Roberto Infante, Premio Art Madrid 2015


Vocero: Edgar Capriles
Maracay 28 de abril de 2.016
Ciudadano
Dr. Isrrael Sotillo
Defensor Delegado del Pueblo del Estado Aragua
Su Despacho.
Los abajo firmantes, miembros de la Junta Directiva de Aragua en Red, plataforma ciudadana de nuestra entidad federal integrada por las Asociaciones Civiles Aragua Sin Miedo, Gente del Deporte, MBI en Acción, Ciudadanos por la Democracia, Ciudadanos en Acción, Cultura para el Progreso, Unidad x Venezuela, Red de Universidades de Aragua, Asociación de Profesores de la UPEL y Los Muchachos de la Nasa, nos dirigimos a usted en la oportunidad de expresar nuestra preocupación por la muy grave situación de desabastecimiento de medicamentos de todo tipo que ocurre en el país y en nuestro Estado, lo cual impide la curación de enfermedades agudas, o la prevención del daño irreparable que producen las enfermedades crónicas, con la secuela de discapacidad y fallecimientos definitivamente evitables.
Afirmamos, con conocimiento de causa, que para los pacientes es una odisea conseguir las medicinas que les indican sus médicos tratantes, que las farmacias no las poseen, y que en el país hay muy pocos principios activos que garantizan la curación o la prevención del daño que sabemos producen las enfermedades crónicas. Cuando hablamos de medicamentos nos referimos a moléculas o principios activos, no a marcas. Esto hace que nuestros compatriotas estén desesperados, recorriendo farmacias, buscando salvar sus vidas o las de sus familiares, siendo generalmente infructuosos los resultados. La Federación de Farmaceutas de Venezuela ha calculado esta escasez por encima al noventa por ciento (90 %). Reiteramos, el resultado son más muertes y más incapacidad, lo que constituye una evidente y extremadamente grave violación al principal derecho humano: la vida.
Para comprobarlo solo debe preguntarle a cualquier trabajador de la Defensoría del Pueblo, a sus familiares, a vecinos, a los Médicos y a los profesionales de la Farmacia, en fin, en cualquier grupo social donde averigüe, encontrará este drama social convertido en tragedia.
Como usted sabe, el derecho a la vida es el más importante de todos los establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Su artículo 2 establece que: “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida,…”, mientras que el artículo 83 reza: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida…”, el 84 de la misma Carta Magna instituye que: “Para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud, (…) dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno…”. El derecho a la vida, también está consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 que es ley de la República desde el año 1978, así como en la Convención Americana sobre derechos Humanos de 1969, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, que asimismo, es ley de la republica desde 1977.
Por todo lo anterior Señor Defensor Delegado del Pueblo del Estado Aragua, solicitamos active sus atribuciones constitucionales y se dirija a su superior jerárquico instándolo a requerir la ayuda internacional que permita resolver la crisis de escasez de medicamentos a nivel nacional y, en especial, del Estado Aragua, o cualquier otro mecanismo que impida se siga violando el principal derecho humano: la vida.
Sin más que agregar y agradeciendo la atención urgente que el caso amerita, quedamos de usted, Atentamente:
Por Aragua en Red,
Luis Carlos Solórzano
Lester López
Jesús Elorza
Edgar Capriles
Alfredo Fuenmayor
Eduardo González Jiménez
Amanda Dagger
Juan Gonzalo Aguilar
Santiago Clavijo
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Sin duda alguna, la expresión más cruda de la ausencia de Estado, expresión de anomia, de inseguridad y de caos social, lo constituye la práctica aberrante de la acción privada incontrolada y violenta en grado sumo de una multitud que, ante un pretendido “sospechoso” de haber cometido un delito, procede a su ajusticiamiento como fórmula de venganza privada bajo el pretexto de hacer “justicia”.
