La fecha que hoy recordamos –23 de enero de 1958– y los momentos de reflujo político como el que vivimos, impulsan a la reflexión y el afloramiento de temas que estaban algo pospuestos por el fragor mismo de la lucha política. Entre estos están: el siempre subyacente tema de la unidad opositora, la discusión acerca de si participar o no en procesos electorales y el papel de la sociedad civil y los partidos políticos. Los dos primeros son de carácter más práctico, pero me ocupare del tercero el día de hoy, que tiene algunas facetas más teóricas y conceptuales.

La discusión acerca del papel de los partidos y sobre todo el de la sociedad civil, el de los ciudadanos, para decirlo de otra manera, es necesario ubicarlo en su contexto, que no es otro sino considerar que este régimen tiene ya veintiún años en el poder, impulsando una supuesta “revolución” que no solo ha destruido la economía del país, sino que además ha resultado ser un plan magistral para eliminar el equilibrio entre los poderes y desmantelar las instituciones democráticas.

Mal que bien existía en el país hasta 1998 una separación de poderes y un cierto balance entre ellos, hasta el punto que fue obligado a renunciar un Presidente de la Republica –en un país netamente presidencialista como lo es el nuestro– al haberle encontrado la Corte Suprema de entonces motivos para que fuera enjuiciado por el Congreso Nacional. Lo justo o apropiado de esa decisión es otro tema, pero todo eso ya es historia, pues ahora el llamado Poder Ejecutivo, el Presidente de la Republica, tiene secuestrados y controla todos los demás poderes, que actúan a sus ordenes y bajo su caprichoso mandato. Desde Miraflores se escribe el guión que todos los demás ejecutan, la partitura que todos tocan al unísono.

Entre todas las instituciones políticas contra las que han arremetido, los partidos políticos están entre los que han llevado la peor parte; y no es por casualidad, sino porque la tiranía sabe que son la base de la democracia. Es una mezquindad no reconocer que casi todo lo que tuvimos en la Venezuela moderna –y en el fondo por lo que seguimos luchando– en materia de instituciones, estado de derecho y democracia, lo debemos a la dinámica que introdujeron los partidos, con sus reformas sociales, sus luchas económicas y sus propuestas políticas e institucionales.

Eso lo sabía bien Hugo Chávez Frías y por eso, en su empeño por destruir a la democracia, inició su gobierno continuando el ataque despiadado a los partidos políticos, recogiendo y usufructuando más de 30 años de diatribas contra ellos, no siempre justificadas. Ese intento de eliminar los partidos cristalizó en la Constitución de 1999, en la cual ni siquiera se les nombra y expresamente prohíbe que sean financiados por el Estado. Algunos pensaron, erróneamente, que esto era un comienzo de liberación y depuración, cuando en realidad al quitarles el financiamiento público se los arrojó en manos de los grupos económicos que pudieran financiarlos y de cuya influencia se pretendía liberarlos. Con esa disposición, aún vigente, se hizo más dependientes, a los de la oposición, de intereses particulares que pudieran financiarlos y se favoreció indirectamente a los del Gobierno, porque son los únicos que pueden contar con los recursos del Estado, como hemos visto hasta la saciedad en estos veintiún años.

Durante los últimos seis años el régimen ha continuado con especial saña contra los partidos, con arremetidas y persecuciones a sus líderes, encarcelándolos u obligándolos a salir del país o refugiarse en embajadas. El CNE, otro de los órganos del régimen, desconoció a los partidos democráticos, los obligo a registrarse de nuevo, con un complicado y engorroso proceso, dificultando esa actividad y suspendiéndola cuando se percató que de todas maneras los partidos opositores lograrían hacerlo. Por su parte, la Contraloría, también órgano del régimen, inhabilitó a sus líderes; y la arremetida, que el régimen cree definitiva, fue completada desde hace dos o tres años, cuando el dócil Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) comenzó a dictar sentencias contra los partidos, tarea que concluyó el año pasado, interviniéndolos, designando a sus directivas y despojándolos de sus símbolos, recursos y sedes. Y, sin embargo, no han podido concluir con esa tarea, pues se encontraron con un obstáculo insospechado.

Simultáneamente con la llegada al poder de esta “revolución”, comenzó un proceso de resistencia al régimen. Resistencia con la que nadie contaba y que ha sido muy difícil de manejar y doblegar. Buena parte de ese factor de resistencia al régimen fue el surgimiento impetuoso de un actor inesperado: El ciudadano y la sociedad civil. Ciudadanos y sociedad civil, son actores, protagonistas indiscutibles, de este proceso de resistencia a una “revolución” que resultó ser un fraude.

El papel de la sociedad civil durante estos veintiún años ha sido clave; dio la cara, movilizó a la opinión pública, contribuyó a la discusión y no cabe duda que debe seguir participando; pero el salto modernizador hacia la plena democratización se produce solo por el auge de las organizaciones políticas y el fortalecimiento de las instituciones.

Pero esto es cierto sí, y solo sí, los partidos y sus líderes entienden ese proceso histórico, su papel en él y la necesidad de una renovación ideológica profunda. Pero esa afirmación axiomática, se ha convertido casi en un o mito ideológico, que a todos nos impulsa a compartirla. Pero el vacío que vivimos ahora parece evidenciar que esa renovación profunda y necesaria, de la que se habla, no ha ocurrido en los partidos políticos venezolanos; es todavía una tarea pendiente.

Por eso creo que la tarea política de la sociedad civil y los ciudadanos es fortalecer partidos, sindicatos, organizaciones gremiales y apertrecharse para después, para el nuevo Gobierno, para evitar que se retroceda a situaciones de inamovilidad política como las que tuvimos en los periodos anteriores. Por eso se ha hablado de un nuevo pacto político y social, para salir de este régimen de oprobio, pero para evitar también retrocesos que nos conduzcan de nuevo al punto en que nos encontramos ahora.

No todo lo ocurrido en los dos últimos años en el país es negativo, a pesar que no se logró el objetivo de salir de este régimen y reestablecer la democracia. La actividad de recolección de firmas del 12 de diciembre –que algunos ya empiezan a querer apropiarse como sus “voceros”– demostró la vitalidad que aún mantiene la oposición, constatamos que se cuenta con un “capital social” nada despreciable, con más de seis millones de participantes, tres de ellos de manera presencial, miles de activistas de cientos de organizaciones políticas y de la sociedad civil, a pesar de todas las arremetidas e intentos de intimidación por parte del régimen. Contamos, entonces, con dos componentes fundamentales, una sociedad que resiste y sus expresiones organizativas –partidos políticos y las organizaciones de la sociedad civil– como base para reconstruir y organizar la resistencia al régimen.

Durante mucho tiempo tuvimos poca capacidad de comprensión del momento político que vivíamos –los ciudadanos, me refiero–; ahora somos conscientes de que estamos enterrando todo un ciclo de la vida política venezolana. Encarnamos una realidad y una historia –me refiero al período previo a esta oscuridad iniciada en 1999– no denigremos de ella, ni la desconozcamos, pero tampoco la demos por completamente buena.

De este proceso de más de veinte años aprendimos muchas cosas sobre la política. Lo más importante, aprendimos como realmente es y no como la estudiamos en los libros o la contemplamos desde lejos. Nos servirá de mucho para la tarea que viene ahora: Construir una verdadera opción política, democrática, transparente y plural, que tenga como centro el respeto a la persona humana.

Esa es la enseñanza práctica que sacamos de este proceso y a la que hay que dedicar buenos esfuerzos.

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La oposición democrática es una fuerza capaz de organizarse, que resiste y que no está arrinconada por el régimen, eso quedó de manifiesto en la Consulta Popular del pasado 12 de diciembre.

Casi 7 millones de participantes en la Consulta, 3 de ellos de manera presencial, a pesar de todos los factores en contra, es un capital social importante, que no se puede despreciar, al que hay que agregarle los miles de activistas –de partidos políticos y de la sociedad civil– que estuvieron en los centros de recolección o recorriendo el país apoyando a los que querían expresarse; estas son las bases para reconstruir la organización de la oposición para enfrentar internamente al régimen.

No obstante, el 2021 nos encuentra con una oposición fragmentada, aparentemente –espero– sin brújula ni política compartida, que luce irreconciliable en sus diferentes posiciones, por más que compartan el objetivo de rescatar la democracia y salir de este régimen de oprobio.

Para analizar esa oposición, si hacemos un “mapa” político del país, en mi opinión, nos encontraremos con los siguientes grupos, distintos al oficialismo: Un sector constituido por los denominados “alacranes” e integrantes de la llamada “mesita de diálogo”; un sector “desprendido” del régimen, al cual se opone; y un sector al que podemos llamar “oposición democrática”.

El denominado sector de los “alacranes” o “mesita de diálogo” está conformado por individualidades y grupos que rompieron con la política unitaria de la oposición, aceptaron el despojo que hizo el régimen de los partidos democráticos, se apropiaron de sus nombres, directivas, recursos, símbolos y colores para participar en el proceso electoral parlamentario, sin poner condiciones, sin cuestionar el proceso y los resultados, e incluso algunos aceptaron las curules que el régimen les concedió, sin ni siquiera tener los votos para ser diputados. Son la oposición “leal”, la aceptable por el régimen, siempre que se mantengan en el rincón físico –y mental– en que los sumieron en la instalación de la irrita Asamblea Nacional que tomó posesión el pasado 5 de enero. Son una especie de parias u oportunistas de la política, que el régimen no considera “suyos” y tampoco se les ve como oposición.

