Apreciación de la situación nacional # 58

Desde hace dos décadas, el narcotráfico, al igual que el fanatismo religioso y el lavado de dinero, se viene considerando en la comunidad internacional como una de las mayores amenazas a la estabilidad y continuidad de los gobiernos democráticos o en vías de convertirse en democracias consolidadas y por tal motivo, en esas materias, se han desarrollado procedimientos judiciales internacionales para capturar, juzgar y condenar a los que incurran en estos delitos que pronto se convertirán en violaciones a los DDHH, incluyéndolos hasta como de lesa humanidad.

Es por eso que cada día, más naciones firman convenios para atrapar estos delincuentes y extraditarlos a los países afectados, aunque estos no sean su país de nacimiento u origen. Un caso emblemático son los involucrados en el escándalo de corrupción que aún sacude a la FIFA, donde los procedimientos judiciales, en contra de funcionarios de alto nivel, se iniciaron en Suiza, a solicitud de las autoridades de EEUU, acusados por organización mafiosa, fraude masivo y blanqueo de dinero, entre otros delitos, y ya fueron enviados a ese país, por cierto que uno es venezolano, representante de la FIFA y presidente de la FVF. Con el narcotráfico, por su naturaleza mafiosa, violenta y de alto rendimiento del capital involucrado, entre otras cosas, los procedimientos están más avanzados y son más amplios pues incluyen cómplices y familiares con conocimiento de causas o sin ellos, por lo que cuando es capturado un traficante, hasta la familia termina involucrada por sospechosa.

Las observaciones anteriores vienen al caso venezolano, específicamente político, porque, como es del dominio público, dos familiares directos de la pareja presidencial se encuentran detenidos en una corte de la ciudad de New York, atrapados y acusados por el delito de narcotraficantes cuando intentaban completar una operación en Haití. Posteriormente se descubrió que tenían posesiones lujosas en República Dominicana, y gozaban de pasaporte diplomático venezolano. Dos muchachos de estrato humilde de una barriada caraqueña, sin mayores estudios universitarios, ni mayores experiencias profesionales, en posesión de pasaportes diplomáticos, contactos importantes, fortunas obtenidas de la noche a la mañana ostentadas en otro país, con 800 kilos de drogas en su poder y que la pareja presidencial nunca haya preguntado de donde salió tanta abundancia repentinamente, es difícil de creer, por lo menos para las autoridades norteamericanas.

Aunque en el país del norte el juicio se ha diferido en varias ocasiones, alguna información debe de tener el jefe del régimen y su señora esposa que le aconsejan no alejarse de las costas venezolanas y mucho menos sin ser presidente. Por eso, no renunciará.

23 de abril de 2016

El reconocimiento de la existencia de una grave crisis generalizada en nuestro país es prácticamente unánime; independientemente de la diversidad de interpretaciones que se hacen sobre sus causas, responsabilidades y maneras de enfrentarla. Por otra parte, dicha crisis ha sido utilizada como justificación para implementar medidas que, lejos de resolver los problemas, han terminado afectando a sus principales víctimas; que no son otras que los distintos estratos sociales que constituyen el pueblo venezolano. Por cierto, las inclinaciones políticas particulares no han servido para evitar sus perniciosos efectos; los cuales sufrimos colectiva e independientemente de ellas.

Son muchas y variadas las razones por las cuales, en las actuales circunstancias, los sectores populares se han visto nuevamente obligados a lanzarse a la lucha. A lo largo y ancho de nuestro país se producen diariamente distintas formas de protesta; reclamos que no reciben, en su mayoría, efectiva respuesta por parte de las autoridades encargadas de prestar sus servicios sin distinciones de ningún tipo. A este tipo de luchas y a esta problemática nos referiremos utilizando el término de LUCHA SOCIAL; lo que no implica que dejemos de reconocer que, como todo tipo de conflicto que se desarrolla en una sociedad, ellas también tienen un carácter político.

La lucha social ha sido hasta ahora predominantemente espontánea, inmediatista y dispersa; características que se presentan incluso en las acciones planteadas por sectores laborales y estudiantiles con mayores niveles de organización y experiencia. Estas condiciones han permitido al Estado venezolano y a sus instituciones, responsables de garantizar los derechos humanos y constitucionales de todos los venezolanos, enfrentar los reclamos por separado; y responder según sus propios criterios y conveniencias. Es así, por citar algunos casos destacados, como han actuado ante los padecimientos de la gente a causa de la expresión que adquiere la crisis en la prestación de todos y cada uno de los servicios públicos (salud, educación, agua potable y drenajes, electricidad, vivienda, aseo urbano, transporte); así han respondido a las necesidades de producción y abastecimiento de alimentos y medicinas para la población; así han escamoteado los derechos de los trabajadores a disfrutar de salarios ajustados a la realidad económica, a contrataciones colectivas que expresen sus aspiraciones de mejores reivindicaciones, al pago de las deudas contraídas y a un sistema de seguridad social que cumpla a cabalidad con los objetivos que le corresponden; así niegan el financiamiento requerido para el cabal funcionamiento de las universidades autónomas; así practican y promueven de diferentes maneras la censura y la autocensura en los medios de comunicación; así han permitido que vivamos permanentemente aterrados por el clima de violencia e inseguridad que ha generado el desborde y la impunidad de la delincuencia, la diaria y creciente cuota de asaltos, robos, violaciones, muertos y heridos (jóvenes en su mayoría) por estas causas, y el peligroso incremento de los casos de “ajustes de cuentas” y linchamientos que hoy vemos en nuestras calles.

