El apagón previsto por los expertos desde hace por lo menos cinco años nos alcanzó y con él la crisis da pasos de siete leguas, se multiplica. Acelera el aterrador Estado fallido del que hablamos constantemente en esta columna desde hace tiempo. Venezuela se desvertebra, según la idea de Ortega, se africaniza, pierde la civilidad por la combinación entre el socialismo, una de las creaciones más sufrientes de la humanidad, y unas alocadas élites sociales, políticas y culturales que despreciaban los partidos políticos, destruyeron la democracia, apostaron al caudillo salvador y su claque, y luego arruinaron todos los chances de sacarlos del poder en veinte años.

Desde diciembre de 2015, por no hablar de la etapa anterior, se empeñaron en demostrar su terrible, inenarrable candidez, y suicidaron al país en tres actos luego del esplendoroso triunfo de las elecciones parlamentarias. Será muy difícil que alguien de entendimiento normal no se escandalice por su precisión en tomar siempre las vías más delirantes y descabelladas en 2016, 2017 y 2018. Apenas comienza 2019 y explota la bomba de horror subsecuente, la acumulación de errores. Miles de personas recogen baldes de agua de quebradas e incluso de charcas infectas.

Son escenas del mundo salvaje o de las distopías ochentosas según las cuales el “capitalismo” se dirigía al colapso. Desde hace más de medio siglo Cornelius Castoriadis, J.F. Lyotad, Henri Simon y varios otros, inspirados por Rosa Luxemburgo, tenían socialismo o barbarie como consigna. En los ochenta una oleada de pensadores de primera línea argumentaban corrientemente el supuesto final de la sociedad abierta que implosionaría frente al comunismo. Paul Kennedy anunció la decadencia final de EEUU. Pero para asombro universal, lo que se desplomó fue el comunismo dejando a los teóricos con la brocha en la mano.

Veinte años es algo

En Venezuela triunfó la revolución y apenas veinte años después que el país más moderno y de democracia más estable en Latinoamérica cayera en manos de los paladines de la justicia social, se convierte en Somalia o Etiopía. Lo hicieron entre un régimen que encarna las peores maldiciones del continente y unos adversarios sin neuronas para manejarse políticamente frente a él. Burrada tras burrada se les fue entre los dedos y así llegamos a estos extremos de destrucción, solo comparables a los de Cuba o a los de una nación en guerra. No sé si el cerco contra el Estado venezolano conducirá a un cambio de régimen.

Lo que sí parece es que luego del colapso eléctrico la política como forma civilizada de confrontación entre grupos con objetivos surgidos en la modernidad, cede el paso a la matchpolitick, el choque de fuerza bruta. Aunque el desplome eléctrico estaba anunciado porque no se hicieron las inversiones necesarias, es lógico preguntarse quién sale beneficiado del blackout, ya que algunos sugieren que pudiera ser una autoagresión y el gobierno acusa a sus adversarios.

Lo cierto es que las carencias agudas que obligan ahora más que nunca a la sociedad civil a buscar desesperadamente electricidad, agua, alimentos y demás servicios y bienes básicos, son un factor entrópico que tiende a desorganizar la dinámica política opositora. Quien debe salir con la familia a buscar botellones de agua y bolsas de pan, tiene menos posibilidades de actuar políticamente. Lo analizó con amplitud Samuel Huntington en su clásico en el que explica por qué las revoluciones surgieron en etapas de prosperidad (incluso el golpe del 4F), entre otras porque quien necesita dedicarse a buscar proteínas, está muy ocupado para ir a reuniones.

Hilos, arañas y conspiraciones

Aunque me resulta estúpida la teoría de la conspiración que sospecha que los mandamases colapsaron deliberadamente en estos días el sistema eléctrico, conviene evaluar sus efectos políticos en los actores, porque parece tender, como vimos, a sustituir la política por el salvajismo. La experiencia indica que hay una relación inversamente proporcional y entre menos política, partidos, instituciones, negociaciones, diálogos, polémicas, elecciones, mayor es el índice de salvajismo, violencia, paramilitares, aparato policial, amenaza de guerra, golpe de Estado. Creo que el apagón profundizó estos terribles factores.

Y las perspectivas no se aclaran porque en ese contexto la política desaparece y solo queda el choque brutal entre el bloque de gobierno venezolano y el gobierno norteamericano, lo que aleja aún más las posibilidades de una solución política endógena. Elliott Abrams afirmó enfáticamente que Estados Unidos no piensa invadir a Venezuela y que su plan es la asfixia económica del gobierno, “ahorcarlo” como expresó una periodista que lo entrevistaba. Y la ciudadanía debe prepararse para eso porque el gobierno lo está. Que seguirán con las sanciones económicas y personales, todo con el fin de lograr que los militares abandonen a Maduro.

“No sabemos cuánto tiempo más, lo que sí sabemos es que presionaremos hasta recuperar la democracia”. El ex embajador William Brownfield declaró hace unos meses “en este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor, por un periodo de meses o quizás años”. Hay que imaginar las condiciones del país en ese esquema si no aparece algún nuevo factor en el debate, como la Unión Europea

@CarlosRaulHer

Lo que vivimos desde el pasado jueves 7 de marzo, es el resultado de la desidia, la corrupción y la incompetencia; simplemente ocurrió lo que muchos venían advirtiendo desde hace tiempo: falta de inversiones, falta de mantenimiento, pérdida de recursos humanos y un largo etcétera. En efecto se trata de una “guerra eléctrica”, que no ha concluido aun y de la cual veremos más episodios en el futuro, pues según los informes que han circulado –que por cierto ninguno proviene del Gobierno– los daños han sido grandes y las secuelas en subestaciones y otros componentes del sistema, que estamos viendo al restablecer el servicio, así lo permiten prever.

Pero el apagón, esa “guerra”, que es desatada por la dictadura por las razones que ya he señalado, algunos dicen que fue provocada, pero no por el imperio, sino por la propia dictadura. Yo no voy a especular al respecto, ya dije que considero que el apagón es el resultado de lo mencionado, pero de lo que si no me cabe duda es que el restablecimiento del servicio probablemente ha estado sesgado, por la incompetencia, pero además por las preferencias políticas del régimen.

