El hecho de que algunos dirigentes de la oposición propongan el revocatorio como forma de concluir esta absurda pesadilla, no sería motivo de preocupación si a ella no viniera adosada una virulenta campaña de desprestigio de otras maneras igualmente válidas: la nacionalidad y la renuncia.

Los opositores que se adhieren sinceramente a la necesidad de poner fin a este desgobierno para salvar al País de mayores males, seguramente tendrán razones para preferir una u otra manera, en virtud de su viabilidad y del menor costo humano y social; pero los que anteponen sus intereses personales o grupales, pudieran estar calculando lapsos y oportunidades, intereses electorales y acuerdos subrepticios, con vista a las elecciones presidenciales de 2019.

Según el artículo 233 de la Constitución, «Si la falta absoluta se produce durante los últimos dos años del período constitucional, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva asumirá la Presidencia de la República hasta completar el mismo.»

Solo un amnésico grave podría vislumbrar un futuro revocatorio presidencial sin recordar al que fuera sometido Chávez en 2004, propuesto por una Coordinadora Democrática, hasta tal punto sumisa, que admitió una deformación de la letra, espíritu, propósito y razón del artículo 72 constitucional y la conversión del revocatorio en un plebiscito, sin asidero jurídico alguno.

El tercer párrafo del citado artículo 72 dice a la letra: «Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en la ley.» El verbo, es decir, la parte de la oración que nos informa la acción, es la forma compuesta «hubieren votado», del verbo votar. El «si» y el «no» plebiscitarios, acordados por el revocable Chávez y la oposición oficial, fue claramente inconstitucional y sin fundamentación jurídica alguna. Lo que pasó ya es historia.

Lo acontecido sería anecdótico, si las personas que rompen lanzas a favor del revocatorio presidencial no fueran las mismas que negociaron el pasado, hasta convertirlo en un plebiscito proclive a Chávez. Esta circunstancia nos hace temer lo siguiente:

- El CNE, en su condición de apoderado electoral del chavismo, hará cuanto esté a su alcance para que el revocatorio no se efectúe y, en el peor de los casos para él, se realice durante el cuarto año del revocable, con lo cual saldría Maduro, pero no el régimen;

- Como ya nos tiene acostumbrados, la oposición oficial protestará la inacción del CNE, se rasgará las vestiduras ante el retardo pero, al final, aceptará el abuso entre llantos y quejas;

- A buena parte de la oposición oficial le conviene que el revocatorio se postergue hasta el cuarto año del mandato, pues de esa forma Leopoldo López seguirá preso e inhabilitado y dejará de ser un estorbo para los planes presidenciales de otro. La defensa a ultranza que algunos hacen del revocatorio pudiera estar dirigida a descabezar electoralmente a Leopoldo y no –en realidad– a ponerle punto final al régimen.

Además, es casi seguro que la Ley de Amnistía sea declarada inconstitucional por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, pues si no lo hiciere, los presos políticos obtendrían la libertad y el régimen perdería su rehén más valioso y buena parte de su capacidad de negociación, pues algunos «opositores» parecen dispuestos a ceder hasta lo inimaginable a cambio de que Leopoldo permanezca en Ramo Verde hasta después de las elecciones de 2019.

Espero estar equivocada. Amanecerá y veremos.

turmero_2009@hotmail.com
@DulceMTostaR
http://www.dulcemariatosta.com

El estado en lo político administrativo debe estar inserto, indisolublemente, en el país establecido en la Constitución de 1999 que, perfectible como toda creación humana, es clara y precisa al declarar:

1. La independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables de la Nación.
2. La vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político son valores superiores en el ordenamiento jurídico y de su actuación.
3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar dichos fines.
4. Venezuela es un país descentralizado que se rige por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad.
5. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.
6. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.
7. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la Constitución.
8. Por otro lado, la Constitución del Estado Aragua, aprobada en 2002, precisa que es “una entidad política, autónoma, en el ámbito político territorial y forma parte de la República Bolivariana de Venezuela como Estado Federal y de Justicia, con personalidad jurídica propia, en condiciones de descentralización política, administrativa y democracia participativa y protagónica establecida en la Constitución de la República….”
9. Adicionalmente, “son derechos irrenunciables del Estado Aragua la autonomía, la libertad,la integridad de su territorio y la autodeterminación estatal”

Un apego estricto a los principios constitucionales y la revisión, cuando necesaria, de la legislación vigente, permite el consenso social, económico y ambiental indispensable para el desarrollo armónico de nuestra entidad, el cual sólo será ser alcanzado con un ejercicio político adecuado al ordenamiento jurídico referido.

