«Toda persona tiene el deber de cumplir y acatar esta Constitución, las leyes y los demás actos que en ejercicio de sus funciones dicten los órganos del Poder Público». Pese a que esto señala el artículo 131 de la Constitución, en la práctica las autoridades se encargan de dejar en claro que hay quienes están por encima de la ley y no están obligados a cumplirlas, una de ellas parece ser Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Al menos este es el sabor de boca que dejan las informaciones que aseguran que la empresa estatal suscribió en mayo pasado un acuerdo con la Empresa Nacional Iraní de Refinación de Petróleo y Distribución (Niordc, por sus siglas en inglés; IRNA, en español) para la reparación y expansión de la refinería de El Palito, ubicada en el estado Carabobo y la cual tiene una capacidad para procesar 140.000 barriles diarios.

De acuerdo con lo reportado por Reuters y Crónica Uno, el contrato también incluiría una segunda fase, a través de la cual la empresa persa se encargaría de modernizar el Complejo Refinador de Paraguaná, la mayor instalación de su tipo en el país y hasta no hace mucho considerada una de las más grandes del mundo.

El acuerdo, valorado en 110 millones de dólares estadounidenses, forma parte de un memorando de entendimiento que ambos gobiernos suscribieron al margen de la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (GECF, por sus siglas en inglés), en Doha, Qatar. En dicho escrito, Irán acordó ayudar a Venezuela a revisar y renovar su sistema de refinación y plantas de procesamiento de gas.

Pese a la importancia financiera del pacto, no hay constancia de que el mismo haya pasado por la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 para ser analizado, tal y como manda el artículo 150 de la carta magna.

«La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional, o con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional. La ley podrá exigir en los contratos de interés público determinadas condiciones de nacionalidad, domicilio o de otro orden, o requerir especiales garantías».

Las condiciones y términos del acuerdo bilateral no han trascendido ni han sido informados debidamente por las autoridades. Desde tiempos de Hugo Chávez el Gobierno venezolano mantiene estrechas relaciones con Irán, esto a pesar de que el llamado régimen de los ayatolás es objeto de sanciones internacionales por su programa nuclear y por la represión a su población.

No es la primera vez

Este tipo de omisiones no son de nueva data y se pusieron muy en boga con el aval del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante la anterior legislatura, en la que la oposición tuvo la mayoría del Parlamento.

En su sentencia n.º 618 de 2016, la Sala Constitucional autorizó al Banco Central de Venezuela (BCV) a solicitar al Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR) un préstamo por un millardo de dólares para fortalecer las maltrechas arcas públicas, sin necesidad de la aprobación de los diputados.

¿El argumento? La instancia consideró, entre otras razones, que esto no era un nuevo contrato de interés público nacional, sino la ejecución de un acuerdo suscrito hace más de dos décadas y, por lo tanto, «no está sujeto a la autorización de la Asamblea Nacional, ni requiere la consulta a la Procuraduría General de la República, órgano asesor del Ejecutivo Nacional».

Un año después, en su sentencia n.º 156 del 29 de marzo, la Sala autorizó a la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) a conformar, junto a la empresa holandesa Stichting Inversiones Petroleras Iberoamericanas, la empresa mixta Petrosur, que se encargaría de producir en la Faja Petrolífera del Orinoco.

En este caso, la instancia admitió que el asunto debía pasar por los diputados, pero en virtud de la situación de desacato en la que se encontraban, por su negativa de cumplir las resoluciones del TSJ sobre los diputados de Amazonas, consideró que estaban inhabilitados para «ejercer sus atribuciones» y, por ello, se arrogó esta potestad.

Dos años después, en noviembre de 2019, a través de su sentencia n.º 384, la instancia esgrimió el mismo argumento para autorizar a Petrosur a endeudarse por 400 millones de dólares, por supuesto, sin necesidad de la aprobación de la AN.

Es llamativo que PDVSA evada someterse al actual Parlamento, que está ampliamente dominado por el chavismo y donde las posibilidades reales de control y supervisión son escasas.

¿Y la Ley Antibloqueo?

Uno de los argumentos del chavismo para omitir el control parlamentario a la hora de suscribir contratos de interés público nacional es la inconstitucional Ley de Antibloqueo aprobada por la írrita Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en 2020. Como se recordará, este instrumento busca establecer un «marco normativo especial y temporal» que facilite al gobierno de Nicolás Maduro «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria» las sanciones dictadas por varios países contra el Estado venezolano.

En el artículo 24 del texto se autoriza al Ejecutivo nacional a celebrar todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para la protección del patrimonio, con

«el objeto de impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización, despojo o pérdida de control de activos, pasivos e intereses patrimoniales de la República o de sus entes, por efecto de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas».

Dicho de otra manera, la llamada Ley Antibloqueo abre las puertas a la desaplicación del ordenamiento jurídico existente en el país, en particular la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Venezuela. En este caso, la posibilidad de celebrar todo tipo de contratos o acuerdos sin el cumplimiento de los controles de la AN, así como de los demás requisitos y condiciones legales, constitucionales e incluso convencionales, permitiendo que las autoridades manejen los recursos del país a su libre antojo.

Como ya hemos advertido, el instrumento es inconstitucional, pues elude la rendición de cuentas que todo poder público debe dar a los ciudadanos, así como es contraria a todos los tratados internacionales en materia de transparencia y acceso a la información pública, suscritos por el país.

Adicionalmente, contraría uno de los elementos clave del Estado de derecho: la separación de poderes, ya que concentra el poder en el Ejecutivo y elude los pesos y contrapesos indispensables para que no haya abuso de poder.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El irrespeto de las normas constitucionales y legales ha favorecido los actos de corrupción que le han costado miles de millones de dólares a PDVSA y, por lo tanto, a los venezolanos.

Pero si lo anterior fuera poca cosa, la interferencia del Gobierno en la gestión diaria de la empresa petrolera ha facilitado que ella haya puesto en peligro algunas de sus propiedades ante tribunales extranjeros, como la demanda que interpuso la transnacional Crystallex International Corporation ante la Corte Distrital de Delaware (Estados Unidos), en la que la justicia estadounidense declaró que entre la República y PDVSA no había una clara separación, que la empresa no tenía autonomía para realizar sus funciones económicas y no era sino un alter ego de la República Bolivariana de Venezuela.

1 de diciembre de 2022

https://accesoalajusticia.org/pdvsa-firmo-contrato-interes-publico-nacio...

«Las decisiones judiciales serán respetadas y cumplidas en los términos que ellas expresen». En el Servicio Autónomo Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) parece que nadie ha leído esta última línea del artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque con su decisión de multar con 8.116 bolívares —poco más de 1.000 dólares— a una junta de condominio en Caracas, por presuntamente incumplir con sus obligaciones tributarias, contradijo el criterio sostenido por los tribunales.

El pasado 4 de noviembre el organismo recaudador sancionó a la junta de condominio del edificio Capri, ubicado en La Urbina, por no haber declarado el Impuesto Sobre La Renta (ISLR) y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde 2016 hasta 2020. La edificación no genera ningún tipo de ingresos por concepto de vallas publicitarias u otros conceptos, de acuerdo con lo afirmado por sus habitantes a los medios de comunicación.

La medida parece contradecir lo señalado por el Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Central, el cual en su sentencia n.º 0847 del 3 de junio de 2010 estableció que estas instancias no están sujetas al pago de obligaciones tributarias.

En el fallo se lee lo siguiente:

«La Junta de Condominio no tiene propiedad sobre los bienes, simplemente administra su mantenimiento por orden de los condóminos aportando las cuotas para sufragar los gastos de mantenimiento. Los condóminos son los copropietarios del inmueble y una comunidad que declara sus impuestos en cabeza de cada uno de ellos».