Esta “guerra” no es sino una consecuencia de otras que ya hemos sufrido. La primera, fue la “guerra de destrucción” o socialismo del siglo XXI, que desde 1999 el régimen chavista/madurista ha desatado destruyendo y desmantelando al país. Las primeras víctimas de esta “guerra de destrucción” del régimen fueron las instituciones democráticas del país, empezando por la Constitución de 1961, sustituida por ese galimatías de la Constitución de 1999; el régimen acabó también con el sistema de justicia, que había llegado a tener jueces elegidos por concurso y que hoy está encabezado por un TSJ ilegítimamente designado, con magistrados que no reúnen los requisitos constitucionales; la destrucción sistemática del país ha puesto al CNE y los demás poderes ciudadanos, al servicio de una parcialidad política. Diezmaron a los partidos políticos, quitándoles todo financiamiento del estado, declarándolos ilegales, inhabilitando, persiguiendo y apresando a sus líderes y dirigentes.

En esa “guerra” destruyeron la principal industria nacional, la petrolera, que de producir 3.5 millones de barriles en 1998 ha pasado a producir escasamente 900 mil barriles en 2019; además de que acabaron con su capital social y recursos humanos calificados, que fueron despedidos o se vieron obligados a abandonar la industria y el país. Destruyeron, además, la industria manufacturera nacional, que ha perdido desde 1998 más del 60% de sus establecimientos industriales y los que quedan apenas producen al 20% de su capacidad. Han destruido la agricultura y la ganadería del país, que de ser exportadores de carne y algunos alimentos, hemos pasado a ser importadores netos. Han acabado con la infraestructura del país, autopistas, carreteras y calles –ya insuficientes–, están mal mantenidas y llenas de peligrosos huecos; puertos y aeropuertos que se caen a pedazos; hasta el Metro de Caracas, que en su momento fue modelo de industria de transporte, tiene fallas continuas, estaciones mal mantenidas, sucias y sin luz. Ni que hablar del resto del transporte público, destruido, sin unidades, ni repuestos, ni cauchos, ni baterías.

Han destruido, como ya hemos visto y estamos sufriendo, el sistema eléctrico del país, que fuera uno de los más avanzados de América Latina (AL), al estatizar la generación y distribución de la energía eléctrica. Han destruido también un sistema de salud que fue modelo en AL y que hoy está en el suelo, con hospitales sin camas suficientes, sin quirófanos esterilizados o que funcionen, sin servicios de emergencia, sin insumos médicos y quirúrgicos, ni medicinas; y lo más grave, sin médicos, que han emigrado por miles buscando condiciones de vida y trabajo que el país no les brinda; ni siquiera los Barrio Adentro –que ellos promovieron a partir de 2004– funcionan en su mayoría.

Han destruido el sistema educativo del país, universidades sometidas a la miseria, sin presupuesto, sin poder siquiera renovar sus autoridades; escuelas y liceos derruidos, sin pupitres, ni comedores, con paredes cayéndose y sin pintura; y lo que es más grave, sin maestros ni profesores, con materias básicas, como matemáticas, física, química, biología, que tienen años que no se imparten en algunos liceos porque no hay profesores que las puedan dictar. Y así pudiéramos seguir llenando páginas y páginas.

A esa “guerra de destrucción” le siguió, desde 2013, la “guerra económica” desatada por el madurismo, cuyos resultados más notables son: una caída del 53% del PIB, una contracción económica que para 2019 se prevé estará entre el 15 y el 30%; industrias básicas de acero y aluminio trabajando por debajo del 7% de su capacidad; una hiperinflación interanual superior a 2.3 millones %; nueva modificación del cono monetario, con deficiente, casi nula, distribución de los nuevos billetes; con grave escasez de insumos, medicinas y alimentos que ha obligado a que muchos venezolanos tengan que buscar la comida escarbando en la basura.

Ahora, estamos sumidos en una “guerra eléctrica” que como hemos dicho fue desatada por la negligencia e incompetencia de la dictadura, a pesar de que se venían haciendo serias y fundamentadas advertencias desde hace varios años. De esta guerra aun no nos reponemos y todo indica que el sistema eléctrico del país quedará seriamente afectado, lo que hace prever racionamientos severos y nuevos apagones, esperamos que parciales y no tan largos, en el futuro.

Esta no será la última guerra que enfrentemos, a menos que ocurra un cambio importante en el país, que permita enfrentar estos problemas con otra óptica; y de allí la importancia de trabajar activamente para cambiar las condiciones políticas y económicas actuales del país, pues nos tocará enfrentar aun, al menos otras dos situaciones importantes, con el agua y la gasolina, para lo cual debemos estar preparados.

En efecto, se estima que está en puertas la “guerra del agua”, pues ya millones de venezolanos están viviendo con racionamiento formal de agua desde 2014; en concreto, más de 9.7 millones de venezolanos vivieron con racionamiento de agua entre 2016 y 2017. Los especialistas –por ejemplo, José María de Viana– advierten la precaria condición del sistema nacional de agua, que además consume más del 10% de la energía eléctrica del país, para bombear agua a las principales ciudades que solo distribuye ya, en promedio, 48 horas de agua a la semana. Esta escasez de agua potable ha hecho que en estos días del apagón los venezolanos hayamos tenido que recurrir a comprar el agua a precios viles, a buscarla en manantiales, quebradas y en algunos casos en las negras aguas que abastecen el Guaire. No es difícil suponer que algo así será el escenario que nos depara el futuro con la “guerra del agua”

Es de esperar también una “guerra de la gasolina”, que no es solamente escasez de gasolina, en la medida que siga cayendo la producción petrolera del país y se paralice la venta al país de disolventes, diluyentes, aditivos e insumos indispensables para producir gasolina y otros productos.