Al que denomino el sector “desprendido” del oficialismo lo conforman individualidades o grupos, algunos de los cuales se han acercado a la oposición democrática y los podemos considerar parte de la misma; pero hay algunos en este sector que, si bien rechazan y se oponen al “madurismo”, no han roto ideológicamente con el chavismo y por lo tanto a estos últimos no los considero oposición, de la misma forma en que los otros lo son.

Por último, está el sector mayoritario y democrático; en él podemos distinguir dos posiciones o grupos, claramente determinados. Una mayoría que postula una opción unitaria, en tormo al Frente Amplio y al “gobierno interino”; y un sector con un discurso radical, que se basa en una supuesta intervención externa, de fuerza. Entre estos sectores hay coincidencias en objetivos y algunos insisten en que las diferencias son tácticas y no de fondo, pero no es eso lo que transluce a lo opinión pública y pareciera que es más importante sentar las diferencias, que encontrar puntos de coincidencia y de unión.

Comencemos por evaluar la propuesta del sector radical que, aunque minoritario sus seguidores son muy activos, sobre todo en redes sociales. La intervención externa que proponen ha sido matizada por ellos mismos, a tal extremo que en algunos casos aparece desfigurada, desdibujada, confusa, no terminan de definir de manera clara y univoca lo que postulan. Plantean una intervención externa, sin adherentes externos y asumen la doctrina de la responsabilidad de proteger –R2P– que no se ha implementado exitosamente en ninguna parte y menos se podrá en Venezuela mientras Rusia y China tenga capacidad de veto en la ONU. Esto me luce un tanto absurdo; pero sabemos que en política cuando se propone algo absurdo e imposible de realizar, nunca te equivocas, siempre tienes la razón, porque no hay manera de comprobarlo, precisamente porque es imposible de realizar. ¿Será que esto es lo que se persigue: tener, retóricamente, en la calle, una política que diferencie? ¿Será que es más importante tener razón –su razón– que cualquier otra cosa y disfrazar el rechazo, a la unidad, por ejemplo, con complicadas filosofías y argumentos de Perogrullo, con tal de justificar esa posición?

Concluyo el punto con una frase del periodista Alonso Moleiro, extraída de un artículo suyo del pasado mes de diciembre:

La tesis de la coalición internacional para restaurar la libertad en el país, presumiblemente militar, expresada en instrumentos como la Responsabilidad de Proteger, o las cláusulas de la Convención de Palermo, no pasan de ser esbozos generales e hipótesis de conflicto con muy pocos adherentes en el terreno internacional. (“María Corina Machado, una oposición de nicho”, La Gran Aldea, 16/12/2020)

El otro sector opositor, sin duda el mayoritario, se agrupa en el Frente Amplio y su estrategia fundamental es mantener la unidad, aunque no parece tener aun una opción clara para cruzar el desierto en el que se encuentra. Lo que está claro es que este sector por el momento ha desechado la vía electoral sin proponer tácticas alternativas o formas de hacer de la abstención un instrumento de lucha eficaz, que vaya más allá de una demostración poco activa e inoperante de rechazo al régimen.

¿Significa esto que es la vía electoral la vía fundamental para luchar contra el régimen? No, y no ha sido esta la vía que se ha seguido siempre; en momentos importantes –las parlamentarias en 2005 y 2020, las elecciones de alcaldes y presidenciales en 2018– ha sido la abstención la opción política fundamental. Pero, lo que está planteado, en este momento, es sí se va a continuar con esa política, ahora que tenemos por delante procesos electorales para elegir gobernadores y alcaldes y que –como hemos visto– serán llevados adelante de cualquier manera por el régimen. De lo que se trata es que evaluemos con cabeza fría la eficacia de esa opción, los resultados obtenidos, y que si nos vamos a seguir absteniendo, que no sea para confundirnos en la indiferencia con ese 30% que ni pincha ni hiede y que una buena parte se aprovecha de las prebendas del régimen o de sus enchufados. No se puede continuar con políticas de abstención como una posición pasiva, como ha sido hasta el momento, pues se sume al país opositor, muy numeroso, en un peligroso quietismo, que se confunde, como he dicho, con la indiferencia.

¿Significa esto que creemos en que saldrá el régimen con un proceso electoral en el que gane la oposición?, no parece que esto esté claro; hemos visto que en el 2015, cuando ganamos la Asamblea Nacional, el régimen desconoció ese resultado y anuló su actividad con decisiones judiciales írritas; lo vemos también cada vez que a un gobernador o alcalde le nombran un “protector” y lo despojan de recursos, atribuciones y hasta del espacio físico para ejercer su cargo; lo vemos también con la cantidad de trampas, abusos y fraudes que despliega el régimen cada vez que hay un proceso electoral. Lo que postulamos es que la electoral sigue siendo una oportunidad para organizar a la población, a los partidos, a la sociedad civil y para seguir demostrando al mundo y sobre todo a nosotros mismos que somos mayoría y tenemos capacidad de organizarnos. Nunca se sabe por dónde se va a romper el dique de contención. Comparto con muchos que esa es precisamente la base de la estrategia.

Sin embargo, a pesar de lo dicho más arriba, no todas las secuelas de haber participado en las elecciones de Asamblea Nacional en 2015 –y otras– fueron políticamente negativas; esos procesos nos dejaron también cosas positivas, organización política y cívica, reconocimiento internacional y demostración de nuestra capacidad de resistencia. No hay duda que hoy somos más los venezolanos, y más los habitantes de otras tierras, que estamos conscientes que solo un cambio político, profundo, que deje atrás como mal recuerdo este régimen de oprobio, es la única solución a la profunda crisis, al desastre que nos agobia. Pero se hace también necesario la adopción de políticas más activas, de las cuales debemos seguir hablando.

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El 2020 nos dejó varias secuelas con que lidiar en el año que se inicia. La pandemia de la Covid-19 no es el único mal que nos acecha. Otros dos «virus», muy perjudiciales nos afectarán gravemente en 2021: el autoritarismo y la antipolítica.

El «virus» del populismo, que está presente en nuestra historia desde hace muchos años ante la falta de recursos económicos con los que hacer demagogia y clientelismo, se trasmutó en un virus meramente autoritario que utiliza la fuerza sin disimulo, y ya como único recurso.

El régimen de facto ilegítimamente constituido ya controlaba el poder ejecutivo, tras unas elecciones presidenciales no reconocidas por la mayoría del país ni por la comunidad internacional. El régimen controlaba igualmente el poder judicial, encabezado por un Tribunal Supremo, de igual manera ilegalmente designado por una Asamblea Nacional moribunda – la electa en 2010 –, que finalizado su periodo legislativo, sin cumplir los requisitos formales y legales de convocatoria, designó magistrados varios de los cuales ni siquiera reúnen los requisitos constitucionales para ejercer esa función.

Finalmente, ahora, con menos del 20% del padrón electoral, logra hacerse con más del 90% de la Asamblea Nacional y controlar el poder legislativo, tras la elección de esa Asamblea en un proceso electoral espurio y viciado, con partidos inhabilitados y secuestrados por el régimen y que no reunió requisitos mínimos de equidad, justicia, democracia, razones por las cuales la oposición democrática se negó a participar y los países democráticos han desconocido sus resultados.

Pero el régimen, ahora desembozadamente autoritario y represivo, gobierna de hecho solamente apoyado por la fuerza de las armas, pues su apoyo popular es apenas un efímero porcentaje de la población, buena parte de la cual fue arrastrada a votar bajo chantaje o amenaza.

Pero, como dijimos, el 2020 cerró también, y esto es lo particularmente grave, con otro “virus”: un creciente sentimiento antipolítico cada vez más extendido en la población.

La antipolítica no es un fenómeno nuevo, tiene siglos en Venezuela, pero ha sido especialmente notorio desde los años 70 del pasado siglo y se ha visto exacerbada en años recientes por el fenómeno de los “indignados” de Europa y el movimiento “trumpista” en los Estados Unidos, en estos últimos cuatro años.

Algunos analistas del diario quehacer político, como Fernando Rodríguez ven a la antipolítica como una “rabiosa y dañina enfermedad” y la define tan certeramente que vale la pena repetir sus palabras:

“La practican mucho los muy acomodados burgueses que al fin y al cabo no tienen tiempo sino para gerenciar sus haberes. Los radicales fascistoides o nihilistas anárquicos. Los jóvenes que creen que la vida es suya. Profundos que tienen un destino creador que los exime de toda otra tarea. Columnistas que viven del mordisco y la patada. Culebras de las redes cloacales. Y así, así. Solo un líder iluminado, un político no político, que coincida con sus intereses y su desprecio de la omnipresencia y la diversidad del otro puede ocasionalmente despertarlos de su sueño perverso”. (El Nacional, 20 de diciembre de 2020)

Y al político, en el mejor de los casos se le ve como un mal menor, probablemente necesario, pero siempre censurable, criticable e “insultable”, valga la expresión; siempre allí, siempre presente, siempre a disposición para desahogarse contra él o como tema de burla y conversación.

Pero cada vez que tocamos este tema se nos dice que criticar las posiciones antipolíticas, antipartidos, es negarse a reconocer las fallas, los errores y las críticas. No. No se trata de negar la crítica, absolutamente necesaria y útil. De hecho, la política y las organizaciones políticas no crecen ni se desarrollan sin la crítica, sin el debate político, sin la discusión abierta. No se trata, tampoco, de negar los errores cometidos por un liderazgo opositor que obviamente no ha sido afortunado o no ha dado con las “claves” para conducir el descontento popular contra el régimen de oprobio que nos mal gobierna desde hace más de veinte años.

