El 17 de agosto, el Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria César Trómpiz se presentó, muy sonriente, a la reunión del Consejo Nacional de Universidades CNU y luego de saludar a las autoridades universitarias presentes, pasó a indicar que la agenda del día solo tenía un punto para ser tratado y que como ya todos los presentes conocían el borrador del papel de trabajo que se les había entregado con antelación, daba por hecho que no habría mayor discusión para la aprobación de ¨La Normativa de Educación Multimodal” propuesta por su despacho, con la finalidad de agrupar los diferentes modelos educativos, en este caso, relacionados con los semipresenciales y los no presenciales como son los modelos a distancia, abiertos y mixtos.

Al abrirse el derecho de palabra, la sonrisa del ministro se transformó en una mueca de disgusto, al ver y escuchar como los rectores de UCV, ULA, UDO, UNEXPO, UPEL, UNIMET, UNET, UCAB y UCLA, todas pertenecientes a la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios AVERU, intervenían para hacer las observaciones de rigor al documento presentado. Basandon sus observaciones en criterios constitucionales y jurídicos y dejando claramente expuesto que a pesar de tener coincidencias con algunos de los elementos señalados en ese documento normativo, no menos cierto es, que también allí se presentan artículos inconstitucionales que violan flagrantemente la autonomía universitaria.

Los rectores fueron enfáticos en señalar que en el Artículo 1 de la normativa se establece como objeto del instrumento “normar la organización, estructura y gestión de los Sistemas Multimodales de Educación Universitaria”, lo cual es una significativa violación al Artículo 109 de la Constitución Nacional, que “Consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión”.

Por otra parte, en el documento presentado por el ministro se evidencia claramente la intención de asignarle una serie de tareas y responsabilidades a las universidades sin que

exista el compromiso o la obligación del Ministerio de Educación Universitaria para aportar los recursos presupuestarios para el cumplimiento de dichos objetivos. Esto afectaría particularmente a las universidades de gestión pública, las cuales dependen económicamente del Estado venezolano para la consolidación de una plataforma tecnológica acorde con las necesidades del caso.

Pero donde quedo manifiestamente expresado el intervencionismo del régimen, fue en los Artículos 33 y 35 de la referida normativa. En el primero de los nombrados, se establece que el costo de los cursos en esta modalidad (Diplomados, Maestrías, Doctorados o Postdoctorados deberá ser aprobado por el CNU, mientras que el 35 señala que las universidades deberán pagar un 10% de sus ingresos por este concepto a la Secretaría Permanente del ministerio. En ese articulado, quedó plasmada una vez más la agresión intervencionista del régimen, en este caso, contra la autonomía administrativa del sector universitaria al pretender normativamente “martillar” o “cobrar peaje” para apropiarse arbitrariamente de los ingresos propios de puedan generar las universidades en la aplicación de un sistema de educación multimodal, violando de manera descarada las disposiciones contempladas de la Ley de Universidades, que dan marco jurídico a la autonomía administrativa para lo relacionado con los ingresos propios del sector.

Lejos de preocuparse por la crisis que atraviesa la universidad venezolana, con el cerco presupuestario, la violación permanente de su autonomía, el progresivo deterioro de la planta física, los salarios de hambre de los obreros, empleados y docentes, la inexistencia de un programa de atención social integral a los estudiantes y la inexistencia de un plan de vacunación, el ministro Trompiz está solamente interesado en raspar la olla de los ingresos propios del sector con su proyecto de “Normativa para el Martilleo”

Al final, de la reunión los rectores de las universidades nombradas al inicio de este escrito salvaron su voto y los “rectores” revolucionarios agrupados en la Asociación de Rectores Bolivarianos (Arbol) con su puño izquierdo en alto rodearon al ministro y aprobaron la normativa gritando la consigna “En revolución no hay autonomía”.

Envalentonado por el apoyo brindado por los “rectores” revolucionarios, el ministro antes de retirarse del salón de reunión les dijo en voz alta a los que salvaron sus votos “que entre las atribuciones del CNU se encuentra destituir rectores, nombrar autoridades interinas y decidir sobre la destitución de miembros de los Consejos Universitarios” y se fue pensando en cuanto iba a recibir su despacho a fin de mes cuando “baje de la mula”, con el 10%, a las universidades.

El 22 de marzo de 1938, nace el hijo primogénito de José Encarnación “Pachencho” Romero e Isabel Sandrea. Todo el personal médico y enfermeras que atendieron el parto quedaron sorprendidas al ver la velocidad con la que el recién nacido movía sus piernas después de recibir la nalgada de bienvenida que le propinaron.

Posteriormente, fue bautizado con el nombre de Rafael Eusebio Romero Sandrea. Con el paso de los años fue reafirmando la premonición de su llegada al mundo: Seguía moviéndose con una rapidez superior a las de sus compañeros de clase en la Escuela “Andrés Bello” de Mene Grande y posteriormente del Liceo “Simón Bolívar”. Todos sus compañeros se peleaban para que “Rafo” (así lo llamaban) formara parte de sus equipos para los diferentes juegos que implicara correr. A ese no lo para nadie decían todos.