No obstante, los venezolanos, así como sobrevivimos a la falta de luz, sobreviviremos a las guerras que vengan, como hemos sobrevivido a todas las anteriores, las que hemos padecido durante 20 años de “construcción” socialista que solo ha traído atraso y destrucción del país, del estado y sus instituciones, porque hay un deseo, determinación y voluntad cívica y ciudadana indetenible de vivir nuevamente en bienestar, progreso, paz y democracia. Nunca rendidos, ¡sobreviviremos!

https://ismaelperezvigil.wordpress.com/

Las economías avanzadas padecen una variedad de problemas muy arraigados. En Estados Unidos, en particular, la desigualdad está en su mayor nivel desde 1928, y su PIB sigue creciendo a un ritmo terriblemente lento en comparación con las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

Tras prometer un crecimiento anual del “4, 5 e incluso 6%”, el presidente estadounidense Donald Trump y sus acólitos republicanos en el Congreso sólo han logrado niveles de déficit inéditos. Según las últimas proyecciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el déficit fiscal federal llegará a 900.000 millones de dólares este año, y superará la marca del billón de dólares cada año después de 2021. En tanto, el estímulo efímero inducido por el último aumento del déficit ya está desapareciendo, y el Fondo Monetario Internacional prevé que Estados Unidos crecerá un 2,5% en 2019 y 1,8% en 2020, una caída respecto del 2,9% de 2018.

Muchos factores contribuyen al problema de falta de crecimiento y alta desigualdad de la economía estadounidense. La mal diseñada “reforma” impositiva de Trump y los republicanos agravó deficiencias previas del código tributario, canalizando todavía más ingresos a los que ya ganaban más. Al mismo tiempo, falta todavía una buena gestión de la globalización, y los mercados financieros siguen más orientados a la extracción de beneficios económicos (búsqueda de rentas, en la jerga de los economistas) que a proveer servicios útiles.

Pero un problema todavía más profundo y fundamental es la creciente concentración de poder de mercado, que permite a las empresas dominantes explotar a sus clientes y exprimir a sus empleados, cuyo poder de negociación y protecciones legales se están debilitando. Los altos ejecutivos obtienen remuneraciones cada vez mayores a expensas de los trabajadores y de la inversión.

Por ejemplo, los ejecutivos corporativos estadounidenses consiguieron que la inmensa mayoría de los beneficios del recorte impositivo fueran para dividendos y recompras de acciones, que en 2018 superaron un nivel récord de 1,1 billones de dólares. Las recompras aumentaron los precios de las acciones y mejoraron el cociente de ganancias por acción, en el que se basa la remuneración de muchos ejecutivos. En tanto, la inversión anual se mantuvo limitada (13,7% del PIB) y muchos planes corporativos de pensiones quedaron subfinanciados.

Casi no hay lugar donde no se vean señales de un creciente poder de mercado. Grandes márgenes de ganancias están ayudando a las corporaciones a obtener enormes beneficios. En un sector tras otro, desde cosas pequeñas como alimento para gatos hasta cosas grandes como telecomunicaciones, servicios de televisión por cable, aerolíneas y plataformas tecnológicas, unas pocas empresas han llegado a dominar entre el 75 y el 90% del mercado, y a veces más; y el problema es todavía más pronunciado en el nivel de los mercados locales.

Conforme el poder de mercado de los gigantes corporativos aumentó, lo mismo ocurrió con su capacidad para influir en la plutocrática política estadounidense. Y conforme el sistema se inclinó cada vez más a favor de las empresas, a la ciudadanía de a pie se le ha vuelto mucho más difícil defenderse de maltratos o abusos. Un ejemplo perfecto es el uso extendido de cláusulas de arbitraje en contratos laborales y de servicio, que permiten a las corporaciones resolver disputas con empleados y clientes a través de mediadores favorables en vez de hacerlo en los tribunales.

Múltiples fuerzas impulsan este aumento del poder de mercado. Una es el crecimiento de sectores con grandes efectos de red, en los que resulta fácil para una sola empresa –por ejemplo Google o Facebook– obtener el dominio del mercado. Otra es la actitud predominante de la dirigencia empresarial, que se acostumbró a pensar que el único modo de asegurar ganancias duraderas es por medio del poder de mercado. Como dijo el inversor de riesgo Peter Thiel: “competir es para perdedores”.

Algunos dirigentes empresariales estadounidenses mostraron verdadero ingenio en la creación de barreras de mercado que impiden toda competencia significativa, con ayuda de una fiscalización laxa de las leyes de defensa de la competencia y de la falta de actualización de esas leyes para la economía del siglo XXI. Esto llevó a que la tasa de creación de empresas nuevas en Estados Unidos esté en caída.

Nada de esto es buen presagio para la economía estadounidense. El aumento de la desigualdad implica una caída de la demanda agregada, porque quienes están en la cima de la distribución de la riqueza tienden a consumir una fracción menor de sus ingresos que quienes cuentan con medios más modestos.

Además, por el lado de la oferta, el poder de mercado debilita los incentivos a invertir y a innovar. Las empresas saben que si producen más, tendrán que reducir sus precios. Por eso sigue habiendo poca inversión, a pesar de que en Estados Unidos las corporaciones obtienen ganancias récord y hay billones de dólares de reservas en efectivo. Además, ¿por qué molestarse en producir algo valioso cuando uno puede usar su poder político para extraer más rentas por medio de la explotación del mercado? Una inversión política en conseguir una rebaja de impuestos rinde mucho más que una inversión real en plantas y equipos.

Para colmo de males, el bajo nivel del cociente recaudación impositiva/PIB en Estados Unidos –apenas 27,1%, incluso antes de las rebajas de Trump– implica que hay escasez de dinero para invertir en infraestructura, educación, atención médica e investigación básica, todo lo cual es necesario para garantizar el crecimiento futuro. Esas sí son medidas ofertistas que se “derraman” a toda la sociedad.

