El doblete sísmico que sacudió a Venezuela el pasado 24 de julio dejó a miles de personas sin un techo. Para mediados de agosto, unas 24.000 personas vivían en escuelas, estadios de béisbol y otras instalaciones transformadas en «campamentos transitorios», .....

Venezuela lleva más de 1 año y medio bajo un estado de emergencia económica que, de acuerdo con la Constitución, solo puede durar un máximo de 120 días. Desde abril de 2025, las autoridades han dictado ocho decretos que lo han mantenido vigente de manera prácticamente ininterrumpida mediante sucesivas renovaciones y prórrogas.

Venezuela atraviesa un proceso de reinstitucionalización que representa una oportunidad histórica para reconstruir sus instituciones democráticas. También ofrece, por primera vez desde la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, la posibilidad de que la selección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se ajuste plenamente al modelo constitucional.

El 1 de agosto comenzará una nueva etapa política en Venezuela con el inicio de las negociaciones para la reinstitucionalización del país, orientadas a alcanzar, entre otros objetivos, la celebración de futuras elecciones democráticas.

El doblete sísmico del 24 de junio no solo dejó destrucción, víctimas y miles de personas afectadas, sino también una angustia adicional para numerosas familias que aún desconocen el paradero de sus seres queridos.

Hace 2 semanas se cumplieron 180 días desde que la vicepresidenta ejecutiva asumió la presidencia en condición de encargada tras la ausencia de Nicolás Maduro, y la Asamblea Nacional (AN) no se ha pronunciado al respecto, tal como exige la Constitución.

Luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el centro de Venezuela el 24 de junio de 2026, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dictó ese mismo día el decreto N° 5.364, publicado en la Gaceta Oficial N° 7.039 extraordinario, mediante el cual declaró un estado de emergencia en todo el territorio nacional.

La aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática ha sido más restrictiva de lo que muchos esperaban. A pesar de que su objetivo declarado es promover la reconciliación nacional y facilitar la reintegración de procesados o condenados por razones políticas, centenares de personas todavía permanecen privadas de libertad.

La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó la sentencia n.° 022 del 27 de marzo de 2026, mediante la cual anuló las elecciones de la junta de condominio de un conjunto residencial al considerar que se vulneró el derecho de un copropietario a postularse de manera individual.

En 2026, la aprobación de un conjunto de normas en áreas clave como hidrocarburos, minería y gestión administrativa ha profundizado la concentración de poder en el Ejecutivo nacional. Este nuevo entramado jurídico refuerza una lógica de centralización que traslada decisiones fundamentales —antes sujetas a control parlamentario según la Constitución— hacia la discrecionalidad del presidente de la República y sus ministros.