La dirigencia opositora ha tenido aciertos que se le deben reconocer y celebrar, pero ha cometido errores –seguramente más que los aciertos, pues de lo contrario no estaríamos aún bajo este régimen– que se le deben señalar y que deben ser motivo de análisis profundo. Pero la crítica, necesaria, indispensable, no puede servir de excusa para una predica disolutiva, corrosiva, que no busca superar situaciones sino hundirnos más en los desaciertos y errores. O bien para asumir posiciones “populares”, con las cuales estar sobre la ola y en el candelero político, sin méritos propios, sino a partir de los errores de los demás y las matrices de opinión creadas por otros.

En el campo de la vieja antipolítica –cuyos nocivos efectos hemos conocido y vivido como procesos de abstención, sin sacarle ningún provecho y sin otra expresión política de rebeldía– hay hoy en día una “variante” sutil, que puede ser muy nociva, ante la cual debemos estar alertas. Se trata de algunos “analistas” políticos, consultores, asesores, periodistas, generadores de opinión y ciudadanos “comunes” que, por redes sociales y grupos de WhatsApp, con el pretexto de la “critica” de la actividad política, aprovechan para descabezar a cuanto títere con cabeza y líder aparece en el escenario político. Culpan al liderazgo opositor no por sus errores y faltas, sino por todos los males del país, como si los males que padecemos millones de venezolanos no se debieran a un mal gobierno que tiene 21 años destruyendo al país.

Algunos, de estos “críticos” solapadamente promueven alguna opción sustitutiva, pero la mayoría se limitan simplemente al señalamiento de los errores, a resaltar las carencias, a la crítica demoledora del líder de turno, esté o no en “desgracia” ese líder, en una especie de molino de líderes o “liderofagia”, como lo llamara Tulio Hernandez (Liderofagia, Frontera Viva, 19 junio, 2020).

Resumiendo, el régimen en su fase tiránica y la antipolítica, que le hace el juego, son dos poderosos “virus” con los que la oposición y la sociedad venezolana tendrán que lidiar en 2021. Sobre esas tareas hablaremos la próxima semana.

Politólogo

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El tema de la semana obviamente es el análisis de los resultados de la Consulta Popular (CP) del 12 de diciembre que creo que nos sorprendió a todos por la magnitud de las cifras; al menos yo así lo reconozco, pues me temía un fracaso estrepitoso. El análisis de los resultados de la CP se ha convertido en un problema político, para unos, y emocional, para otros. Cualquier excusa o acontecimiento, importante o no, sirve para desviarnos de su análisis y perdernos en un mar de elucubraciones.

Pero para hacer el análisis del significado de ese acto es necesario poner las cifras en perspectiva y despejar algunas dudas.

De acuerdo al primer boletín del Comité Organizador, el 87% de las actas escrutadas arroja un total de más de 6 millones 500 participantes, 3,2 millones en Venezuela, 844 mil en el exterior y 2,4 millones por medios digitales. Eso significa, que una vez que concluya el conteo de todas las actas, la cifra podrá sobrepasar los 7 millones de participantes; una cifra similar, quizás ligeramente superior a la alcanzada en el evento similar del 16 de julio de 2017 y un millón y medio de participantes más que en el irrito proceso electoral del 6 de diciembre, aunque no son eventos comparables.

En cuanto al proceso digital, a pesar de las fallas de los dos primeros días, no tengo dudas que en los cuatro restantes se pudo haber alcanzado la cifra de 2,6 millones. Las dudas más importantes se han suscitado por el retraso en dar las cifras definitivas y por la cantidad de participantes en el proceso presencial. Veamos un resumen de ese proceso, según lo relatan algunos de los encargados de los Puntos de Recolección, y quizás eso ayude a disipar las dudas:

- Se dispusieron 7033 Puntos de Recolección, algunos de ellos tenían hasta 5 mesas.

- Al llegar un participante a la mesa del Punto de Recolección, se identificaba con su C.I, donde se verificaba la fecha de Nacimiento, llenaba sus datos en un Cuaderno de Recolección (Número de CI, Nombre y Firma) y se le entregaba una planilla para que la rellenara con su decisión, la cual depositaba en una urna.

- Finalizado el día se contaban las decisiones consignadas en las planillas rellenadas por los participantes, se hacía un acta y una imagen de esa acta, junto con la trascripción de los datos de los Cuadernos de Recolección, se enviaba a un Centro, donde se cotejaban con la base de datos de cedulados y se verificaban los errores y duplicaciones.

Como se puede apreciar por la rapidez del proceso de recolección de la voluntad de los participantes, no había dificultad en recoger la cantidad de participaciones presenciales que el Comité Organizador ha informado. Sin embargo, la mayor demora y dificultad está en la transcripción de la información y especialmente su transmisión al centro donde se totalizaba.

Imaginemos ahora a un voluntario o activista que fue un promotor itinerante por 5 días con su teléfono celular inteligente, para que la gente participara, que el sexto día fue miembro en un punto de recolección y que al final, todavía debía guardar saldo para poder cerrar el proceso y enviar la imagen de su acta física y transmitir todos los números y cédulas de su cuaderno físico, que podían llegar a ser hasta 500 participantes por punto de recolección, para que estos pudieran ser verificados y cotejados con la información digital para depurar errores y duplicados. Si no se lograba la comunicación, había que llevar hasta algún punto, la planilla física con toda la información de los participantes y el acta respectiva. Sumemos a esa dificultad los problemas de seguridad y movilización y nos explicaremos algunos retrasos en acopiar toda la información para después procesarla. El Comité Organizador de la CP no contaba con todos los recursos con los que cuenta el CNE, ni con un Plan Republica para custodiar y movilizar las actas y resultados. En este contexto, más bien creo que es de alabar que el mismo día se haya tenido escrutado el 87% de los resultados.

Con respecto a la participación presencial en el exterior, si hacemos una comparación con 2017, en ese año había 1,2 millones de posibles participantes en el exterior y se recogieron 700 mil firmas; ahora hay 2,5 millones de posibles participantes y se recogieron 800 mil, que si bien pudo ser más alta –habida cuenta la apatía, las restricciones a concentraciones en algunos sitios debido a la pandemia y el frío, que también fue un factor en los países del norte–, es explicable y no es una cifra despreciable.

Con respecto a la significación de estas cifras, el resultado hay que ponerlo en el contexto adecuado para entender su importancia; en la Consulta Popular no se contó con un órgano similar al CNE, que disponía de los recursos y la fuerza operativa del estado; ni con el plan república como operador logístico para resguardo, movilización y acarreo de participantes; ni con la CANTV desplegando operativos especiales de telecomunicaciones.

Por el contrario, la CP se vio afectada por la pandemia, por la falta de recursos, por el acoso de los colectivos armados y de las policías en estados y municipios, por los problemas de movilización del país, por falta de gasolina y alcabalas para interrumpir el desplazamiento; y con todo eso, se logró –yo creo– una importante cifra de respaldo de una oposición, que como muchos han señalado, tenía más de año y medio sin movilizarse, que está obviamente desmotivada hacia eventos que parezcan electorales, aunque este no lo era.

Se puede entender que existían dudas con relación a si una “Consulta Popular” era la medida más apropiada en este momento, si era la más eficaz, si sería exitosa dado el desánimo que se percibe en la oposición, producto de la misma situación de crisis y fatiga que vivimos, agravada por la precariedad de las comunicaciones cada vez más evidente, el aislamiento y todas las demás cosas que conocemos bien. Parecía claro que no estábamos en las mejores condiciones para una actividad política de movilización de esas características y todos teníamos dudas; pero allí están las cifras y ninguna otra opción –de las que están planteadas para salir de la crisis y rescatar la democracia– ha logrado una movilización popular semejante.

Los resultados obtenidos si bien no son como para lanzar cohetes, ni dejar de hacer las críticas y reflexiones sobre el proceso, hay que evaluarlos más allá de las cifras y me parece mezquino tildarlo de fracaso, porque los resultados no fueron mayores o más contundentes. Las cifras, cuyo análisis es importante para la planificación futura, deben relativizarse, pues parece que son lo de menos, porque lo importante fue la participación.

Hay un hecho irrebatible, la oposición logró movilizar a más de 7 millones de personas –se dice fácil– en Venezuela y en el exterior, a pesar del hostigamiento, el monopolio de los medios en manos del régimen, de las hordas de colectivos atacando Puntos de Recolección y de las no menos “hordas” de atacantes a la CP en redes sociales –supuestos opositores– con más odio y rencor hacia los organizadores y promotores de la CP que hacia el propio régimen. Ya quisieran algunos de los que aspiran liderizar a la oposición, contar con ese contingente humano en respaldo a su causa.

Y por último, ¿que se le va a decir a los 7,5 millones de Venezolanos que participaron en la consulta?, ¿Vamos a desconocer también a los miles de voluntarios y activistas que pusieron su esfuerzo y recursos propios por el éxito de la jornada? Y al resto de los millones de venezolanos, que sin importarles el riesgo de la pandemia ni las posibles agresiones, acudieron a participar, ¿les vamos a decir que su esfuerzo es despreciable porque a lo mejor sus líderes cometieron errores?

