La Oficina del Alto Comisionado de la ONU indicó que tras las declaraciones de las autoridades, se tomó nota que el lugar de detención de la presidenta de Control Ciudadano «- y por ende su paradero – ha sido confirmado y 4 familiares han sido puestos en libertad condicional»
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que encabeza el austríaco Volker Türk, solicitó este jueves 15 a las autoridades venezolanas que respeten «las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa», de la activista y abogada Rocío San Miguel y sus familiares.
En un escueto post en redes sociales, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU indicó que tras las declaraciones de las autoridades, en este caso el fiscal Tarek William Saab, se tomó nota que el lugar de detención de la presidenta de Control Ciudadano «- y por ende su paradero – ha sido confirmado y 4 familiares han sido puestos en libertad condicional».
Dos días antes, esta instancia independiente de la ONU indicó que el paradero de San Miguel era «desconocido, lo que podría calificar su detención como desaparición forzada», por lo que instaban «a su liberación inmediata y respeto a su derecho a la defensa legal».
La defensora de derechos humanos Rocío San Miguel fue detenida el viernes 9 de febrero en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a tomar un vuelo por motivos familiares. Su arresto fue confirmado por organizaciones un día después, así como la detención de su hija, Miranda Díaz San Miguel, dos de sus hermanos, su ex esposo Víctor Díaz Paruta y el coronel Alejandro Gonzáles de Canales Plaza.
El domingo 11 en la noche, el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó de su presentación ante el Tribunal Segundo de Control en materia de Terrorismo, al estar supuestamente involucrada en la llamada operación «Brazalete blanco», un presunto intento de magnicidio contra Nicolás Maduro y el asesinato de otras figuras del gobierno central.
El miércoles 14, Saab desmintió que estuviera desaparecida forzosamente y reiteró que había sido privada de libertad en la sede del Sebin Helicoide acusada por los delitos de conspiración, traición a la patria, terrorismo y asociación. En el caso de Canales Plaza, se le acusa de la presunta comisión de revelación de secretos políticos y militares, obstrucción a la administración de justicia y asociación, por lo que se solicitó su detención en la sede de la Dgcim.
Ese mismo día, la vivienda de San Miguel fue allanada por funcionarios de la Dgcim con presencia de un fiscal del Ministerio Público, quienes decomisaron 20 mapas de Venezuela desactualizados con algunas zonas de seguridad, que obedecen a su docencia como profesora de Defensa y Seguridad de la Nación.
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