Además, se agrega que «La Junta de Condominio no presta servicios independientes, puesto que sufraga sus propios gastos no con ingresos sino con aportes de los condominios, por lo cual mal podría catalogarse como sujetos pasivos del impuesto al valor agregado».

El pronunciamiento lo emitió el juzgado al tramitar un recurso de nulidad que la Junta de Condominio del Centro Comercial Valencia Plaza interpuso el 2 de julio de 2008 contra el Seniat por una multa que le había impuesto dos años antes por no cumplir con las formalidades legales en la emisión de facturas y otros ilícitos formales en materia de IVA e ISLR.

No uno, sino dos

Un par de años después, el Tribunal Superior en lo Contencioso Tributario de la Región Los Andes al analizar un caso similar emitió un pronunciamiento en la misma línea, aunque en términos aún más duros respecto del Seniat:

«La funcionaria fiscal impuso una sanción al contribuyente, basada en el incumplimiento de deberes formales en materia de Impuesto Sobre la Renta e Impuesto al Valor Agregado, según lo dispuesto en las leyes que rigen dichos tributos, sin embargo, partió de un hecho falso, como es la sujeción del sujeto investigado al cumplimiento de esas normas, toda vez que en ambos casos la actividad realizada por el Condominio del Unicentro El Ángel, no daba lugar al nacimiento de la obligación tributaria principal, por cuanto no da lugar a la verificación del hecho imponible en dichos impuestos, siendo ello así, y considerando la exhibición del Registro de Información Fiscal un deber formal accesorio inherente al ejercicio del control fiscal, es forzoso concluir que ello no es exigible a aquellos casos sujetos que en virtud de su situación en nada se vinculan al tributo».

En cuanto a la posición del TSJ sobre el tema, en 2011 la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dejó firme el criterio del juzgado de la Región Central al desechar la apelación presentada por el fisco nacional por no cumplirse la cuantía mínima para recurrir ante el TSJ establecida en el Código Orgánico Tributario vigente para la época, por lo que no puede hablarse de una posición definitiva del máximo Tribunal sobre este tema.

Aprovechando el vacío

Si en más de una ocasión el Poder Judicial a través de juzgados de instancia, le indicó al Seniat que las juntas de condominio no son contribuyentes formales, pues no ejecutan ningún acto que se considere como un hecho imponible, ¿por qué la sanción? Una explicación podría estar en el hecho de que ni el decreto-ley del ISLR ni el del IVA establecen expresamente que estas instancias están exentas del pago de este impuesto.

En virtud de esta laguna legal, los condominios deben declarar anualmente el ISLR para evitar cualquier multa o sanción.

Este vacío hace que las juntas de condominio, instancias que han sido muy golpeadas por la grave crisis económica que viene atravesando el país, estén en una situación de indefensión e incertidumbre y abre las puertas a que sean objeto de sanciones.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Miles de comunidades se encuentran hoy en ascuas y temerosas de recibir la visita del Seniat y ser objeto de multas que golpeen sus ya exiguas cuentas, por supuestamente incumplir obligaciones tributarias. Esta situación se presenta gracias al vacío legal existente y al hecho de que no existe un criterio jurisprudencial sólido proveniente del TSJ sobre la materia que sostenga que estas instancias civiles no están obligadas a pagar impuestos.

La actuación del Seniat parece enmarcarse en las acciones que el Estado viene tomando para golpear y subyugar a las organizaciones de la sociedad civil que no están bajo su control. No se puede olvidar que en lo que va del año el TSJ ha intervenido a un Colegio de Abogados y a la Federación Campesina de Venezuela, así como ha interferido en las elecciones de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Por su parte, los ataques y hostigamiento de funcionarios contra activistas de derechos humanos han continuado.

noviembre 22, 2022

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La Constitución en la cúspide, las leyes en el medio y luego los reglamentos y demás actos administrativos del Ejecutivo, por ejemplo, las resoluciones. Desde que el jurista y filósofo austriaco Hans Kelsen (1881-1973) planteó la idea de que el sistema jurídico opera según un modelo jerárquico, esta idea ha sido acogida en la inmensa mayoría del mundo, incluyendo a Venezuela. No obstante, cada vez con más frecuencia las autoridades nacionales se saltan este modelo a fin de regular derechos fundamentales con instrumentos no adecuados para tal fin, una situación que afecta aún más al ya mancillado Estado de derecho.

La resolución conjunta que los ministerios de la Defensa e Interior, Justicia y Paz anunciaron el pasado 7 de septiembre de 2022, contentiva de las Normas relativas a la instalación, supervisión, evaluación, registro y seguimiento de los Puntos de Control de los órganos de Seguridad Ciudadana y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, es el último caso conocido en el que la actual administración ha obviado la llamada pirámide de Kelsen, y a través de un acto administrativo ha pretendido regular los derechos constitucionales al libre tránsito y a la libertad individual.

El texto pretende dar sustento legal a las llamadas alcabalas, ahora llamadas «puntos de control». En este sentido, en su artículo 4 establece que las mismas pueden ser «fijas o móviles», que se instalarán en aquellas áreas donde «la ocurrencia delictiva y de hechos que constituyan faltas» así lo requiera y que en ellas participarán policías y militares.

Por su parte, en el artículo 7 se establece que estos dispositivos tendrán por misión «evitar la perpetración de hechos punibles», así como «la supervisión y control de la documentación emitida por el órgano competente para el tránsito», dar información a la ciudadanía y «realizar revisiones y detenciones ante la comisión de hechos punibles».

Las disposiciones anteriores dejan en claro que los puntos de control suponen una restricción al libre tránsito e incluso pueden llevar a la privación de libertad de una persona. Aunque en la resolución se citan como base legal las leyes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB); del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana; de Coordinación de Seguridad Ciudadana; de Seguridad de la Nación; y el Código Penal, lo cierto es que ninguno de estos textos prevé expresamente esta figura.

La Constitución, en sus artículos 137 y 187 deja en claro que es competencia de la Asamblea Nacional (AN) legislar en materia de derechos, deberes y garantías constitucionales. En otras palabras, solamente el Parlamento mediante una ley podría establecer la figura de los puntos de control y facultarlos para restringir los derechos al libre tránsito o alguna otra libertad de los habitantes del país.

No es algo nuevo

Las alcabalas son una de las herramientas más utilizadas en Venezuela por los cuerpos policiales para luchar contra el crimen, pero han sido empleadas en no pocas ocasiones para cometer actos de corrupción y extorsión y fechorías aún más graves, como ocurrió en 2005 y en 2006 en el caso del ajusticiamiento de un grupo de estudiantes en el barrio Kennedy y el secuestro y posterior asesinato de los hermanos Faddoul.

Estos hechos llevaron a las autoridades a intentar fijarle algunas reglas a estos dispositivos. Así lo hizo en mayo de 2006 el Ministerio del Interior con su resolución 189, mediante la cual fijó las condiciones para el «establecimiento de Alcabalas y Puntos Policiales de Control Móvil en áreas urbanas, en las vías, lugares o establecimientos públicos en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de proteger la seguridad ciudadana».

Por ejemplo, este texto fijó que los puntos de control debían estar debidamente identificados, así como los funcionarios que en él participaran, y que no podían ubicarse en zonas oscuras, sin el debido alumbrado público o estar encapuchados.

En 2017 esta primera normativa fue derogada por otra, publicada en Gaceta Oficial n.° 41.304 del 20/12/2017, que también ha quedado sin efecto.

No todo es malo

La resolución conjunta de los ministerios de la Defensa y del Interior mantiene, en su artículo 13 la prohibición de que los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) instalen puntos de control.