Mientras tanto, podemos apreciar cómo se destinan importantes cantidades de dinero del presupuesto nacional, entre otros aspectos, a la compra de armamentos bélicos, al pago puntual a la banca internacional por concepto de deuda externa, al financiamiento de un descomunal aparato propagandístico para el desarrollo de costosísimas campañas publicitarias a nivel nacional e internacional; cómo se ha permitido el crecimiento desmesurado, burocrático, ineficiente y clientelar de las instituciones del gobierno y se consumen cuantiosos recursos en gastos suntuosos y superfluos de estos organismos y sus altos funcionarios; en tanto que la corrupción ha alcanzado niveles de tal profundidad y extensión que ha dejado de ser solo un problema ético, para convertirse en un hecho económico que merma la capacidad financiera del Estado.

Simultáneamente, se criminaliza y judicializa la protesta, se practica el paralelismo gremial y sindical, se hostiga, se encarcela y se utiliza el sicariato contra los dirigentes populares y los defensores de los derechos humanos; se militarizan casi todos los aspectos de la vida del país; y se entronizan, oficial y extraoficialmente, los llamados “estados de excepción” y demás formas de represión y control social.

Es con estas luchas que libra el pueblo venezolano; que hoy, 19 de abril de 2016, a 206 años de la gesta independista del 19 de abril de 1810, que nosotros, los abajo firmantes, como venezolanos, como militantes y no militantes de partidos políticos, como integrantes de diversos movimientos y organizaciones sociales y como ciudadanos identificados plenamente con los intereses mayoritarios y superiores de nuestra Patria y de nuestro pueblo, firmemente convencidos de que sin participación popular no habrán cambios verdaderos ni favorables en nuestro país, mediante esta DECLARACIÓN DE ARAGUA, aprobada en asamblea de ciudadanos, expresamos públicamente nuestra disposición y compromiso de trabajar por el fortalecimiento y correcta orientación de las LUCHAS SOCIALES; con el objetivo de transformarlas en una fuerza unitaria, organizada, democrática y combativa; en capacidad de defender nuestros derechos y de ocupar el papel protagónico que nos corresponde en la búsqueda de salidas a la crisis, que no signifiquen el sacrificio de nuestros hijos, ni la entrega de nuestras riquezas naturales y soberanía nacional a ninguna potencia extranjera; en capacidad de convertirse en una fuerza social autónoma e independiente de cualquier tutelaje político o económico, respetuosa de la pluralidad y de la disidencia; y dispuesta al diálogo, a los entendimientos y a los acuerdos para que dicha salida pueda ser pacífica, democrática y constitucional; lo cual, plantea como requisito indispensable, la necesidad de la reconciliación nacional y el desarrollo de la justicia social.

Jesús Elorza Gente del Deporte

Léster L. López Ciudadanos en Acción

Santiago Clavijo Aragua Sin Miedo

Niuman Páez APROPUPEL Maracay

Juan Macías UPTA Federico Brito Figueroa

Sixto Hernández Trabajador UCV

Nívea Español Aragua Sin Miedo

Iván Briceño APROUPEL Maracay

Oswaldo J. Ávila Sindicato UCV

José A. Rivas PSL

Héctor Leiva E. Muchachos de la Nasa

Luis C. Solórzano Aragua en Red

Eustoquio Pedrá FETRARAGUA

Teodomiro Aguilar Asoc. de Jubilados y Pensionados

José E. Rodríguez Profesor UCV

Tomás A. Acosta Docente

Rosa E. Gelves FETRARAGUA

Alfredo Cabrera FETRARAGUA

Víctor Partidas FETRARAGUA

José R. Valles Independiente

Richard Rivas Colegio de Profesores

Luis Rivas Colegio de Profesores

Aldo Torres FETRAELEC

Gilberto Barreto Colegio de Lic. Administración

Héctor Sánchez Concejal MBI

Edmundo Felipe Red de Universidades

Edgar Capriles Aragua Sin Miedo

Elbano Martin S. IFEDEC

Roberto Sánchez Concluchino

Marlene de Sánchez Sociedad civil

Adriana Sánchez Sociedad civil

Ángel Sanabria Docente UPEL

Lali Armengol Ciudadana

Continúan firmas de Declaración de Aragua del 19 de abril de 2016

El presente documento fue aprobado de manera unánime en la Asamblea de Ciudadanos realizada el día martes 19 de abril del presente año.

Si usted comparte los términos del documento y desea ser incluido en el listado, favor envíe su nombre y apellido, Nº de cédula y el nombre de la organización social a la cual pertenece. Asimismo, para efectos de comunicación, favor anexar Nº telefónico, dirección de correo, twitter, etc.

En la década de los 80 y durante los años 90 del siglo pasado surgió una pléyade de académicos, científicos sociales, economistas, sociólogos, filósofos y reconocidos escritores y periodistas que expusieron diferentes puntos de vista sobre el proceso de la globalización contemporánea y las nuevas realidades que comenzaban a marcar las pautas de los profundos cambios que se han proyectado en el nuevo siglo, con la consolidación de una economía global y de una sociedad de la información y el conocimiento. Resaltan así -entre otros- los nombres de Servan-Schreiver, Marshall McLuhan, Alvin Toffler, Peter Drucker, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, John Naisbitt, Paul Kennedy, Robert Reich, Michael Porter, Amartya Sen, George Soros, Kenichi Ohmae, Michio Kaku, Hans Kung, Joseph Nye, Don Tapscott, Athony Giddens, Bill Gates, Robert Putnam, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Lester Thurow, Thomas Friedman, Ignacio Ramonet y Andrés Oppenheimer.

