Tras intervenir e imponerle nuevas autoridades a una decena de partidos políticos, algunos sindicatos y organizaciones humanitarias en los últimos años, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha admitido que medidas de esta naturaleza representan una violación al derecho fundamental a la asociación.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) parece no haber tomado en cuenta que las normas contenidas en los artículos 1 del Código Civil, 7 de la Ley de Publicaciones Oficiales y 12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública) exigen la publicación en la Gaceta Oficial de todo acto de efectos generales para considerarlo vigente .....

Al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no parecen importarle los informes de organismos internacionales que ponen en duda su independencia o que lo acusan de ser instrumento de la represión del Gobierno.

Las deficiencias estructurales del sistema de administración de justicia abarcan a los órganos encargados de prevenir, investigar, juzgar y sancionar las distintas formas de violencia contra las mujeres. Las fallas e irregularidades son tantas y tan graves que se puede afirmar que la justicia de género en Venezuela incurre en violencia institucional.

La Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro, también conocida como Ley Antisociedad, es un nuevo instrumento de represión que el Gobierno pretende usar para profundizar el cierre del espacio cívico en Venezuela.

A partir de ahora solo podrán ingresar al territorio nacional los venezolanos que tengan su pasaporte vigente. Por su parte, quienes no tengan este documento o lo tengan vencido deberán solicitar un salvoconducto ante la embajada o consulado venezolano donde residan, o próximamente a través de un sistema electrónico que el Gobierno aseguró que pondrá en funcionamiento para atender a quienes residan en un país donde no haya representación diplomática.

La represión en Venezuela ya no se limita a opositores, disidentes, periodistas o activistas de derechos humanos, sino que puede afectar a cualquier ciudadano. Así lo advirtió la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos para Venezuela (MIIDHV)de Naciones Unidas.

Ha transcurrido un cuatrimestre desde que el 1 de mayo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunciara su decisión de subir el ingreso mínimo integral de los trabajadores a 130 dólares.

Cuando el pasado sábado 7 de septiembre se conoció que el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia había solicitado asilo en España, el fiscal general Tarek William Saab anunció que su despacho pondría fin a la persecución que había iniciado en su contra.

La represión y persecución por motivos políticos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio también son materia de interés para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), aun cuando la investigación en curso sobre Venezuela tiene foco en hechos ocurridos con anterioridad.