Los linchamientos constituyen la más evidente regresión a etapas de la sociedad de manifiesto y absoluto desorden que reproducen expresiones del primitivismo de la venganza privada, en la cual, ante una ofensa al grupo o a uno de sus miembros, ello podía generar una reacción contra cualquiera que pudiera ser señalado como ofensor o allegado a este. Esta etapa fue superada por el “ojo por ojo y diente por diente”, que imponía una limitación por la supuesta equivalencia de ofensas, para continuar con la fase de la composición o compensación, mediante un pago, en manos privadas, hasta llegar, con el avance de la sociedad, al monopolio del Estado de la facultad para imponer sanciones por las transgresiones a la ley en un juicio justo y con absoluto respeto a los derechos del imputado, cuya inocencia se presume hasta que SE establezca su culpabilidad, imponiéndose, en caso de la plena demostración de la responsabilidad, una sanción adecuada y acorde a la dignidad del ser humano, con miras al restablecimiento del orden y a la rehabilitación y reinserción social del condenado.
Ante el surgimiento de estas manifestaciones brutales de linchamiento, se impone la más seria reflexión colectiva y la toma de conciencia por parte de los órganos encargados de administrar justicia.
El pueblo quiere tener evidencias sobre la satisfacción de un interés legítimo de la sociedad: ante las conductas antisociales, ante los delitos que representan las máximas transgresiones al status ético-jurídico, es necesaria la acción del Estado que imponga oportunamente la sanción después de un juicio justo y demostrada la culpabilidad. La sociedad reclama justicia y considera intolerable la ausencia de sanción oportuna. Ante la carencia de justicia y ante la impunidad, como regla general, surgen estas manifestaciones de máxima anomia, que implica, entre nosotros, no falta de leyes sino desaplicación de estas.
En Venezuela reina la anomia y la impunidad, aunque el pesado y obsoleto aparato de la justicia se transforma de pronto en el más efectivo instrumento para sancionar a quienes no han cometido delito alguno, sometiéndolos a procesos injustos con manifiesto sesgo político, a prisiones preventivas que son verdaderas penas anticipadas y a condenas que efectivamente sí se cumplen en depósitos no aptos para seres humanos.
Es necesario reaccionar contra cualquier forma de linchamiento, incluyendo el que se lleva a cabo bajo apariencias de legalidad, expresión de caos social, de impunidad y de debilitamiento institucional, alegato de la Sala Constitucional para rechazar una ley de amnistía que pretendía rectificar procesos injustos, a la vez que se hace necesario tomar conciencia de la necesidad de que los órganos de administración de justicia den una señal clara de su intervención oportuna contra los más graves delitos que azotan a la colectividad, carentes de toda sanción, por lo cual, ante la desconfianza en el sistema institucional formal, se da cabida a esta gravísima manifestación de desajuste social, como lo es pretender hacer justicia por cuenta propia, caldo de cultivo de atroces venganzas colectivas en las cuales se diluye la responsabilidad individual y a las que siguen perversas acciones de bandas y mafias de malhechores que hacen peligrar la paz social y contra las cuales debe darse una clara respuesta de las instituciones, hoy sometidas a intereses políticos o a limitaciones indebidas que le impiden la consecución de sus legítimos objetivos.
El Nacional, 25 de abril 2016
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Democracia Económica
La participación como proceso organizacional tiene sus variantes, ellas van desde solo opinar e incidir en posibles decisiones o coinfluencia hasta la autogestionaria en el otro extremo. Con ellas podría construirse una tipología según sus incidencias en los niveles o esferas organizacionales, desde los inferiores u operativos a los superiores o estratégicos así:
1) Participación en la esfera operativa. Acá la participación se inscribe en el esquema de la subordinación, pues las decisiones dependerán de una instancia superior: coinfluencia, participación en las actividades, dirección por objetivos, círculos de calidad, control obrero en lo operativo, son algunas formas entre otras.
2) Participación en la esfera gerencial. Impulsa el compartir entre representantes del capital como gerencia general, y medias y sectoriales con los trabajadores: codecisión o codeterminación, algunas formas de organización matricial, algunas formas de control obrero, participación en la junta directiva, cogobierno, y la cogestión como la de mayor trascendencia, entre otras.