Esto es positivo pues ambos cuerpos figuran en distintos reportes de organizaciones nacionales e internacionales como responsables de la comisión de graves violaciones a los derechos humanos: el CICPC destaca por ser junto a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) el más señalado de estar implicado en ajusticiamientos, mientras que al Sebin la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela lo responsabiliza de ejecutar detenciones arbitrarias y torturas.

Ahora bien, entre las novedades de la resolución comentada sobresale el artículo 20, en el cual establece que las personas «en el ejercicio de sus derechos constitucionales y legales», podrán hacer grabaciones de audio y de video de los procedimientos policiales en las alcabalas.

Asimismo, la norma señala que «ninguna persona podrá ser obligada a entregar sus equipos de telefonía celular o de grabación antes, durante o después del procedimiento de verificación rutinaria que realicen las autoridades en el punto de control, ni a borrar su contenido».

Adicionalmente, el artículo 20 indica expresamente que

«la retención de documentación y pertenencias, incluyendo equipos de telefonía, únicamente podrá realizarse en los supuestos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal, esto es, ante la comisión flagrante de un delito o por orden judicial, y demás legislación vigente aplicable que así lo establezca».

Por último, queda terminantemente prohibido por parte de los funcionarios y funcionarias policiales y militares el cobro de dádivas, contribuciones y «apoyos económicos» a las personas que transitan libremente por el territorio nacional. Llama la atención que se utilice el eufemismo «apoyo económico» a lo que no es más que un delito y que debió calificarse de acuerdo con los supuestos de la Ley contra la Corrupción. Esta expresión, además de errada jurídicamente, le resta valor a la gravedad de lo que ocurre en las alcabalas, y queriendo hacerlo pasar como un avance, es más bien el reconocimiento de una realidad, pero sin calificarla de manera correcta.

Sin embargo, estos aspectos positivos quedan deslucidos o viciados por el hecho de que el Ejecutivo, en este caso, los ministerios de la Defensa y del Interior no están facultados por una ley para la creación y regulación de las alcabalas o puntos de control.

Una resolución administrativa es un acto subordinado o sublegal que inexorablemente debe respetar normas superiores como la Constitución, las leyes y decretos leyes, y no puede establecer reglas o comportamientos que deben ser desarrollados por el legislador, como aquellos limitantes de los derechos humanos, tal cual son los puntos de control que limitan la libertad de tránsito.

Más vicios

Como si el hecho de que la resolución regula una figura no prevista en ningún texto legal no fuera suficiente, también hay que recordar que la misma fue anunciada antes de que fuera publicada oficialmente.

El texto fue informado por los ministerios que la dictaron el 7 de septiembre, pero no fue sino hasta el 21 del mismo mes que apareció publicada en la Gaceta Oficial n.º 42.458, aunque con fecha del día 8. Esta es una práctica recurrente que refuerza la inseguridad jurídica que existe en el país y que prueba la opacidad con la que las actuales autoridades toman sus decisiones.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Pese a que esta resolución contiene aspectos positivos, como el permiso para grabar a los funcionarios que ejecuten alguna revisión o arresto en una alcabala y la prohibición a estos agentes de despojar a los ciudadanos de sus teléfonos o equipos de grabación, el hecho de que el texto regule una figura no prevista expresamente en ninguna ley la vicia.

Las autoridades parecen insistir en su senda de alterar los principios básicos del derecho, lo cual no hace más que contribuir a la inseguridad jurídica que ya padecen los ciudadanos.

20 de octubre 2022

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Menos de un mes después de proponer unir las elecciones regionales y municipales con las parlamentarias en 2025, Nicolás Maduro ha vuelto a referirse al calendario electoral de manera tal que ha sembrado dudas sobre este y la transparencia y equidad del sistema comicial. Así, el líder del Gobierno dejó caer la posibilidad de que las próximas elecciones presidenciales, pautadas para 2024, se produzcan antes.

«Estamos en el año 2022 (…) vienen los años 2023 y 2024. ¿Cuándo es que hay elecciones (presidenciales)? Héctor Rodríguez (gobernador de Miranda), ¿cuándo hay elecciones? 2024, ¡o antes! Lo cierto es que nosotros estamos preparados para que cuando haya elecciones ir a una gran victoria popular, revolucionaria. Cuando sea, dónde sea y cómo sea. Si tú quieres, yo también quiero, si tú no quieres, yo quiero».

Esto declaró Maduro el pasado 7 de octubre, en un acto que el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) celebró en La Guaira.

El pronunciamiento del líder del oficialismo representa una nueva violación de los artículos 136 y 292 de la Constitución de 1999, los cuales establecen el principio de separación entre las distintas ramas del Poder Público e indican que el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el organismo que tiene la potestad de «la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos», respectivamente.

Asimismo, el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) indica claramente que el CNE es quien tiene la facultad de convocar y fijar la fecha de los eventos para escoger a los distintos representantes para los cargos de elección popular.

Con una reforma

En 2009, el oficialismo modificó la legislación electoral y suprimió la disposición que establecía, de manera casi pétrea, el momento en el que debían celebrarse los distintos comicios. La derogada Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política señalaba en su artículo 152 que las elecciones debían fijarse «un día domingo de la primera quincena del mes de diciembre del año anterior a la finalización del período correspondiente».

La modificación abrió las puertas para que las sucesivas votaciones se produjeran en momentos distintos al tradicional mes de diciembre. Así ocurrió con las legislativas de 2010, que tuvieron lugar el 27 de septiembre; las presidenciales de 2012 y 2018 que ocurrieron el 7 de octubre y el 20 de mayo, y más recientemente, las regionales del 21 de noviembre de 2021.

Sin embargo, ninguno de los procesos antes mencionados dio pie a que el período de transición entre un mandato constitucional y otro pudiera ser de más de un año. No obstante, las palabras de Maduro abren las posibilidades de que esto ocurra, lo cual iría contra toda la lógica administrativa.

Asimismo, habría que aclarar que un eventual adelanto de los comicios presidenciales para el año 2024 o incluso 2023 no supondría una reducción del sexenio del jefe del Estado previsto en el artículo 230 de la carta magna. Así, lo ha dejado en claro en reiteradas ocasiones la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que en varios fallos ha reiterado que el período presidencial es de seis años y que concluye e inicia el 10 de enero, tal y como manda el artículo 231 del texto fundamental.

Cualquier cambio en relación con la duración o inicio del mandato del presidente de la República requeriría una enmienda constitucional, que de acuerdo con la propia jurisprudencia del máximo juzgado no aplicaría para el actual período.

Maniobrando para ganar

Un eventual adelanto de la fecha de la elección es un claro acto de ventajismo a favor de Maduro, lo que constituye un elemento de fraude electoral que podría gestarse en las venideras presidenciales.

Jugar con la fecha de las elecciones es parte de las maniobras del oficialismo para ganar elecciones, como lo demuestra el informe elaborado por Acceso a la Justicia, titulado Elecciones en autocracia. El caso venezolano 2017-2021. En dicha investigación se advierte que el oficialismo ha utilizado esta estrategia para favorecer sus opciones.

Por su parte, es escandaloso el silencio que guarda el CNE ante estos pronunciamientos de Maduro, lo que supone flagrantes intromisiones en sus competencias constitucionales. El mutismo del árbitro no hace más que reforzar las sobradas dudas que existen en un importante porcentaje de la población en relación con su independencia, autonomía y, sobre todo, su capacidad de organizar comicios limpios, transparentes y competitivos.

No en balde, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea que siguió las pasadas «megaelecciones» regionales y municipales del 21 de noviembre de 2021, en su informe criticó la actuación (o inacción) del árbitro a la hora de ponerle coto a los abusos del oficialismo durante la campaña y la propia jornada de votación.