Las políticas para combatir un desequilibrio de poder económicamente dañino son sencillas. Hace medio siglo que los economistas de la Escuela de Chicago, partiendo del supuesto de que los mercados en general son competitivos, hacen girar la política de competencia en torno de la eficiencia económica exclusivamente, sin atender a cuestiones más generales de poder y desigualdad. Lo irónico es que ese supuesto empezó a dominar la formulación de políticas justo cuando los economistas comenzaban a revelar sus defectos. El desarrollo de la teoría de juegos y de nuevos modelos con información imperfecta y asimétrica dejó al descubierto las profundas limitaciones de la modelización de la competencia.

Es necesario poner al día la legislación. Hay que declarar ilegal cualquier práctica anticompetitiva, y punto. Y además de eso, hay infinidad de otros cambios que hay que hacer para modernizar la legislación antitrust en los Estados Unidos. Los estadounidenses tienen que mostrar la misma determinación en defender la competencia que las corporaciones han mostrado en evitarla.

El problema, como siempre, es político. Pero en vista del poder que han amasado las corporaciones en Estados Unidos, hay motivos para dudar de que el sistema político estadounidense esté a la altura de la reforma necesaria. Si a esto le sumamos la globalización del poder corporativo y la orgía de desregulación y capitalismo prebendario bajo Trump, resulta evidente que la delantera tendrá que llevarla Europa.

Marzo 11, 2019

Traducción: Esteban Flamini

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/united-states-economy-risin...

Apreciación de la situación política número 150

El colapso del sistema eléctrico venezolano evidencia la fragilidad del régimen para enfrentar cualquier hipotética confrontación contra unas fuerzas armadas extranjeras. El hecho que el propio gobierno alegue que el fallo fue provocado por un ciber ataque realizado desde USA lo demuestra así; cualquier país medianamente organizado para su defensa invierte los recursos necesarios para contrarrestar o anular una amenaza cibernética desde el exterior o desde el interior del mismo. Pero la excusa del régimen se cae por si sola ya que estos ataque electrónicos se pueden mantener el tiempo que sea necesario a menos que se anulen con una contra medida electrónica apropiada que efectivamente no ocurrió o, al menos, los voceros del régimen no lo manifestaron.

Independientemente de la información que quiso manipular el gobierno, los efectos sobre la población y la perdida de bienes materiales y humanos son incuantificables hasta el momento; aún se reportan saqueos en algunas ciudades siendo la capital zuliana la más afectada pero muchas otras siguen reportando fallas eléctricas y más de la mitad del país no tiene suministro de agua potable confiable. Tampoco, dentro de la tragedia, se pueden omitir las detenciones arbitrarias de periodistas y activistas políticos violando DDHH fundamentales.

La conclusión del régimen es que la restauración parcial del servicio eléctrico es una victoria de la revolución ante el ataque imperialista, pero no cuantifican la pérdida de la poca credibilidad que tenían con la población en general, más aún con la comunidad internacional que ya lo repudia.

En el ínterin, el Presidente encargado solicitó la aprobación de un estado de amenaza nacional como una modalidad del estado de conmoción a de emergencia donde uno de los aspectos más importante es la prohibición de seguir enviando crudo venezolano a Cuba, medida esta acogida y de fiel cumplimiento para las autoridades USA que se disponen, de esta manera, hacer un bloqueo más efectivo al régimen imperante en la isla desde hace más de 60 años, pero que también debilitará la relación entre ambos regímenes.

Reconociendo que el nivel de expectativas de la gente con su liderazgo puede haber bajado, el Presidente insiste en que se está haciendo lo que se debe hacer y que cada día el cese de la usurpación está más cerca, también refuerza que la salida será por la vía de la presión internacional y de los ciudadanos por lo que es imprescindible mantenerse en la calle, unidos y organizados, continuar exigiendo la entrada de la ayuda humanitaria y hacerla una realidad pero esta vez con presencia internacional, manteniéndose así alejado de la conseja de algunos opositores de exigir la intervención militar extranjera para salir del régimen. Aunque esa posibilidad no se puede obviar, si ocurre será de manera sorpresiva y unilateral. Por los momentos la convocatoria para el próximo sábado es bajo la modalidad de asamblea de ciudadanos.

Por otra parte USA anunció el retiro definitivo de su personal diplomático de Venezuela con lo que se cierra la vía de la diplomacia internacional entre ambos países sin que se tengan noticias del destino del personal diplomático y las oficinas consulares de nuestro país en USA. Según algunos expertos esta situación permitiría al país del norte actuar con mayor independencia en el apoyo a la oposición venezolana.

Disminuida las posibilidades del gobierno de mantener la gobernanza, solo le queda el apoyo de la cúpula militar, pero la hiperinflación, los bajos sueldos y salarios continúan, difícilmente el régimen puede hablar de victoria.

@lesterllopezo 15/03/19

Carta del Director

La transición en las horas más oscuras

Cuando se cumplen 24 horas de un apagón que sume al país en un nuevo capítulo de caos y desesperanza, se me ocurre que la mejor terapia en que la que puedo invertir mi tiempo es escribir para tratar de aportar al debate público, que se intensifica en momentos de incertidumbre y vulnerabilidad como los que hoy vivimos.

La tentación me empuja a escribir sobre el desastre, que se hace especialmente evidente ante lo que vivimos desde el jueves 7 en la tarde. Esta es una coyuntura repetida y que se seguirá repitiendo mientras Maduro y su entorno sigan en el poder, aunque la electricidad regrese gracias a una infraestructura, construida por los gobiernos del pasado, que ha sido capaz de desafiar la corrupción y destrucción de la mal llamada V República.

Es vital, entonces, no solo para mantener el foco en lo que podemos aportar, sino en lo que debemos hacer si queremos volver a vivir con libertad, democracia, desarrollo económico, social y político, mantener la disciplina y no permitir que coyunturas como esta nos desvíen de lo esencial: lograr una transición a la democracia. A este fin, las especulaciones y la desesperación terminan siendo las peores consejeras.