Ese impulso permanente de correr lo lleva, a los 14 años, a iniciarse en las prácticas del atletismo en el Estadio de Mene Grande, que hoy lleva por nombre el de su padre “Pachencho” Romero y a partir de los 16 años hace su debut en los Juegos Shell sellando definitivamente su identificación con las pruebas de velocidad del atletismo.

Al verlo correr, muchas personas comentaban entre sí que a Rafo era mejor llamarlo como el Dios del Olimpo “Mercurio” por qué daba la impresión de tener “alas en los pies”. Su actuación en las competencias parecía confirmar esa apreciación de las personas:

…Campeón Shell, Estadal y Nacional de 100 y 200 metros planos y relevos 4 x 100 y 4 x 400 metros. Entre 1955 y 1961 se tituló Campeón Nacional en 200 metros planos 7 veces, 4 veces en 100 metros planos, además de Campeón Suramericano en Santiago de Chile; medallista de oro en 200 metros planos en Kingston, Jamaica, en 1962, competencia en la que ganó medalla de plata en 100 metros planos. También fue ganador de la medalla dorada en los Juegos Deportivos Bolivarianos de Barranquilla en 200 metros planos y medalla de plata en 100 metros planos. Notable fue su gran triunfo en los IV Juegos Deportivos Panamericanos en Sao Paulo, Brasil 1963, en 200 metros planos, con registro de 21”3 destacándose el hecho de haber corrido con fiebre de 40 grados. También, formó parte del relevo 4 x 100 que logró la medalla de plata.

Como integrante de los equipos de relevos, fue Campeón Suramericano, Iberoamericano y Centroamericano y del Caribe, así como medallista Panamericano en Chicago 1959 y finalista Olímpico en Tokio 1964 con Arquímedes Herrera, Lloyd Murad y Hortensio Fucil.

Rafo, el corredor con alas en los pies; también participó las Olimpíadas de Melbourne 1956, cuando tenía 18 años, en Roma 1960 y Tokio 1964…

El dirigente deportivo Cesar Prieto Oberto (+), señaló en una de sus investigaciones que “en competencias oficiales nacionales e internacionales acumuló 38 medallas doradas y un total extraordinario de 78 de todos los metales. No conozco otro venezolano con ese palmarés en sus 15 años de actividad en las pistas de atletismo”.

En su formación docente Rafo también recorrió con éxito las carreras profesionales como egresado de la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF) en 1957 y dela Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED) en 1962. A principios dela década de los años 70 cursó estudios de Especialización en Administración Deportiva en Colonia, Alemania (1972-73). A su regreso, fue nombrado director de la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos de Venezuela.

En el área administrativa del sector deporte Rafo tuvo un prolífico desempeño caracterizado por su eficiencia en la búsqueda del logro deportivo en los distintos cargos que le tocó desempeñar:

En el año 1974 fue designado Jefe de Alta Competencia del IND, en 1975 fue Director de Deportes del Estado Sucre, cargo que también ejerció en Mérida en 1992 y en Yaracuy en 1998. Desde 1988 hasta 1991 ejerció en calidad de Coordinador de Deportes de la empresa Venalum en Puerto Ordaz. En 1992 fue establecida la Orden al Mérito Deportivo Rafael Romero Sandrea del Municipio Baralt del Estado Zulia, cuyas palabras de orden tuve el honor de dirigir a los presentes…

Su trayectoria integral como atleta, entrenador y dirigente recibió múltiples distinciones tales como: exaltado al Salón de los Inmortales del Deporte Venezolano en 1996 y al Salón de la Fama del Atletismo Venezolano en 2009, año de su creación. Entre 2005 y 2008 fue Jefe de las Instalaciones Deportivas del Complejo Deportivo de Maracaibo, y como Gran Atleta del Atletismo Suramericano en 2011. Desde 2014 le da lustre a la Federación Venezolana de Atletismo desde el honorable cargo de Canciller de esa institución deportiva.

Finalmente, me toca decir que como ser humano Rafo fue un ser cargado de simpatía, hermandad y solidaridad. Como Mercurio, el Dios del Olimpo, siempre voló o mejor dicho corrió entre nuestros corazones y conciencia alcanzando el punto más alto del pódium de premiación.

Descansa en Paz apreciado y por siempre recordado amigo.

El desempeño de los 43 atletas que nos representaron en los juegos de Tokio estuvo rodeado de una serie de factores que marcadamente influyeron en los resultados finales. A medida que se iban desarrollando las diferentes competencias, fuimos testigos de la entrega total de nuestros deportistas por alcanzar los triunfos en sus diferentes especialidades. Ganamos y perdimos, pero en su conjunto quedo plasmado el esfuerzo y la dignidad de nuestros representantes por dar lo mejor de cada uno de ellos.