Asimismo, instó a las autoridades a reforzar la independencia del organismo, en especial en materia «sancionadora».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Como ya señalamos semanas atrás, el hecho de que Maduro se inmiscuya en las competencias del CNE y que este último sea incapaz de ponerlo en su lugar no hace más que reforzar las dudas que hay entre los ciudadanos sobre la transparencia, confiabilidad y equidad del sistema electoral venezolano. La eventual materialización de esta propuesta no solo podría el broche de oro a un sexenio que comenzó viciado y no siendo reconocido por cincuenta países del mundo, debido a los vicios que empañaron las últimas presidenciales; sino que además dejarían en claro que las autoridades no han aprendido la lección ni tienen intenciones verdaderas de rectificar.

18 de octubre de 2022

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Pese a que el numeral 5 del artículo 292 de la Constitución otorga al Consejo Nacional Electoral (CNE) la potestad de «la organización, administración, dirección y vigilancia de todos los actos relativos a la elección de los cargos de representación popular de los poderes públicos, así como de los referendos», Nicolás Maduro insiste en inmiscuirse en asuntos que solo competen a ese organismo, al realizar anuncios relacionados con los comicios.

«Es muy importante prepararnos para dos años clave de la revolución en lo político: la gran victoria de las elecciones presidenciales en el año 2024 y prepararnos porque en el año 2025 hay elecciones conjuntas de la Asamblea Nacional, de gobernaciones y alcaldes», anunció Maduro el pasado 12 de septiembre, durante la celebración del 14 aniversario de la fundación de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela (JPSUV).

Con estas palabras, el jefe del Gobierno parece vaticinar que en poco menos de tres años el país celebrará unas nuevas «megaelecciones», en las cuales se escogerán, de manera simultánea, 277 diputados al Parlamento, 24 gobernadores de estado, 335 alcaldes, cientos de miembros de los consejos legislativos de los estados y miles de concejales.

Además de una imprudencia, las declaraciones de Maduro suponen una vulneración del principio de separación de poderes, previsto en el artículo 136 constitucional, y también podrían configurar el vicio de usurpación de funciones, pues solo el organismo comicial puede convocar la celebración de elecciones en el país.

Sin embargo, hasta el momento el árbitro electoral ha guardado un estruendoso silencio, el cual no hace más que reforzar la creencia de que está sometido a los designios del Gobierno.

Los tiempos legales

La celebración de elecciones debe responder a los tiempos fijados por la ley. El artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE) señala que la convocatoria de elecciones es un acto público mediante el cual el CNE fija la fecha de elección para los cargos de elección popular, y el ejercicio de esta función electoral debe hacerse «en concordancia con los períodos constitucionales y legales establecidos» para cada tipo de cargo, como lo exige esta norma.

En el caso de los actuales diputados de la AN, quienes fueron elegidos en diciembre de 2020, sus períodos de cinco años expiran en enero de 2026 y, por lo tanto, sus reemplazos deberían escogerse en diciembre de 2025. De ocurrir esto, sus quinquenios se ajustarían perfectamente al espíritu y letra de la carta magna.

En cuanto a los gobernadores, alcaldes, miembros de los consejos legislativos y concejales sus mandatos constitucionales son de cuatro años y como fueron elegidos en las «megaelecciones» celebradas en noviembre de 2021, a más tardar en noviembre de 2025 deberían elegirse a sus eventuales sustitutos.

De cumplirse el escenario antes presentado, queda en claro que el planteamiento de Maduro de celebrar en una misma jornada los comicios para elegir cargos nacionales, estadales y municipales no tiene asidero legal, y aun cuando ciertamente las elecciones podrían estar muy cerca la una de la otra, alguno de los dos comicios podría celebrarse antes o después, algo que ya ha ocurrido en el pasado, para así dar tiempo al CNE de organizarlo de manera adecuada.

Las capacidades y posibilidades

Además de los lapsos legales hay otros motivos que el árbitro debe tomar en cuenta a la hora de ponerle fecha a una elección: sus posibilidades y capacidades para organizar y llevar a buen término un proceso de semejante naturaleza, el cual no es otra más que «el momento culminante del ejercicio de la soberanía popular y, por ende, el más eminente y respetable», de acuerdo con la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

En el pasado, el CNE ya intentó celebrar en una misma jornada la elección de cargos nacionales, estadales y municipales, sin tener las condiciones para hacerlo: las «megalecciones» del 28 de mayo de 2000. Sin embargo, la intervención del máximo juzgado impidió que tuviera lugar una jornada, que lejos de servir para consolidar el sistema democrático venezolano, estuvo a punto de arrojar al país a un vacío y una situación de incertidumbre sin precedentes, debido a la incapacidad del árbitro electoral de hacer valer el principio de un elector un voto y ofrecer unos resultados confiables y creíbles.

Así, en una época en la que en el país aún había Estado de derecho y democracia, la Sala Constitucional en su sentencia n.º 483 de mayo de 2000 suspendió dicho proceso, por constatar que el mismo no reunía las «condiciones técnicas que garanticen en términos absolutos la confiabilidad y la transparencia» requeridas.

La traumática experiencia de las «megaelecciones» planteadas en el año 2000 parece haber sido olvidada por el chavismo, que en 2021 derogó la Ley de Regularización de los Períodos Constitucionales y Legales de los Poderes Públicos Estadales y Municipales, la cual no solo ponía orden en el momento en que debían celebrarse los comicios de gobernadores y alcaldes, sino que impedía que los mismos se celebraran de manera conjunta. Con esta decisión, el oficialismo abrió las puertas para que en noviembre pasado se escogieran el mismo día, 21 de noviembre, todas las autoridades estadales y locales.

Los últimos comicios regionales y municipales estuvieron lejos de cumplir con los estándares internacionales en la materia. Así lo denunció la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) que monitoreó este proceso y aseveró que el sistema electoral venezolano está plagado de «deficiencias estructurales», una de ellas su falta de independencia de Miraflores.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El hecho de que Maduro continúe inmiscuyéndose en las competencias del CNE, y que este sea incapaz de ponerlo en su lugar no hace más que reforzar las dudas que hay entre los ciudadanos sobre la transparencia, confiabilidad y equidad del sistema electoral.

La propuesta parece otra jugada destinada a favorecer los intereses del oficialismo, con lo cual las posibilidades de que el voto sea un instrumento para dirimir los conflictos y controversias en el país se siguen alejando.

29 de septiembre 2022

https://accesoalajusticia.org/maduro-vuelve-inmiscuirse-competencias-cne...‑

Desde la antigua Roma la justicia es representada como una mujer con los ojos vendados que sostiene en una mano una balanza y en otra una espada. ¿Qué significan los ojos cubiertos? Representan la imparcialidad e indican que las decisiones de sus funcionarios deben ser producto de un análisis objetivo, en el que no hay favoritismos y la identidad, género, raza o el dinero de las partes no importan. Sin embargo, en Venezuela la justicia, en particular el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), sí parece tener los ojos bien abiertos al momento de sentenciar. Al menos esta es la sensación que dejan las respuestas que el máximo juzgado ha dado a las solicitudes cautelares que recibe cuando se trata de demandas contra el Estado venezolano.

Se debe recordar que las medidas cautelares —en el ámbito del Derecho administrativo— son aquellas a través de las cuales los jueces suspenden los efectos de un acto impugnado mientras dictan su sentencia definitiva, por considerar que son indispensables para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación.

Tradicionalmente, el TSJ declara «con lugar» las medidas cautelares que favorecen al Gobierno, a otros órganos del Estado o a los intereses del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) o de sectores cercanos a este, pero si dichas peticiones son interpuestas por sectores opositores o no alineados con el Ejecutivo, entonces son rechazadas. Este doble rasero se ha hecho más evidente en las últimas semanas.