Merecen un mejor trato esos millones de venezolanos que simplemente fueron a decirle al régimen que rechazan su fraude electoral del 6D, que quieren elecciones libres, justas, competitivas, observadas internacionalmente y que quieren que se hagan los esfuerzos que sean necesarios por salir de este régimen de oprobio.

Siete millones de venezolanos, más los que dejaron de asistir al proceso del 6D, si es que son diferentes, es una base importante sobre la cual reconstruir una fuerza opositora. En la oposición nos debatimos en tres o cuatro opciones distintas con relación a la forma de rescatar la democracia en Venezuela; ese será el tema con el que iniciaremos 2021.

Esta es mi última entrega de este año, reanudaré mi actividad el 9 de enero de 2021; seguramente pasaremos en familia el final de este año –para el olvido– rodeados de paz y tranquilidad y deseando que el 2021 nos traiga mejores perspectivas. Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo.

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La mejor imagen de lo ocurrido el pasado domingo 6 de diciembre, que tuvieron lugar las elecciones parlamentarias, es una caricatura de Edo, publicada en El Nacional digital el lunes 7, en el que aparece una urna electoral de color rojo y cuatro gatos, igualmente rojos, haciendo fila y el primero de ellos a punto de depositar su voto, por supuesto rojo, en la urna.

No cabe duda que el régimen logro lo que esperaba, con un espurio porcentaje de votos, que apenas supera el 15% del Registro Electoral, el partido de gobierno obtuvo 253 diputados, hasta el momento, faltando tres por adjudicar. Con eso se asegura la mayoría calificada que esperaba obtener –no hay sorpresas– que le permitirá aprobar los contratos que sus socios y cómplices internacionales necesitan, endeudar al país, vender activos de la República, aprobar cuantas leyes sean necesarias y hacer todas las tropelías que se les ocurran. Pero a pesar del logro de ese objetivo, la mejor palabra que describe lo ocurrido el domingo 6 de diciembre es: ¡Fracaso!

A pesar de todas las artimañas desplegadas, del abuso en el uso de los recursos del estado para comprar votos, de los chantajes y amenazas a la población –con dejar morir de hambre a quienes no votaran–, de los intentos desesperados a última hora para acarrear votantes a los vacíos centros de votación, que permanecieron ilegalmente abiertos por algunas horas más, nada funcionó, los electores no acudimos a votar.

El porcentaje de abstención, cercano al 76% –de acuerdo con cifras de los observadores electorales, que son desde luego más creíbles que las del CNE– es el más alto que se haya obtenido en cualquier proceso electoral efectuado en Venezuela desde 1958. Más alto incluso que el porcentaje de abstención de la irrita elección presidencial de 2018, que según el CNE fue del 53%; o el de los referendos constitucionales de 1999, cuando se decidió acudir a un proceso constituyente, que fue del 62%; o cuando se votó por la Constitución Bolivariana, que fue del 54%. Más alto también que el porcentaje de abstención del 30 de julio de 2017, cuando se eligió la inconstitucional Asamblea Nacional Constituyente (ANC), hoy execrada al olvido, que fue también del 54%.

No viene al caso reabrir la discusión acerca de lo acertada de la decisión opositora de abstenerse de participar en este proceso, lo cierto es que solamente acudieron a las urnas el 24% de los inscritos en el registro. Cuantos de esos que no acudimos fue por indiferencia o por seguir la línea política de la oposición democrática que llamó a no votar, no lo sabemos a ciencia cierta. Ese es precisamente el problema de la abstención. Podríamos especular diciendo que si el promedio de abstención histórico es del 35% –sacando algunas distorsiones, como la elección de la ANC y la elección presidencial de mayo de 2018– la abstención habría aumentado desde ese porcentaje del 35% al 76%, es decir 41 puntos, un incremento del 117%. ¿Son esos 41 puntos la magnitud que refleja al contingente opositor? Ojalá, pero es difícil confirmarlo o asegurarlo.

Lo cierto es que ya tenemos una cifra, más allá de las encuestas que circulan, del 76% de los venezolanos que rechazan a este régimen o que al menos no están dispuestos a movilizarse para algo tan simple como ir a depositar un voto para apoyarlo.

Ahora además de la discusión acerca del significado de esa cifra, hay también una discusión intensa acerca de sí debe tomarse en cuenta o no a los inscritos en el registro que están en el exterior y que en consecuencia no estaban habilitados para votar. No se sabe a ciencia cierta la magnitud de ese número de votantes, que algunos estiman en una cifra cercana a 2,5 millones, de los aproximados 5 millones que están en el exterior, pero creo que es una discusión que no tiene sentido.

Si aceptamos como buena esa cifra de 2,5 millones de venezolanos, que están en el exterior y que estarían en posibilidad de votar, porque son mayores de 18 años –aunque no necesariamente todos deben estar inscritos en el Registro Electoral– y la excluimos del Registro, éste baja a 17,5 millones de electores; el porcentaje de abstención sigue siendo el mismo y alta la cifra absoluta de los que no fuimos a votar. Pero además podemos asumir sin ninguna duda que la mayoría de los que están en el exterior, que no están vacacionando ni en viaje de negocios, se fueron del país buscando mejores condiciones de vida que aquí se les negaron; como quiera que sea, su ausencia del país es también un claro rechazo del régimen de oprobio venezolano que fue masivamente desaprobado el pasado domingo.

Pero para tener un cuadro completo de la situación política del país y del rechazo al régimen que nos mal gobierna, nos falta una cifra, la de la participación en la consulta popular, que está concluyendo hoy, 12 de diciembre, con la actividad presencial en cientos de sitios en Venezuela y en el mundo. Cuando la tengamos sabremos con mayor exactitud si el rechazo e indiferencia que la población venezolana demostró el domingo 6 de diciembre es solo al régimen y a los partidos “opositores” que le hicieron la comparsa, o es también un rechazo general a los partidos, a la política y a la oposición mayoritaria.

Esclarecer este punto será muy importante para trazarnos la magnitud de la tarea de reconstrucción política que tenemos por delante, porque ni modo pensar que nos vamos a quedar cruzados de brazos mientras se destruye el país. No lo hemos hecho durante los últimos 21 años, que hemos resistido y luchado contra el autoritarismo en precarias condiciones, no lo vamos a comenzar a hacer ahora.

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El domingo 6 de diciembre, con unas elecciones parlamentarias a su medida, cuyo resultado todos conocemos hace meses, el régimen concluye un capítulo de su estrategia de mantenerse en el poder a cualquier precio. Para ello requería recuperar el control de la Asamblea Nacional (AN), que perdió en 2015; ¡Y vaya si le ha costado trabajo recuperar la AN! ¡Ese es un logro que nadie le puede negar a la oposición democrática!

Desde el mismo mes de diciembre de 2015, cuando perdió el control de la AN, casualmente también un 6 de diciembre, hizo todo tipo de esfuerzos, la mayoría ilegales y abusivos, como es su característica esencial, para recuperarla. Creo que son todos bien conocidos y basta con enumerarlos, sin entrar en mayores detalles; comenzando por desconocer diputados electos, pasando por perseguir y allanar ilegalmente la inmunidad parlamentaria de otros, designando ilegalmente magistrados del TSJ –que acorralaron e “invalidaron” las decisiones de la AN–, eligiendo inconstitucionalmente una Asamblea Nacional Constituyente, que fue desconocida nacional e internacionalmente, y que al final desechó por su inutilidad e incapacidad de cumplir su tarea; trató igualmente de corromper diputados y logró comprar algunos para intentar una directiva paralela, apócrifa, que tampoco le dio resultado y al final, todo quedó en privar a la legítima AN de su sede y obligarla a legislar fuera del hemiciclo o de manera virtual, tras declararse la pandemia del Covid19.

Como nada de eso dio resultado, ante la firme resolución de los diputados de mantener sus curules y representación popular, el régimen finalmente apeló a “organizar” unas elecciones, asegurándose para ello una “oposición” a la medida y estimulando la no participación y abstención de la mayoría democrática.

Todo lo realizado para lograr una AN a su medida, le sirve también para su objetivo general de destruir la democracia. Democracia y dictadura –o gobierno totalitario o autoritario, escoja el término que más le guste, pues para efectos prácticos es lo mismo– son dos términos que se excluyen.

Lo único que Hugo Chávez supo hacer bien desde un principio fue montarse en el discurso populista de la “antipolítica”, tan de moda hoy con “indignados” dispersos por todo el mundo y se lanzó también por otra vía de ese virus populista: acusar a los políticos de “corruptos”, señalando que esos eran los que le “quitaban el pan al pueblo” y que él iba devolverle al pueblo lo que le habían quitado los políticos corruptos; él iba a “freír en aceite las cabezas de los adecos”… y acabar con los partidos corruptos… y lo hizo, prácticamente acabo con los partidos.

Desde luego Chávez, no acabó con la corrupción, la potenció. Pero si acabó con las instituciones, el congreso, los partidos –en la Constitución Bolivariana ni siquiera se les nombra y expresamente prohíbe que sean financiados por el Estado– modificó la composición del TSJ, cambio a capricho la constitución y los símbolos patrios, y un largo etcétera que no vale la pena volver a enumerar. Y esa tarea la continúa hoy su sucesor, designado por él, desconociendo a la AN, persiguiendo y encarcelando diputados y líderes políticos, inhabilitando a los partidos, quitándoles sus colores, símbolos, directivas y sedes y poniéndolos a formar parte del sainete de una elección parlamentaria, que al final está siendo desconocida también por una buena parte de la comunidad internacional democrática y una gran parte de la sociedad civil, no política, venezolana: Iglesias y confesiones religiosas, academias, universidades y movimientos estudiantiles, sindicatos y gremios, entre otros.