Lester Carl Thurow se destaca en este grupo de estudiosos de la globalización por sus acertados análisis. Luego de brillantes estudios obtuvo en 1962 su doctorado en economía en la universidad de Harvard y desempeño una activa labor académica y como colaborador de importantes medios de comunicación social, como el Boston Globe, USA Today, The New York Times y Newsweek. Fue decano de la prestigiosa MIT Sloan School of Management desde 1987 hasta 1993. Sus análisis críticos sobre la globalización se recogen en importantes obras que publicó, entre las que destacan " Head to Heat: The Comming Economic Battle Among Japan, Europe, and America "(1992); " The Future of Capitalismo: How Today's Economic Forces Shape Tomorrow's World "(1996); " Building Wealth: The New Rules " (1999); y " Future Favors The Bold: Wath we must do to build a new and lasting globlal prosperity " (2003).

Thurow falleció a los 77 años el pasado mes de marzo y deja una valiosa obra de realizaciones e ideas como académico y profundo analista de la globalización contemporánea, con creativas pospuestas para darle un sesgo humano a ese proceso y lograr la prosperidad global y compartida como forma de asegurar la sustentabilidad del mismo.

Para Rafael Reif, el venezolano Presidente actual del MIT: " Lester Thurow dedicó su vida a tratar de lograr una sociedad global más justa y con visión de futuro". Y es que Thurow en su empeño por visualizar unas bases justas del desarrollo en la economía global, concebía la necesidad de analizar la competencia en el ambiente de las nuevas realidades valorando la confrontación entre dos formas del capitalismo: el modelo anglosajón de capitalismo individualista, con maximización de ganancias, grandes diferencias de ingresos con fuerte tendencia a incrementar la iniquidad, empresas exitosas y una "economía del consumo" en la que priva el interés del accionista por sobre el consumidor y el empleado de la empresa; y el modelo comunitario del capitalismo alemán y japonés -que identificamos como la economía social de mercado-, en el que, al contrario del modelo anglosajón prevaleciente en USA e Inglaterra, priva el interés del empleado por sobre el del capitalista, y se promueven valores comunitarios, la responsabilidad social, las habilidades y destrezas de los trabajadores con un sistema equitativo de distribución del ingreso y de remuneraciones, el trabajo en equipo, la lealtad a la empresa y metas de trabajo a base de conquistas estratégicas y a la "economía de producción". Para Thurow este modelo de economía social o comunitaria tiene más posibilidades de éxito en la nueva economía global, por lo que se requieren importantes transformaciones en el modelo economicista anglosajón para que se coloque en capacidad de aumentar su productividad y competitividad.

En sus obras Thurow señala que la humanidad está viviendo un proceso profundo de cambios revolucionarios que afectan cada aspecto de la vida humana. Por ello señalaba que en la postguerra -fría que aceleró el desarrollo de las nuevas realidades globales, los objetivos militares han sido reemplazados por objetivos e intereses económicos y las metas de las naciones desarrolladas se está concentrando en la fabricación de mejores y novedosos productos y en acelerar el mejoramiento de las condiciones de vida de sus ciudadanos, en el incremento de la eficiencia organizacional, especialmente en el campo de los negocios y en la calidad de los sistemas educativos. Ya a comienzos de la pasada década de los 90 Thurow advertía que en el siglo XXI los niveles educativos y las habilidades y destrezas de los trabajadores serían los instrumentos competitivos dominantes, y que los recursos naturales disminuirían su importancia en la ecuación de la competencia, al ser reemplazados por ventajas competitivas creadas por el hombre.

Tuvimos la oportunidad de conocer personalmente a Lester Thurow en la ocasión de un conversatorio que promovimos con él, un grupo de fellows del Center for International Affairs de la Universidad de Harvard de la clase 1992/1993. En esa ocasión, tal y como lo venía señalando en sus frecuentes conferencias, artículos para los medios y en sus reconocidos libros, Thurow nos decía que priorizar la inversión en educación es una política fundamental para asegurar un desarrollo sostenible y lograr la competitividad en la nueva economía global; al igual que insistía en la idea de impulsar políticas para asegurar que esa economía se desarrolle generando beneficio para todos. Podemos concluir que Thurow fue un pionero de la idea de humanizar la globalización para lograr un mundo mejor. Ese es el más valioso legado que nos deja este brillante economista de MIT.

jmoreno@unimet.edu.ve

Director General del CELAUP/ Universidad Metropolitana

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Twitter: @caratula2000

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La “democracia económica” no aparece como tal en la Constitución Nacional, pero existen artículos que la configuran como se observó en nuestro escrito anterior. Diferente sucede con la participación, mencionada taxativamente en 49 oportunidades y presente entre líneas cuando se habla de corresponsabilidad social en el artículo 326.

Uno de los artículos, el 70 del Capítulo IV referido a los derechos políticos, hace referencia a los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, en lo político: la elección de cargos públicos, el referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter vinculante, entre otros”; agrega “y en lo social y económico, las instancias de atención ciudadana, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación y la solidaridad. La ley establecerá las condiciones para el efectivo funcionamiento de los medios de participación previstos en este artículo”.

Obsérvese que esta norma establece un puente entre la participación y formas organizacionales específicas como las cooperativas y las cajas de ahorro propias de la Economía Social, término que, al igual que el de mutuales, fue introducido ante la Asamblea Nacional Constituyente por el movimiento cooperativo coordinado por la Central Cooperativa Nacional de Venezuela (Ceconave), razón por la que ambos términos, Economía Social y mutuales, poseen rango constitucional.