El pasado 14 de julio la Sala Político Administrativa, a través de sus sentencias n.º 252 y 254, admitió los recursos de nulidad que las autoridades de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad de Carabobo (UC), Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Los Andes (ULA) interpusieron semanas antes contra el polémico instructivo dictado por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), el cual contiene el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas.

Sin embargo, en los mismos fallos el TSJ rechazó suspender temporalmente dicho texto, a pesar de que el mismo ha reducido los salarios integrales de millones de funcionarios públicos al aplicar un tijeretazo a las bonificaciones y primas previstas en las distintas contrataciones colectivas; con lo cual ha violado seis disposiciones constitucionales, entre ellas el principio de progresividad de los derechos y beneficios laborales, de acuerdo con un estudio realizado por Acceso a la Justicia.

En las sentencias redactadas por el presidente de la instancia, magistrado Malaquías Gil, el máximo juzgado consideró que aceptar la solicitud de las casas de estudio «vaciaría de contenido la sentencia definitiva». Pese a esta afirmación, el TSJ decidió no seguir adelante con estos juicios puesto que, en días recientes, emitió los fallos n.° 445 y 446 en los que declaró inadmisibles los recursos de nulidad (previamente admitidos) intentados por las universidades contra el referido instructivo.

En la dirección contraria

Mientras el TSJ rechaza las peticiones de las universidades y de la sociedad civil organizada, atiende las hechas desde las filas gubernamentales. Prueba de ello es la sentencia n.º 0079 que la Sala Electoral dictó el pasado 1 de agosto y en la que suspendió la elección de los representantes de los egresados de la Escuela de Educación a los órganos de cogobierno de la UCV, atendiendo una solicitud que le hiciera un candidato oficialista que no salió favoreció en las urnas.

En este caso, el máximo juzgado sí consideró que había motivos para presumir una violación a los derechos electorales del demandante y la posibilidad de que dicha vulneración no pudiera ser reparada, pues el recuento de los sufragios lo hizo la Subcomisión y no la Comisión Electoral de la UCV.

Apenas tres días antes, la Sala Político Administrativa suspendió el Reglamento de Administración de los Ingresos y Egresos Generados por la Universidad de Carabobo, alegando que las tasas fijadas en la normativa impugnada podrían ver vulnerado «el derecho a la gratuidad de la educación consagrado en el artículo 103 de la Constitución».

De vieja data

Este comportamiento del máximo juzgado viene de lejos. Así lo denunció la organización Un Estado de Derecho en su libro titulado El TSJ al servicio de la revolución. La toma, los números y los criterios del TSJ venezolano (2004-2013), en el que se denuncia que ninguna de las 45.474 sentencias emitidas por las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral entre 2005 y 2013 fue en contra de los intereses del Gobierno ni del Estado.

En 2015, la Sala Electoral dictó su polémica sentencia n.º 260, en la cual suspendió cautelarmente a los diputados por el estado Amazonas que fueron electos en las parlamentarias de 2015. Esta decisión fue adoptada por la instancia atendiendo una solicitud que le hicieran los candidatos oficialistas que no resultaron favorecidos en las urnas, quienes denunciaron presuntas irregularidades. Pese a que la resolución implicó echar por la borda su propia jurisprudencia, la Sala no tuvo reparo en tomarla. Una medida cautelar la cual, seis años después, no ha contado con una sentencia definitiva.

Un año después, la Sala Político Administrativa volvió a demostrar que no toma decisiones en contra de los intereses del Gobierno. Así, aunque admitió una demanda de nulidad contra la polémica resolución n.º 008610 del Ministerio de la Defensa, la cual contiene las Normas sobre la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones pública y manifestaciones, rechazó suspenderla temporalmente.

«No fundamentó la petición cautelar, sino que solo se concretó en requerir la suspensión temporal de los efectos del acto administrativo impugnado sin cumplir con los requisitos de procedencia establecidos jurisprudencialmente y, en particular, con la presunción del buen derecho».

Este fue el argumento de la instancia, a la que no le bastaron los alegatos del accionante de que el instrumento ponía en tela de juicio el derecho a la manifestación pacífica y la prohibición del uso de armas de fuego para su control.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

Las decisiones antes comentadas ratifican la condición del TSJ como defensor de los intereses del Gobierno, en lugar de garante de los derechos de los ciudadanos. Una revisión superficial como la hecha para redactar este texto revela que el máximo juzgado acuerda o rechaza las medidas cautelares a partir de la implicación partidista o política que tenga cada asunto, sin tomar en consideración los derechos de los grupos afectados.

7 de septiembre 2022

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A pesar de que en mayo pasado Nicolás Maduro dijera que al «llevar el salario mínimo a medio petro y (…) elevar todas las tablas salariales apenas estamos iniciando la recuperación del salario, que lo llevaremos al más alto nivel que podamos», poco se ha hecho por preservar los salarios de los trabajadores y aún no ha sido revocado el polémico instructivo aprobado en marzo por la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), que ha dado lugar a un número importante de manifestaciones de docentes, personal de salud y sindicalistas del sector público del país.

El Instructivo para el Proceso de Ajuste del Sistema de Remuneración de la Administración Pública, Convenciones Colectivas, Tablas Especiales y Empresas Estratégicas, que desaplica los contratos colectivos vigentes y pretende imponer un tabulador de beneficios que reduce el salario integral de los trabajadores entre 40 y 70% violenta al menos media docena de disposiciones constitucionales. Es llamativo además que este se dictara apenas días después de que Maduro anunciara un ajuste del salario mínimo equivalente al 1.700%.

En el caso de los profesores, empleados y obreros universitarios, el texto en cuestión obvia la tabla salarial prevista en la IV Convención Colectiva, que, entre algunas escalas, establecía diferencias de hasta 70% y fijó, sin ningún tipo de discusión previa, una interescala lineal de 7%.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el instructivo también modificó unilateralmente la manera de calcular los beneficios, como las bonificaciones por antigüedad y las primas de especialización o profesionalización, por uniformes y por hijos.

La Federación Nacional de Empleados Públicos (Fedeunep) ha denunciado que los cambios han implicado que los trabajadores de distintos organismos de la administración pública vean reducidos sensiblemente sus ingresos. Por ejemplo, los docentes ya no recibirán un pago equivalente al 30% de su salario por tener una licenciatura, sino de 25%; quienes tenían maestrías ya no ganarán una asignación mensual equivalente a 50% de su sueldo, sino de 35%; y aquellos con doctorados pasaron de percibir 60% de bonificación a 40%.

Una revisión del texto permite determinar que este vulnera disposiciones constitucionales como el derecho al trabajo, el principio de progresividad de los derechos humanos, la reserva legal, la suficiencia del salario y la libertad sindical, entre otros.

Recorte ilegal

El recorte que el instructivo aplicó a las bonificaciones de los funcionarios públicos está fuera de la Constitución, en la cual en el numeral 1 de su artículo 89 señala claramente que «Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales».

Asimismo, la naturaleza del acto es de dudosa legalidad, pues la resolución de la Onapre es un acto administrativo dictado por un organismo que tiene como competencia elaborar el presupuesto nacional y ayudar a la Oficina Nacional del Tesoro a ejecutarlo, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. La Onapre no está facultada en ningún caso para decidir temas como las remuneraciones del personal de la administración pública; eso es potestad de los departamentos de personal y recursos humanos de los distintos organismos.

Pese a sus efectos en los ingresos de los funcionarios, las autoridades han defendido el instructivo e insisten en que están con la clase obrera. «El instructivo lo que en realidad dice es que no hay recursos, no hay medios para resolver las necesidades», declaró el diputado Pedro Carreño en una sesión plenaria hace unos días.