Venezuela entera saltó con Yulimar, gritó con Rosa y Ahymara en cada lanzamiento, se elevó a las alturas con Peinado tensó sus músculos al igual que Mayora y Vallenilla al levantar sus pesas, acompañaron con muestras de asombro y alegría las piruetas de Dhers, sufrieron el no poder avanzar en la competencia de nuestros atletas en boxeo, voleibol, tiro, vela, saltos ornamentales, natación, aguas abiertas, esgrima, karate, judo; en fin, todos fuimos atletas en esos juegos saboreando los triunfos y aceptando las derrotas.

Pero, también hay que señalar la indignación que sentimos al ver como se manipuló con intención propagandística a uno de los ganadores de medalla, para que la ofrendara al conocido por todos como “El difunto eterno”. No se quedó atrás, el canal de televisión que trasmitió los juegos, cuando uno de sus “comentaristas” dijo que “el padre putativo de nuestra saltadora de triple fue Aristóbulo Isturiz” o cuando interrumpieron a Alfredo Loyo director técnico de deportes de combate del IND, en el momento en que señalaba “el esfuerzo de cada deportista para llegar a Tokio, pese a la falta de respaldo”. En ese preciso momento, uno de los entrevistadores pidió interrumpir la grabación para censurar ese fragmento. Fuera de sus cabales gritó a todo pulmón “No, no, no, este marico está loco. Interrumpe eso porque va a quedar como si el ministerio o el IND no le pararon bolas a los atletas”.

Estos hechos sirven para demostrar que el verdadero objetivo de las incapaces autoridades deportivas gubernamentales y olímpicas solo se circunscribe al efecto mediático propagandístico de los resultados, dejando de lado la implementación de políticas públicas que hagan posible el desarrollo deportivo del país.

Por el contrario, la “gerencia” de los incapaces ha conducido a la suspensión de los juegos deportivos nacionales, el abandono de las instalaciones deportivas, inasistencia a eventos internacionales por falta de pasajes, pasaportes y viáticos, la no dotación de implementos adecuados para competir como fue el caso de la nadadora Paola Pérez quien sufrió un ataque de hipotermia por no contar con un traje de baño adecuado, el no pago de las becas a los atletas y la inexistencia, a pesar, de estar en una situación de pandemia, de un programa de asistencia social integral (seguro HCM).

En lo referente a los entrenadores nacionales o extranjeros, hay que señalar que la política de los incapaces en esta materia se destaca por los salarios de hambre para los primeros y el incumplimiento de pagos para los segundos.

Especial referencia, es la de señalar, que ninguno de los 10.000 “entrenadores” cubanos aparece relacionado con la preparación de nuestros atletas.

En este duro y lastimoso cuadro, también hay que considerar a la diáspora, ya que en el área deportiva su impacto ha provocado la migración de atletas y entrenadores que buscan en otros países mejores condiciones de vida. En este punto destaca, el caso de la migración de más de 15 entrenadores de pesas. En particular hay que señalar el caso del entrenador Jorge Rivero, quien representó a Ecuador como entrenador del equipo de pesas femenino que ¡¡¡logró ganar una medalla de oro, una de plata y un diploma olímpico!!!. Cabría preguntarse ¿Por qué no pudo entrenar a las persistas venezolanas?

En el balance de los resultados, con las 4 medallas obtenidas pasamos a ocupar el puesto número 42 en la clasificación general. Pero, Ecuador ocupó el lugar 34 y Colombia cuantitativamente logró una medalla más que nosotros (ninguna de oro) y estuvo representada en un mayor número de competencias, nos indica que estos dos países continúan siendo nuestros fuertes rivales para el próximo ciclo olímpico: Bolivarianos, Centroamericanos y Panamericanos.

Finalmente, los incapaces, corruptos y manipuladores que conforman las autoridades deportivas, por su destacada actuación en la crisis del deporte venezolano, merecen, sin lugar a dudas, la medalla de plomo.

Atletas y entrenadores cuentan con el reconocimiento pleno de un país. Alcanzar un mejor deporte es una tarea de todos.

Cuando se aborda el tema del deporte, se hace por lo corriente sin conocer sus enormes implicaciones sociales, políticas y económicas. Esto no debe extrañarnos, ni debe pensarse que tal situación nace espontáneamente. En mucho, es buscada, es propiciada desde determinadas instancias, que ven con ojos favorables que el grado de conocimiento de las distintas facetas del deporte sea lo ms reducido posible, con el fin de poder someterlo a implicaciones interesadas.

La aplicación continua de tópicos archiconocidos, la utilización constante de lugares comunes es un magnifico instrumento para tal fin: El deporte es apolítico, la neutralidad política es la esencia del deporte, hacer deporte es hacer patria, mente sana en cuerpo sano, el atleta es solo eso un atleta, el deporte es puro y no debe estar relacionado con los problemas sociales.