En el 118 se reconoce el derecho de los trabajadores y de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas, que podrán desarrollar cualquier actividad económica de conformidad con la ley; agrega que la ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos, y el Estado promoverá y protegerá estas asociaciones destinadas a mejorar la economía popular y alternativa.

Pero las alusiones no quedan allí, el 184 abre compuertas para que por ley se creen “mecanismos abiertos y flexibles para que los Estados y los Municipios descentralicen y transfieran a las comunidades y grupos vecinales organizados los servicios que éstos gestionen previa demostración de su capacidad para prestarlos”, refiriéndose a servicios en los que lo económico tiene peso como los de salud, educación, vivienda, deporte, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección vecinal, construcción de obras y prestación de servicios públicos.

Este mismo artículo exalta “la participación de las comunidades y de ciudadanos y ciudadanas, a través de las asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales, en la formulación de propuestas de inversión ante las autoridades estadales y municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión, así como en la ejecución, evaluación y control de obras, programas sociales y servicios públicos en su jurisdicción”, y suma “la participación en los procesos económicos estimulando las expresiones de la economía social, tales como cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas, la participación de los trabajadores y trabajadoras y comunidades en la gestión de las empresas públicas mediante mecanismos autogestionarios y cogestionarios, y la creación de organizaciones, cooperativas y empresas comunales de servicios, como fuentes generadoras de empleo y de bienestar social, propendiendo a su permanencia mediante el diseño de políticas donde aquellas tengan participación”.

El 308 establece la protección y promoción estatal a “la pequeña y mediana industria, las cooperativas, las cajas de ahorro, así como también la empresa familiar, la microempresa y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro y el consumo, bajo régimen de propiedad colectiva, con el fin de fortalecer el desarrollo económico del país, sustentándolo en la iniciativa popular”.

Finalmente el 309 establece protección especial del Estado a la artesanía e industrias populares típicas de la nación con el fin de preservar su autenticidad, y el 310 califica el turismo como actividad económica de interés nacional, prioritario para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable; agrega que el Estado debe dictar medidas que garanticen su desarrollo y velar por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional.

¡Bonito texto constitucional sin duda alguna!, pero…, a pesar de que favorecen las expresiones económicas de los sectores populares y la de los actores de la participación protagónica, esos preceptos son ignorados y hasta reprimidos por la monopólica acción gubernamental en sus apetencias hegemónicas y en la búsqueda de ingresos para sus vacías arcas, como lo demostró en noviembre de 2014 al imponer impuestos a las asociaciones, fundaciones y cooperativas aumentando la opción de llevar al cementerio a un gran número de ellas.

La aplicación de esos artículos solo será posible si en el país florecen iniciativas individuales y asociativas en un clima de democracia económica, sin monopolios capitalistas salvajes privados y estatales; en otras palabras, si en el país impulsamos el emprendimiento individual y asociativos con seriedad y sinceridad.

La mejor muestra de simbiosis democracia económica-participación se observa en las cooperativas de trabajo asociado (CTA), particularmente si funcionan sobre bases autogestionarias, es decir, con la asamblea como espacio asociativo en el que todos deciden a razón de una persona-un voto y tienen similares derechos a ocupar cargos en las unidades de dirección, vigilancia y educación. En ellas no están los célebres “explotadores de la clase obrera”, pues no existe la dicotomía propietarios de medios de producción-asalariados ya que son las mismas personas; tampoco existen distancias entre dirigentes y dirigidos pues quienes deciden son los mismos que ejecutan; esto explica bien por qué en ellas no existe lucro ni ganancias sino excedentes pues los trabajadores-asociados perciben ingresos por sus trabajos, no por los de otros.

A pesar de la similitud “en micro” de las CTAs con variadas y serias propuestas socialistas, el pretendido dizque socialismo deseado “en macro” por los gobiernos de estos 17 años con sus erráticas acciones huérfanas de política al estilo de Eudomar Santos y un desconocimiento absoluto sobre el cooperativismo, ha dañado al cooperativismo en todos los sentidos, y al cementerio de unas 400.000 cooperativas registradas e inexistentes, se sumarán las potenciales fallecidas por el impuesto sobre la renta injustificadamente establecido por Maduro.

Efectivamente, con ese inconsulto golpe de gracia a las cooperativas que dio Maduro en noviembre 2014 al eliminar las exenciones impositivas que su comandante eterno había establecido a las cooperativas en la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas (LEAC), le hizo el juego al Fondo Monetario Internacional (FMI) que en su Cláusula del Acuerdo Stand-By propuso “la ampliación de la base de impuesto a las ganancias para incluir los ingresos por intereses y dividendos y las ganancias de cooperativas, mutuales y fundaciones”, tal como lo denunció en su momento Elvira Castro, presidenta del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de Argentina: ¡Ni las dictaduras gomecista y perezjimenista con su laissez faire fueron tan nefastas!.

Se suma que mientras en los gobiernos de la peyorativamente llamada Cuarta República los superintendentes de cooperativas eran nombrados por la Presidencia de la República sobre sendas ternas propuestas por el movimiento organizado en las centrales cooperativas y Ceconave, ninguno de los nombrados por este gobierno representa o al menos conoce los preceptos cooperativos, llegan con sus equipos al despacho y hojean la ley mientras son transferidos a otros cargo; los últimos tienen como único mérito pertenecer a la Misión Francisco de Miranda. ¡Ojalá, al menos, hubiesen aprendido algo del cooperativismo cubano!.