Señales contradictorias

La manera como fue aprobada la resolución de la Onapre, sin que mediara consulta con los representantes de los trabajadores, ratifica el nulo diálogo social existente en el país. Desde que el chavismo llegó al poder en 1999 las autoridades han rechazado sentarse en una misma mesa con los sindicatos y gremios empresariales para discutir los aumentos salariales y otros asuntos que afectan a ambos grupos.

Hasta ahora esto solo ha ocurrido en una sola ocasión, en abril pasado y a instancias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que viene abogando por recuperar el llamado diálogo tripartito.

El instructivo también va a contracorriente de lo declarado por Maduro el 1 de mayo, cuando afirmó lo siguiente:

«En medio de la guerra económica he dado una orden y aquí la ratifico, se deben discutir y mejorar todos los contratos y convenciones colectivas de todos los trabajadores del país, sin excepción. Salarios, tablas salariales y contratos colectivos para avanzar».

En la práctica, el acto administrativo ha reescrito todas las convenciones colectivas, desmejorando sensiblemente los ingresos de los funcionarios públicos. Esto último no es poca cosa, pues el Estado es el principal empleador en Venezuela: 5.509.563 personas trabajan en algún organismo público, casi 4 millones de ellas en el sector militar, de acuerdo con un informe publicado por Transparencia Venezuela y en el cual se citan datos de la propia Onapre.

A lo anterior hay que sumar que el actual salario mínimo es insuficiente para cubrir la canasta básica, por lo que la reducción de los ingresos de los funcionarios no hace más que contribuir a complicar su supervivencia y la de sus familias. En mayo la canasta básica se ubicó en 482 dólares, por lo que se necesitarían 16 salarios mínimos para cubrirla.

En pie de guerra

El instructivo ha sacado a la calle a docentes, enfermeras y enfermeros y empleados administrativos de distintos sectores, activos y jubilados, con lo cual parece que la protesta social se está reavivando en el país. Solo en julio se registraron 143 manifestaciones contra la decisión de la Onapre, según reportaron el Observatorio de Conflictividad Social de Venezuela y el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin). En lo que va del año se han contabilizado 15% más acciones de calle que en 2021.

Las movilizaciones hasta ahora han servido para que las autoridades den algunos pasos atrás. Por ejemplo, la ministra de Educación Universitaria, Tibisay Lucena, anunció en días pasados que los trabajadores de la educación recibirían la totalidad de los 105 días del bono vacacional previstos en el contrato colectivo. Asimismo, el pasado 12 de agosto Maduro destituyó al jefe de la Onapre, Marco Polo Cotenza.

Sin embargo, estas medidas no parece que pondrán fin a las protestas, pues los sindicatos desean que la norma sea anulada.

¿Y el TSJ qué ha dicho?

Sin sorpresas. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de la Sala Político Administrativa, más allá de admitir un par de demandas de nulidad contra el instructivo presentadas por las universidades nacionales Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y Universidad de Caracobo (UC) por un lado, y la Universidad de los Andes (ULA) por el otro, perdió la oportunidad de otorgar justicia a los empleados públicos, puesto que desestimó las solicitudes de suspenderlo de manera cautelar mientras duraba el juicio de nulidad. Esto demuestra, una vez más, que el TSJ es poco dado a emitir fallos que de algún modo incomoden al Ejecutivo nacional y omite pronunciarse sobre la pérdida que el instructivo está generando en el bolsillo de los trabajadores del sector público.

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El malestar social provocado por el instructivo de la Onapre deja en claro que, pese a que el Gobierno de Maduro se ha autodenominado como «obrero», mantiene una política contraria al sector y no duda en darle zarpazos cuando lo estima conveniente.

Es además otra prueba de que la Constitución es letra muerta en el país, porque pese a que ella prohíbe cualquier desmejora en los derechos laborales, estos son cercenados por las autoridades sin que el Poder Judicial tome cartas en el asunto. No podemos olvidar que siete casas de estudios solicitaron al TSJ la suspensión cautelar del instructivo hasta que se dicte una decisión definitiva sobre su apego a la ley, pero el máximo juzgado rechazó hacerlo, sin importar que los ingresos de los funcionarios estén siendo efectivamente reducidos, afectando, entre otros derechos, el de la tutela judicial efectiva.

La única manera de evitar que el malestar social continúe creciendo y que las ya depauperadas condiciones de los funcionarios públicos activos y jubilados empeoren es que el Ejecutivo nacional revoque el cuestionado acto administrativo.

23 de agosto 2022

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«Las elecciones, a veces, son la venganza del ciudadano. La papeleta es un puñal de papel». El chavismo ha decidido que en Venezuela sea prácticamente imposible que se materialice esta frase del exprimer ministro británico David Lloyd George (1863-1945) y para ello ha ampliado el repertorio de artimañas y estratagemas que venía utilizando en tiempos electorales, pero ya no solo para ampliar su ventaja en los comicios, sino también para ganarlos de manera aplastante, pese a no contar con el respaldo mayoritario de la población.

Esta denuncia la formuló Acceso a la Justicia en su informe titulado Elecciones en autocracia: el caso venezolano 2017-2021, en el cual se enumeran todas las medidas y acciones que la administración de Nicolás Maduro ha puesto en marcha con el concurso de poderes del Estado como el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Contraloría General de la República (CGR) para ganar todos y cada uno de los seis procesos eleccionarios celebrados desde el año 2017.

Algunas de las prácticas no son novedosas y se producían en los tiempos del fallecido Hugo Chávez. Entre ellas destacan el control del árbitro y del máximo juzgado por parte del Gobierno, el uso de la cuestionada figura de las inhabilitaciones políticas impuestas por la CGR contra candidatos opositores, la poca confiabilidad en el Registro Electoral o el uso de los recursos y medios del Estado para favorecer a los candidatos del oficialismo. Estas acciones perseguían ampliar la ventaja que el desaparecido mandatario obtenía frente a sus rivales en las urnas en la mayoría de los casos.

Debut y despedida

No obstante, en el informe se considera que la aplastante derrota que sufrió el oficialismo en las elecciones parlamentarias de 2015 supuso un punto de inflexión y «representa, indudablemente, la semilla que empujó al Gobierno de Maduro a diseñar un conjunto de pautas sin precedentes, condicionadas a sus intereses partidistas».

La modificación del sistema electoral venezolano para que respondiera a los intereses gubernamentales, al tiempo que facilitara la neutralización de sus «oponentes o adversarios en las contiendas electorales» e impidiera de esta manera que «el Gobierno se arriesgara a perder el ejercicio del poder», fue una de esas nuevas medidas.

En el informe se recuerda que la Sala Constitucional del TSJ, a través de su sentencia n.º 68 del 5 de junio de 2020, facultó al CNE para que reformara la Ley Orgánica de Procesos Electorales en lo relativo a las elecciones parlamentarias. El árbitro acató la instrucción y mediante las Normas Especiales para las Elecciones Parlamentarias período 2021-2026 aumentó en 66% el número de escaños del Parlamento, el cual pasó de 167 a 277. Adicionalmente, redujo la proporción de diputados a ser electos nominalmente del 70% a 48% (133), al tiempo que incrementó el número de aquellos parlamentarios escogidos proporcionalmente hasta el 52% (144).

Por último, creó la «lista nacional», una figura que no estaba contemplada hasta ese momento en instrumento legal venezolano alguno, por medio de la cual se eligieron cuarenta y ocho diputados y se modificaron las normas para la elección de la representación indígena, quienes perdieron la posibilidad de ejercer el sufragio directo y secreto.

Como si lo anterior no fuera suficiente, el TSJ, el CNE y la extinta Asamblea Nacional Constituyente pusieron en marcha una estrategia para confeccionar una «oposición a la medida» del chavismo; para ello el máximo juzgado intervino a siete partidos (cinco de ellos opositores y dos disidentes del oficialismo) y puso al frente de ellos a directivos dispuestos a participar en los comicios convocados por el CNE en lugar de los legítimos representantes de esas organizaciones.