En la medida en que el apagón transcurría, veíamos toda clase de historias abrirse paso en las redes sociales. Junto a ellas, cuestionamientos, ideas y exigencias sobre lo que se hizo o debería hacerse y lo que no, lo que nos da una idea muy realista de las dificultades y desafíos que implicará un proceso de transición en Venezuela. El éxito depende, en buena medida, de la confianza en el liderazgo que toma la responsabilidad de sacar el proceso adelante. Si el liderazgo no es capaz de generar confianza –o con nuestras actitudes destruimos nuestras propias oportunidades de cambio– es poco o nada lo que se puede lograr.

Es importante recordar que en 1974, cuando se inicia la Tercera Ola de democratización con lo que se conoció como la Revolución de los Claveles en Portugal, se registraban unas 45 democracias en el mundo, que suben a 120 para el año 2010. Apenas siete años después, en 2017, los índices internacionales registraban unas 70 democracias, si incluimos entre ellas algunas con evidentes problemas para ser calificadas como tales. Estas cifras evidencian un importante retroceso que algunos autores denominan como de la tercera ola de des-democratización, que se ha convertido en un tsunami que ha arrasado no solo con una parte importante de las transiciones que se generaron durante la Tercera Ola, sino que ha debilitado los sistemas de algunas sólidamente establecidas.

Hoy, una buena parte del trabajo de las escuelas y centros de estudios políticos más importantes del mundo está dedicada a tratar de comprender este fenómeno. Son ya numerosos los trabajos que se han producido tratando de explicar la relación entre las tendencias des-democratizadoras y la capacidad estatal, el populismo, las nuevas tendencias iliberales, la influencia de regímenes autoritarios exitosos como el de China, Irán, Rusia o Arabia Saudita, o la curva de aprendizaje de los autoritarismos.

Una transición democrática en Venezuela no será una tarea fácil. Nadie dijo que lo sería, pero tampoco es cierto que es más compleja ni con menos probabilidades que otros casos. Cada caso es distinto, como lo es cada situación en la vida. Ello no impide identificar causas y patrones, modelar la realidad y alcanzar conclusiones sobre los fenómenos, que es lo que hace posible la existencia de la politología como ciencia social.

No es cierto que los delitos con los que se relaciona a algunos de actores clave del régimen hacen de Venezuela un caso inédito y de imposible resolución. Muchas dinámicas autoritarias se parecen mucho a la nuestra en el sentido de que son sostenidas por la represión que se desarrolla desde las formas más sutiles de coerción –a actores económicos y medios de comunicación– hasta los más brutales genocidios como el de Siria, de la misma forma que en Venezuela la represión se sostiene en dinámicas clientelares – para las que se necesitan recursos importantes que en algunos casos se producen desde el control del Estado (contratos públicos, petróleo, oro, etc.). Esto explica la presencia de militares en carteras ministeriales que nada tienen que ver con sus competencias, otros en actividades ilegales patrocinadas o toleradas desde el mismo gobierno (contrabando, narcotráfico, lavado de dinero, etc.) para generar entre sus beneficiarios incentivos para mantener el status quo a través de la violencia.

Hoy, cuando la estrategia de democratización propuesta por Guaidó comienza a ser cuestionada por algunas voces bien intencionadas y otras que no tanto –hay quienes siempre tratan de hacer del miedo, el dolor, la incertidumbre, o los desaciertos ajenos su bandera política sin aportar nada y por eso nunca se equivocan–, es importante reorientar el debate sobre la estrategia de manera realista y constructiva.

Sí, ya sé que muchos estarán pensando que discutir sobre estrategia es imposible, porque si la estrategia se conoce deja de ser estrategia. Pero tal afirmación es parcialmente cierta.

Si usted juega “piedra, papel o tijera”, su estrategia se limita a tres alternativas que ambos jugadores conocen, lo que no impide que usted tenga una estrategia de juego. Si lo queremos complicar aún más, pensemos en un juego de ajedrez en el que cada parte tiene las mismas 16 piezas, colocadas en la misma posición que su contraparte, lo que no les impide a cada uno desarrollar un juego muy distinto. Si los jugadores son expertos no existen las estrategias inéditas, lo que no impide que haya un ganador y un perdedor. La efectividad de una estrategia poco tiene que ver con el secreto o su originalidad, y mucho con su adecuación a las circunstancias particulares.

Las verdades incomodas sobre una estrategia de transición

El mejor aporte que se puede hacer desde el liderazgo político, social, intelectual, académico, religioso o moral, en horas de tanta oscuridad, es la verdad. Trataré de aportar constructivamente mis opiniones sobre la estrategia planteada por Juan Guaidó, desde el liderazgo valientemente asumido desde su juramentación como presidente de la Asamblea Nacional y, posteriormente, como presidente interino de la república.

Juan Guaidó, desde el 23 de enero, ha descrito su estrategia como una secuencia de tres fases: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Tal secuencia, que sin lugar a dudas tiene un sentido lógico incuestionable, no necesariamente podrá ejecutarse en la realidad bajo la misma lógica. Es fácil ejecutar un jaque pastor cuando se está ante un jugador inexperto, pero resulta mucho más complicado cuando la contraparte tiene la experiencia para predecir la jugada cuando apenas se ejecutan los dos primeros movimientos. Aquí los rusos – y los cubanos– también juegan.

Cese de la usurpación

La usurpación no va a cesar simplemente porque lo decretemos, sino que implicará desalojar del poder a quienes hasta ahora han demostrado que no están dispuestos a renunciar y sí a quedarse por la fuerza. Esto implica que el cese de la usurpación tiene que ver, necesariamente, con la capacidad que se tenga para desalojar a quienes ocupan el poder por la fuerza, o al menos para impedir que ellos puedan usarla contra la población. El cese de la usurpación puede entonces producirse mediante dos mecanismos básicos: el uso de la fuerza o la insubordinación de quienes deben reprimir. El uso de la fuerza puede ser externo (acción militar extranjera) o interno, lo que implica la acción directa de quienes tienen el control de las armas de la república, lo que implicaría un golpe de estado.