3) Participación en la esfera estratégica. Son las de mayor importancia y trascendencia pues en esas esfera se toman las decisiones que dan vida o muerte a la organización: participación accionaria que permite tomar decisiones proporcionales al porcentaje de capital invertido en acciones como en las compañías anónimas y la autogestión propiamente, que no funciona con base en el capital sino en la condición humana sobre el principio de “una persona, un voto”.
Existen otras modalidades participativas pero de carácter financiero generalmente establecidas por convenios laborales como la participación en los beneficios netos o brutos de la organización: otras para reconocer pecuniariamente el aporte de los actores y para el desarrollo de planes sociales.
Es de subrayar que para que un proceso sea considerado como participativo, debe ser voluntario; seguidamente se reseñan las más utilizadas a partir de la más sencilla.
- Coinfluencia. Fácil de instrumentar y directa, permite que cualquier stakeholder —los individuos, grupos u organizaciones que tienen influencia en una organización o son influidos por sus decisiones— repercuta en la organización mediante sugerencias o propuestas, pudiendo o no recibir compensaciones; una herramienta ilustrativa es el buzón de sugerencias.
- Participación en actividades. Está referida a la injerencia que a manera de valor agregado pueda realizar cualquier asociado o trabajador en la esfera operativa de la organización; por depender su aplicación de la anuencia de la gerencia o coordinación, se clasifica como subordinada, puesto que puede ser modificarla o eliminada.
- Grupos Autónomos de Trabajo. Son equipos con delegación de poder suficiente para decidir con respecto a las normas, métodos y procedimientos que rigen la orientación y ejecución del trabajo asignado, funcionan en los niveles operativos. Sus miembros adoptan roles con flexibilidad suficiente de acuerdo con las necesidades de avance hacia las metas en un clima de respeto y confianza. Estos grupos pueden encontrarse en organizaciones con diversas estructuras, incluyendo las horizontales, la experiencia de mayor renombre fue la de la Volvo, fabrica sueca de automóviles.
- Círculos de calidad. Fue iniciada y desarrollada por empresas japonesas en los 60s. Es en sí misma una técnica de trabajo grupal integrada por voluntarios de una misma área de trabajo que persiguen identificar y solucionar dificultades vinculadas a la productividad, las condiciones de trabajo y las situaciones contingentes formulando propuestas que finalmente deben ser aprobadas por los directivos. Los participantes varían entre siete y quince, pudiendo participar el respectivo supervisor o coordinador; su implantación obliga a un estilo participativo de dirección.
- Control obrero. Se entiende por tal una intervención de los obreros organizados en la gestión parcial o total de las empresas. Puede aparecer como: 1) derecho de observación de los trabajadores sobre aspectos operativos, gerenciales o estratégicos de la organización; 2.- derecho a verificar los estados financieros; y 3.- como consecuencia de un proceso conflictual o huelguístico que arranca concesiones al sector patronal mediante, por ejemplo, la toma de la empresa y hasta su puesta en marcha sin consentimiento patronal.
Ha tomado auge en la recuperación de empresas mediante cooperativas como en Argentina y otros países como en España con las sociedades anónimas laborales (SALs); y también como medida de presión a gobiernos como el venezolano a fin de que declare de utilidad pública ciertas empresas y estatizarlas como en el caso de la Compañía Anónima Venezolana de Pulpa y Papel (Venepal C.A.). En la historia de las luchas obreras, esta modalidad ha asumido formas de cuestionamiento grave al poder patronal, por lo que algunos actores y teóricos la han catalogado como de avance hacia la autogestión, sin que en la amplia mayoría de los casos se llegue a este extremo.
Los consejos de gestión socialista de los trabajadores y trabajadoras de empresas públicas como el intentado en la Empresa Eléctrica Nacional (Corpoelec) y en la misma Venepal, y el supuesto “control obrero” impuesto en las industrias básicas y minería por la presidencia de la Corporación Venezolana de Guayana, no trascendieron pues se quedaron en la etapa de los ejercicios retóricos y el de las reuniones de personas seleccionadas a dedo por niveles superiores; finalmente no pueden calificarse como modalidades participativas porque la participación no se impone; tan poco interés tenía el gobierno central en impulsar esa participación laboral que, fracasados esos intentos, la casi totalidad de esas empresas son dirigidas por militares.
