La crisis política en Venezuela se encuentra en un callejón sin salida. Al menos así lo creen analistas políticos quienes consideran que, tras las propuestas que hicieron esta semana los presidentes de Colombia y Brasil, los esfuerzos de la comunidad internacional por restaurar la democracia en el país vecino son cada vez menos efectivos a medida que transcurren los días.

Pero también, dan muestra de lo que pudiera ser un “desconocimiento” o “falta de información” de la realidad política e histórica venezolana. Esta apreciación se generó luego de la propuesta que lanzó Gustavo Petro en la red social X de implementar la experiencia del Frente Nacional que tuvo Colombia entre los años 50 y 70.

“De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva”, fue uno de los mensajes de Petro luego de las conversaciones con su homólogo de Brasil.

La idea no tuvo una buena acogida. Este jueves en la noche, Nicolás Maduro respondió a Petro, mediante un comentario que este diario obtuvo en exclusiva.

“En el caso de Colombia hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Hablo con el presidente Petro, nos llamamos por teléfono, en privado hablamos muchos temas también, pero jamás con Colombia practicaría la diplomacia de micrófono”, dijo Maduro, recordándole a su aliado que es “el garante de la negociación de paz, Venezuela es garante y jamás voy a dar opiniones de qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible (…) seguiremos ayudando a Colombia en su proceso de paz sin intervenir en los asuntos internos”, sostuvo el mandatario venezolano.

Esta declaración de Maduro parece “una advertencia a Petro”, dice una fuente con conocimiento en las conversaciones entre Bogotá y Caracas. “Básicamente lo que le dice es que no se meta en el problema venezolano porque quien da cobija al ELN y a las FARC es el mismo chavismo”, comentó esa persona a este diario.

Aunque Maduro no se refirió a la propuesta del Frente Nacional, parece que tampoco es viable, sobre todo cuando Venezuela fue pionera en modelo de democracia para la región a través de la implementación del Pacto de Puntofijo de 1958, que más que buscar la alternabilidad, creaba condiciones para la participación amplia.

“Sorprende que el presidente Petro haga referencia al Frente Nacional siendo él un presidente que llega del M19 al poder, teniendo en cuenta que este es un grupo que surgió por los problemas que causó el Frente en Colombia. Demuestra desconocimiento sobre lo que fue el proceso de construcción política de Venezuela con el Pacto de Puntofijo”, dijo a este diario Ronal Rodríguez, coordinador del Observatorio Venezuela de la Universidad del Rosario.

Para Rodríguez, Petro vuelve a la diplomacia del trino y “no quiso perder protagonismo frente a las declaraciones de Lula de proponer unas nuevas elecciones”.

Pero la propuesta de nuevas elecciones tampoco genera simpatía ni en la dirigencia opositora ni en los ciudadanos, que en la calle repiten que ya la elección ocurrió. María Corina Machado la consideró como una “falta de respeto para los venezolanos”.

“¿Y si a Maduro no le gustan las segundas elecciones? ¿Vamos a una tercera? ¿Ustedes aceptarían eso en sus países? Nosotros fuimos a elecciones con las reglas de la tiranía. Plantear una nueva elección es una falta de respeto a los venezolanos y el 28 de julio”, se quejó Machado en una conferencia de prensa.

Lula ha insistido en su propuesta, pero también ha elevado el tono contra el Gobierno de Venezuela, calificándolo de un “régimen muy desagradable”, dejando entrever los pocos avances con Caracas.

Justo el viernes, 22 países y la Unión Europea solicitaron la “inmediata publicación de todas las actas originales” de las elecciones del 28 de julio en Venezuela y la verificación “imparcial e independiente” de los resultados de esos comicios, en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Nicolás Maduro.

Sin embargo, los esfuerzos siguen solo documentos que, para el abogado y experto en geopolítica, Mariano de Alba, las distintas declaraciones internacionales “denotan que no existe una mediación activa con comunicación fluida con los actores venezolanos, sino unas propuestas teóricas para tratar de impulsar la resolución del conflicto”.

Y precisamente esas propuestas dan cuenta de que, a pesar de que la oposición ha mostrado las actas y el Consejo Nacional Electoral se niega a hacerlo alegando un hackeo a sus sistemas, mientras que por otro lado Maduro espera una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que lo ratifique como ganador, no parece haber una salida, sino más bien un callejón en el que el chavismo se atrinchera y se afianza en el poder.

Para De Alba, la incidencia internacional existe, pero su impacto en las posiciones del Gobierno y la oposición es limitado porque el régimen “se siente capaz de mantenerse cohesionado y enfrentar nuevamente un aislamiento por parte de Occidente”.