Si esto sucede con las cooperativas que constitucionalmente integran el restringido mundo de los movimientos poseedores del don de la participación económica y se constituyeron en la punta de lanza de lo pretendido por el mandatario fallecido: ¿Qué quedará para organizaciones como las asociaciones que ni ley poseen? Nuestro próximo artículo lo dedicaremos a las variadas formas participativas que impulsan la democracia en las organizaciones.

Democracia Económica

Profesor UCV

oscarbastidasdelgado@gmail.com

@oscarbastidas25

Aumentar la producción de alimentos, recuperar la capacidad de exportar determinados rubros y alcanzar el autoabastecimiento donde es posible, es una necesidad urgente para Venezuela. En este contexto las investigaciones del economista Alejandro Gutiérrez, quien ha convertido al tema alimentario en el centro de su trabajo, cobran relevancia. Su voz es una de las más autorizadas en la materia: profesor titular de la Universidad de Los Andes, doctor en estudios del desarrollo, consultor del Banco Mundial, la FAO y, desde febrero de este año, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

Su trabajo de incorporación a la Academia, titulado El sistema alimentario venezolano: evolución reciente y bases para el diseño de una nueva estrategia, precisa cómo se ha comportado la producción del sector agroalimentario en los últimos años y propone una serie de medidas para reimpulsar al sector en el corto y mediano plazo.

Alejandro Gutiérrez tomó las cifras del Ministerio de Agricultura y Tierras, que registran el valor bruto de la producción agrícola vegetal, animal y pesquera aprecios de 1997 y lo dividió por la población de cada año para expresarlo en términos per cápita. El resultado es una tasa media de crecimiento anual de -1,5%. Por períodos destaca que en 1998-2003 hubo una caída de 0,8%, durante 2003-2008 crecimiento de 1,6% y en 2008-2014 un declive de 4,7%.

En su discurso de incorporación a la Academia Alejandro Gutiérrez precisó: “Se destaca el decrecimiento para la casi totalidad de los rubros agrícolas y pecuarios en el período 2008-2014. Resultado que refleja el agotamiento de los estímulos de precios, rentabilidad, subsidios a insumos y financiamiento, los cuales tuvieron efecto positivo sobre la producción agrícola durante los años de la bonanza petrolera (2004-2008), aunque debe recordarse que el crecimiento del sector agrícola en ese período fue inferior al del resto de la economía”.

“Los resultados negativos del período 2008-2014 pudieron ser peores, pues se basan en estadísticas oficiales, generalmente sobreestimadas con respecto a las que reportan los gremios agrícolas, lo que obliga a tomar con reserva las estadísticas oficiales de producción y los reporte de los balances alimentarios publicados por el INN y la FAO”, agregó.

Fuente: MPPAT, INE. Cálculos propios

Las causas

Al evaluar por qué la producción no ha respondido a pesar de que el gobierno ha intentado impulsarla por distintas vías, Alejandro Gutiérrez señala que los resultados se explican “por la baja rentabilidad que originan los controles de precios y su congelamiento por largos períodos, la escasez de insumos (fracaso de Agropatria), las menores inversiones debido a la incertidumbre, la inseguridad jurídica, personal, el poco respeto por los derechos de propiedad privada y el cambio climático en algunos años. Con controles de precios y un tipo de cambio apreciado en términos reales, el gobierno prefiere importar alimentos abaratados artificialmente antes que fijar precios rentables para los bienes producidos en el país”.

Un aspecto importante es que el declive de la producción ya no puede ser compensado mediante el incremento de las importaciones porque la caída de los precios del petróleo ha dejado al país sin suficientes divisas. “Nuestras estimaciones permiten afirmar que en el caso de las importaciones agroalimentarias per cápita estas se han reducido entre 2013 y 2015 en un 28,0%. Lo que ha agravado la disponibilidad de alimentos, pues tampoco ha aumentado la producción nacional”, dice Alejandro Gutiérrez.

Al mismo tiempo resalta que en términos reales, es decir después de descontar el efecto de la inflación, el gasto del gobierno en el sector agrícola se ha tornado volátil y declinante. Entre 2008-2013 la tasa media de crecimiento anual del gasto agrícola real del Gobierno Central fue de -16,8% y para 2015 se estima que hubo una caída importante.

Nueva estrategia

Para impulsar la producción agroindustrial es necesario implementar cambios profundos para atraer inversión privada nacional y extranjera. Alejandro Gutiérrez explica en su trabajo de incorporación a la Academia que “se requiere no sólo de restablecer equilibrios macroeconómicos fundamentales que permitan crecimiento económico con bajas tasas de inflación. Es necesaria una mayor coordinación entre el Estado, el mercado y los empresarios; que permita aumentar la producción de bienes transables no petroleros y abrirle espacios de inversión al sector privado. Sin mayor inversión privada nacional y extranjera el crecimiento económico no tendrá bases sólidas”.

En esta nueva estrategia el Estado tendrá una participación estelar, no se trata de apartarlo y dejar que el mercado resuelva por si solo los problemas. “El Estado deberá jugar un rol importante corrigiendo fallas de mercado, estimulando la reestructuración productiva para aprovechar las ventajas comparativas y creando nuevas oportunidades, generando externalidades positivas, reduciendo la tasa de pobreza a la par que se mejora la equidad en la distribución de la riqueza”, señala Alejandro Gutiérrez.