El general Padrino López, ministro de la Defensa, asumió un nuevo papel. Además de manejar empresas de servicios petroleros y mineros, así como de producción agropecuaria, ahora pretende actuar como legislador para oponerse a la Ley de Amnistía, la cual critica valiéndose de embustes. Por incursionar en política partidista descuida nuestras fronteras, permitiendo que la guerrilla colombiana y los contrabandistas actúen libremente. Paralelamente, militares, policías y miles de ciudadanos caen diariamente abatidos por el hampa.

Sin ningún pudor, el centurión mayor de la guardia pretoriana declaró que ¨la ley de amnistía atenta contra la paz y estabilidad de las instituciones democráticas, con violación de la Constitución y de los derechos humanos¨. Lo instamos a que sustente su temeraria acusación.

Sobre las alteraciones de la paz puede consultar fotos y videos de los medios de comunicación en los que rutinariamente aparecen afectos al régimen disparando y agrediendo a gente de la alternativa democrática. Con respecto a las violaciones a la Constitución, Padrino debe leer la ¨Historia inconstitucional de Venezuela¨, de Asdrúbal Aguiar y en relación con los asesinatos del 11 de abril del 2002 y de febrero-marzo del 2014, lo instamos a que desmienta los hechos que resumimos a continuación.

El 11 de abril del 2002, fueron asesinados 19 ciudadanos durante la marcha para exigir la renuncia del presidente. Nueve fueron identificados como opositores y nueve como simpatizantes del régimen. No existe ninguna foto, ni video de que algún participante opositor disparara o estuviese armado. Sí existen de un policía municipal disparando hacia donde se encontraban armados partidarios del régimen, pero en los tribunales quedó demostrado que los proyectiles en los cuerpos de los asesinados no correspondían con las armas de los policías y según la trayectoria era imposible que hubiesen sido disparados por ellos. Sin embargo siguen presos.

Por el contrario, existen infinidad de fotos y videos de paramilitares rojos disparando hacia los manifestantes. El tribunal no investigó la responsabilidad de los mismos y posteriormente fueron amnistiados. ¿Es posible que estos gatillos alegres no solo dispararan contra los opositores sino que también, por imprudencia o confusión, impactaran a otros rojos? Aunque el general Eugenio Gutiérrez declaró que no hubo disparos por parte de la Guardia, las pruebas obligaron a imputar a cuatro efectivos de la Guardia Nacional.

En febrero-marzo del 2014 fueron asesinados 31 ciudadanos y no los 43 que señala el régimen. Veintiocho lo fueron con armas de fuego, uno por golpes y dos atropellados exprofeso. Quince asesinados fueron identificados como opositores; Guardias presuntamente asesinaron a Geraldine Moreno y a José Alejandro Márquez; funcionario del Sebin presuntamente asesinó a Bassil Da Costa y a Juan. C. Montoya, este último miembro de un colectivo rojo ; un funcionario del CICPC presuntamente asesinó a Jesús Acosta y los paramilitares rojos presuntamente asesinaron a Roberto Redman, Génesis Carmona, Wilmer Carballo, Daniel Tinoco, Guillermo Alfonzo Sánchez, Anthony Rojas, Argenis Hernández, Jesús Orlando Labrador y Gabriel Daza. Decimos presuntamente porque no han sido sentenciados, pero hay suficientes pruebas que atestiguan los hechos. Fueron atropellados exprofeso José E. Méndez, por un contratista de Pdvsa, y Mariana Ceballos, por un funcionario del Ministerio de Agricultura.

Lamentablemente también fueron asesinados dos ciudadanos no identificados políticamente, uno de ellos la joven Adriana Urquiola, señalándose como responsable un ex policía con influencia en el gobierno. También fueron asesinados catorce ciudadanos identificados con el régimen, incluidos seis de la Guardia Nacional, dos policías y un funcionario del CICPC. ¿Acaso los asesinos eran paramilitares rojos cuya misión era crear caos a costa inclusive de disparar en contra de los militares y policías? No lo sabemos porque extrañamente en ninguno de estos casos el régimen ha señalado posibles culpables. Además, hubo siete fallecidos en accidentes supuestamente relacionados con barricadas, de los cuales solo el joven motorizado que tropezó con una guaya puede imputarse como homicidio culposo, ya que no hubo intención de matarlo. El resto ´parecieran simples accidentes por exceso de velocidad.