La resolución inmediata del conflicto preocupa a diversos sectores, pero también las consecuencias a largo plazo, especialmente en el tema económico, pues con un gobierno con una legitimidad cuestionada será cuesta arriba acceder a créditos -como ya sucede- y se cae la posibilidad de nuevas alternativas, complicando la situación económica y por ende motivando a una nueva migración.

“Nos metemos en un callejón sin salida”, dice a El Tiempo Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la firma Poder y Estrategia. Para Ríos, aunque el Gobierno de Maduro es débil desde el punto de vista político y narrativo, “tiene la fuerza de las armas a través de diversos grupos y sobre todo las Fuerzas Armadas Nacional, entonces eso complica la situación”.

Ríos cree que en esa “calle ciega” están los factores internacionales que “no tienen la capacidad o la disposición de determinar una salida del gobierno de Maduro” y que trae consecuencias que para a pagar es la sociedad venezolana.

Crece la represión

En medio de estas propuestas que tanto el chavismo y la oposición rechazan, el oficialismo, que controla todas las instituciones del Estado, avanza en restricciones a los ciudadanos, como los bloqueos a redes sociales y sitios web, además de exigir la eliminación de plataformas como Whatsapp. Esta última orden fue cumplida por los simpatizantes más radicales.

En medio de ello, las alarmas se encendieron y existe el temor de que Maduro se niegue por completo a la transición.

Edmundo González Urrutia, ganador de la elección con 67 por ciento según las actas presentadas por la oposición, instó el jueves a Maduro a que “no demore más la transición en paz” que el país eligió en las presidenciales del 28 de julio.

En sus redes, publicó un video en el que dijo que “la decisión de seguir desconociendo la voluntad del pueblo expresada en las urnas el 28 de julio afecta la democracia del país, así como su economía” y acusó a Maduro de estar “jugando con la vida de millones” de venezolanos.

González, al igual que Machado, se encuentran en la clandestinidad, por lo que las redes sociales han sido su vitrina en los últimos días. Ante un posible arresto y amenazas del Gobierno, prefirieron resguardarse.

“Venezuela merece un futuro de estabilidad, prosperidad y paz, pero para lograrlo, es imprescindible respetar la voluntad del pueblo y permitir la transición hacia un gobierno que pueda restaurar la confianza y abrir las puertas al desarrollo económico”, dijo González.

Pero mientras el opositor hace esas peticiones, desde la Asamblea Nacional se sigue asfixiando al espacio cívico en el país, esta vez con la aprobación de la ley de Fiscalización de ONG, aprobada desde este el pasado jueves.

Activistas de derechos humanos en Venezuela encendieron las alertas y denunciaron que se “profundizará la persecución” de críticos de Maduro y de cualquier funcionario público.

El parlamento, encabezado por el chavista Jorge Rodríguez, votó unánimemente a favor de esta ley, que ordena a las Organizaciones No Gubernamentales a inscribirse en un registro manejado por el Ministerio de Interior y hacer una “relación de donaciones” para su funcionamiento, en la que deben precisar si los fondos vienen de fuentes nacionales o extranjeras.

Dicha ley forma parte de un paquete legislativo solicitado por Maduro tras las protestas contra su proclamación como ganador. Estas manifestaciones dejaron 25 muertos -dos de ellos militares-, casi 200 heridos y más de 2.400 detenidos, según el gobierno.

“La ley tiene una intención punitiva», dijo en una declaración a la prensa Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, quien estimó que hay unas 10.000 organizaciones en el país. Una vez se publique la legislación en Gaceta Oficial, las ONG tendrán 90 días para inscribirse en el nuevo registro y 180 días para reformar estatutos a fin de adaptarlos a la normativa aprobada, sin plazos para la respuesta del Estado.

“Va a ser una espada de Damocles (…). Todas las organizaciones que existimos ahora vamos a quedar a la discrecionalidad, por no decir arbitrariedad, de un funcionario”, advirtió Daniels. Es “un golpe” para “controlar hasta el más mínimo ámbito de la vida de las personas y el país (…), amenazando con disoluciones y multas millonarias a las ONG que ya estamos consolidadas y cumplimos decenas de leyes e impuestos”, criticó en un comunicado en la red social X la organización de derechos humanos Provea.

“Alertamos a la comunidad internacional sobre esta Ley que profundizará la persecución a las voces disidentes y silenciará el espacio cívico”, agregó. Espacio Público, dedicada a la defensa de la libertad de expresión, sostuvo que esta norma “concreta la criminalización de las organizaciones de la sociedad civil”.

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