En franca contraposición a esa concepción, el estudio del deporte como acontecimiento intrínsicamente ligado a la sociedad reclama un proceso de actualización constante. Si no, como explicar entonces el uso político-propagandístico en los Juegos Olímpicos de Berlín, en donde Hitler quiso venderle al mundo la tesis racista de la supremacía de la raza aria, la acción terrorista del grupo Septiembre Negro en Munich, la masacre de los estudiantes en la Plaza Tlatelolco de México, el atentado teerrorista en las olimpiadas de Atlanta, el boicot como consecuencia de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética en los juegos de Moscú y Los Ángeles, el Black Power en 1968, la medalla de oro en natación de Anthony Nesty (1988) que derrumbó las teorías racistas que señalaban “que los negros no podían nadar”, las luchas por permitir la participación de las mujeres en los juegos, las olimpiadas del movimiento LGBTIQ, las atletas hermafroditas, la búsqueda de la libertad por los atletas de los regímenes autoritarios y totalitarios, la lucha de los aborígenes australianos por sus Derechos Humanos, la Libertad de Expresión en China, el derecho a la Soberanía y autodeterminación del pueblo Tibetano o las implicaciones de los avances científicos-tecnológicos en los deportes como un negocio de alta rentabilidad económica en donde prevalece la corrupción y el enriquecimiento ilícito.

En los actuales Juegos Olímpicos Tokio 2021, hemos visto durante su desarrollo el surgimiento de acciones enmarcadas en el hecho geopolítico, los Derechos Humanos o la manipulación política de los atletas con fines propagandísticos tales como:

- En el plano político, los juegos han sido un escenario para los roces entre Japón y Corea del Sur, después que grupos de extrema derecha japoneses protestaron `por la presencia en la Villa Olímpica de unas banderas colocadas por la delegación surcoreana con la expresión “cuento con el apoyo de 50 millones de coreanos” una cita que hace alusión a las palabras de un héroe coreano durante las invasiones japonesas entre 1592 y 1598.

- La delegación japonesa, pretendía exhibir en los estadios, la bandera del sol naciente, representada por un sol rojo del que emanan 16 rayos ante lo cual el comité olímpico surcoreano pidió formalmente al comité organizador de los juegos la prohibición de la misma por tratarse de un símbolo imperial comparada con la esvástica nazi.

- El judoca argelino Fethi Nourine se retiró de los juegos después que el sorteo de competencias determinó un posible choque con el atleta israelí Thohar Butbul. Sus palabras para anunciar el retiro fueron: “Trabajamos mucho para llegar a los juegos. Pero, la causa palestina es más grande que todo esto”

- La neozelandesa Laurel Hubbard se convirtió en la primera atleta transgénero que participa en unos Juegos Olímpicos. Lo que generó una fuerte polémica. Las atletas femeninas alegan que Hubbard tiene ventaja por el hecho de haber nacido hombre. Por otro lado, los colectivos LGTBIQ defienden que la única forma de alcanzar la igualdad y la inclusión de las personas transgéneros es normalizar su participación.

- En el desfile inaugural, se destacó que Hong Kong y Taipei eran presentados como territorio chino, pretendiendo así desconocer las luchas de ambas naciones por lograr definitivamente su soberanía frente al imperio chino.

- El Equipo de Atletas Refugiados fue el centro de atención al inaugurarse los Juegos de Tokio. Las 29 personas que integran el equipo envían un mensaje de esperanza a los 82 millones de personas desplazadas en el mundo. El boxeador venezolano Eldric Sella Rodríguez es uno de ellos como el primer latinoamericano en el equipo de refugiados. Sin embargo, una vez terminada su actuación se consiguió con hecho de no poder regresar a Trinidad Tobago, país que le había dado refugio. La miserable actuación de la burocracia trinitaria impide su regreso por no tener vigente su pasaporte, dejando de lado que para la diáspora venezolana resulta imposible la renovación de sus documentos, puesto que el régimen que los obligó a salir del país no lo va a permitir. Corresponderá a las autoridades de ACNUR conseguir un nuevo país para el asilo de este joven y dejar en claro frente al mundo entero la ambigüedad servil de las autoridades trinitarias con el régimen venezolano, al no permitir el regreso de un refugiado.

- Julio Mayora logra con el esfuerzo propio y sostenido una medalla de plata en Halterofilia (levantamiento de pesas). Su logro deja al desnudo a todos aquellos incapaces burócratas que brillaron por su ausencia durante el duro y largo camino para llegar a los juegos olímpicos. Allí están presentes la falta de asistencia y seguridad social al atleta, el abandono de las instalaciones deportivas, los salarios de hambre a los entrenadores venezolanos, el despilfarro y corrupción de los presupuestos para el deporte y la permanente violación ala autonomía de las federaciones deportivas. Pero, en un claro ejemplo de manipulación política, vemos como los incapaces burócratas de las autoridades deportivas se adueñan de la medalla, dejan a un lado al atleta y con un caradurismo rampante presentan ese logro como de ellos, como un producto de la política revolucionaria de frases vacías tales como: Generación de Oro o Somos Potencia.

