Tarek William Saab advirtió que Rocío San Miguel presuntamente compartió información sensible con diplomáticos de cuatro países

El fiscal designado por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó este lunes 19 de febrero que fueron incautados 18 mapas y equipos electrónicos de la residencia de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida por una supuesta vinculación con la llamada «operación Brazalete Blanco», que tenía como presunto objetivo cometer un magnicidio contra el mandatario Nicolás Maduro y causar caos en el país.

Saab, en rueda de prensa desde la sede de la Fiscalía, señaló a San Miguel de ser una «espía» y no de ser una activista de Derechos Humanos, «que se valía de tener contactos vía de parejas, relaciones públicas, con miembros de la Fuerza Armada para luego desatar una serie de acciones contra la soberanía nacional».

Cuestionó que a la también abogada se le diga que es una activista de los derechos humanos cuando, a su juicio, no tiene tal papel como sí lo tuvo Ligia Bolívar, en las etapas de Provea en 1990 y la presidenta de Cofavic, Liliana Ortega. Dijo que los mapas y equipos de computación incautados «no tienen nada que ver con una actividad relacionada con los derechos humanos».

Indicó que se consiguieron 18 mapas cartográficos con demarcaciones de instalaciones militares «y respectivas zonas militares» del país. Usó uno en específico que señalaba instalaciones militares en Puerto Cabello y Borburata. «Eso tiene que llamar poderosamente la atención y se desvincula de manera absoluta de cualquier actividad humanitaria».

Tarek William Saab destacó que la información de los mapas es parte de datos que debe manejar el Alto Mando Militar y el jefe de Estado, donde de 24 zonas de seguridad y del Palacio de Miraflores fueron señaladas «de forma sistemática» por gente que sabe de cartografía y geografía. Si bien, dijo que tener mapas y gacetas que crean las zonas es cuestión pública, su acumulación sistemática evidencia «un trabajo de inteligencia sostenido».

Advirtió que Rocío San Miguel tenía perfiles, listados y comunicaciones de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional, junto a las coordenadas. «Esto nos habla de un perfil que no pertenece a una defensora de DDHH, sino a una agente. A la cual inclusive le hemos conseguido pagos en dólares de una trasnacional petrolera».  Uno de estos pagos, agregó, se hizo por supuestamente hacer un análisis de entorno de una instalación militar.

Denunció que la presidenta de la ONG Control Ciudadano «le entregó información a un embajador europeo sobre el fortalecimiento del sistema de defensa antiaéreo», por lo que cuestionó que se haya reunido con diplomáticos de al menos cuatro países y compartir información sensible, aunque no dijo cuáles países. Incluso, reveló que en extracción telefónica que se ha reunido en Europa y EEUU con funcionarios militares para dar esta información.

De igual forma, aseveró que había un «protocolo de seguridad» para «esconder» los equipos electrónicos si era detenida, apoyándose en su entorno más cercano – a quienes les fuerom impuestas medidas cautelares-. En ese sentido, mencionó que hubo un periplo desde La Guaira a Guárico. Además, destacó que los aparatos tenían «medidas de seguridad»  para «bloquearlos» e impedir sacar información.

Saab también comentó que «en el tiempo que toca», los familiares de San Miguel pudieron verla en El Helicoide, por lo que insistió en que no es verdad que el caso de San Miguel sea una «desaparición forzada».

Criticó que la oficina en Caracas del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH no debió inmiscuirse en el tema debido a que su carácter era técnico. Comentó que de forma «extraña» comenzaron a preocuparse por expedientes que estaban vinculados a personas con orden de aprehensión, imputadas, acusadas, incluso, condenadas «por casos que para nada tiene que ver con los DDHH (…) y queriendo fungir ya como auditores».

Saab señaló que, entre los expedientes que pidieron, está el del caso de la muerte de Canserbero y Carlos Molnar.

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