- Cogestión. Esta modalidad se refiere a la participación de los asalariados en la gestión de la empresa con base en el reconocimiento mutuo del capital y del trabajo, en ella, ambas partes comparten decisiones relativas a la gestión de manera total o parcial, para que exista, es necesario un poder efectivo de intervención de los trabajadores en las decisiones que supere los derechos de información y consulta; un país que ha basado su estrategia de desarrollo en la cogestión es Alemania, gracias a ella superó las consecuencias de la segunda Guerra Mundial y hoy se mantiene como real potencia económica.
En Venezuela, el Gobierno ofreció desarrollar una supuesta cogestión en el más del centenar de empresas estatizadas como Venepal C.A pero nada más lejos, la confundió con una también supuesta participación accionaria pues finalmente los trabajadores organizados en cooperativas como en este caso tampoco recibieron el 49% de las acciones recibidas.
- Participación accionaria o en el capital. Permite influir en una organización gracias a la posesión de títulos de capital (acciones, certificados u otros, dependiendo de la forma jurídica) y, dependiendo de la proporción de capital poseído, trascender a los beneficios y a la gestión. Para algunos empresarios, el eje central de esta modalidad es involucrar a los trabajadores en la obtención de resultados de calidad; ejemplos interesantes de participación de no asociados en el capital se observan en Canadá, país en el que las cooperativas de trabajadores-accionistas permiten a los trabajadores financiar la compra de acciones de la empresa en que laboran para salvarlas o fortalecerlas financieramente y así conservar sus empleos.
En España sucede algo similar con las Sociedades Anónimas Laborales (SALs) y con las cooperativas mismas que para fortalecerse en lo económico con motivo de la incorporación de ese país a la Unión Europea, aceptaron inversiones de no asociados con participación en las decisiones siempre que estos no rompiesen el funcionamiento democrático. Esa iniciativa española influyó en la nueva redacción del principio de la Gestión Democrática al cambiar la redacción “una persona, un voto” para señalar que las cooperativas se organicen “de forma democrática”.
- La autogestión. Aunque este término se ha convertido en comodín para explicar innumerables actividades y procesos que numerosas veces no tienen que ver con su esencia, ya en 1977, Yvon Bourdet, de la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, advertía acerca de su indiscriminado uso, pues servía tanto para referirse a planteamientos teóricos sobre un socialismo posible, pasando por procesos como el de la Yugoslavia de Tito y la Argelia poscolonial, hasta un comunismo. Otro error frecuente es confundirla con autofinanciamiento, sin negar que una organización autogestionaria pueda recurrir a empréstitos o recibir donaciones siempre que no le altere el principio de la autonomía e independencia.
Para que la participación sea considerada como autogestionaria debe cumplir ciertas condiciones: 1) ingreso y retiro voluntario; 2) ingreso por selección de personas del mismo nivel que ocupará quien ingrese; 3) objetivos claramente compartidos; 4) en lo posible, aportes económicos similares para ingresar; 5) régimen de propiedad variado; 6) identidad fortalecida por valores y principios; 7) aporte en trabajo como determinante; 8) relaciones personales basadas en conocimiento y condición humana y social, no por el capital o bienes aportados; 9) gestión democrática con descentralización extrema: una persona, un voto; 10) “asamblea de todos” como espacio democrático de decisión; 11) decisiones por consenso en lo posible, buscando la unidad dentro de la diversidad de posiciones.12) quienes deciden también ejecutan, no existe la burocrática división jefes-subordinados; 13) rotación horizontal en lo posible, es decir, rotar entre actividades y tareas de un mismo nivel rompiéndose así la división taylorista tradicional del trabajo; 14) rotación vertical en lo posible entre los niveles jerárquicos de la organización: estratégico, coordinación y operativo, lo que disminuye o elimina jerarquías; 15) comunicaciones en todas direcciones: sin fronteras, fluidas, directas, por medios masivos en lo posible; 16) normas y procedimientos flexibles aprobados por la asamblea como instrumentos orientadores y no fines en sí mismos; 17) reparto de excedentes con base en el valor de la equidad: quien más aporta más percibe, y con aprobación de la asamblea; y 18) trascender a la sociedad buscando generalizar la autogestión.