Entonces, general Padrino, ¿Quiénes son los que alteran la paz, violan la Constitución y los derechos humanos? Usted es un general activo, no un legislador. En privado usted puede mentir y opinar sobre su rechazo a la ley de amnistía, pero al arengar públicamente a sus subordinados instándolos a desconocerla usted violó la Constitución y le hizo daño a la Fuerza Armada, por lo que debe renunciar.

Como (había) en botica:

En abril 2002 el principal factor desencadenante fue el paro petrolero iniciado el día 4 en defensa de la meritocracia, a la cual se sumaron el 9 Fedecámaras, CTV y Sociedad Civil, quienes también tenían razones para protestar y convocaron la marcha del 11 en apoyo a los petroleros. El difunto promovió la masacre, renunció, suplicó, lloró, regresó, pidió perdón y volvió a las andadas ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamirez@hotmail.com

La amnistía es una causal prevista en la Constitución y en la Ley Penal por la cual el Estado renuncia a la persecución penal por determinados hechos calificados como delitos.

La amnistía es una decisión política que corresponde a la Asamblea y cuyo alcance, por lo que respecta a los hechos, solo tiene como límites los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y las violaciones graves a los derechos humanos, según el artículo 29 de la Constitución.

Venezuela tiene una larga tradición republicana de amnistía que responde a sus reiteradas etapas de confrontación política.

La amnistía, en un Estado de Derecho, a pesar de su origen como gracia, es una exigencia de justicia a los fines de rectificar errores y propiciar la reconciliación en una sociedad fracturada por odios políticos.

Dejando a salvo las exigencias consagradas en la Constitución la amnistía referida a delitos políticos puede abarcar todo hecho cuya persecución responda a móviles predominantemente políticos o con evidente sesgo político.

No es una fórmula de impunidad ya que esta se da cuando hay hechos punibles probados en un proceso justo y ausencia de toda sanción.

La ley aprobada en 2016 no contempla como amnistiados crímenes de guerra, ni de lesa humanidad, ni violaciones graves a los derechos humanos.

Los delitos de lesa humanidad y violaciones graves a los derechos humanos tienen como sujeto activo calificado a funcionarios del Estado o grupos organizados que actúan bajo el amparo del Estado.

La ley de amnistía excluye delitos comunes o cometidos sin motivaciones políticas. Por tanto, excluye homicidios, secuestros, robos, tráfico de drogas, violaciones y hechos que han afectado el patrimonio público, hoy amparados por absoluta impunidad.

La mayoría de las imputaciones, acusaciones y condenas que son objeto de la amnistía tienen que ver con pretendidos delitos de expresión, pronunciamientos políticos o actos preparatorios de cuestionada constitucionalidad vinculados al ejercicio de derechos o cumplimiento de deberes.

La amnistía contemplada en esta ley se aplica solo a hechos del pasado. Es una ley temporal y especial.

La ley de amnistía no deroga el Código Penal ni el COPP. Estos instrumentos tienen plena vigencia y la ley especial solo se aplica a los hechos contemplados en ella.

Por tratarse de un instrumento para la reconciliación abre la puerta a todo el que se considere víctima con relación a los hechos amnistiados.

aas@arteagasnchez.com

11 de abril 2016. El Nacional

El populismo en Iberoamérica ha adoptado una desconcertante amalgama de posturas ideológicas. Izquierdas y derechas podrían reivindicar para sí la paternidad del populismo, todas al conjuro de la palabra mágica: “pueblo”. Propongo 10 rasgos específicos.

1) El populismo exalta al líder carismático. No hay populismo sin la figura del hombre providencial que resolverá, de una buena vez y para siempre, los problemas del pueblo.

2) El populista no sólo usa y abusa de la palabra: se apodera de ella. La palabra es el vehículo específico de su carisma. El populista se siente el intérprete supremo de la verdad general y también la agencia de noticias del pueblo. Habla con el público de manera constante, atiza sus pasiones, “alumbra el camino”, y hace todo ello sin limitaciones ni intermediarios.

