Observaciones al “Acuerdo nacional sobre principios generales, calendario y ampliación de garantías electorales elección presidencial 2024”.
Edgar Capriles B., Coordinador General de Aragua en Red
Hemos sido críticos del gobierno, el único que ha estado en Miraflores desde el nacimiento de Aragua en Red hace 13 años, porque estamos convencidos que es muy incompetente, que miente, y que llevó la corrupción a niveles siderales. Por lo tanto, pensamos, opinamos y expresamos, lo que está permitido y protegido por la Constitución.
Además, debemos resaltar que Aragua en Red está integrada por hombres y mujeres, que en el pasado fuimos también muy críticos con gobiernos de la mal llamada 4ta. República, cuando cuestionamos a Carlos Andrés, Luís Herrera, Lusinchi y Caldera. También algunos de nosotros asumimos responsabilidades de gestión pública, en la academia, o en el parlamento, saliendo todos con los finiquitos firmados por la Contraloría General de la República, mientras las evaluaciones que se hicieron de esos encargos, fueron positivas.
Por ser de actualidad, consideramos que “El acuerdo nacional sobre principios generales, calendario, y ampliación de garantías electorales para la elección presidencial 2024”, contiene un conjunto de postulados generales que compartimos plenamente, pero que quienes gobiernan desde Miraflores, violan e incumplen cotidianamente.
Mencionaremos solo algunos:
La exigencia de respeto a la Constitución y las leyes, es nuestro deseo y exigencia desde hace muchos años, mientras que quienes la muestran físicamente y hoy piden respeto, las violan cotidianamente. Un ejemplo, solo uno: la Asamblea Nacional ha designado autoridades de las instituciones del Estado, que deberían ser independientes, pero en la realidad son dirigentes o militantes del Psuv, partido político de gobierno, por lo que no se comportan como un poder autónomo e imparcial.
Lamentablemente NO es verdad que se reunieron los más amplios sectores de la vida política, social, religiosa y cultural del país. Si se reunieron los partidos que representan al 97 % de los partidos políticos registrados en el CNE, pero en muchos casos, sus autoridades fueron designados por el TSJ, que sabemos para donde cojea. Usurpación lo llaman. No fueron escogidos por la base de militantes, el mecanismo democrático tradicional.
Que “la paz sea el centro principal de la estabilidad política, económica y social de la nación” es un propósito incuestionable, como lo es “Comprometernos en la promoción de un discurso político y social favorable al desarrollo de un proceso electoral pacífico, participativo e incluyente”, es lo correcto, como también lo es “construir una democracia verdaderamente inclusiva, plural, que permita la participación”, pero el lenguaje de descalificar, llamar “racista”, “violento”, “oposición borbónica,” a un sector importante de la oposición democrática, no es incluyente, todo lo contrario y menos lo es no permitir el disenso ni excluir y perseguir a los que opinan diferente. Por cierto el término “borbónico”, lo acuño Teodoro Petkoff, refiriéndose como “izquierda borbónica”, a este sector que hoy gobierna, que, según Teodoro en su momento, “ni olvida, ni aprende”.
También es un propósito loable el de la recuperación del país, pero lo que hasta ahora hemos visto es su destrucción, debido a políticas públicas totalmente equivocadas, implementadas desde el poder.
Lamentamos mucho que el documento no esté firmado por el sector más numeroso de la oposición democrática, representante de la mayoría del país, que apoya como candidata presidencial a María Corina Machado, escogida en una Primaria que contó con una muy amplia participación y que también es apoyada hoy por un alto porcentaje de las bases oficialistas, que no quieren saber nada de quienes gobiernan, porque los saben incompetentes, ineptos, mentirosos y que se han enriquecido a la sombra del poder, hablando de los pobres.
El llamado a: “Garantizar la actualización del Registro Electoral, en Venezuela y en el Exterior de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento jurídico”, está siendo violado en la práctica, porque solo hay centros de inscripción y actualización en las capitales de Estado, no en Municipios y Parroquias, razón por la que vemos con preocupación que hoy el 40 % de los venezolanos con el derecho de votar, en otras palabras, 10 millones de connacionales, no podrán votar. De esa cifra, 5 millones están en Venezuela. De anunciar el CNE la fecha de las elecciones, solo quedaría un mes, según la ley, y en un mes no hay posibilidad material de inscribir 5 millones de venezolanos en el país.
De los 5 millones en el país, 2,5 millones son jóvenes que nunca se inscribieron, y 2,5 millones se mudaron dentro del país, o fueron mudados por el CNE. Además, hay 5 millones que migraron, para quienes hay posibilidades tecnológicas para registrarlos y voten de forma segura, para lo cual no se necesitan embajadas o consulados, menos en el caso de un poder autónomo como el CNE. Pero ya sabemos que no tienen autonomía.
La verdad es que no se está ratificando el Acuerdo firmado en Barbados, que se está violando, según los otros firmantes.
Claro que rechazamos golpes de estado, ataques a unidades militares, magnicidios, violencia contra las instituciones y sus representantes y atentados contra los servicios públicos del país, antes o durante cualquier fase del cronograma electoral 2024, pero recordamos que quienes están en el poder estuvieron exaltando el fallido golpe de estado militar clásico, justificándolo porque había que salir de un gobierno corrupto, con lo cual quedó en la memoria de los venezolanos la impronta de dar golpes de Estado para salir de gobiernos corruptos.