De la compra de votos a la coacción

La compra de votos mediante la entrega o promesa de entrega de un beneficio social (beca, vivienda o crédito) es de vieja data en Venezuela. Sin embargo, en el reporte se denuncia que bajo la administración de Maduro se ha perfeccionado y ha terminado mutando en un mecanismo de control social muy eficaz, gracias a figuras como el Carnet de la Patria y los «puntos rojos».

«El Carnet de la Patria fue creado en enero de 2017; con un código QR el Gobierno puede identificar a sus simpatizantes, quienes reciben directamente alguna ayuda económica o social. Desde entonces el partido gobernante se vale de esta herramienta para coaccionar la voluntad de los electores».

El informe recuerda además que días antes de las elecciones legislativas de 2020 el ahora diputado Diosdado Cabello afirmó lo siguiente: «El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida».

Desde las elecciones regionales y municipales de 2017 el oficialismo viene colocando puntos de control en las cercanías de los centros de votación, los llamados «puntos rojos», donde los electores muestran sus Carnet de la Patria como prueba de que sufragaron y, por lo tanto, pueden recibir algunas de las asignaciones ofrecidas por el Gobierno.

«Este mecanismo obviamente representa una situación irregular que no garantiza la igualdad de condiciones en el ejercicio del voto, y, en consecuencia, afecta la participación libre y transparente de la ciudadanía en el proceso electoral, en especial vulnera el carácter secreto del voto, pues como se indicó, los “puntos rojos” son un medio para presionar a los votantes a revelar sus votos».

Cambiando las reglas del juego

Los cambios en los lapsos y plazos estipulados en los distintos cronogramas comiciales es otra medida presente en los seis procesos celebrados entre 2017 y 2021. «La implementación de estos cambios responde a los intereses del Gobierno, una situación que no promueve transparencia alguna ni fortalece la confianza en el sistema electoral», se denuncia en la investigación.

En el reporte también se alerta que se han vuelto rutinarios durante las jornadas electorales «los bloqueos de páginas web o reducciones de velocidad a internet como mecanismos para controlar la información disponible».

La decisión del CNE de prescindir de la tinta indeleble, una medida que se tomó durante las cuestionadas elecciones para elegir a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017, es rechazada, por considerar que es una de las medidas que han menoscabado «la transparencia, seguridad y confiabilidad en las contiendas».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El informe Elecciones en autocracia: el caso venezolano 2017-2021 expone que en el país se ha producido un importante deterioro en las condiciones y garantías electorales, sobre todo desde el año 2017, lo que se traduce en que el ejercicio de los derechos políticos de los venezolanos se ha visto obstaculizado, e inclusive neutralizado, en especial los derechos a la asociación, participación y sufragio, que son el centro de todo sistema democrático. De esta forma se ha consolidado un círculo vicioso en materia electoral que permite que los actuales gobernantes tiendan a perpetuarse en el poder.

La investigación pone de manifiesto que las autoridades venezolanas han logrado diseñar un sistema que les permite ganar elecciones, aún sin tener el respaldo mayoritario de la población.

1 de agosto 2022

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«Adoptar medidas para garantizar que el espacio democrático y cívico no sea restringido indebidamente». Esta era una de las recomendaciones que la saliente alta comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, le hizo al Gobierno de Nicolás Maduro para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país, en el último informe que le presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, la nueva ola represiva que las autoridades venezolanas han lanzado contra la sociedad civil organizada en la primera semana de julio deja en claro que han decidido ignorar dicha petición.

Entre el 4 y 7 del presente mes, es decir, en cuestión de setenta y dos horas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a siete dirigentes sindicales, profesores universitarios y trabajadores humanitarios.

Uno de los aprehendidos es el profesor universitario y líder social Alcides Bracho, quien fue capturado en su casa el lunes 4 de julio. Ese mismo día fue arrestada en Ocumare del Tuy (Miranda) Yeny Zorelis Pérez en lugar de su esposo, el dirigente político José Castro, por no saber de su paradero. Al día siguiente fueron privados de libertad el presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Emilio Negrín, en la parroquia El Junquito; y en el estado Falcón el dirigente político Alonso Meléndez. Este último permaneció en paradero desconocido durante varias horas.

El día 6 las detenciones continuaron, y en Charallave (Miranda) fue aprehendido Néstor Astudillo. En las siguientes horas corrieron la misma suerte Reynaldo Cortés y el miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI) y trabajador humanitario, Gabriel Blanco, quienes fueron privados de su libertad en Guárico y Caracas, respectivamente.

Entre el miércoles 6 y el sábado 9, seis de los aprehendidos (Bracho, Meléndez, Negrín, Astudillo, Cortés y Blanco) fueron llevados al Tribunal 4 de Control con competencia contra el Terrorismo de Caracas, instancia que aceptó la imputación por conspiración y asociación para delinquir que el Ministerio Público (MP) presentó contra ellos y acordó mantenerlos preventivamente tras las rejas, según informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, organización que los representa y que denunció que las autoridades judiciales les impidieron defender a los detenidos.

El sábado 9 de julio, en horas del mediodía, Yeny Pérez fue puesta en libertad. Es el caso también de Jesús Manuel Berbesí, militante del partido Bandera Roja en el estado Táchira, aprehendido ese mismo sábado en horas de la mañana.

Pese al grave señalamiento, hasta el momento las autoridades no han aclarado contra quién presuntamente estaban complotando los detenidos ni cuál era su fin último. El chavismo ha hecho de la denuncia por conspiraciones una de sus armas preferidas para justificar medidas judiciales contra sus detractores. Sin embargo, apenas hay juicios con condenas al respecto, pues la mayoría se queda en una etapa preliminar del proceso penal.

Contra Bandera Roja

De todos los detenidos, cinco tienen algo en común: militan o militaron en el partido opositor Bandera Roja. Algunos de ellos, como Reynaldo Cortés, incluso tienen cargo directivo (es secretario de la formación en Guárico). La agrupación fue de las pocas de la extrema izquierda venezolana que jamás respaldó al fallecido Hugo Chávez ni a su sucesor: Nicolás Maduro.

Esta arremetida contra Bandera Roja, que desde 2013 está intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se asemeja a la que han sufrido otros partidos políticos opositores como Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) o Acción Democrática (AD), que han visto cómo varios de sus dirigentes han sido encarcelados bajo distintas acusaciones.

Desde la formación partidista achacan esto al «temor que el régimen de Maduro le tiene a la lucha popular». «No pueden perdonar a los luchadores sociales que con su firme posición de protesta hayan desenmascarado sus políticas antiobreras y antinacionales demostrando en la práctica que lo que quieren vender como mejora y progreso es una falsa normalidad», aseguró Bandera Roja en un comunicado.

Algunos de los detenidos han participado en protestas o han expuesto los obstáculos que enfrenta el movimiento sindical venezolano para ejercer su labor a favor de los trabajadores ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

«El sindical es un nicho donde el Gobierno está débil. Ningún presidente que sea obrerista paga y trata tan mal a los trabajadores. Nosotros hemos estado trabajando en ese frente y es lógico que ellos tenían que atacar de alguna forma por ahí», declaró Jesús Hermoso, responsable de comunicaciones y propaganda del partido a Crónica Uno.

Desde el partido se asegura que tienen información de que los cuerpos de seguridad están detrás de otras veinte personas más.