Agrega que “una nueva estrategia de desarrollo agroalimentario con posibilidades de éxito debería darse en el contexto de una nueva estrategia de desarrollo nacional que sustituya a la renta petrolera como la base de la acumulación de capital, con un marco institucional que garantice los derechos de propiedad privada establecidos en la Constitución, un entorno macroeconómico equilibrado y estable, con mayor protagonismo de los mercados, con mayor libertad cambiaria y un tipo de cambio real estable que estimule la competitividad de los sectores productores de bienes transables no petroleros”.

Medidas puntuales

Alejandro Gutiérrez propone medidas puntuales para impulsar al sector agroindustrial:

Generar confianza promoviendo el diálogo entre gobierno y sector privado, así como reformas legales que fomenten el respeto de los derechos de propiedad privada y el funcionamiento de los mercados. Todo ello en el marco de lo establecido por la Constitución vigente.

Abrir espacios para las inversiones privadas en aquellas áreas donde el Estado tiene propiedades agrícolas, agroindustriales y para la comercialización de alimentos e insumos agrícolas que operan ineficientemente y con pérdidas para la nación.

Eliminar progresivamente el control de precios para los insumos y para los bienes finales en los diferentes eslabones de las cadenas agroalimentarias, sin descartar posibles intervenciones del Estado ante prácticas propias de estructuras de competencia imperfecta (monopolios, oligopolios, monopsonios, oligopsonios).

Políticas de promoción de exportaciones agroalimentarias con el mayor valor agregado posible. Se deberá inicialmente dar prioridad a aquellas cadenas productivas con ventajas comparativas y competitivas: pesca, productos del mar y acuicultura, cacao, semillas de ajonjolí, frutas tropicales y jugos, hortalizas, zábila, bebidas alcohólicas (ron, cerveza y otras), flores y otros productos de la industria agroalimentaria.

Crear las externalidades positivas-bienes públicos necesarios para la producción agroalimentaria en materia de tecnología e información, vialidad agrícola, sistemas de riego, servicios públicos, telecomunicaciones, seguridad jurídica y personal, infraestructura en puertos y aeropuertos, otras.

4 de abril, 2016

http://larutaindustrial.org/2016/04/04/como-relanzar-al-sector-agroindus...

Con estupor y profunda indignación he leído la sentencia de la Sala Constitucional, en ponencia conjunta, que oculta a su proponente, en la cual se declara la inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional sancionada por la Asamblea el 29 de marzo de 2016.

Esto ha ocurrido bajo el alegato de la preservación de un sistema de garantías que resguardan los derechos humanos y -óigase bien- por cuanto la amnistía “puede representar un hito que arruine la esfera pública, debilite la institucionalidad democrática y destruya el Estado de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución, no siendo un medio para lograr la paz social, sino una razón para imponer la violencia y la impunidad en la sociedad, incluso a los fines de lograr un marco jurídico que habilite o propenda a una verdadera anomia que permita la ejecución de planes de desestabilización o desconocimiento del Estado Democrático” (p.54).

Esta consideración, unida a pretendidos argumentos de que no se trata de amnistiar delitos políticos, ya que estos son los que atentan contra el Estado, sino pretendidos delitos comunes como el de instigación a delinquir, desobediencia a la autoridad, ultrajes a funcionarios, obstaculización de la vía pública, desacato a mandamientos de amparo, ofensas al Presidente y otros altos funcionarios públicos, generación de zozobra por informaciones falsas, pretendida difamación e injuria contra altos funcionarios y hasta corrupción y enriquecimiento ilícito, la Sala Constitucional, garante de la Carta Magna y la legalidad, tomando además en cuenta -según lo afirman y contra la realidad-que nuestra tradición no avala leyes de amnistía como esta –lo cual no es cierto–, ni puede tolerarse la arbitrariedad del legislador (p.41), sostienen –a mi juicio con razón– que la amnistía un instrumento de corrección del derecho más que la manifestación de una potestad de gracia (p.25).

Y para colmo, la inefable decisión invoca la autoridad de notables pensadores garantistas como Ferrajoli y cita, entre otros, en su supuesto apoyo, a Juan Pablo II y Benedicto XVI, denunciantes de todo género de autoritarismos, en oscura decisión que quedará en los anales de la justicia venezolana como evidencia incontrastable de un tribunal que responde, sin duda alguna, a los intereses del gobierno.

Resulta difícil entender esta sentencia que, a partir de afirmaciones que deben ser compartidas, como la defensa y garantía de los derechos humanos y los límites de la no extensión de la amnistía a crímenes de guerra, de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos, en aras de la paz social, concluye en el rechazo a una ley emanada de quien tiene la potestad para dictarla a los fines, precisamente, de la corrección del derecho más que a la concesión de una potestad de gracia (p.29).

Esta ley no viola los límites impuestos por la Constitución en el artículo 29, referido a los delitos contra los derechos humanos cometidos por las autoridades del Estado o grupos actuantes en su nombre; y la enumeración de los pretendidos delitos cometidos, es la prueba más contundente del carácter político de estos o de las motivaciones políticas de la persecución penal emprendida contra disidentes u opositores al régimen, motivaciones que precisamente sirven para definir el concepto amplio de delito político, recogido por la Convención sobre Asilo Territorial (art. 4) y que Luigi Ferrajoli, uno de los autores profusamente citado por la sentencia en lo que no se puede estar en desacuerdo, como es la defensa de los derechos humanos, afirma, al criticar el concepto de delito político, que ello “tampoco excluye que se le de relevancia a las motivaciones políticas del delito a los efectos de la prohibición de extradición o de esos procedimientos extraordinarios por su naturaleza que son las amnistías y los indultos” (Derecho y Razón, p. 833).