Si se observa esta modalidad a la luz de las características weberianas del modelo burocrático, la autogestión se opone en su totalidad a los mecanismos burocráticos de funcionamiento. Su carácter variará según el ámbito, jamás sería igual en una organización que en una comunidad o país. De ese nivel dependerán los términos: 1.- Micro-autogestión o autogestión organizacional si se desarrolla en una organización; 2) autogestión local o regional; y 3) autogestión propiamente si se trata de un país. Para algunos autores y actores, incluyendo al de estas líneas, la autogestión optima es a nivel de un país ya que la autogestión necesita expandirse y más autogestión para desarrollarse.
En siguientes artículos profundizaremos en estas modalidades así como en los Planes de Participación de los Empleados en el Capital (Employee Stock Ownership Plans (ESOPs) de USA.
Profesor UCV
oscarbastidasdelgado@gmail.com
@oscarbastidas25
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A decir de los entendidos en materia jurídica, hay ciertos aspectos de la salida de Maduro que no han sido expuestos a la opinión pública con la debida rigurosidad.
Ni los que quiebran lanzas a favor del revocatorio (Capriles y Julio Borges, principalmente), ni los que aúpan la vía de la nacionalidad (los mismos que propusieron «la salida») para terminar con esta pesadilla, han mencionado las consecuencias jurídicas de uno u otro método, permitiendo que en el imaginario popular se forme la creencia de que son las mismas y que la defenestración de Maduro es suficiente premio para cualquier esfuerzo.
Vamos con una perogrullada: solo puede ser revocado quien sea revocable, es decir, aquel que se encuentre ejerciendo un cargo o magistratura de elección popular, al cual haya accedido mediante cumplimiento de los requisitos constitucionales, entre los que destacan los señalados en los artículos 40 (derechos políticos son privativos de los venezolanos por nacimiento), 41 (cargos que solo pueden ser ejercidos por venezolanos por nacimiento y sin otra nacionalidad) y 227 (requisitos para ser Presidente de la República (venezolano por nacimiento y sin otra nacionalidad, entre otros)).
La Presidencia de la República es un órgano del Estado, una creación constitucional que no existiría si la Constitución no lo señalara expresamente. Por tanto, para ser titular del órgano Presidencia de La República, es decir, para ser Presidente de la República, es imprescindible que el aspirante cumpla con todos y cada uno de los requisitos establecidos por ella; basta que faltare alguno para que el órgano encargado de la administración electoral (CNE) rechace la postulación y el aspirante no alcanzara ni siquiera el nivel de candidato.
Pero ¿Qué sucedería si el CNE, incumpliendo sus deberes fundamentales, acepta como candidato presidencial a un extranjero y, posteriormente, lo proclama Presidente electo de la República? Obviamente, dicha proclamación sería nula de nulidad absoluta por inconstitucional y tanto el proclamante como el proclamado serían reos de delitos contra la Constitución y sujetos a las sanciones correspondientes.
Surge otra pregunta: ¿Puede un extranjero o con doble nacionalidad ser Presidente de la República? Ni por un segundo, pues aun cuando ostente los signos exteriores del cargo (proclamación como electo, juramentación ante la Asamblea, banda presidencial, uso de la oficina y residencia presidenciales, etc.), no es ni por un instante titular del órgano, pues esa titularidad solo se constituye con estricto apego a las normas constitucionales.
Hasta el día de hoy (23/04/2016), Maduro no ha presentado pruebas relativas a su nacionalidad, por lo que el revocatorio pasaría a ser un instrumento de legitimación de su régimen y no, como se quiere hacer ver, de su eliminación, dado que el revocatorio produciría efectos hacia el futuro (ex nunc) y legitimaría todo lo actuado hasta la fecha de la revocación.
La impugnación por razones de nacionalidad dejaría sin efecto todo lo actuado o, como dicen los juristas, tendría efectos retroactivos (ex tunc), borrando del mundo jurídico todo lo hecho por quien nunca tuvo derecho a hacerlo.