Descabezando la protesta

Las autoridades parecen querer desarticular y neutralizar cualquier clase de movimiento cívico que pueda darle algún tipo de organización y conducción al creciente malestar social. En su último informe, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reveló que entre enero y abril de 2022 se registraron en el país 2.677 protestas, cifra 30% superior a la registrada en el mismo período del año pasado. La inmensa mayoría de estas manifestaciones están relacionadas con demandas laborales, salariales y de mejores servicios públicos.

Lo anterior explicaría las cifras contenidas en el último reporte que presentó Bachelet al Consejo de Derechos Humanos y en el cual contabilizó setenta y un casos de «estigmatización y criminalización de los representantes de la sociedad civil, incluidos las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación».

Asimismo, no se puede obviar que el chavismo jamás ha visto con buenos ojos al sindicalismo independiente; prueba de ello es que en las últimas dos décadas 150 representantes de los trabajadores han sido procesados penalmente, de acuerdo con los datos recopilados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), así como los del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida).

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El caso de los activistas, sindicalistas y/o militantes de Bandera Roja revela que el ejercicio de los derechos a la asociación, manifestación y participación en los asuntos públicos en Venezuela continúa conllevando riesgos y no está plenamente garantizado. Esto a pesar de gestos de las autoridades como el cierre del proceso abierto contra los cinco activistas de la organización Azul Positivo. Respecto de esta nueva ola represiva se han pronunciado las organizaciones de la sociedad civil y sindicatos venezolanos, quienes exigen la libertad de los detenidos.

Las nuevas detenciones son también indicativas de que las autoridades del país no tienen suficiente voluntad de enmienda y que piensan ignorar las recomendaciones de la saliente Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

20 de julio 2022

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De mal en peor. Así va la crisis de institucionalidad democrática que Venezuela enfrenta desde hace años, lo cual tiene sentido, porque las causas que la provocan ―«La injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos y que ha derivado en la ausencia del Estado de Derecho»― no han hecho más que agudizarse en los últimos meses.

La denuncia la formuló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe anual correspondiente a 2021, en el cual la instancia no pasó por alto el hecho de que el partido de gobierno en Venezuela se haya hecho con el control absoluto de la Asamblea Nacional (AN), «la última institución del poder público nacional revestida de legitimidad democrática», mediante las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre de 2020.

Por esta situación, el organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) mantiene por décimo séptimo año consecutivo al país en su capítulo IV, conocido popularmente como la lista negra de los países en materia de derechos humanos. La instancia alegó que en Venezuela persiste «una violación grave de los elementos fundamentales y de las instituciones de la democracia representativa previstos en la Carta Democrática Interamericana, que son medios esenciales para la realización de los Derechos Humanos», materializada a través de «un ejercicio abusivo del poder que socava o contraría el Estado de Derecho», así como por «la infracción sistemática de la independencia del Poder Judicial» y la ocurrencia de una «alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático».

La ausencia de la separación de poderes, en especial la cooptación de la justicia por parte del chavismo, es para la CIDH uno de los factores que «ha facilitado la comisión de graves violaciones de Derechos Humanos» tales como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de expresión y ataques contra los activistas y organizaciones que promueven las garantías fundamentales.

La justicia al banquillo

En su informe, el organismo fustiga con dureza la actuación del Poder Judicial, en particular la opacidad con la que actuó en 2021.

«La falta de transparencia y publicidad ha caracterizado particularmente al Tribunal Supremo de Justicia, que ha incurrido en prácticas como proferir condenas públicas mediante comunicados sin notificar a las partes de los procesos; proferir decisiones de trascendencia nacional sin la realización de audiencias públicas; publicar únicamente la parte dispositiva de las decisiones judiciales; y notificar decisiones, condenas y medidas cautelares a través de redes sociales como Facebook o Twitter, dejando de lado el uso de autos judiciales».

Estos señalamientos de la instancia se hacen eco de las denuncias que desde Acceso a la Justicia se han venido haciendo sobre este particular.

La CIDH consideró «especialmente preocupante» este tipo de prácticas por considerar que «pueden acarrear violaciones graves a las garantías judiciales que asisten a todas las personas, como la presunción de inocencia, el derecho a la doble instancia, el derecho a ser oído y el deber de motivar».

Asimismo, criticó que el máximo juzgado no informe «si los jueces son nombrados con apego a los procedimientos preestablecidos», ni tampoco «el porcentaje de jueces provisionales del país».

La CIDH tomó nota de los hallazgos realizados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tales como «la admisión de medios de prueba, incluyendo la confesión de parte, bajo coacción o en interrogatorios sin la debida representación legal». Igualmente expresó su alarma por la corroboración por parte de la instancia de la ONU de que a los opositores no se les garantizan sus derechos al momento de enfrentar un proceso judicial.

Los pobres, los más afectados

Para la CIDH la falta de Estado de derecho «generó un ambiente propicio para la comisión sistemática de graves violaciones de Derechos Humanos», tales como las ejecuciones extrajudiciales, que afectan a los pobres de la población. Contradictoriamente, las autoridades venezolanas han hecho de la defensa de los más vulnerables su bandera.

La instancia continental tomó nota de los datos manejados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) y el Centro Gumilla en relación con que en el primer semestre de 2021 se registraron 825 presuntos ajusticiamientos a cargo de fuerzas de seguridad del Estado. De la misma manera, recordó que entre 2014 y 2020 la Secretaría General de la OEA documentó 18.093 casos de asesinatos cometidos presuntamente por agentes del Estado.

«El modus operandi identificado por la CIDH indica que las ejecuciones extrajudiciales se cometen primordialmente en contra hombres jóvenes en situación de pobreza durante operativos de seguridad ciudadana. Más precisamente, en el marco de enfrentamientos simulados durante el curso de procedimientos de rutina, durante protestas, o cuando las víctimas han sido detenidas ilegal y/o arbitrariamente y se encuentran bajo custodia estatal».

Pero no solo los pobres son víctimas de abusos: aquellas personas que osan disentir del Gobierno o reclaman sus derechos también tienen altas probabilidades de ser detenidas ilegalmente, maltratadas durante su cautiverio y sometidas a procesos judiciales injustos. Así lo denunció la instancia, que tomó nota de los datos recopilados por Foro Penal Venezolano, organización que contabilizó cuarenta y un casos de detenciones arbitrarias hasta noviembre pasado.

No solo críticas

Como es tradición en ella, la CIDH no solo formuló cuestionamientos a las autoridades, sino que presentó una serie de recomendaciones para revertir la situación. Así en primer lugar abogó por el establecimiento de «mecanismos de diálogo entre distintos actores políticos y la sociedad civil con miras a la urgente reconstrucción de la institucionalidad democrática del país».

Seguidamente instó a las autoridades a «restablecer el orden constitucional, garantizando la independencia y equilibrio de poderes, la participación política sin discriminación de toda la población y el control ciudadano sobre la actuación de los distintos poderes del Estado».

Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?

El informe de la CIDH deja en claro una cosa: la existencia de la democracia es indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos y las libertades fundamentales. En países donde no hay democracia puede ser un riesgo, incluso mortal, ejercer la libertad de expresión y el derecho a manifestarse y asociarse para defender garantías como la educación, la salud, el trabajo o el medio ambiente. Sin democracia la vida y la libertad son relativas. Basta con ver lo que ocurre en nuestra propia región en países como Nicaragua, donde centenares de opositores se encuentran encarcelados y más de medio millar de organizaciones civiles, incluyendo la Academia de la Lengua han sido clausuradas por el régimen de Daniel Ortega.

El reporte de la CIDH no solo realiza duros cuestionamientos, muchos de los cuales son altamente conocidos por los venezolanos de a pie, sino que presenta una hoja de ruta para revertir esta dramática situación. Hacemos votos porque las autoridades apliquen las recomendaciones formuladas en el documento y así Venezuela deje de figurar en la lista negra de los derechos humanos.

22 de junio 2022

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