Pero esos cuatro puntos: tomar el control de la AN, intentar acabar con los partidos políticos y con la democracia –por parte del régimen–, el pronunciamiento en contra de la comunidad internacional democrática al respecto y la situación de caos económico, social y político en el cual el régimen ha sumido al país, forman la base de la agenda de la oposición democrática para recomenzar la tarea de reconstruir el país.

La agenda de la actividad de reconstrucción de la oposición democrática comprende moverse en múltiples escenarios. El orden no es indicativo de nada y no agota los innumerables temas posibles. Entre los más importantes puntos de dicha agenda, de lo más particular e interno a los más general y externo, se encuentran:

Primero, hay una tarea o área de actividad inmediata que es la reconstrucción de los partidos políticos; el régimen al destituirles sus autoridades legítimas, despojarlos de sus símbolos, colores, sede y recursos, pretendió acabarlos y utilizarlos para sus planes de dominación política; pero esto puede ser la oportunidad que se abre para iniciar o terminar el proceso de renovación y transformación interna de esos partidos, que sin duda es materia pendiente desde hace más de tres décadas. Una vez más sostengo que debemos ayudar y colaborar en la reconstrucción de los partidos, esencia del sistema democrático.

Segundo, hay una tarea de reconstrucción necesaria de la base de apoyo de la oposición democrática; de esa inmensa cantidad de personas –que se cuentan en millones–, los miles de organizaciones de la sociedad civil y grupos muy activos en la resistencia al régimen desde 1999, dispuestos siempre a defender sus derechos, que han marchado, protestado, manifestado, votado en elecciones y referendos, participado en recolección de firmas y un sin número más de actividades, bien conocidas todas.

Naturalmente las nuevas circunstancias políticas del país, con el régimen de nuevo controlando todas las instituciones, requiere de una planificación y propuestas de actividades políticas más seguras. Que permitan adquirir confianza a este sector que ha sido fiel a las directrices políticas, unas veces acertadas y otras no. Este sector, aunque por momentos luzca cansado y desmotivado, siempre se puede contar con él, pues sabemos que se puede reactivar en cualquier momento, si se logra dar con las ideas y las actividades a las que les encuentre sentido. Este es un sector ya ganado para la causa de la reconstrucción democrática del país y que se le debe brindar instrumentos organizativos, que le permitan canalizar su lucha y la disposición que ha demostrado de resistir a la dictadura.

Tercero, la oposición debe dirigir una acción específica a una inmensa mayoría del país, que permanece más indiferente a la actividad política, que no se involucra y que incluso en determinados momentos ha apoyado la demagogia y el populismo del régimen. Ese sector de la población está representado en varios millones de venezolanos, algunos de los cuales han cruzado las fronteras del país huyendo de la miseria o en la búsqueda de las oportunidades que aquí no tienen; pero otros permanecen en el país, muchos de ellos sumidos en la profunda crisis humanitaria, tratando de sobrevivir, a estos se les deben brindar propuestas, soluciones, metas a alcanzar y sobre todo una finalidad y un propósito por el cual entiendan que vale la pena seguir al liderazgo opositor

A ese sector, especialmente, se deben dirigir, debidamente “traducidas” para su comprensión, las propuestas del llamado Plan País, en el que trabajaron miles de personas, que contiene alternativas de solución para cada uno de los problemas que acogotan a los venezolanos, y que inexplicablemente no ha sido difundido de manera masiva, en un lenguaje que pueda ser comprendido por todos y expresado en términos suficientemente emotivos, capaces de entusiasmar a los venezolanos en los objetivos que se plantean. No olvidemos que entre estos están, los miles que todos los días, por los más variados motivos, protestan y manifiestan su descontento. Esa es una bandera política cuya organización la oposición no puede seguir ignorando.

Cuarto, la oposición debe dedicar un esfuerzo importante a mantener contacto y relación con la comunidad internacional –la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto, la Oficina del Alto Comisionado de las ONU para los derechos humanos, y el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos, y otros– que durante los dos últimos años han sido aliados y soporte de la Asamblea Nacional electa en 2015 y del gobierno interino designado en 2019.

Las dictaduras no salen solas, hay que empujarlas desde adentro y jalarlas desde afuera; siempre hemos sostenido que el factor crítico de éxito para resolver la crisis política en Venezuela es una presión de pinza, interna y externa, que obligue al régimen o le haga entender que su mejor salida es buscar una negociación para dejar el poder.

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Con mayor frecuencia vemos que analistas, periodistas, “opinadores” de oficio, y toda clase de personas influyentes –esos que hoy denominamos con el anglicismo de influencers– desgranan en prensa y redes sociales su preocupación acerca del futuro político, inmediato, de Venezuela. No es para menos, pues con la llegada de enero de 2021 se nos viene encima una muy complicada y difícil etapa.

Quien no lo haya hecho aún, es pertinente que se pregunte: ¿Qué vamos a hacer?, es decir, más concretamente: ¿Cuál será la estrategia de la oposición para enfrentar al régimen dictatorial, autoritario, que gobierna al país? La pregunta no es retórica y como ven, la personalizo, no va dirigida solo a los políticos, a los partidos, sino a todos los venezolanos que nos oponemos a este régimen de oprobio.

No creo descubrir la rueda ni inventar la pólvora al describir la situación con la que nos vamos a encontrar a partir de enero de 2021, pues muchos ya lo han hecho, simplemente la voy a resumir para que todos nos ubiquemos en la misma situación.

Comencemos por el lado del régimen; éste se dispone a elegir el 6D una Asamblea Nacional (AN) a su medida. Poco le importa cuantos concurran y voten en el proceso, su CNE siempre puede poner el número que le resulte más conveniente; como hizo con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que “acomodó” un número de votantes, con el único requisito de que fuera superior al de la consulta popular opositora efectuada dos semanas antes, el 16 de julio de 2017. Tampoco le importa mucho que a esa “elección” no concurra la oposición democrática; más bien todo su esfuerzo estuvo claramente dirigido a que no concurriera, para evitar riesgos innecesarios o verse en la necesidad de perpetrar un fraude mayor. Le basta y sobra con su oposición a la medida, la constituida por sus execrados aliados de la izquierda y los de la llamada “mesita”, que es improbable que puedan darle un “susto”, mucho menos sí para colmo van divididos en varios pedazos. Alguno de estos grupos, individualmente o “convenientemente”, lograrán alguna diputación, pero en un número que ni siquiera estará cerca de poner en peligro el objetivo del régimen de contar con los 2/3 de la futura AN.

Tampoco le quita el sueño al régimen no tener la aprobación de la comunidad internacional; después de todo tampoco la elección de la ANC y las presidenciales de 2018 la tuvieron, y allí está el gobierno de facto. Al régimen le basta con que sus aliados internacionales –Rusia, China, Irán, Cuba, Nicaragua, Turquía, y algunos otros– reconozcan dicha Asamblea y acepten gustosos los acuerdos internacionales que ésta les va a aprobar, para dar “seguridad jurídica” y tapar todos los negocios y trapacerías que ahora están realizando.

El régimen, claramente, persigue tres objetivos importantes, ya ampliamente descritos, por eso apenas los menciono: uno, sacarse de encima la actual AN dominada por la oposición y que le aprobó un gobierno interino; dos, asestarle un golpe noble a la oposición democrática, que a partir de enero no contará con una representación parlamentaria ni con un gobierno interino que puedan ser reconocidos internacionalmente y tres, contar con una AN que, como ya señalé, facilite los negocios del régimen con sus socios internacionales

Del lado de la oposición, enero de 2021 se presenta poco auspicioso. La oposición, a pesar de ser la mayoría en el país, de acuerdo con la última medición electoral en la que participó y de acuerdo con todas las encuestas, permanece inmovilizada, desanimada, lamentándose de su suerte, totalmente postrada, desmoralizada y dividida.

Descontando la fracción que se anotó con el régimen para concurrir al proceso electoral –y que en consecuencia eligió “amoldarse” a sus exigencias, las actuales, electorales, y las futuras, que no sabemos a dónde la llevarán– la oposición se fragmenta en varios pedazos.

Desde el punto de vista organizativo vemos un primer sector, constituido por una gran mayoría que se agrupa en el llamado Frente Amplio, pero que no tiene una clara estrategia de acción y movilización. Hasta el momento ha decidido dos cosas: una, abstenerse de participar en el proceso electoral del 6D, cuyas consecuencias prácticas vimos más arriba; y la otra es emprender, al parecer sin mucho ánimo y no unánimemente, la tarea de organizar una “consulta popular”, sobre la que hay algunas dudas importantes y no se termina de tener claro sus aspectos organizativos, lo que compromete –a gran escala– sus probabilidades de éxito.

Hay un segundo sector, que algunos denominan o ven más “radical”, pero menos numeroso y representativo, aunque un tanto más ruidoso y activo en redes sociales, pero que parece resignado a esperar una improbable intervención internacional externa, que algunas veces han definido eufemísticamente de “fuerte”, denotando así su carácter aparentemente militar, pero que sin embargo inmediatamente niegan, preguntándose “quien ha dicho tal cosa…” Su tarea, en buena medida, se concreta en diferenciarse y criticar todas las iniciativas de la oposición mayoritaria, a la que obviamente aspira reemplazar en el tablero político.