Un golpe de estado, que hoy muchos celebrarían, no necesariamente daría como resultado el cese de la usurpación para regresar a una democracia, como lo demuestran los casos de Egipto o Zimbabue, tan solo para mencionar dos de los más recientes. Un golpe de estado implicaría la ruptura entre facciones que hoy están en el poder y el cambio de liderazgo en el sector oficial que, de acuerdo a sus costos particulares de salida, podrían negociar sus garantías para permitir una transición democrática o tratar de mantener el poder por el uso de la misma fuerza que les permitió el desplazar a la otra facción, lo que implicará la necesidad de mantenerlo también por la fuerza. El uso de la fuerza, tanto interna como externa, tiene como principal inconveniente que implica siempre algún nivel de enfrentamiento, lo que aparte de sus costos siempre indeseables, hace menos probable su ocurrencia.

El segundo mecanismo: la insubordinación, implica la desobediencia de los órganos represores, en especial de la Fuerza Armada, a las órdenes emanadas de la cúpula política e incluso militar, en aquellos casos en que ésta se mantiene incondicionalmente leal al régimen. La insubordinación implica, por lo general, el retorno de los cuerpos militares y policiales a la neutralidad política propia de las funciones establecidas para estas instituciones en la Constitución, lo que produciría un cambio en el balance de poder, obligando al régimen a negociar su salida o a exiliarse, iniciándose el camino hacia una transición democrática y el retorno a la normalidad política, económica, social e institucional del país, al facilitar el entendimiento entre estas instituciones y un nuevo gobierno democráticamente elegido. Obviamente, este segundo escenario tiene costos mucho menores para todos y permitiría una transición pacífica y sin traumas.

Gobierno de transición

Una transición no es simplemente un cambio de gobierno. Una transición implica cambios institucionales y de reglas. Por lo tanto, si bien es cierto que un cambio de gobierno inicia un proceso de transición, completarlo implicará su continuación tras la elección democrática de un nuevo gobierno, o incluso de más de un gobierno, con las condiciones de legitimidad necesarias para desmontar el actual sistema e implementar nuevas reglas e instituciones que garanticen su consolidación. Es así como no puede confundirse un gobierno provisional, que se limite a organizar las próximas elecciones –como fue el caso del de Ramón J. Velásquez– con un gobierno de transición, que es aquel que emprende el proceso de transformación institucional para regenerar la capacidad estatal para gobernar, implementar un nuevo estado de derecho que regule las relaciones entre ciudadanos y entre éstos y el Estado, y construir las condiciones y garantías para retornar a la vida democrática.

El dar como un hecho la transición a partir del desplazamiento de un grupo en el poder por otro, bien sea por la fuerza o por elecciones, explica en buena medida las reversiones de procesos tan distintos como el de Rusia, Irán, Nicaragua, México o Egipto. El éxito de un gobierno de transición exige un piso muy sólido de legitimidad que solo puede construirse a partir de una manifestación inequívoca de la voluntad del soberano. En tal sentido, recuperar la credibilidad y el valor de la expresión electoral es condición sine que non para contar con un gobierno que sea capaz de consolidar un proceso de transición.

Organizar elecciones tan pronto sea posible es esencial para consolidar exitosamente un proceso de transición. El no hacerlo, alargando la existencia de un gobierno interino más allá de lo necesario, puede generar al menos dos situaciones que podrían terminar revirtiendo el proceso de transición. La primera es el peligro de colapso de un gobierno interino que no ha sido electo y que estará sometido a las presiones de las demandas acumuladas por el régimen saliente, que se potencian por las expectativas generadas por la participación tras la apertura del sistema, pero con limitaciones para la toma de decisiones y la implementación de políticas de mediano y largo plazo. La segunda es la posibilidad de perder la oportunidad de consolidar la transición tras la elección de un nuevo gobierno, en la medida que se alargan los plazos y se produce el desgaste del piso político del gobierno interino, lo que acarrearía la fragmentación de la oposición, ante el peso de las demandas y la imposibilidad de dar respuestas satisfactorias en el corto y mediano plazo, lo cual abre una oportunidad a candidaturas populistas provenientes del chavismo (que aún hoy cuenta con al menos un 24% de apoyo) o de actores patrocinados a través de las fortunas acumuladas desde el oficialismo, y que harán del retorno su principal objetivo a partir del día siguiente a su salida del poder.

Elecciones libres

La tercera etapa en la estrategia planteada por Guaidó son las elecciones libres, lo cual, comprensiblemente, tiene todo el sentido al contar con el control de las instituciones, incluido el Consejo Nacional Electoral, gracias al cese de la usurpación y la instalación de un gobierno interino que inicie el proceso de transición. Esta, sin lugar a dudas, sería una elección que contaría con el apoyo y la participación de todo el sector democrático del país.

Ahora bien, ¿qué pasa si la oportunidad de tales elecciones se presenta bajo condiciones distintas a estas que podríamos catalogar como ideales? ¿Qué pasa si las sanciones y la presión nacional e internacional hacen ceder a Maduro y aceptar una nueva elección? ¿Qué pasa si las elecciones no fuesen la última fase de la estrategia sino la primera, o sea, el camino para el cese de la usurpación y la instalación de un gobierno de transición? Sé la respuesta que muchos darían: “eso sería inaceptable”, “no se puede votar en elecciones mientras Maduro esté en el poder”, “ir a elecciones con Maduro es una estupidez”. La verdad es que respuestas como esas daban muchos cuando la Concertación chilena decidió asistir al referéndum convocado por Augusto Pinochet y cuando Nelson Mandela decidió participar en las elecciones organizadas por el gobierno de Frederik de Klerk en 1994.

La realidad es que mientras menos del 10% de los procesos de transición han tenido su origen en una intervención extranjera, más del 80% se han producido como consecuencia de elecciones, cuyo resultado fue adverso al gobierno (stunning elections) y que éste aceptó, o que tras haber desconocido, produjo las condiciones para el golpe o la insubordinación que acabó con estos autoritarismos.

Si bien no es mi pretensión convencer a nadie de que el escenario electoral es el de mayores probabilidades para producir una transición en Venezuela, sí debemos tener claro que descartarlo puede hacernos perder la oportunidad de producir una transición al renunciar a una de las piezas más importantes con las que contamos en nuestro lado del tablero.