3) El populismo fabrica la verdad. Los populistas llevan hasta sus últimas consecuencias el proverbio latino “Vox populi, Vox dei”. Pero como Dios no se manifiesta todos los días y el pueblo no tiene una sola voz, el gobierno “popular” interpreta la voz del pueblo, eleva esa versión al rango de verdad oficial, y sueña con decretar la verdad única.

4) El populista utiliza de modo discrecional los fondos públicos. No tiene paciencia con las sutilezas de la economía y las finanzas. El erario es su patrimonio privado que puede utilizar para enriquecerse y/o para embarcarse en proyectos que considere importantes o gloriosos, sin tomar en cuenta los costos.

5) El populista reparte directamente la riqueza. Lo cual no es criticable en sí mismo, pero el populista no reparte gratis: focaliza su ayuda, la cobra en obediencia.

6) El populista alienta el odio de clases. Los populistas latinoamericanos corresponden a la definición clásica, con un matiz: hostigan a “los ricos” (a quienes acusan a menudo de ser “antinacionales”), pero atraen a los “empresarios patrióticos” que apoyan al régimen. El populista no busca por fuerza abolir el mercado: supedita a sus agentes y los manipula a su favor.

7) El populista moviliza permanentemente a los grupos sociales. El populismo apela, organiza, enardece a las masas. La plaza pública es un teatro donde aparece “Su Majestad El Pueblo” para demostrar su fuerza y escuchar las invectivas contra “los malos” de dentro y fuera.

8) El populismo fustiga por sistema al “enemigo exterior”. Inmune a la crítica y alérgico a la autocrítica, necesitado de señalar chivos expiatorios para los fracasos, el régimen populista (más nacionalista que patriota) requiere desviar la atención interna hacia el adversario de fuera.

9) El populismo desprecia el orden legal. Hay en la cultura política iberoamericana un apego atávico a la “ley natural” y una desconfianza a las leyes hechas por el hombre.

10) El populismo mina, domina y, en último término, domestica o cancela las instituciones de la democracia liberal. El populismo abomina de los límites a su poder, los considera aristocráticos, oligárquicos, contrarios a la “voluntad popular”.

¿Por qué renace una y otra vez en Iberoamérica la mala yerba del populismo? Las razones son diversas y complejas, pero apunto dos. En primer lugar, porque sus raíces se hunden en una noción muy antigua de “soberanía popular” que los neoescolásticos del siglo XVI y XVII propagaron en los dominios españoles y que tuvo una influencia decisiva en las guerras de Independencia desde Buenos Aires hasta México. El populismo tiene, por añadidura, una naturaleza perversamente “moderada” o “provisional”: no termina por ser plenamente dictatorial ni totalitario; por eso alimenta sin cesar la engañosa ilusión de un futuro mejor, enmascara los desastres que provoca, posterga el examen objetivo de sus actos, doblega la crítica, adultera la verdad, adormece, corrompe y degrada el espíritu público.

Extracto de un artículo de Enrique Krauze, escritor mexicano, director de la revista Letras Libres y autor, entre otros libros, de Travesía liberal. Artículo completo en http://www.lapatilla.com/site/2016/01/11/decalogo-del-populismo-por-enri...

Manejar el panorama de los socialismos posibles cobra vigencia en nuestro país para diferenciarlos del mal denominado Socialismo del Siglo XXI, que no es más que la franquicia comunista cubana adquirida por el fallecido mandatario Chávez: liderazgo eterno, dominio y centralización de los poderes públicos, partido único, militarismo, y nacionalizaciones entre otros rasgos.

Chávez siempre amasó un proyecto militarista. Lo sustentó en su condición militar, lo fortaleció con sus periplos por América Latina, incluyendo la Cuba en que buscaba conocer los resortes del militarismo más que su supuesto socialismo; pretendió darle soporte teórico con la propuesta cívico-militar ceresolista, propuesta desequilibrada porque jamás lo cívico se equilibra ante el monopolio de las armas y, con esas premisas, puso en marcha la militarización del país apenas asumió su mandato.