En lo organizativo también, hay un tercer sector, constituido por los disidentes del llamado chavismo, que no terminan de romper con el supuesto “ideario” de Hugo Chávez Frías, pero que obviamente no se identifican con el actual régimen madurista; algunos de sus factores más significativos ya tienen más de un lustro de disidencia, pero tampoco ha sido fácil su plena incorporación al conjunto de la fuerza opositora.

Pero lo más grave es que fuera del marco organizativo de la oposición está la inmensa mayoría de ciudadanos comunes, del pueblo venezolano. Algunos, afiliados a organizaciones de la sociedad civil que, en el mejor de los casos, deambulan sin rumbo alrededor de los partidos; otros que rechazan a los partidos, con las ya clásicas consignas “antipolíticas” y “antipartidos”; otros, la gran mayoría, el peor de los casos, que permanecen inertes, desmovilizados, frustrados, apáticos, frente a la situación política del país, buscando desesperadamente una solución individual a sus penurias.

Afortunadamente, en este sector ciudadano y de la sociedad civil, hay una inmensa mayoría de ciudadanos que cada día se manifiesta y protesta por los más diversos y válidos motivos, con una motivación claramente política, pero poco precisa en su intención de orientarse y organizarse en contra del régimen y que en consecuencia es poco eficaz.

De esta manera, ante el panorama descrito, la “oposición mayoritaria” tiene varias tareas que llevar adelante, desde ahora y sobre todo a partir de enero de 2021. Una es interna; y me refiero a lo interno de cada organización, para concluir –o iniciar– sus procesos de renovación, volverse más democráticos y participativos, tarea pendiente desde hace varios años, que al no resolverse deja puertas abiertas y facilita que se produzcan las disidencias que vimos recientemente, que dio origen a los llamados “alacranes” y “mesitas”; otra tarea, también interna, de conjunto, es dirimir rápidamente o diferir las disputas internas por el control político de la coalición opositora, para lograr orientar y canalizar políticamente todas esas protestas espontáneas, diarias, que se producen en el país.

Sin embargo hay una importante tarea externa que llevar adelante y es la de continuar la relación con la comunidad internacional que ha venido apoyando desde hace un par de años al gobierno interino y que ahora se le hará más difícil concretar ese apoyo, al no contar con una representación parlamentaria, ni con un gobierno interino.

Para esa tarea son importantes dos elementos; uno de ellos se volverá cada vez más peligroso a partir de enero de 2021, fecha en la cual el régimen controlará todas las instituciones del estado, sus recursos, el sistema de justicia y carcelario, todo el aparataje represivo; me refiero a mantener la denuncia de las violaciones de los DDHH y la situación crítica en la que vive el pueblo venezolano por la compleja crisis humanitaria; el segundo elemento que en este contexto de inamovilidad en el que estamos inmersos no se debe despreciar y adquiere gran importancia es participar en la “Consulta Popular”, que más allá de la especulación o argumentación de su carácter vinculante con base en el Artículo 70 de la Constitución, su significado puede ser mostrar al mundo, a la comunidad internacional, a nosotros mismos y al régimen, que la oposición venezolana sigue viva, activa y en disposición de luchar contra la dictadura que la oprime.

En este contexto es importante que no olvidemos que 2021 es año electoral –de gobernadores, alcaldes, concejos, asambleas legislativas–- y que al llegar a la mitad del periodo del presidente usurpador, se abre la posibilidad, nuevamente, de un proceso revocatorio. Por eso es necesario abrir nuevamente la discusión: ¿Nos vamos a mantener en una posición abstencionista? ¿Vamos a luchar por unas elecciones justas, democráticas, imparciales, etc.? Son preguntas que a nadie gustan, pero es una realidad política que está allí, que se nos viene encima y a la cual habrá que dar respuesta.

Una vez más reitero mi posición que la oposición democrática tiene que aprovechar todas las oportunidades para alcanzar mayores niveles organizativos, que permitan mantener la presión, nacional e internacional, para llegar a una negociación que acabe con este régimen de oprobio.

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La oposición democrática organiza un evento entre el 5 y el 12 de diciembre próximos, una “consulta popular”, en contraposición a lo poco democráticas e irritas elecciones convocadas para el 6 de diciembre (6D) por el igualmente ilegal y parcializado CNE.

Frente a estas elecciones del 6D, la oposición democrática ha decidido abstenerse; es una estrategia que no apoyé en el momento de su discusión, pero que he aceptado acatar –como siempre dije que haría cuando se tomara una posición definitiva– porque considero que es más importante mantener la unidad opositora que mantener una posición de principios frente a algo que, en definitiva, no es más que una estrategia política.

Con respecto a la “consulta popular” convocada, buena parte de las dudas que muchos tienen acerca de lo oportuno de realizarla provienen de que, para bien o para mal, todos tenemos en mente lo ocurrido con la exitosísima jornada de recolección de firmas o consulta igualmente popular, llevada a cabo el 16 de julio de 2017 (16J).

Para rechazar la consulta propuesta hoy, algunos preguntan que para qué otra consulta, si la del 16J no sirvió para nada, pues no se llevaron adelante algunas acciones que ellos suponen que se debieron realizar.

Al argumentar sus objeciones, comparando ambas situaciones, algunos aluden a que el 16J veníamos saliendo de una frustración porque nos habían eliminado el referendo revocatorio y que esa consulta fue algo así como el hijo directo de esa frustración. A lo mejor en octubre de 2016 eso de una consulta popular estaba “in pectore” o en la cabeza de algunos líderes políticos o ciudadanos, pero desde luego no era parte de la discusión política, pública, abierta, por lo que voy a disentir de esa conexión directa que se hace entre ambos eventos, la suspensión del revocatorio a finales de 2016 y la recolección de firmas del 16 de julio de 2017.

Soy de los que cree que es necesario tener en cuenta, al evaluar la actual consulta popular, que estamos en condiciones muy diferentes para realizar esa consulta, con relación al ambiente político que había el 16J; pero, hacer esa conexión directa, entre la suspensión del revocatorio y la recolección de firmas del 16J, me parece que es un intento de argumentar contra la consulta actual, haciendo una comparación de eventos, olvidando y soslayando algunos acontecimientos políticos importantes ocurridos entre octubre de 2016, cuando se cancela la posibilidad del revocatorio y el 16 de julio de 2017. Recordemos solo los más significativos.

− Se posponen, sin motivo justificado, las elecciones de gobernadores.

− Se detiene la recolección de firmas para el revocatorio, tras la decisión ilegal de varios jueces penales y se elimina de manera definitiva la posibilidad del referendo revocatorio.

− Fracasan los intentos de diálogo de Margarita, mediados por El Vaticano, Samper, Rodríguez Zapatero, Omar Torrijos y Leonel Fernández)

− El TSJ intenta quitarle atribuciones a la AN con dos decisiones, que después revocaron, pero que desencadenan una serie de eventos políticos.

− Como consecuencia de esas decisiones del TSJ se reinician protestas, marchas y manifestaciones que duraron varios meses y que dejaron más de 140 muertos.

− Se inhabilitó políticamente a Capriles Radonsky, en ese momento Gobernador, y se amenazaba y ponía presos a los alcaldes opositores, algunos de los cuales se vieron obligados a irse al exilio.

− El presidente Nicolas Maduro convoca inconstitucionalmente a la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, a lo que el CNE responde perentoriamente fijando la fecha.

− La Fiscal General, Luisa Ortega Diaz, que había calificado de “ruptura del orden constitucional” las decisiones del TSJ para quitarle atribuciones a la Asamblea Nacional, AN, intenta, infructuosamente, acciones contra la convocatoria de la ANC.

− Las acciones de la Fiscal General conducen a su destitución, su exilio y nombramiento de Tarek William Saab como Fiscal General.

− El 27 de abril, Venezuela se retira de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las críticas a la situación venezolana por parte de su Secretario General y del propio organismo, que realiza dos intentos –el 31 de mayo y el 20 de junio– de censurar a Venezuela, sin lograr consenso suficiente.

− El 27 de junio Oscar Perez bombardea desde un helicóptero la sede del TSJ.

− El 3 de julio, el presidente de la AN, Julio Borges, en nombre de la coalición de partidos de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), anuncia la convocatoria de un plebiscito o consulta popular, de la que se venía hablando hace algunas semanas.

− El 5 de julio la AN –a pesar de estar rodeada por violentos manifestantes oficialistas y ser invadida su sede– aprueba formalmente realizar la consulta popular y el 6 de julio se dan a conocer las preguntas y comienza, públicamente, el proceso de organización de la consulta del 16 de julio.

Todos esos acontecimientos, sin que sea fácil privilegiar la mayor importancia de alguno de ellos, fueron el caldo de cultivo, el ambiente político que había en el país y que convocó a la participación de la consulta popular del 16 de julio de 2017 a más de 7 millones y medio de venezolanos, de los cuales 724 mil participantes lo hicieron en el exterior, repartidos en 556 ciudades de 90 países.

Hoy, que nos avocamos a una nueva consulta popular, a diferencia de esa efervescencia, vivimos un proceso político muy diferente, con una población desanimada, que ha transitado por varios procesos de abstención electoral, con la vía del voto totalmente satanizada, con una crisis económica y social que hace que la gente se concentre prioritariamente en resolver su situación para sobrevivir, con graves problemas de desplazamiento y movilidad por la pandemia y la falta de gasolina, sin conexión a internet y ni siquiera luz en buena parte del país, como para hacer la consulta de manera virtual. Incluso en el exterior habrá dificultades para recoger firmas presencialmente, por la pandemia y porque buena parte del hemisferio norte estará en pleno invierno.

