Editorial

Está a punto de ser introducida en el Congreso de los EE.UU. una ley en defensa de la democracia en Venezuela. Esta propuesta, que ya ha sido aprobada por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, establece sanciones para el gobierno de Venezuela y sus principales funcionarios, así como para los miembros de la llamada nomenclatura y sus respectivas familias. Estas sanciones están dirigidas a aquellos que estén involucrados en delitos de lesa humanidad y actos de corrupción, y si la ley es aprobada, se les aplicarán sanciones individuales muy severas.

El proyecto de ley también detalla las condiciones bajo las cuales estas sanciones podrían ser disminuidas o eliminadas, siempre y cuando se produzcan resultados concretos que conduzcan a una aceptación de los resultados de la elección presidencial del 28 de julio.

Es inteligente y necesario comprender que es preferible negociar una solución que permita una transición pacífica y democrática, en lugar de enfrentar las sanciones previstas en la ley. Aunque estas sanciones están diseñadas para afectar principalmente a personas, lamentablemente, también tienen efectos negativos para el país.

Lo único que puede evitar esas consecuencias es reconocer la verdad de lo ocurrido el 28 de julio e iniciar un proceso de transición pacífico y democrático.

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