No es de extrañar, que también manipulen al atleta con ofertas de casa, carro y dinero para que participe en la bufonada de atender una llamada del presidente para que lo visite, con foto incluida, en el palacio de gobierno y le ofrende la medalla, como regalo de cumpleaños al Difunto Eterno.

Finalmente, debo decir que el deporte no es solo “correr, lanzar y saltar”. Por el contrario, es una actividad integralmente relacionada con los fundamentos históricos, sociales, económicos, jurídicos y políticos de un país. Toca a los atletas, entrenadores, dirigentes, periodistas, padres y representantes ejercer frente al deporte actual, una actitud crítica. El deporte no es un ensamblaje de partes, sino una totalidad dentro de esa totalidad mayor que es la sociedad.

Una vez finalizado los Juegos Olímpicos de Río 2016, la comunidad deportiva de atletas, entrenadores y dirigentes fijaron su mirada en el próximo ciclo olímpico con rumbo a Tokio 2020. La ilusión del momento, les permitía pasar por alto las innumerables dificultades que han rodeado al deporte venezolano en los últimos 22 años: corrupción, instalaciones deterioradas, entrenadores con salarios de hambre, programas operativos sin recursos, violación de la autonomía federativa, suspensión de los juegos deportivos nacionales, traída de “entrenadores” cubanos, abandono de los Centros de Preparación de Alto Rendimiento, progresiva reducción de los programas de Asistencia Social Integral al Atleta y la participación en las elecciones federativas de los altos funcionarios del Ministerio del Deporte y el IND.

Sin embargo, todos los integrantes del sector deportivo mantenían en alto la esperanza que en el camino a Tokio en los próximos cuatro años (2016-2020) pudieran superarse las dificultades. Pero, la realidad fue totalmente lo contrario. El camino a las olimpiadas en Japón fue duro y largo. Quedando en evidencia las incapacidades de las autoridades gubernamentales y olímpicas para superar la caótica crisis del deporte venezolano. Una burocrática lucha por el poder se transformó en el objetivo principal de los representantes ministeriales y olímpicos.

Para el logro de tales propósitos, se impuso el concepto dictatorial según el cual “el fin justifica los medios” quedando atrapado el deporte en una maraña de maniobras y agresiones para doblegar o conseguir apoyos de las federaciones deportivas o en su defecto que los altos funcionarios pasen a ocupar cargos en las directivas o comités ejecutivos de las federaciones. Mientras tanto, el deporte estaba y sigue estando a la deriva.

En ese abandono de la atención a nuestros deportistas se destacan, entre muchos problemas o desaciertos, los siguientes:

- La irresponsabilidad de haber suspendido los Juegos Nacionales, lo que se tradujo en no poder tener de manera sistemática los relevos generacionales necesarios para ir atendiendo los ciclos olímpicos.

- La falta de mantenimiento de las instalaciones deportivas nos ha dejado sin centros de entrenamiento. Por solo citar un ejemplo: no hay pistas de atletismo en buenas condiciones.

- En términos de intercambios deportivos se impuso la política del “Forfeit”. Por razones de incapacidad en no poder resolver problemas de pasajes, pasaportes y viáticos delegaciones deportivas de boxeo, voleibol, atletismo, esgrima y softbol dejaron de asistir a competencias internacionales.

- La nadadora de aguas abiertas Paola Pérez, sufrió una hipotermia en los Juegos Panamericanos 2019 por no contar con un traje de baño adecuado.

- Rubén Limardo campeón olímpico en esgrima, por falta de pago de su beca tuvo que combinar sus entrenamientos en Polonia repartiendo comidas en bicicleta.

- Ahymara Espinoza por no recibir el pago de su beca tuvo que abandonar su sitio de entrenamiento en Eslovenia y regresar a Venezuela. Siguió con sus entrenamientos en un campo de béisbol en San José de Barlovento en el estado Miranda.

- Atletas y entrenadores forman parte de la diáspora.

Al final del camino, llegamos a Tokio 2021 con 43 jóvenes que con todo el sacrificio lograron recorrer el tortuoso camino durante cuatro largos años desasistidos del apoyo necesario de los organismos correspondientes. Creo importante señalar, que el número de atletas en la delegación, representa un retroceso continuado del 50% con respecto a los 86 que nos representaron en Río 2016. O una drástica reducción de 65 atletas (120%) con respecto a los 108 atletas que nos representaron en las Olimpiadas Pekín 2008.

Pero, a los que si se les hizo, el recorrido, un camino de flores, fue a los miembros de la Plana Mayor quienes llegaron a Tokio, sin haber pisado una cancha o haber sudado una camiseta, en su tradicional condición de “alegres viajeros”. La integración de dicha comitiva, se hizo obedeciendo a criterios de retaliación política –electoral. Solo fueron seleccionados todos aquellos que estén, de manera sumisa, a favor de la reelección de Eduardo Álvarez a la presidencia del Comité Olímpico Venezolano dejando por fuera, sin argumento alguno, a los propuestos legalmente como delegados de el Atletismo y los Deportes Acuáticos por el simple hecho de ser opositores.

