología, un caso de estudio que demuestra un escenario de carencia de servicios básicos y disolución social que cumple con escenarios atribuibles al cambio climático. En este caso es producto de la política, no del clima.
27 de febrero 2024
Letras Libres
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