Estas reflexiones refuerzan mi criterio de que existen negociados entre el régimen y ciertos «opositores» y de que hay entre ellos acuerdos feos, muy feos, superiores en fealdad a lo que las personas comunes nos atrevemos a imaginar.
@DulceMTostaR
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El voto o una decisión del parlamento con el visto bueno del Tribunal Supremo de Justicia son las únicas vías aceptables para cambiar un gobierno democrático, pero si se trata de una dictadura cualquier vía es válida. Quizá en nuestro caso uno de los problemas que han impedido establecer una estrategia exitosa es que muchos no han querida calificar debidamente al gobierno que se inició en 1999.
Hasta hace poco, por lo general escuchamos expresiones tales como ¨aquí lo que existe es un gobierno irrespetuoso que no reconoce al adversario político, que hay una democracia imperfecta, un gobierno autoritario o bien un déficit de democracia¨. Ello no se debe a ignorancia, sino a un cierto complejo por la debilidad propia y quizá a que algunos han considerado que adelantar los tiempos no les conviene políticamente e incluso es posible que otros muestren cierta tolerancia hacia el régimen por simpatizar con algunas medidas populistas del mismo. Afortunadamente, cada día más voces predican que estamos frente a una dictadura.
El punto es que tenemos la peor de las dictaduras, que es un totalitarismo que no solo controla los Poderes del Estado, que viola la Constitución y persigue a quienes considera enemigos políticos, sino que gradualmente está destruyendo al sector privado y que, además, es responsable del pésimo desempeño de la economía, del deterioro de los servicios públicos, del aumento de la delincuencia y de la escasez de productos. Las pocas ventanas de relativa libertad se deben a que hoy en día las dictaduras deben cubrirse ante el mundo con una semi piel de democracia.
En abril del 2002 el ciudadano común, la CTV, Fedecámaras, varias ONG, los trabajadores petroleros y varios dirigentes políticos, entre ellos Antonio Ledezma, tomaron conciencia de la naturaleza del régimen y plantearon su salida con calle y huelga. Los militares también entendieron la situación. Errores de los mismos verde oliva y opiniones irreflexivas de formadores de opinión que alegaron ¨ruptura del hilo constitucional¨ permitieron el regreso de quien había renunciado.
De allí en adelante ha habido una purga de oficiales paralelamente se impuso el adoctrinamiento en las escuelas militares. Como consecuencia, los militares permanecen no solo pasivos, sino que se prestan a la represión y expresan su simpatía con el comunismo siglo XXI. Es decir, que se debilitó una posible solución cívico-militar como la del 23 de enero.
Con la opción del voto nos hemos llevado varias alegrías que duraron poco. Rechazamos la reforma constitucional del 2D del 2007, pero de nada valió ya que el régimen logró que en el 2009 se aprobara una Enmienda con el mismo contenido. Hoy solo contamos con tres gobernaciones. Ganamos abrumadoramente la Asamblea Nacional, pero el TSJ nos despojó de la mayoría de los dos tercios y veta todas las leyes aprobadas.
Ahora viene la elección de gobernadores y de Consejos Legislativos regionales y dos referendos. Si los partidos seleccionan buenos candidatos podremos ganar la gran mayoría. Caso contrario puede haber una desagradable sorpresa a pesar del descontento con el régimen. En todo caso, este aplicará la misma receta y tratará de limitar el radio de acción de nuestros gobernadores. Los referendos para revocar a Maduro o para aprobar la enmienda constitucional dependerán en gran parte del CNE y de la presión y decisión de los votantes.
Las acciones de calle fueron exitosas en el 2002. En el 2014 la acción pacífica de los estudiantes y demás ciudadanos fue contundente y atrajeron la atención mundial. Nacional e internacionalmente, el gobierno empezó a ser tildado de violador de los derechos humanos. Lamentablemente, algunos políticos descalificaron esta iniciativa y la misma terminó por desinflarse con un saldo de 31 ciudadanos asesinados.