Siendo cierto que hoy Guaidó ganaría con facilidad una elección a Maduro, o a cualquier candidato del régimen, ¿por qué pensar que el régimen podría llegar a negociar tal posibilidad? Porque ello daría al régimen su mejor oportunidad para negociar garantías y condiciones de salida, y porque tanto la comunidad intencional como el liderazgo democrático estarían dispuestos a una negociación seria a cambio de ahorrarle al país los costos de una salida por la fuerza o la incertidumbre sobre una confrontación si la insubordinación no se produce o divide a los cuerpos armados colocando a una parte a cada lado del tablero. En tal sentido, es esencial preparase desde ya para una elección, aunque no estemos seguros de cuándo y cómo ocurrirá.

Conclusión

La realidad es que la mayoría de los desenlaces favorables a los que apuesta el país no están bajo el control del liderazgo democrático ni de ninguno de nosotros, con lo cual terminamos fundamentando nuestras esperanzas y frustraciones en factores fuera de nuestro propio control (locus de control externo). Los dos movimientos estratégicos más importantes en los que debe centrase el liderazgo y la gran mayoría democrática del país –y que están bajo nuestro control, por lo que deben ejecutarse magistralmente– se reducen a dos verbos: protestar y votar. Solo en la medida en que seamos capaces de sostener una protesta masiva, que tenga incidencia real sobre el régimen y los actores que lo sostienen –y de ganar una elección– tendremos la posibilidad real de producir una salida, negociada o no, por la fuerza o por insubordinación, y materializar una transición democrática.

@benalarcon

Politika UCAB

12 de marzo de 2019

Frente a la debacle institucional generada por el gobierno inconstitucional de Nicolás Maduro, la Asamblea Nacional (AN), único órgano en Venezuela elegido legítimamente, decidió el 5 de febrero aprobar una ley especial denominada Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución, a fin de restablecer la vigencia de la Constitución.

A partir de este texto legal, la AN diseñó una hoja de ruta para guiar al país hacia la transición democrática. La ley aprobada da cuenta de la prioridad en los objetivos que deben ser alcanzados a partir de su ejecución, los cuales son: 1. la liberación “del régimen autocrático que oprime a Venezuela”, 2. la conformación de un Gobierno provisional de unidad nacional; y, 3. la celebración de elecciones libres (artículo 2). En vista que la Unión Europea ha dado prioridad a este último punto y ha recalcado su importancia para lograr un Gobierno libre, Acceso a la Justicia analizó cómo está regulado este aspecto en el Estatuto.

Comicios transparentes

La celebración de elecciones libres es la etapa final fijada por la AN en el Estatuto de transición y en el camino para recuperar el régimen democrático en nuestro país.

Según el texto, primero, debe lograrse el cese de la usurpación por parte de Maduro. Una vez que termine dicha situación, se continuará con el segundo paso, en virtud del cual el presidente de la AN, Juan Guaidó, será quien ocupe el cargo de la Presidencia de la República durante 30 días continuos, conforme a lo dispuesto en el artículo 233 de la Carta Magna.

Vencido ese plazo de 30 días, el Estatuto prevé que la AN podrá ratificar a Guaidó en el cargo de Jefe de Estado para que continúe en el Gobierno de transición hasta celebrar los nuevos comicios, tan pronto como las condiciones técnicas lo permitan dentro de un plazo máximo de doce (12) meses (artículo 26, in fine).

Ahora bien, para alcanzar esta meta final existe un difícil obstáculo a sortear: el actual árbitro electoral. Es por ello que el documento dispone que la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) es una “materia prioritaria” para el Parlamento, justamente para propiciar y favorecer la celebración de elecciones libres y competitivas sin dilaciones indebidas que permitan la concreción de la democracia en el país (artículo 23).

Comité de postulaciones

Una significativa muestra del especial trato que merece la designación del nuevo CNE es el hecho de que el mencionado Estatuto de transición advierte que el comité de postulaciones electorales deberá ejercer sus competencias con la mayor celeridad posible, a fin de encauzar un proceso electoral con garantías jurídicas y políticas (artículo 23, in fine).

El comité de postulaciones electorales es el órgano que tiene la responsabilidad de elaborar la lista de las personas candidatas al cargo de rector electoral, aunque es el Poder Legislativo el encargado de seleccionar, a partir de esa lista, a dichos altos funcionarios.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), el Comité está integrado por 21 miembros, de los cuales 11 son diputados designados por la plenaria de la AN, y 10 son postulados por los otros sectores de la sociedad (artículos 19 y 21).

Para la selección de estos últimos 10 integrantes, la LOPE establece que los 11 diputados se instalarán como comisión preliminar a fin de recibir las postulaciones que hagan los distintos sectores de las sociedad, y será la plenaria de la AN, con el voto de las 2/3 partes de los diputados presentes, la instancia que escogerá a los 10 representantes de sectores de la sociedad (artículo 21).

Para Acceso a la Justicia, en aras de garantizar la confianza de la población en los próximos procesos electorales, así como sus resultados, es necesario que la AN, a través del comité de postulaciones establezca reglas claras y transparentes en la selección de candidatos a rectores, pues en definitiva, serán estos últimos quienes promoverán la máxima transparencia posible en los comicios para elegir al presidente de la República.

Retos

La figura del nuevo órgano comicial que elija el Poder Legislativo, de forma institucional y dentro del marco jurídico, es una condición inexorable para asegurar la estabilidad y gobernabilidad que el país demanda. En todo caso es importante subrayar que el Poder Electoral que se instale deberá, necesariamente, antes de convocar a elecciones, revisar algunos aspectos del sistema electoral venezolano que han sido cuestionados, teniendo en cuenta las denuncias ante los resultados de las últimas contiendas.