A todo eso habrá que agregar los esfuerzos que desplegará el régimen para sabotear, intimidar y desconocer esa actividad. Debemos estar preparados, por ejemplo, para que el régimen compare los resultados de esa consulta popular con sus elecciones de la AN prevista para el 6D. Sin duda exagerarán la participación del 6D, sobre la cual dirán cualquier número, como hicieron con los resultados de la ANC, cuando simplemente lanzaron una cifra superior a la de la consulta del 16J; pero, como se recordará, nunca publicaron resultados por entidad ni por mesa, como era de esperarse de todo evento oficial del CNE, y nunca supimos realmente cuántos votantes concurrieron a ese proceso ni con cuántos votos fueron electos de manera individual los integrantes de la ANC.

Como quiera que la decisión de hacer la consulta está tomada, no tengo dudas en que se hará un gran esfuerzo para superar todas esas condiciones adversas y lograr una jornada lo más exitosa posible. De hecho, en las diferentes regiones del país y en algunas zonas de Caracas, eso está ocurriendo ya y se nota un entusiasmo muy superior al que se percibe en las discusiones de algunas redes sociales y grupos de WhatsApp.

Lo importante es que no nos formemos expectativas sin bases reales y no hagamos comparaciones inapropiadas con eventos anteriores o similares; que nadie esté pensando tampoco, por la forma en que están redactadas las preguntas, en que esa será la actividad que ponga al régimen contra la pared y lo obligará a renunciar e irse. Por muchas interpretaciones jurídicas en cuanto a lo vinculante o no de esa consulta, lo cierto es que el poder fáctico, el régimen, no está dispuesto a reconocer ninguno de sus resultados y, como siempre, sí está dispuesto a utilizar la fuerza para demostrarlo. A pesar de eso, la jornada, por sus características, ofrece una oportunidad para alcanzar mayores niveles ciudadanos de organización, que no debemos desaprovechar; es también una oportunidad para seguir demostrando a la comunidad internacional y a los países que han apoyado al gobierno interino, que la oposición venezolana sigue viva, aun cuando no participe en jornadas electorales organizadas por el régimen, porque éstas no reúnen condiciones mínimas de equidad, libertad y democracia.

En resumen, con relación a la consulta popular, creo que hay que deponer algunas actitudes de rechazo y desmoralización hacia los que han decidido asumir las dificultades, ya de por si importantes, de esta tarea y aprovechar la circunstancia de la posición unitaria asumida por la oposición democrática para convertir esta jornada de consulta popular en, al menos, un reinicio de la actividad política de calle por parte de los ciudadanos, muy adormecidos desde hace casi un año. Que la jornada se sume, sin otras pretensiones, a las diarias protestas del pueblo venezolano en contra del régimen, por los más variados y válidos motivos, ya es un logro importante.

Como dice Daniel Asuaje: “Hoy luce casi imposible salir de este laberinto y si solo un milagro puede sacarnos de él, entonces es tiempo de estar determinados a coproducirlo, no a obstaculizar a quienes buscan realizarlo.” (Los Milagros (a veces) existen. El Universal, 18 de noviembre de 2020)

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Es tiempo de volver a plantearse –hay que hacerlo continuamente– cuál es el fundamento estratégico de la oposición para salir de este régimen de oprobio; porque aclarado ese punto es lo que permitirá definir, por ejemplo, las políticas de alianzas, nacionales e internacionales.

No insistiré, lo he hecho muchas veces, en lo dañino que es la pérdida de confianza en el voto, en su carácter de universal, directo y secreto para elegir las autoridades, dirimir diferencias y llegar a consensos en una sociedad. Pero he de reconocer que la vía electoral está cerrada, al menos por el momento.

No solo no es la opción que se plantean los partidos que conforman la oposición democrática, sino también, y esto es lo verdaderamente importante, hay fuertes e innegables evidencias de que esa opción es hoy rechazada a nivel popular. Nadie cree en estos momentos en los procesos electorales; nadie tiene confianza en que el régimen no se aprovechará de su posición de poder para manipular el proceso y los resultados, sin que nada se lo impida, pues nadie confía en el supuesto árbitro, que no es tal, el CNE. Por lo tanto, hay que admitir que al menos por el momento, la vía electoral está cerrada.

Cerrada esa vía, solo quedan dos posibles: la opción de la fuerza, sea interna o internacional o un proceso de negociación, que conduzca a la convocatoria de unas elecciones, en condiciones justas y equilibradas, con observación internacional.

La salida de fuerza, por la vía de una intervención militar externa también luce hoy descartada. Ningún país o grupo de países, ni organismo multilateral está dispuesto a emprenderla, o participar en ella y así lo han declarado en diversos momentos y por diversas vías. Los países que reconocen y respaldan a la oposición democrática, insisten en la vía electoral para salir de la crisis venezolana.

Incluso ahora, que se vislumbra ganador el candidato demócrata en los EEUU, esta perspectiva de la intervención externa luce menos probable, toda vez que el candidato ganador ha declarado que piensa en una salida por la vía electoral y es evidente su acercamiento a la Unión Europea, que impulsa las elecciones para resolver la crisis política en Venezuela. En realidad, la perspectiva de la intervención militar siempre estuvo descartada por los EEUU, incluso bajo la presidencia de Donald Trump que, habiendo alentado esa perspectiva, con su diplomacia de micrófonos, nunca estuvo dispuesto a llevarla a cabo.

Una salida de fuerza, militar, interna, es para mí indeseable y además no parece tampoco que sea una opción factible; no luce que nuestros militares estén dispuestos a “rebelarse” contra un régimen con el que les ha ido tan bien y del cual, en realidad, son el único soporte, porque al hacerlo sostienen sus propios intereses.

De manera que no creo que la intervención militar sea la salida; pero tampoco creo que quienes hoy detentan el poder por la fuerza se van a ir simplemente con marchas y manifestaciones; pero eso forma parte del proceso de agitación que hay que mantener para que se produzca lo que al final sí creo que puede acabar con este régimen, que es el quiebre del bloque hegemónico que los mantiene en el poder: militares, corruptos y menos corruptos y una base de empresarios enchufados; si estos dos grupos ven que sus intereses, en lo personal, comienzan a estar amenazados, por agitación interna y aislamiento internacional, no dudarán en quitar el apoyo a la dictadura. Yo creo que eso es lo que hay que lograr con un efecto tenaza o de pinza: movilización popular interna y apoyo internacional con presión y sanciones que afecten a la dictadura, pero sobre todo a esos militares, funcionarios y empresarios enchufados que quieren disfrutar de esos bienes mal habidos.

Pero eso solo conducirá a lo que es el meollo del problema y de este artículo, que no podemos seguir negándonos a discutir frontalmente: que se abra un proceso de negociación, con sólido apoyo internacional, con fuerte y decidida movilización popular interna, que fuerce una “salida” de la dictadura, que se vea obligada a negociar el abandono del poder y a que se concrete, al final, una salida electoral.

Volvemos entonces al principio: al final serán la negociación y la vía electoral los factores que diriman la situación. A menos, claro está, que se produzca una intervención militar, interna o internacional, en cuyo caso quienes se alcen con el poder tras desplazar al régimen impondrían sus condiciones, plazos, formas, etc.; pero si no es así, a la larga, todo nos llevará a una salida electoral.

El tema, entonces, de la negociación, es también un tema que se impone discutir, por más que hoy esté “satanizado” el término. El rechazo al mismo, en algunos sectores políticos de oposición y en una parte de la población, se debe en buena medida a los fracasos de los diálogos y las negociaciones previas –en Venezuela, República Dominicana y Barbados, con mediación de El Vaticano y Noruega– que dejaron un amargo sabor, difícil de superar.

También, porque parte de la satanización proviene de quienes enfatizan el carácter hamponil, narcotraficante, violador de derechos humanos del régimen, cosa que no dudamos y que obviamente dificulta emprender el proceso de cualquier salida negociada. Cuando se argumenta: ¿Quién en su sano juicio negociaría con hampones, narcotraficantes y violadores de derechos humanos?, obviamente es difícil aceptar esa perspectiva. Pero eso olvida o soslaya que esa es nuestra realidad política: el poder no lo detentan unos monjes franciscanos ni unos adoradores de la no violencia, con quienes sería muy grato negociar.

Algunos sectores políticos opositores, que niegan esa perspectiva, con esa argumentación o parecida, cabalgan políticamente sobre la ola y lo hacen con facilidad, pues solo plantean salidas utópicas, por irrealizables, con las que nunca “fracasan”, pues es imposible fracasar, con utopías irrealizables. Pero tampoco tienen éxito; solo están allí, siempre, en la práctica bloqueando cualquier alternativa de solución.

Sabemos bien quienes detentan por la fuerza el poder, de quienes conocemos sus cualidades morales y personales, su largo prontuario delictivo, de corrupción y uso de la fuerza, ¿por qué habrían de abandonar el poder si tienen el pleno control y toda la fuerza, sí no se les da algunas “garantías” que les sean razonables para dejarlo?; aunque suene cínico decirlo con ellos es que hay que negociar, para el bien del país, para salir de esta tragedia y no seguir hundiéndonos.