Las botas no solucionarán nuestros problemas pero, probablemente, tampoco solo los votos. La calle política está fría, aunque hay protestas sociales por todos lados. Los ciudadanos de a pie debemos votar y apoyar a la MUD, pero esta tiene que demostrar mayor unidad, que todos sus dirigentes participen en las convocatorias a marchas y eventos e incorporar unas tres personalidades independientes para que muchos se sientan representados. Solo así se activará la calle, la gente se animará a seguir votando y quién sabe si los militares se den cuenta de que su supervivencia como institución depende de que no repriman al pueblo.
Como (había) en botica
Para el general Motta ser patriota es aceptar disciplinadamente el racionamiento de electricidad. Maduro exige al sector privado generar la energía que requiere; pronto ordenará que produzca el agua que consume y construya las carreteras que transita. Ya pretende que, como antes de la revolución industrial, cada quien produzca el alimento que consume.
Oblitas, la rectora que hizo el gesto de pasarse un cuchillo por el cuello cuando perdieron el 6D, ahora pretende degollar a nuestros diputados que protestaron ante el sumiso CNE.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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Garantías, o maneras de confundir al consumidor
Todos los seres humanos, aun los que lo niegan, perseguimos el mismo objetivo vital, eso sí, valorándolo según criterios muy propios: pasarlo lo mejor posible mientras transitamos hacia ese destino final al que estamos encaminados los mortales.
Hay quienes lo quieren exclusivamente para sí mismos, otros lo hacen extensivo a sus familias y amigos más cercanos, existen los que piensan que a diferencia de otros, ellos se lo merecen y por eso la pasan bien, mientras que también se encuentran los que sienten que debería ser extensivo a todos y que para que lo sea en realidad, es indispensable que a los ciudadanos se les ofrezcan las mismas oportunidades y con posibilidades reales de acceder a ellas.
Para describir con pocas palabras a estos grupo variados, el lenguaje ofrece muchas opciones que van desde las más sencillas hasta las cargadas de reflexión, todas las cuales al final sirven para etiquetar a los que comparten o dicen compartir creencias, calificándolos y sobre todo separándolos, en grupos que se establecen siempre entre extremos, algunas veces muy separados y segmentados, y en otros limitados a dos opciones.
Los buenos y los malos, los sensibles y los carentes de sentimientos, los demócratas y los autoritarios, los liberales y los conservadores, los revolucionarios y los reformistas, los honestos y los corruptos, los de izquierda y los de derecha, son algunos buenos ejemplos de una manera fácil de autocalificarse o ser calificado, entendiendo que cuando aplicados por uno y a uno mismo, su intención es laudatoria, mientras que cuando se emplean en otros, la mayoría de las veces van cargados de intención peyorativa.
¿Cómo comprobar la coherencia entre lo que se dice que es y la realidad?
No hay respuesta fácil dado que como individualidad, nadie es absolutamente coherente en sus posiciones ante temas y situaciones diferentes, y sobre todo, no lo es en todo momento.
En consecuencia, toda sociedad incluye una diversidad que impide que su respuesta ante determinados planteamientos o eventos pueda predecirse de antemano con exactitud, ni mucho menos que la misma permanezca inalterable en el tiempo.
Sin tener ninguna experiencia en mercadotecnia (de nada) y sin hacerme ilusiones en cuanto a que le sea de interés a alguien, me atrevo a comentar lo siguiente:
En cualquier producto el consumidor es el que decide; si empieza a notar cambios e inconsistencias, podrá mantener por un tiempo la fidelidad a la marca, pero indefectiblemente, a la larga se sentirá frustrado y hasta engañado, lo que lo inducirá a buscar, primero, un sustituto que se le parezca y luego pasará a otra alternativa con la que reemplazar la que le gustaba.
¿Qué hacer cuando empezamos a notar la declinación en la aceptación de nuestra marca y productos?
Habiendo aceptado “no conocer las hierbas”, se me ocurre, al igual que al que lee esto, que hay una marca que demanda una revisión a fondo, y un cambio inmediato, si es que en realidad queremos que sus productos sean nuestros y puedan ser aceptados como los mejores para la necesidad actual.
La mayoría de los consumidores venezolanos reclaman más y mejores productos y si la marca no lo entiende, tendremos que crear otra.
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