Amnistía Internacional advirtió que de aprobarse la ley que busca fiscalizar a las ONG «todas tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias»

Amnistía Internacional (AI) emitió una alerta por el «grave riesgo para las ONG de Venezuela», ante la «inminente» aprobación de un proyecto de ley que busca fiscalizar la actuación y financiamiento de estas organizaciones y cuya discusión fue retomada la semana pasada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020.

«La Asamblea Nacional (de contundente mayoría oficialista) retomó el tratamiento de un proyecto de ley que busca restringir y potencialmente criminalizar y cerrar las asociaciones civiles, fundaciones y organizaciones no gubernamentales que operan en Venezuela», dijo AI en su cuenta en X.

De aprobarse, prosigue el escrito, «todas las ONG tendrán que cumplir con medidas abusivas o enfrentar un proceso penal. Dichas medidas violarían los derechos de asociación, privacidad y otros, poniendo a las ONG y sus personas beneficiarias en grave riesgo de criminalización y represalias», reseñó la agencia EFE.

La organización compartió una carta enviada al presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en la que le manifiesta su preocupación ante el reimpulso a este proyecto, preaprobado en enero de 2023, pero aún en espera de una discusión pormenorizada para su aceptación definitiva, que tendrá lugar luego de una consulta pública que inició el pasado 9 de enero.

AI urgió a la AN a que «ponga fin de inmediato» a este proyecto de ley», así como a «todos los ataques a la sociedad civil».

El proyecto inicial de esta ley, compartido por algunos legisladores el año pasado, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la entidad de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones.

Esta propuesta ha sido rechazada, entre otros, por decenas de ONG y por la principal coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Con la aprobación definitiva de este instrumento «se despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional», advirtieron -en febrero de 2023- unas 400 ONG en un comunicado conjunto.

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