Esta ley de amnistía no está viciada de inconstitucionalidad alguna. Sencillamente, tiene por objeto rectificar el rumbo seguido por la justicia penal, ajena a sus fines, para amedrentar y perseguir a la disidencia política por la posición que ha asumido y que se corresponde con un sistema de libertades. Y en forma alguna puede sostenerse la aseveración absurda de que esta ley favorece la anomia y la impunidad, siendo así, como lo sabemos, que estos gravísimos males son fomentados por un sistema cuyos órganos sencillamente no funcionan, a tal punto que hemos llegado a peligrosas manifestaciones de “justicia por propia mano” que deben ser atajadas a tiempo y a los que debe atender el sistema de justicia con el TSJ a la cabeza.

El sesgo político de la decisión queda en evidencia por las numerosas citas de juristas con las cuales se pretende apuntalar o justificar lo injustificable, aunque no existe duda alguna en que esos autores condenan los remedos de procesos amnistiados, marcados por la evidente violación de los derechos de los imputados, sobre la base de actas policiales que se inician con declaraciones anónimas de “patriotas cooperantes”, detenciones sin orden judicial que se convierten en penas anticipadas, castigo de meras intenciones o por la supuesta peligrosidad de disidentes políticos que simplemente han ejercido sus derechos como el de la libertad de expresión, sustrato de todos los casos de persecución política.

El Papa Francisco, no citado entre los Pontífices, cuyos nombres avalan la reconciliación, pero no la venganza y la injusticia, entre otras cosas, ha abogado por el diálogo en Venezuela y, en sus alocuciones, con referencia al tema de la justicia penal ha criticado la prisión preventiva como pena oculta, los presos sin condena y la selectividad de la prisión; y Ferrajoli –en párrafos ignorados por la Sala– pone énfasis en la responsabilidad jurídica de los jueces: penal, civil y disciplinaria (Derecho y Razón, p. 597).

En síntesis, la sentencia de la Sala Constitucional sobre la Ley de Amnistía, una vez más, contra nuestra tradición, sin fundamento legal alguno, sin que exista asomo de duda sobre la constitucionalidad de un instrumento para la rectificación y la paz social, se coloca de espaldas al derecho y al servicio de los intereses del Gobierno.

aas@arteagasanchez.com

18 de abril 2016. El Nacional

La mayoría de los analistas observan los procesos políticos desde una perspectiva racional. Para ello está la teoría y los procesos históricos e institucionales a partir de los cuales sistematizar sus metodologías de análisis. Pero la política, cuando se conduce por medios personalistas en medio de un vacío de contrapesos institucionales al poder central, no siempre se atiene a lo que podemos considerar racional. Ello es más cierto aun cuando se está en presencia de la monopolización del poder por parte de fuerzas fascistas. El caso venezolano es muy ilustrativo al respecto.

Habiéndose entrampado en un proyecto exageradamente dependiente del ingreso petrolero, el régimen agotó rápidamente las oportunidades que le deparaban los altísimos precios del crudo en el mercado internacional y se quedó a la intemperie, sin cobijo alguno, cuando éstos se desplomaron. Además de haber puesto todos sus huevos en la misma canasta, la “revolución” había quemado sus naves frente a la economía privada, al destruirla progresivamente. Nunca tuvo un plan “B” y el terrible costo de su tozudez se manifiesta trágicamente hoy en una angustiosa situación de hambre, desesperación y hasta de fallecidos por no conseguir medicamentos u obtener los tratamientos médicos requeridos. La desidia criminal de tan tamaña irresponsabilidad les valió un repudio masivo de la población, expresado en la contundente derrota que sufrieron en las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado. Todo indicaría que, en aras de la sobrevivencia del chavismo y de la preservación de sus posiciones de poder, habría interés en controlar los daños, enmendar los errores, reducir vulnerabilidades y reordenar sus fuerzas. Pero aquí es donde se presenta la irracionalidad intrínseca en la naturaleza fascista de este movimiento.

El fascismo no es sustenta en la razón, sino en la pasión. Se legitima invocando epopeyas de un pasado glorioso en el que supuestamente fueron forjadas las virtudes del pueblo. Tales virtudes, mitificadas por el tamiz de reminiscencias selectivas, fundamentan el triunfo de la Nación frente a sus enemigos, por lo que deben recuperarse. Para ello nutre su imaginario de representaciones maniqueas que enfrentan el “bien” con el “mal”, con base en símbolos de esa contienda fundacional. Se forjan construcciones ideológicas que ensalzan el liderazgo resoluto del hombre fuerte y de las ideas que predica. Éstas expresan, por antonomasia, el interés colectivo superior en torno al cual se amalgama al pueblo en su lucha por rescatar las virtudes anheladas. La lealtad para con ese liderazgo debe sobreponerse, por tanto, a la prosecución del interés individual y los sacrificios involucrados marcarán la formación del Hombre Nuevo. La política se entiende, en este contexto, como una guerra contra quienes encarnan el mal –los enemigos del pueblo, traidores de la patria-, con los cuales no debe haber trato ni negociación posible. El pueblo, bajo el liderazgo supremo que encarna sus intereses, abdica de su ciudadanía y se subsume en una masa informe que sólo cobra vida en ordenaciones regimentadas para librar batallas contra los enemigos. En éstas, la violencia se justifica, pues se trata de defender los intereses supremos de la patria.