Con su innegable memoria y posesión del código militar —código del que Maduro carece y Cabello no tiene méritos para mostrarlo— rediseñó la carrera militar convirtiendo las escuelas de formación de oficiales en máquinas de cursillos dizque marxistas, ¡habría que preguntarse cuán efectivo ha sido ese proceso!; asignó altísimos presupuestos a un armamentismo no justificado y podó las líneas de mando sacando hacia sus casas, sector público y servicio exterior a los militares que no lo seguían o le hacían sombra, plagando así de militares la administración pública central y descentralizada, labor continuada por Maduro.

En los cimientos de la concepción militarismo - sociedad civil y comunismo – socialismo, se encuentra el enfrentamiento entre dos modelos organizacionales opuestos:

1.- El modelo burocrático, propio del ejército y la estructura del PSUV, asumido por quienes no creen en la división de los poderes, la democracia y la participación sino en el mando por ellos mismos y la subordinación de los otros, que funciona con la opacidad del secreto burocrático que facilita las adhesiones automáticas y la corrupción, uniforma a los seguidores al extremo de colocarles capuchas para que no se diferencien ni siquiera por las caras; modelo para el que los oponentes y los muertos son simples cifras de una batalla.

2.- El modelo participativo, impulsor de la democracia por voluntad propia, con igualdad y autonomía de condiciones al decidir y actuar, respetuoso de los derechos individuales y colectivos, cuya mejor expresión son las Organizaciones de Economía Social (OESs), particularmente las cooperativas genuinas y no las falsas capitalistas y de maletín constituidas por los dizque socialistas gobernantes para evadir impuestos de verdaderas ganancias por sus jugosos contratos con los oficialistas.

Entre ambos modelos se encuentran otros que van desde la coínfluencia, la codecisión, la coparticipación y la cogestión hasta la participación accionaria y la autogestión, a los que dedicaremos reflexiones en próximos artículos.

Con esas condiciones, la tardía e inconstitucional propuesta socialista del fallecido no pasó de ser un militarismo ramplón. Militarismo es dominio del jefe único y de su rosca, es la despersonalización en pasta, es uniformar seguidores con atuendos militares y franelas rojas o camisas negras como Mussolini, bastaba ver al mandón Cabello en la Asamblea Nacional para entender que militarismo es órdenes e imposiciones. Ante el militarismo los civiles que no se ponen firmes son objeto de coacción y hasta presidios; de esas condiciones se derivan autoritarismos y lógicos totalitarismos, listas Tascón y Maisanta,

Los militaristas transmitieron sus valores a los colectivos, sus milicianos, unas guerrillas bolivarianas de las que no se habla, y los camisas rojas que rellenan las marchas oficialistas. En fin, militarismo es negación de la supuesta participación protagónica, militares no creen en el precepto marxista de que el primer paso al socialismo es el primero hacia la extinción del Estado: ¿Militares impulsando participación?, ¿dónde?, ¿cuándo?: ¡Jamás!, manipulan el socialismo a conveniencia al igual que los procesos democráticos: ¿cómo justificarían los militaristas el injustificado armamentismo que ha endeudado al país y el control interesado de las fronteras?

Deslindar comunismo de socialismo es una necesidad para quienes proponemos un socialismo democrático que se nutra de participación y autogestión. Socialismo no es modificar el escudo, la bandera ni la historia, no es cambiar nombres de instituciones o destruirlas sin crear sustitutas, tampoco reproducir la pobreza ni aprovecharse de la inseguridad del lumpen - malandros para abonar con miedo la huida de jóvenes del país; tampoco es construir sistemas represivos e ineficientes.

Socialismo no es cercar presupuestariamente ni con bandas armadas las universidades y amenazar con allanarlas por temor a que el conocimiento universal desplace gobernantes de visión reducida, tampoco es convertirlas en cuarteles caletreros de El capital y de ¿Qué hacer?, textos de los que los mismos jerarcas solo conocen portadas; no es cerrar las fronteras para hacer del país una isla como Cuba ni igualar hacia abajo a los ciudadanos en una pobreza que, dicho sea de paso, supera los niveles de 1999 y seguirá creciendo tal como lo ordenan los jefes cubanos, Guaicaipuro Lameda dixit.