No debe sorprendernos, que de alcanzar alguna medalla, los integrantes de la Plana Mayor comiencen a celebrar como suyos el triunfo de los sacrificados atletas y comencemos a oír el discurso desgastado y demagógico de “la generación de oro” o la de” somos potencia” y entre brindis con copas de champagne comiencen a preparar sus maletas para los próximos Juegos Olímpicos Paris 2024. Mientras tanto, atletas, entrenadores y dirigentes continúan su tránsito por el duro y largo camino del deporte venezolano.

El proyecto de Ley de Educación Universitaria que pretende aprobar la ilegitima Asamblea Nacional, representa un basamento jurídico que solo busca el establecimiento y consolidación de lo que pudiéramos llamar “La comuna universitaria”.

En su articulado, el referido proyecto, elimina la autonomía universitaria al establecer en su Art 24 que “cada universidad elaborará su reglamento y lo propondrá al ministro del subsistema para su aprobación” Para que no quede ningún margen de duda, sobre el control gubernamental del sector universitario, en el Art 11 se establece que “el Estado, mediante el órgano rector en materia de educación superior, ejercerá las competencias establecidas en la Ley Orgánica de Educación para garantizar la participación integral e integradas de las organizaciones del poder popular en la gestión universitaria”.

Todo ello, con la finalidad de tener el control absoluto, por parte del poder popular en la creación, modificación, o suspensión de: programas de formación, creación intelectual, suspensión total o parcial de sedes, núcleos o extensiones, patrimonio de la institución, ingresos obtenidos por la prestación de servicios o donaciones, fundaciones o empresas, convenios y cobro de matrícula.

En el enfoque totalitario del referido proyecto, no podía quedar por fuera lo concerniente a las universidades privadas y, en ese punto reestablece en el Art 22 que “su organización, funcionamiento, programas, proyectos, cobro de matrícula y de servicios serán regidas por un reglamento que al efecto dicte el ministro con competencia”.

El escenario, de concertación democrática entre el gobierno y las universidades queda eliminado con la desaparición del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y es sustituido, según lo establecido en el Art 17, por una “Comisión Consultiva Nacional”.

En términos de democracia participativa revolucionaria, en el Art 82 del proyecto se establece que “tendrán derecho a elegir las autoridades universitarias todos los estudiantes y todos los trabajadores académicos, administrativos y obreros, sin exclusión alguna” eliminando sin justificación alguna la proporcionalidad de la votación de cada sector participante.

En fin, pretender como lo establece el articulado del proyecto, que la educación universitaria sea regida autoritariamente por el anticonstitucional poder popular y que sus instituciones estén obligatoriamente al servicio y promoción de los ideales y objetivos del socialismo del siglo XXI, no es más que una aberración totalitaria que solo busca transformar a la universidad venezolana en una comuna.

Los habitantes de San José de Barlovento en el estado Miranda, se mostraban extrañados al ver diariamente a una corpulenta joven caminar por sus calles, con rumbo al estadio de béisbol. Muchos se preguntaban, que hacía en ese sitio, si no era practicante del juego de pelota y no se la imaginaban agarrando un bate o cogiendo rollings. Quizás pensaron algunos, se había despertado en ella una repentina afición por el softbol.

Pero, todas las dudas lejos de despejarse se acrecentaron al ver que la joven sacaba de su bolso unas grandes bolas de hierro y, en un círculo dibujado en el polvoriento campo de juego, comenzaba a lanzarlas. ¿Qué está haciendo? se preguntaban los allí presentes.

Era Ahymara Espinoza, atleta que compite en la especialidad de Impulso de Bala y que ha representado al estado en eventos nacionales y al país en incompetencias internacionales.

Al ser identificada la joven atleta, la confusión en la población de San José, se hizo más grande. Ya que esa muchacha, era una digna representante del deporte venezolano y nadie entendía el por qué estaba entrenando en esa precaria instalación que era para el béisbol y no para el atletismo, además, desasistida de todo tipo de ayuda para el mantenimiento y desarrollo de sus planes de entrenamiento.

No se entendía, como una atleta que nos representó en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que fue medallista de Oro en los Juegos Deportivos Bolivarianos 2013 y medalla de Plata en los Juegos Suramericanos 2018 y que cumplía su plan de entrenamiento en la Republica de Eslovenia con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, estuviera confrontando un total abandono por parte de la dirigencia deportiva del país.

A través de una serie de entrevistas, se pudo conocer que tuvo que regresarse de Eslovenia, desde hace aproximadamente nueve meses por que dejaron de pagarle a su entrenador y dejó de recibir la beca asignada que le permitía cubrir su estadía en ese país europeo.