Nuestra tarea, lo que hay que lograr es una sólida y unida fuerza opositora, un país movilizado en lo interno y apoyado internacionalmente, que permita una negociación exitosa.

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Aunque aún –al viernes 6 de noviembre– no tenemos los resultados definitivos de las elecciones de los EEUU del pasado martes 3, según todos los indicadores que se tienen a este momento, el candidato demócrata, Joe Biden, sería el ganador; pero, para que se concrete ese triunfo hacen falta algo más que votos populares y “colegios electorales”, pues probablemente deberá sortear una aguda batalla judicial, incierta en sus resultados y en su duración.

Donald Trump y su equipo de campaña habían anunciado de diversas maneras que se preparaban para “denunciar”” y combatir judicialmente un fraude electoral que seguramente los demócratas estaban preparando; la estrategia de Trump y su equipo –no me atrevo a decir que es una estrategia republicana– se basa en algo que para nosotros resulta tan extraño como lo es eso del “voto anticipado” y del “voto por correo”, con unas boletas que serían forjadas por millones e introducidas en el conteo de votos. Sin entrar a juzgar al respecto, debo decir que resulta extraña esa “anticipación” del tema por parte del equipo de Trump; y más extraño aún que el supuesto fraude solo afecta los votos presidenciales, no a los votos para representantes y senadores, que se emiten en la misma boleta. Pero en fin, de prosperar esa intención de demanda del fraude –todavía es posible que no se concrete– habrá que esperar la decisión judicial, sin ponerse a especular al respecto.

La esperanza, al menos la que yo tengo, es que esa denuncia del fraude no sea una mera estrategia electoral pues de ser así, se estaría sembrando la desconfianza y jugando con la solidez de una institución fundamental, el voto, que es el instrumento de la democracia para formar gobierno, dirimir las diferencias e impedir que la barbarie y la fuerza sea lo que se imponga. Los venezolanos sabemos bien, por haberlo vivido, el daño que se hace a la democracia, a la libertad, a la convivencia, sembrando dudas y desconfianza en el voto y en los procesos electorales, que ha sido una estrategia fundamental reiterada del régimen que sufrimos desde hace más de 20 años.

Este proceso electoral que concluyó esta semana en los EEUU, su fogosidad y dureza, según los entendidos, no es muy diferente a otros procesos que han tenido a lo largo de su historia republicana y democrática; solo que, en particular éste, sin duda generó grandes expectativas a nivel mundial por la polarización que se ha agudizado en ese país y especialmente por la posibilidad de la reelección o no del actual presidente, Donald Trump, tras su polémico y controversial mandato presidencial.

Particularmente en Venezuela seguimos muy de cerca lo ocurrido, como si por una ironía e inversión del destino fueran los EEUU, lo que ellos siempre nos han considerado a nosotros: nuestro “patio trasero”. Aquí nos batimos, en redes sociales, de manera muy ácida y violenta, como ya es nuestra costumbre cada vez que hay cualquier disputa política. Nuestra propia polarización –hablo de la interna de la oposición– nos lleva rápidamente a las descalificaciones e insultos; basta con que alguien tenga alguna idea distinta a la nuestra, o alguna de las partes sospeche un atisbo de “progresismo”, izquierdismo o socialismo para que se irrite el otro bando, y entramos entonces con falso y pretendido espíritu “cosmopolita y mundano”, ese sentirnos “ciudadanos del mundo” que no se detiene en fronteras, a mostrar nuestro escaso “talante democrático” y baja tolerancia, y la disposición a sacarnos las entrañas y los ojos, por la causa que sea, aunque el tema no nos afecte directamente.

No estoy diciendo que el que acaba de pasar, las elecciones en los EEUU, no nos afecta; solo digo que no era necesario que nos despedazáramos amargamente por él. Como bien dice un amigo: “Ya casi no se puede intercambiar o discutir con muchas personas por la grave inhibición de su raciocinio.”

Pero, antes de abordar el tema del posible impacto del resultado electoral en los EEUU, también hay que decir, si somos justos y objetivos –dos elementos que cada vez están más ausentes en las discusiones políticas en Venezuela– que esa expectativa que se generó en nuestro país es probable que no vaya más allá de la clase media alta, profesional, intelectual y académica, los que nos desenvolvemos en redes sociales, en las cuales desarrollamos una amarga “gimnasia” y nos demolimos en disputas verbales por uno u otro candidato.

Aunque no sepamos aún el ganador definitivo, se puede decir que está encendida la expectativa en cuanto a dos temas: su impacto sobre la situación política interna en los EEUU y su impacto sobre la situación política venezolana.

Sobre el impacto en la política interna de los EEUU, en la que no soy especialista, me voy a permitir “plagiar” a un buen amigo, que me hizo llegar sus reflexiones al respecto:

“El panorama de hoy aquí apunta a que vamos a tener problemas de varias clases con los conteos...Pero viendo los números que se están asentando percibo que tanto el radicalismo de derecha como el de izquierda están perdiendo las elecciones... afortunadamente...Y ayer (jueves 5) Wall Street lo reflejó...Simplemente la gente está cansada y al votar reaccionó...Eso se ve primero en las dos cámaras del congreso donde los demócratas en neto están perdiendo representación...Aunque retienen la mayoría en la cámara baja, la brecha que había se redujo considerablemente...Ya a lo interno hay discusiones en el partido (demócrata) en cuanto a que la posición agresiva “progresista” asumida por muchos candidatos convirtió lo que pudo ser una victoria que los llevara a una “blue wave” genuina, en una derrota...Este hecho tranquilizó e inclusive entusiasmó a Wall Street ayer (jueves 5)...En el senado los republicanos aún retienen el control...Pero también el radicalismo de derecha que acompaña a Trump perdió muchísimo terreno y eso se refleja en lo que parece ser la derrota del presidente...La gente no le compró el discurso a las mujeres del “squad” lideradas por Alejandra Ocasio-Cortes... pero tampoco se lo compró a Trump...Cosa que alivia enormemente a Wall Street...La gente está harta de los dos discursos...El radicalismo de la gente de Trump está manifestándose algo peligroso al tratar de hacer lo que haya que hacer para no perder una elección presidencial que está ya perdida...”

No creo que los comentarios de mi amigo necesiten añadidos y mayores explicaciones, son una buena interpretación del clima político que deja esta refriega en ambos partidos.

Con respecto a la situación en Venezuela, algunos temen que la derrota de Donald Trump signifique un retroceso en cuanto a la presión de los EEUU sobre el país, que sin duda fue uno de los temas de la campaña de Trump para atraer los votos latinos, sobre todo de La Florida, que se consideraba un estado clave. Para los que así piensan, un triunfo de Joe Biden significaría entonces un “regreso” a la política menos proactiva de Barak Obama.

Ya he dicho en otra ocasión (https://ismaelperezvigil.wordpress.com/2020/10/09/biden-o-trump-falso-dilema/) que no creo que vaya a haber diferencias de fondo en cuanto a la política hacia Venezuela, cualquiera que sea el resultado final de las elecciones en los EEUU. Ciertamente son de agradecer algunos gestos de Trump hacia Venezuela y especialmente hacia Juan Guaidó con ocasión de su discurso ante el Congreso y que profundizara algunas de las sanciones –tema polémico, que no voy a tratar– pero también hay que recordar que las primeras sanciones contra el régimen venezolano las tomó la administración Obama, donde Joe Biden era vicepresidente y activo en política internacional; y las primeras medidas que tomó Trump estuvieron basadas en una orden ejecutiva que dejó Barak Obama a su salida de la presidencia.

Las cosas han variado algo desde Obama para acá; por ejemplo, cuando Obama era presidente no existía Juan Guaidó al frente de un Gobierno Interino, no había el apoyo a ese gobierno de la Unión Europea, ni existía el Grupo de Lima, ni el Grupo Internacional de Contacto. No había sido elegido Maduro presidente en una elección ilegítima, no reconocida por una buena cantidad de países occidentales democráticos. No habían fracasado varios intentos de diálogo y negociación en República Dominicana y Barbados. Ya no hay duda tampoco sobre el tema de los crímenes de lesa humanidad y la violación de DDHH en Venezuela, y ahora reforzados con el pronunciamiento de esta semana de la Fiscal Fatou Bensouda de la Corte Penal Internacional, acerca de que en Venezuela se habrían cometido delitos que son competencia de dicha Corte. ¿Qué hubiera hecho Barak Obama ante todos esos hechos?, es algo que nunca lo vamos a saber, solo nos queda especular, pero al menos ahora podremos saber qué actitud tomará el que fue su vicepresidente. Son cambios importantes los que se han producido que un gobierno norteamericano, de cualquier signo, no puede continuar ignorando.

En buena parte lo que pase para resolver la crisis política de nuestro país se deberá sin duda a la presión internacional, pero sobre todo a lo que logremos hacer internamente en cuanto a movilización popular. Debemos estar conscientes que en la comunidad internacional cercana a Venezuela, cada país está más concentrado en sus propios problemas con la COVID-19 y las secuelas que dejará sobre sus propios países.

E internamente, ahora mismo, las cosas no pintan bien en Venezuela; hay mucho desánimo, la crisis es muy fuerte y la represión cada día más intensa; pero esa es la realidad con la que nos toca lidiar. Las condiciones no son las mejores, pero al menos ahora que contamos con mejor reconocimiento de la comunidad internacional, nos toca jugar bien el partido.

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