¡Lo contrario!: socialismo es subir la calidad de vida de la población mediante el estudio y el trabajo; impulsar el emprendimiento individual y asociativo para constituir empresas socialmente responsables y cooperativas genuinas en aras de una economía variada que rompa con la monoproducción; es respetar el conocimiento y la autonomía universitaria e impulsar la libre circulación de ideas en universidades y el país y eso no se logra rebajando el salario de un profesor titular a menos de 25 US$ que no alcanzan ni para un libro, mientras los generales tienen dinero y hummers para sus andanzas, aunque justo es reconocer que la amplia mayoría de los militares no goza de las prebendas de la cúpula.

El socialismo debe ser un proceso con claros valores y principios democráticos, de libertad, participación, respeto y solidaridad, con claras oportunidades de formación y capacitación para el trabajo, la cultura y la vida. Una propuesta socialista debe asumir las asociaciones, mutuales y cooperativas como eje transformador del país y como fórmula para que el común se organice y supere con valores, principios y economías de escala sus problemas; una propuesta socialista debe ser honesta y transparente, basarse en las mejores tradiciones y “los poderes creadores del pueblo”, sin dirigentes mesiánicos comparados con Bolívar, sin adhesiones mecánicas y seguidores pedigüeños.

Una propuesta socialista democrática no debe permitir exclusiones sino marchar hacia un “nosotros” integrador, asociativo, en el que todos nos sintamos miembros del mismo país y su destino, de una Venezuela sin rencores, con justicia transparente para castigar a corruptos, narcos, grupos armados, asesinos, secuestradores, y todo el que cometa crímenes de lesa humanidad.

Los oportunistas del PSUV desprestigiaron el término socialismo y otros como participación protagónica, cogestión, autogestión, ciudadanos y ciudadanía, partidos políticos, sufragio, gobierno municipal, sindicalismo, comunidades, unidad familiar, trabajo comunitario, programas sociales y cooperativismo entre otros. Costará tiempo y esfuerzos devolverles su prestancia.

No se equivocó Noam Chomsky al recular con respecto a ese dizque socialismo que con entusiasmo apoyó inicialmente al calificarlo de “propuestas guerrilleras, golpistas, y militaristas de los sesenta”, tampoco cuando acusó a sus jerarcas de imponer modelos “desde arriba”; definitivamente, “socialismo” y “siglo XXI” como calificativos les quedaron grandes.

oscarbastidasdelgado@gmail.com

@oscarbastidas25

Democracia Económica

Los venezolanos se enfrentan a un gobierno sumamente cruel e inhumano, que da reiteradas muestras de que le importa en absoluto sus penurias. El hambre que se extiende a sectores cada vez más numerosos, las muertes y angustias atribuibles a la ausencia de medicamentos y/o de equipamiento de hospitales, el altísimo índice de criminalidad que sesga vidas inocentes y los padecimientos ocasionados a la población por la escasez generalizada, les resbala. No es con ellos, señalan, volteando de un lado para otro en busca de culpables, pues por (auto)definición, son “abnegados revolucionarios” defendiendo las conquistas del pueblo ante la arremetida de fuerzas oscuras de la “derecha”. Y así, con el mayor cinismo los más, creyéndose sus embustes los menos, siguen impertérritos con sus políticas empobrecedoras y de progresivo exterminio de la población.

Esta insensibilidad se transforma en burla abierta del sufrimiento de sus coterráneos cuando repiten una y otra vez, como excusa, la suprema estupidez de que el gobierno enfrenta una “guerra económica”. El último desalmado en mofarse así del pueblo es el embajador ante la OEA, Bernardo Álvarez, al negarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a aceptar la ayuda de gobiernos y organismos extranjeros, aduciendo que es irresponsable hablar de una crisis humanitaria en el país, porque lo que existe es ¡la guerra económica! No hay emergencia sanitaria, no hay desabastecimiento, no hay presos políticos encarcelados de manera fraudulenta, no existe violación de los derechos humanos y no se acepta ninguna ayuda foránea porque, por antonomasia, tales padecimientos no existen en una revolución. No se despilfarraron los mayores ingresos que registra la historia del país, no se hipotecó el futuro de los venezolanos con deudas gigantescas y subastando recursos del subsuelo a cambio de unos churupos para estirar la arruga, no se quebraron las empresas públicas por robo y negligencia, ni se dejó deteriorar los servicios públicos por desidia (y robo). Así que, en nombre de la única “verdad” admisible, a seguir arruinando al país, “la Historia nos absolverá” y ¡”pa’atrás ni pa’ coger impulso”!