Sin embargo, por encima de las dificultades, Ahymara continuó con sus entrenamientos en precarias condiciones, con la mirada puesta en la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio. Día a día y centímetro a centímetro, impulsaba la bala en busca de los 18 metros con 50 centímetros que es la distancia mínima requerida para la participación en los juegos. Mientras tanto, los incapaces dirigentes deportivos brillaban por su ausencia y seguían con oídos sordos frente a los justos reclamos de la atleta.

El premio a la constancia se hizo presente: Ahymara Espinoza, la joven de Barlovento “logró alcanzar la clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2012” por estar incluida en las “35 mejores atletas del Ranking Mundial en Impulso de Bala” al haber obtenido 1.122 puntos producto de su actuación en los cinco eventos válidos para el periodo 2020-2021.

Al conocerse ese anuncio, los incapaces dirigentes salieron al aire para llenarse la boca con sus falsos y demagógicos anuncios de la Generación de Oro o la de Somos Potencia. Además, no debe sorprendernos que lleven a la atleta al Palacio de Miraflores para la típica foto.

Mientras tanto, Ahymara sigue, con supremo esfuerzo e integral constancia, lanzando su bala, a pesar de los incapaces dirigentes gubernamentales y deportivos.

El pasado 22 de junio, llamó la atención el anuncio que hizo Nicolás Maduro, de la “Creación de una Comisión Especial para la conducción de de la Revolución Judicial en todo el Sistema de Justicia venezolano”. Me pregunto, si la fecha escogida para dicha notificación, tiene alguna relación con el “Día del Deporte” por el aniversario de la promulgación del Decreto de creación del Instituto Nacional de Deporte, o si, por el contrario, tiene algo que ver con los hechos extrajudiciales que se han dado en el sector deportivo en las dos últimas décadas y que pudieran ser ejemplos a seguir en la venidera “Revolución Socialista del Sistema de Justicia”.

El revolucionario Convenio Deportivo firmado entre el régimen y la dictadura de los hermanos Castro de Cuba, para la contratación de Entrenadores, es una referencia obligada para todos aquellos que pretendan dejar sin efecto Derechos Constitucionales y Derechos Laborales discriminando a los trabajadores venezolanos para favorecer a extranjeros.

Especial mención, merece el marco jurídico aplicado para el asalto al Comité Olímpico Venezolano y a las Federaciones Deportivas. A través de las asignaciones presupuestarias o con la intervención de la autonomía del sector federado, lograron una reforma estatutaria que hizo permisible que funcionarios de gobierno pudieran acceder a los cargos de dirección del movimiento olímpico y el federativo. Hoy podemos apreciar como ministros, vice ministros y diputados actúan como presidentes del olimpismo y las federaciones.

Para este logro revolucionario, es importante destacar el ilegal marco jurídico aplicado en el sector deportivo con mira a tener el control totalitario del Sistema Organizacional del deporte venezolano: Control del Registro de Entidades, Control de los Padrones Electorales, Supervisión del Acto Electoral a través del CNE, aprobación de las Providencias Administrativas y para asegurarse frente a cualquier reclamo están en perfecta coordinación con la Sala Electoral del TSJ que dictará sus sentencias siempre a favor de aquellos dirigentes identificados con el régimen.

Para no dejar ningún cabo suelto, en este ejemplo de Sistema de Justicia Revolucionaria, obligatoriamente hay que referirse a la aprobación de la Ley Orgánica de la Actividad Física y el Deporte que permite el establecimiento y afianzamiento de las bases de la supremacía socialista y revolucionaria en materia deportiva. La modificación del paradigma organizacional permitirá que los Consejos Comunales pasen a ser la base piramidal del deporte y en consecuencia todo el voluntariado oligarca del deporte como son los clubes, ligas y asociaciones serán sustituidas por las Comunas. La base jurídica contenida en la referida Ley, brinda un marco legal que somete al sector deportivo a un régimen autocrático, centralista, antidemocrático y totalitario.

Entre los principios rectores contemplados en el referido texto destacan lo siguientes:

- El dogma, según el cual el Estado Revolucionario debe controlar todos los aspectos de la vida ciudadana. Eliminando de hecho, los derechos a la libre asociación, la autonomía de las organizaciones, la libertad de empresa y la propiedad privada.

-Acabar con la descentralización del sector. El deporte será centralizado y dirigido únicamente por el “Sistema Nacional de la Actividad Física y Deportiva”.

- La modificación estructural de la Organización Deportiva Nacional al establecer como Unidad Básica del Sistema a los Comité de Deporte y Recreación de los Consejos Comunales. Lo que va a permitir el control de las asociaciones y Federaciones.

-Transfieren a los Consejos Comunales la administración directa del servicio público deportivo prestado por los municipios y los estados. Lo que significaría en la práctica la liquidación de los Institutos o Fundaciones que a nivel regional y municipal que son los encargados de dirigir las actividades deportivas.

-A los organismos privados relacionados con el deporte profesional le establecen una Comisión Nacional contra la mercantilización del deporte y el deportista, con el objetivo final de acabar de una vez por todas con “la perversa práctica capitalista y neo-liberal de la explotación comercial del deporte”.