Entre esos aspectos, pueden mencionarse: diseño de circunscripciones electorales, actualización y depuración del Registro Electoral, inhabilitación de candidatos, participación de los partidos políticos cancelados a partir de procedimientos arbitrarios, observación electoral tanto nacional como internacional, uso de tinta indeleble, empleo de recursos públicos, acceso de los candidatos y partidos políticos a los medios de comunicación y entrega de los resultados electorales de manera oportuna. Son puntos débiles del sistema comicial que deberán ser corregidos y ajustados a los estándares internacionales para asegurar la adecuada realización de elecciones libres y justas. Realmente, es una responsabilidad muy alta la que tendrá el nuevo Poder Electoral.

Para concluir el artículo 24 del Estatuto establece que el CNE elegido ejercerá sus funciones hasta el primer semestre del año 2021 y la AN electa el último trimestre del año 2020 designará o ratificará a sus titulares, los cuales ejercerán períodos constitucionales completos en los términos establecidos en la Constitución. En este punto es importante destacar que la LOPE es inconstitucional ya que la Constitución no establece que el comité de postulaciones esté conformado por diputados, por lo que es fundamental que en ese periodo de transición que prevé el Estatuto, la AN dicte una ley sobre la materia acorde a la Carta Magna.

¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?

Gracias a las condiciones favorables de un CNE absolutamente plegado al gobierno de facto de Maduro, el país se ha visto sometido a un régimen dictatorial de corte cada vez más militar.

Debido a ello la AN, a partir del Estatuto que rige la transición, se ha propuesto frenar la hegemonía del régimen político que hoy gobierna por la fuerza y, en consecuencia, poner en marcha al país hacia el cambio político-institucional y democrático.

Aunque no es una tarea nada fácil, pues requerirá de un gran esfuerzo de todos los venezolanos, el Estatuto es el instrumento jurídico que marca ese camino. Y es en ese marco que los venezolanos esperamos poder tener un mejor futuro.
Enlace a la nota: https://goo.gl/1HpRmT

Con voz propia

A la corrupta revolución se agrega caso de los primos Efraín Antonio Campos Flores y Franqui Francisco Flores de Freites (con misterio) adoptados como sobrinos de pareja presidencial. Dilucidados quedan en documentado libro “Cocaína en Miraflores, crónicas del narco poder en Venezuela”, de la periodista Maibort Petit.

Los Narcosobrinos apresados en Haití, a donde arribaron en jet piloteado por efectivo de las FAN, el cual abordaron en rampa presidencial del Aeropuerto “Simón Bolívar”. La Administración para Control de Drogas (Dea) les acusa de introducir 800 kilos de cocaína a EEUU. Fueron deportados a Nueva York, donde le aplicaron sentencia que delinea “realidad que permanece enquistada en entrañas del poder político de Venezuela…organización criminal con poderosos tentáculos internacionales, amenaza real y actual para seguridad y paz del hemisferio y estabilidad democrática”

Seguido a la detención, el hijo de Cilia Flores, Walter Gavidia Flores –Juez Metropolitano- le pide ayuda “porque los sobrinos están gravemente implicados” (Tal hijo es acusado de usar aviones Pdvsa para transportar drogas).

Activaron a diplomáticos: Cónsul en Nueva York Calixto Ortega y encargado de negocios de Embajada en Washington Maximilian Arveláez. Contrataron bufete de prestigio mundial y de los más costosos: Squire Patton Boggs. Cobró inicial $ 2 millones a Citgo, filial de Pdvsa.

Otro oneroso escritorio asumió la defensa y honorarios los cubrió el chavista Wilmer Ruperti, “porque esto perturba tranquilidad de familia presidencial”. Casual o causal Pdvsa aprobó contrato por $ 138 millones a empresa de Ruperti.

Involucran en traslado y lavado de dólares en EEUU a otro sobrino de CF: Carlos Erick Malpica Flores, tesorero de Pdvsa.

Acusan a Diosdado Cabello y a Tareck El Aissami de la carga de droga, por lo cual investiga EEUU. DC se las arregló para ir a Haití a entrevistarse con Thomas Shannon, consejero del Secretario de Estado, John Kerry.

Con Hugo Chávez al Poder aumentan nexos con FARC y ELN, confirmados en computadora de Raúl Reyes. Hablan del Cartel de los Soles.

El Capitán Leamsy Salazar, escolta por 10 años de HCH, y tras su muerte pasó a serlo de DC a quien acusa de liderar ese Cartel.

Señala a Hugito Chávez de narcotráfico con el ex embajador cubano Germán Sánchez Otero. Nueva evidencia surgió con el Capo Walid Makled.

Campos Flores, de 30 años dijo necesitar $ 20 millones para reelegir a CF en el Parlamento. Se declaró dueño de empresa de táxis en Panamá, de la cual fungía de director Hermes Melquiades Flores, hermano de CF; de vehículos y motos de alto cilindraje; apartamentos en 3 urbanizaciones; de finca en Higuerote. Cuenta 6 guardaespaldas, incluidos guardias nacionales. Dijo haber ganado más de $10 millones en negocio petrolero. Flores de Freites, 31 años, se declaró dueño de empresa Digital en el CCT de Chuao; y vehículos y motos.

El Comisario General Bladimir Flores, hermano de CF y tío de narcos los “lanzó a los tiburones, al contactarlos con Carlos Leva Cabrera, cooperante de DEA para llevar droga a Honduras.

Sorprendió que entre quienes pedían clemencia figurara madre de Flores Campos, Hernes Melquiades Flores dada por muerta, madre también Marco Antonio. Padre de ellos está en Valencia, como chofer de taxi. De relación de ella con otro nació Irvin Molina Flores.

Para Fiscal Prett Bharara esos sobrinos “no eran improvisados en narcotráfico. Juez Paul Crotty los sentenció a 18 años de cárcel (ya pagaron 2) y multas de $ 50 mil y 100 mil a cada uno.

Según Maibort Petit “Terminó una etapa del proceso que tiene muchas aristas y personajes que aún no están bajo custodia”.

MARGEN. Irregular ausencia de esta columna se debe, además de reposo impuesto por crisis humanitaria que padecemos, al igual soportado apagón, que ineficaz régimen atribuye a saboteo. Vergüenza tuvo General ministro Mota Domínguez en mora de dar la cara.

jordanalberto18@yahoo.com