Caracas, 24 de septiembre del 2026

Ciudadano:

Dr. Carlos Alexis Castillo

Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo

Su despacho. -

Ciudadano ministro:

Los trabajadores y trabajadoras de Venezuela, reunidos en la legítima defensa de nuestros derechos constitucionales, nos dirigimos a su despacho en una hora apremiante para la vida nacional. La paz laboral de la república no se decreta mediante la coacción ni el silenciamiento de las exigencias legitimas de los trabajadores; es el fruto ineludible de la justicia social, el respeto irrestricto a la Constitución y la restitución de la dignidad salarial que le ha sido arrebatada a la clase trabajadora.

En primer lugar, queremos recordarle formalmente que su despacho no ha dado respuesta al pliego de exigencias laborales entregado el pasado mes de marzo de 2026, donde se le hizo un resumen exhaustivo de todos los derechos conculcados a los trabajadores en los últimos años. Esta actitud de invisibilizar e ignorar las peticiones de los trabajadores y sus organizaciones, resulta totalmente condenable, más aún cuando el artículo 51 de la Constitución Nacional faculta expresamente a los ciudadanos a solicitar y exigir oportuna respuesta de los ministros y de las instituciones del Estado venezolano. Ignorar este mandato legal y constitucional vulnera flagrantemente nuestros derechos, mientras el mayor peso de la crisis económica ha sido echado injustamente a nuestras espaldas

En esta oportunidad resaltamos de extrema gravedad lo siguiente:

I. La destrucción sistemática del trabajo y el salario (2018–2026)

Desde el año 2018 venimos padeciendo una política de confiscación de la riqueza social que pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores activos, jubilados y pensionados. La implementación de medidas de corte neoliberal como el Memorándum 2792 y la profundización de este modelo a través del Instructivo ONAPRE, homologaron e igualaron hacia abajo los tabuladores salariales, congelaron los aumentos de sueldos y anularon de facto la negociación colectiva libre y democrática.

Los beneficios históricos consagrados en contratos colectivos —como los seguros de salud (HCM) y la gestión soberana de nuestros fondos de ahorro y cajas de ahorro— fueron cercenados. Las prestaciones sociales, diseñadas como un ahorro para la vejez y la seguridad del trabajador, quedaron reducidas a polvo cósmico por la hiperinflación y la devaluación. Hoy, más de 5 millones de pensionados y 4 millones de trabajadores activos sobreviven condenados a la pobreza extrema, devengando un salario pulverizado que viola flagrantemente el artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), el cual obliga a que el salario mínimo tenga como referencia el costo de la canasta básica.

II. Renta petrolera extraordinaria vs. hambre en el bolsillo del trabajador.

Esta tragedia social adquiere un matiz de absoluta contradicción e indignidad en el escenario actual. Mientras se publicita la cristalización de un gigantesco convenio petrolero a largo plazo (de hasta 100 años) con los Estados Unidos, engranado con la flexibilización de licencias energéticas y un incremento sustancial de la renta nacional e ingresos fiscales, esta bonanza brilla por su total ausencia en el bolsillo de la clase trabajadora. La inmensa riqueza generada por el esfuerzo y el sacrificio de nuestro pueblo sigue acumulándose en el factor capital y en las altas esferas de la renta privada y financiera, mientras al trabajador se le mantiene confinado a bonificaciones discrecionales y no salariales que no inciden en las vacaciones, los aguinaldos ni en las prestaciones sociales.

III. Exigencias Claras de la Clase Trabajadora.

Por todo lo expuesto, los abajo firmantes —en representación genuina del movimiento sindical, gremial, profesional y social del país— EXIGIMOS:

1. Aumento general de sueldos, salarios y pensiones, cuyo piso mínimo de arranque esté indexado al costo real de la Canasta Básica, dando fiel cumplimiento al artículo 91 de la CRBV.

2. El pago íntegro, completo y no fraccionado de los aguinaldos recalculados conforme al nuevo salario exigido, garantizando estricta igualdad para los pensionados del IVSS y la Misión Amor Mayor.

3. La derogación inmediata del Instructivo ONAPRE y del Memorándum 2792, con el consiguiente reinicio y respeto a las discusiones de las convenciones colectivas vencidas, tanto en el sector público como privado.

4. Respeto absoluto a la intangibilidad y retroactividad de las prestaciones sociales (Art. 142 LOTTT) y cese a la pretensión de aprobar leyes de emergencia que vulneren el ahorro de los trabajadores al final de su vida útil.

5. Libertad plena para todos los trabajadores y dirigentes sindicales y sociales injustamente detenidos y judicializados por protestar pacíficamente, así como el cese definitivo de la persecución y criminalización de la lucha sindical.

Señor ministro, la paz y la estabilidad económica de la nación solo serán posibles mediante la restitución de la justicia social y el respeto a la dignidad del trabajo. De no obtener una respuesta satisfactoria y pronta a estas demandas impostergables, la protesta de los trabajadores, pensionados y jubilados seguirá en las calles de manera firme y consecuente hasta lograr la reivindicación de nuestros derechos vulnerados por el Ejecutivo Nacional y la patronal privada.

Atentamente,

John Muñoz, Robert Rodríguez, Alberto Centeno, Iván Briceño y Jesús Elorza

Coordinadores de Gente del Deporte

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Salarios y Pensiones dignas, Democracia y Libertad.

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