Venezuela está en manos de un régimen que actúa en complicidad con redes internacionales de narcotráfico y terrorismo, con la guerrilla colombiana, con el extremismo musulmán y con países declarados enemigos de las democracias occidentales, especialmente Cuba, Nicaragua, Rusia e Irán. La acción de los regímenes, primero de Chávez y luego de Maduro, es la causa primaria de uno de los éxodos más grandes de la historia: más de ocho millones de venezolanos han dejado su tierra natal en los últimos 25 años, coincidiendo con el proceso de destrucción de Venezuela, el aumento de la represión y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos.

La diáspora venezolana está conformada en su mayoría por gente de bien, que ha llevado incontables beneficios a los países de acogida, desde el desempeño profesional, científico, artístico y deportivo al más alto nivel, hasta la creación de empresas e inversiones, pasando por el ejercicio de trabajos de alta demanda, actividades sociales y de apoyo humanitario.  Dada la magnitud de esa diáspora, es comprensible y notorio que una proporción pequeña de ese inmenso universo se haya involucrado en actividades criminales, entre ellas las vinculadas a organizaciones delictivas internacionales, como la infame denominada Tren de Aragua. No obstante, todos los que están ilegales no pueden ser calificados de criminales.   Entendemos la reacción de la gente y de las autoridades de los países de acogida, pero rechazamos enérgicamente cualquier ejercicio de xenofobia, basada en la absurda e inhumana pretensión de generalizar acusaciones fundadas en los crímenes y actuaciones delictivas de unos pocos. Sobre todo, cuando la exportación de agentes criminales ha sido una acción deliberada del nefasto régimen venezolano.

Hemos visto con sorpresa cómo el gobierno de los Estados Unidos, a través del Homeland Security Department (HSD) anunció una medida, referente al Temporary Protection Status (TPS), que ha despertado una gran inquietud en la comunidad de más de 600.000 venezolanos, de sus familiares y amigos. Al respecto queremos señalar que tenemos un gran respeto por las decisiones constitucionales de los Estados Unidos en materia de inmigración. Al mismo tiempo queremos apuntar que la creación del TPS fue una decisión del Congreso estadounidense contenida en el Acta de Inmigración de 1990, y que las condiciones que califican a un país para ser incluido, a discreción del HSD, incluyen conflicto armado en el país, desastres naturales y otras condiciones excepcionales. La situación de Venezuela, especialmente todo lo referente a graves violaciones a los derechos humanos y la existencia de un régimen represivo y destructor de la nación, ha sido causa central de las decisiones previas del gobierno estadounidense de incluir a nuestra nación en la lista de 17 países que disfrutan de esta protección. Esas condiciones no solamente persisten, sino que se han agravado a raíz de la decisión de Nicolás Maduro de usurpar la presidencia de Venezuela, irrespetando el principio de soberanía popular y la Constitución de la República, dado que el pueblo eligió presidente a Edmundo González Urrutia.

Queremos destacar y reconocer el rol central de los Estados Unidos como aliado del pueblo venezolano en la difícil y compleja tarea de recuperar la libertad y la democracia de nuestra nación, tanto como las convicciones de sus líderes en torno a la democracia, institucionalidad, paz y libertades.

Eso nos lleva a insistir respetuosamente en que se considere que las acciones que comprometan a la comunidad venezolana en suelo estadounidense, deben ser tomadas con la serenidad, inteligencia y respeto mutuo que caracteriza a la gran nación norteamericana, para que el interés supremo de los Estados Unidos y Venezuela, como parte de las Américas, no se vea comprometido por posiciones que puedan estar ignorando variables de interés estratégico para ambas naciones. Queremos resaltar el riesgo de que Venezuela se convierta en un punto de entrada de los intereses antiamericanos de la red de apoyo al régimen de Maduro.

Esto significa al mismo tiempo que es indispensable reconocer, tanto el aporte de los venezolanos de bien, como el hecho de aliviar la presión migratoria de los venezolanos en todo el continente, lo que implica obligar al régimen de Maduro, a través de medidas de presión y amenaza creíble, permitir el retorno democrático exigido claramente por la inmensa mayoría de los venezolanos, a través del voto. Esta es una navegación compleja en las aguas turbulentas de estos tiempos que estamos obligados a transitar, que implica, a su vez, una comunicación fluida entre la dirigencia política democrática y legítima venezolana, encabezada por el presidente electo, Edmundo González Urrutia y la lideresa María Corina Machado, y la gestión actual estadounidense.

En la misma dirección se inscriben las recientes decisiones de la administración del presidente Trump, de reducir el financiamiento a proyectos de apoyo humanitario a refugiados venezolanos en varios países, lo que ha generado mucha inquietud en todas las organizaciones cuyo financiamiento depende en buena medida del apoyo estadounidense.

Queremos concluir señalando que EE.UU. y una Venezuela libre se necesitan mutuamente, porque de ello depende la estabilidad geopolítica de la región. La diáspora venezolana tiene un rol fundamental en la refundación de nuestra nación, y ello va a determinar el retorno de muchos venezolanos a su tierra cuando cesen las condiciones que han motivado su salida. Todo ello a tener en cuenta en estos momentos tan complejos y de tanta tensión. Por esto, respetuosamente solicitamos se mantenga la extensión del TPS, mientras persista la crisis política, económica y social de nuestro país.

Finalmente, hacemos un llamado a nuestros compatriotas y a las organizaciones de venezolanos presentes en los Estados Unidos, a que participemos unidos para visibilizar la grave situación de nuestro país ante los dirigentes políticos y legislativos, así como ante los medios de comunicación. Un ejercicio de comunidad que estamos obligados a emprender.

 En el mundo, el treinta y uno de enero de dos mil veinticinco.

 La Junta Directiva del Movimiento Ciudadano Venezolanos en el Mundo, ONG debidamente registrada en el Estado de Florida, USA, que tiene como propósito fundamental la defensa de los derechos políticos de los venezolanos en la diáspora.

 Nancy Arellano, Luis Augusto Colmenares, Luis Corona, William Díaz, Juan Fernández, Braulio Jatar, Pilín León, Ildemaro Martínez, Paciano Padrón, Ricardo Pinza, Liliana Ponce, Eddie Ramírez, María Carmela Rodríguez,       

Humberto Calderón Berti. Presidente                                                             Vladimiro Mujica. Vicepresidente
Ana Julia Jatar. Directora Ejecutiva

 31/01/25

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