Lo anterior explica por qué, al sufrir una derrota o un tropiezo significativo, lejos de buscar acuerdos que permitan recomponer sus fuerzas y preservar sus avances, el fascismo suele atrincherarse en posiciones extremas que buscan “profundizar la lucha”. La épica termina siendo lo que le da sentido a su política y entrar en acuerdos con el “enemigo” simplemente la desinfla de toda su vitalidad. Desde luego, detrás de esta intransigencia se cobijan los intereses creados en torno al usufructo ilimitado del poder y que significan oportunidades prácticamente irrestrictas para expoliar la riqueza social. Pero en vez de proyectarse como una élite que explota a un pueblo, la retórica de la “revolución” se camufla en un ideario que permite movilizar a éste en su defensa, porque, por definición encarna una lucha justiciera. La retórica comunistoide representa hoy la manera más efectiva de esta postura. El control de los medios y una propaganda incesante que falsifica la realidad con base en embustes y medias verdades, construye ante los suyos una única referencia a su proceder. Se genera así un escenario que legitima y refuerza la confrontación intransigente.

Luego de la contundente derrota en las elecciones parlamentarias, Maduro y los suyos cerraron toda posibilidad de entendimiento con la nueva mayoría de la Asamblea Nacional y se propusieron simplemente anular sus potestades -seguramente bajo recomendación cubana-, como hicieron con el triunfo de Ledezma en la Alcaldía Metropolitana. En este empeño urdieron tramposamente una composición aun más sectaria y partidista del tribunal supremo de justicia, violando los procedimientos y criterios establecidos en la constitución para ello, para “invalidar” todo lo que aprobase la nueva representación de la voluntad popular. Leyes para otorgar títulos de propiedad a los asignatarios de viviendas por la Misión Vivienda, la reforma de la Ley del Banco Central que busca circunscribir sus funciones a la constitución y, ahora, la Ley de Amnistía y Reconciliación, son torpedeadas por un tsj que, como señala el Chigüire Bipolar, prácticamente declara inconstitucional a la constitución, en defensa de los intereses de sus jefes políticos. Con un cinismo vomitivo e inhumano, el fascismo achaca a los que ejercían su legítimo derecho a la protesta, la responsabilidad de las 43 muertes del 2014, producidas casi todas por la Guardia Nacional, malandros “colectivizados” y el Sebin. Y declara el general López Padrino que la Ley de Amnistía recién aprobada es "un adefesio jurídico, ético y moral (que) legaliza la violación de los derechos humanos", violando el artículo 328 de la constitución y absolviendo las prácticas represivas del régimen. ¡Señores, la novela de Orwell, 1984, no es fantasía y el único imaginario admisible se expresa en la “neolengua”[1] oficial! Más allá de la criminalización de la protesta, y del asesinato de los derechos y de las garantías constitucionales por parte de los “Juristas del Horror”[2], se incita a turbas resentidas y envenenadas por discursos de odio, para que impidan violentamente la entrega de la solicitud de apertura del Referendo Revocatorio ante el CNE. Y Freddy Bernal sale declarando que la marcha convocada por la MUD para el 19 de abril parece “estar buscando unos muertos”.

Algunos consideran que reflexiones de este tenor son exageradas y que la caracterización fascista del chavismo en el poder sólo busca descalificarlo. Que no es “político”, que no contribuye al diálogo, que aborta todo entendimiento con el chavismo para salir de esta tragedia. Y la MUD, creyéndose inmersa en un juego de ajedrez con un contrincante racional, se queda sin jugada cuando este riposta con artes marciales mixtas, en las que cualquier golpe es válido. Creo que no se termina de entender contra quien se lucha.

Es menester dejar las ilusiones y llamar las cosas por su nombre. Hay una claque fascista, militar-civil, enquistada en el poder que necesita insuflar la pasión de sus seguidores a través de la confrontación irracional, so pena de perder sus posiciones de privilegio. Decir así las cosas podrá ser más constructivo para forjar entendimientos con sectores chavistas democráticos, asqueados de tanta corrupción pero cautivos de una lealtad manipulada por una ideológica “revolucionaria”.

Algunos consideran que reflexiones de este tenor son exageradas y que la caracterización fascista del chavismo en el poder sólo busca descalificarlo. Que no es “político”, que no contribuye al diálogo, que aborta todo entendimiento con el chavismo para salir de esta tragedia. Y la MUD, creyéndose inmersa en un juego de ajedrez con un contrincante racional, se queda sin jugada cuando este riposta con artes marciales mixtas, en las que cualquier golpe es válido. Creo que no se termina de entender contra quien se lucha.

Es menester dejar las ilusiones y llamar las cosas por su nombre. Hay una claque fascista, militar-civil, enquistada en el poder que necesita insuflar la pasión de sus seguidores a través de la confrontación irracional, so pena de perder sus posiciones de privilegio. Decir así las cosas podrá ser más constructivo para forjar entendimientos con sectores chavistas democráticos, asqueados de tanta corrupción pero cautivos de una lealtad manipulada por una ideológica “revolucionaria”.

Economista, profesor de la UCV.

humgarl@gmail.com

[1] “La guerra es la paz; / La libertad es la esclavitud; / La ignorancia es la fuerza”. Orwell, George, 1984, editorial Alfa y Omega, República Dominicana, 1984, Pág. 10

[2] Müller, Ingo (2006), Los juristas del horror. La “justicia de Hitler: el pasado que Alemania no puede dejar atrás, Editorial Actum, Caracas.