Una jueza federal dijo el jueves que impedirá que el gobierno de Trump ponga fin a un programa que permitió a cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos vivir temporalmente en Estados Unidos.

La jueza federal de distrito Indira Talwani anunció que suspenderá el programa, cuya finalización estaba prevista para finales de este mes. El esfuerzo para ayudar a más de medio millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos forma parte de una iniciativa legal más amplia para proteger a los ciudadanos de Ucrania, Afganistán y otros países que se encuentran legalmente en el país.

Durante la audiencia, Talwani cuestionó repetidamente la afirmación del gobierno para poner fin al programa, en concreto, que tiene la facultad de hacerlo y que ya no cumplía su propósito. Argumentó que los inmigrantes incluidos en el programa ahora se enfrentan a la opción de «huir del país» o quedarse y «correr el riesgo de perderlo todo».

“El quid de la cuestión es que el secretario, al acortar el período de libertad condicional otorgado a estas personas, debe tomar una decisión razonada”, dijo Talwani, y agregó que la justificación para finalizar el programa se basó en una interpretación incorrecta de la ley.

El mes pasado, el gobierno revocó las protecciones legales de cientos de miles de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, exponiéndolos a una posible deportación en 30 días. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció que perderán su estatus legal el 24 de abril.

Llegaron con patrocinadores financieros y recibieron permisos de dos años para vivir y trabajar en Estados Unidos. Durante ese tiempo, los beneficiarios necesitaron encontrar otras vías legales si querían permanecer en Estados Unidos. La libertad condicional ha sido un estatus temporal.

El presidente Donald Trump ha estado poniendo fin a las vías legales para que los inmigrantes vengan a los EE. UU., implementando promesas de campaña de deportar a millones de personas que se encuentran ilegalmente en el país.

Fuera del tribunal, defensores de la inmigración, incluida Guerline Jozef, fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Puente Haitiano, una de las demandantes en la demanda, dijeron que los ataques a este programa contradicen la estrategia de la administración Trump sobre inmigración.

“Escuchamos el discurso de que la gente viene aquí ilegalmente y que el gobierno quiere erradicar la inmigración ilegal”, dijo Jozef. “Pero hoy vemos claramente que no es así. Incluso quienes tienen estatus legal, pagan sus impuestos y trabajan están siendo atacados”.

Previo a la audiencia, los demandantes calificaron la acción de la administración de «sin precedentes» y afirmaron que resultaría en la pérdida de la legalidad y la capacidad de trabajar de las personas. También calificaron la medida de «contraria a la ley en el sentido de la Ley de Procedimiento Administrativo», que establece los procedimientos que deben seguir las agencias al elaborar normas.

Los abogados de la administración Trump argumentaron que los demandantes carecían de legitimación activa y que la medida del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. que afectaba a los inmigrantes en el programa, conocido como CHNV, no violaba la Ley de Procedimiento Administrativo. También afirmaron que los demandantes no podrían demostrar que la terminación del programa fuera ilegal.

“La decisión del DHS de cancelar el programa CHNV y las concesiones de libertad condicional existentes bajo dicho programa se encuentra dentro de su autoridad legal y cumple con los requisitos de notificación establecidos en la ley y los reglamentos”, escribieron. “Además, dada la naturaleza temporal de la libertad condicional CHNV y la imposibilidad preexistente de las personas bajo libertad condicional CHNV de solicitar una nueva libertad condicional bajo el programa, los perjuicios para el público superan los perjuicios para el público si no se permite a la Secretaria de Seguridad Nacional suspender un programa que, según ella, no sirve al interés público”.

El fin de las protecciones temporales para estos inmigrantes ha generado poca reacción política entre los republicanos, salvo tres representantes cubanoamericanos de Florida que pidieron evitar la deportación de los venezolanos afectados. Una de ellas, la representante María Salazar de Miami, también se unió esta semana a unos 200 congresistas demócratas para copatrocinar un proyecto de ley que les permitiría obtener la residencia permanente legal.

https://noticierodigital.com/2025/04/jueza-federal-desafia-a-trump-e-impedira-fin-del-parole-humanitario-para-venezolanos/