Causa suma indignación tanto cinismo e indolencia para con el sufrimiento de la gente. Y aunque ya casi nadie cree en la idiotez de la guerra económica, ello no es consuelo. Preocupa que no emerja una opción clara, contundente, que haga saber a los venezolanos que esta situación no es una fatalidad, que puede mejorar significativamente y en un plazo menos distante de lo que muchos creen, con unas políticas coherentes y un equipo calificado de gobierno. Es menester proponer de manera decidida las tres condiciones básicas, ineludibles, para atajar de inmediato la caída del nivel de vida de los venezolanos y abrirle posibilidades de recuperar su futuro que, por fuerza, implicarían un gobierno de transición. Estas tres condiciones son:

1) la concertación, lo más pronto posible de un generoso financiamiento internacional, en el orden de los $30 a 40 millardos;

2) la privatización de empresas públicas que son un desaguadero de dinero y sin la cual no es posible sanear las cuentas fiscales; y

3) el desmontaje de los controles y regulaciones que aplastan a las actividades económicas.

Las primeras dos son imprescindibles para unificar el tipo de cambio y liberar el acceso a la divisa. Sin ello, no podrá superarse el estrangulamiento externo que impide importar insumos, repuestos y equipos para la actividad productiva, base para lograr el abastecimiento interno y la generación de empleos bien remunerados. La tercera es imprescindible para liberar las fuerzas productivas, y promover la competencia y la racionalización de las actividades económicas. Las tres, junto a un programa de estabilización macroeconómica, son pilares de un programa para abatir la inflación.

Sabemos que la oligarquía en el poder se opondrá con uña y dientes a desmontar los controles, privatizar empresas que vacían las arcas públicas y negociar empréstitos internacionales que exigen poner orden en la casa, porque con ello se desmontarían las bases de sus muy lucrativas actividades corruptas, de expoliación de la riqueza social. Pero si bien se les ha caído la máscara de redentores para justificar esta postura, siguen contando con el chantaje ideológico enraizado en la cultura política nacional, que les permite estigmatizar estas medidas.

Así, todo asomo de negociación con el FMI, único ente en capacidad de otorgar el financiamiento requerido, y la privatización de empresas públicas que desangran las finanzas del Estado, son repudiadas por Maduro por “neoliberales”. Apela, con ello, a toda una carga valorativa que hemos cultivado los venezolanos bajo gobiernos populistas adecos y copeyanos, y bajo el actual régimen fascista de Chávez-Maduro, en la que ambas medidas se asocian a un deterioro de las condiciones de vida de la población a causa de la "entrega del país a intereses privados, nacionales y foráneos". A papá Estado, por más corrupto e ineficaz que sea, se le tiene que permitir que intervenga en todo y gaste a mano suelta porque, por antonomasia, es el único que representa los intereses del pueblo.

Ya hemos explicado en un artículo anterior,[1] que el verdadero ajuste draconiano, empobrecedor, es el que nos viene imponiendo Maduro desde hace dos años. Por el contrario, disponer de un financiamiento internacional capaz de destrabar las cuentas externas, no puede sino ser expansivo, pues permitirá la importación de insumos, repuestos y equipos para la producción doméstica y la generación de empleo, así como los bienes de consumo que requiere la población. Por supuesto que tal financiamiento se condiciona a que el país haga los ajustes macroeconómicos que aseguren su reembolso en el tiempo. Y ello se centra en el saneamiento de las cuentas públicas que implica, como elemento central, que el estado se desembarace de empresas quebradas que requieren transferencias permanentes para subsistir. Así se liberarán los recursos para compensar a los sectores vulnerables que pudiesen verse afectados por un programa de transición.

¿Cómo es posible que los voceros democráticos no sean capaces de defender estas ideas de manera abierta, para lo cual sobran argumentos y datos empíricos? ¿Cómo no defender que contar con unos 30 – 35 millardos de dólares de un organismo financiero internacional en calidad de préstamo es algo que beneficia a los venezolanos con abastecimiento, producción y empleo? ¿Hasta cuándo el chantaje ideológico del populismo – fascismo?

Economista, profesor de la UCV, humgarl@gmail.com

[1] http://redinternacionaldelcolectivo.blogspot.com/2016/03/el-ajuste-de-ma...