-Se amplia la base electoral de las organizaciones deportivas otorgando el derecho a elegir y ser electo a los atletas activos o retirados, jueces, árbitros, entrenadores. Esta normativa establece una incongruencia jurídica al permitir a los atletas activos ser “Juez y parte” en los organismos deportivos.

En fin, esta situación de regresión institucional revolucionaria, sin lugar a dudas, busca acabar con la descentralización, con los derechos a la libre asociación, la libertad de empresa, la autonomía de las entidades deportivas y genera una situación de incertidumbre e inseguridad laboral para miles de venezolanos que trabajan como obreros, empleados, entrenadores y jubilados en las diferentes instituciones nacionales, regionales o municipales encargadas de desarrollar las actividades deportivas en todo el territorio nacional. Queda pendiente, pero estoy casi seguro que, la Comisión Especial designada por Maduro, impondrá el broche de Oro al Sistema de Justicia, al ordenar con carácter obligatorio que “Para ser atleta, entrenador o dirigente hay que estar inscrito en el PSUV”.

El bono Simón Rodríguez es un subsidio, entendido como un auxilio o ayuda que el Estado otorga a los trabajadores jubilados y activos del sector educativo para satisfacer necesidades económicas, que se recibe a través de la plataforma Patria; de manera que es una bonificación especial, que otorga el Estado a dichos trabajadores, y así debe entenderse y en modo alguno como una regalía que hace el presidente, como lo señalan los agentes gubernamentales.

Esta bonificación no forma parte, claro está, de las regulaciones o beneficios contenidos en algún contrato o convención colectiva, pues tal bono está diseñado para ayudar económicamente a los educadores en el estado actual de la pandemia sanitaria que nos azota.

Ahora bien, en el curso de estos acontecimientos y de la situación económica del país, se viene dando el caso de discriminar a aquellos jubilados que por alguna u otra razón han tenido que buscar nuevos horizontes para paliar su situación económica y se encuentran en el extranjero, pero que mantienen sus cuentas bancarias en nuestro país, en cuyos casos, se les suspende la entrega de tal bonificación especial. Tal circunstancia, constituye evidentemente un trato discriminatorio y violatorio de los derechos que son inherente a la persona humana, léase derechos humanos.

El artículo 19 de la Constitución, de esta de 1999, consagra el principio de la progresividad y la no discriminación, que se traduce en la garantía que debe el Estado a nuestros ciudadanos, en general, en el goce y ejercicio irrenunciable e interdependiente de los derechos humanos, conforme al indicado principio de la progresividad y la no discriminación. Es de vieja doctrina constitucional, que no solo son derechos humanos respetables y garantizados los que aparecen en el texto fundamental, sino también aquellos que son inherentes a la persona humana.

Es un derecho humano, porque tal auxilio o ayuda económica, está concebida para garantizar el derecho a la alimentación y a las medicinas, en pocas palabras, para paliar la grave situación económica y de escasez, que no solo se vive en nuestro país, sino también a los maestros y educadores en general, que siempre han recibo un salario miserable, y que han salido de Venezuela por las causas que todos conocemos.

Negarle o suspenderle el bono Simón Rodríguez a los maestros y educadores que han salido del país, es un acto igualmente violatorio de derechos constitucionales consagrados expresamente en el texto fundamental, que se traduce en la violación de la garantía de la igualdad ante la ley. Dispone el artículo 21 constitucional, que todas las personas son iguales ante la ley y, en consecuencia, “no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o, aquellas en general, que tengan por objeto o por resultado, anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona, en nuestro caso, de maestros y educadores en general.

Al menoscabar el derecho que tienen los maestros que se encuentren fuera del país, de recibir dicho bono Simón Rodríguez en sus cuentas nacionales, se les violenta el derecho a la garantía a la igualdad ante la ley; es brutalmente discriminatorio, como lo es igualmente pretender pagarlo solo a aquellos venezolanos que posean, por cualquier motivo, el Carnet de la Patria.

El pasado día martes 25 de mayo, la sede del Comité Olímpico Venezolano (COV), podría decirse que se transformó en un “Dojo” para albergar la Asamblea de Asociaciones que había sido convocada para elegir a la Comisión Electoral que se encargaría del llevar a cabo las elecciones de la Federación Venezolana de Karate Do para el periodo 2021-2025.

En horas de la mañana, comenzaron a llegar atletas, entrenadores, personal técnico y dirigentes deportivos acreditados como representantes de las asociaciones para la referida asamblea. Pero, todos fueron sorprendidos al encontrarse que las puertas del Auditórium del COV ¡¡¡estaban cerradas!!! por orden de Arturo Castillo presidente de la Federación y Tesorero del Comité Ejecutivo del COV.

El personaje de marras, conocido como “El Pistolero Olímpico” por haber dicho públicamente que “tenía una pistola 9mm en su escritorio para echarle plomo a quien no estuviera de acuerdo con él” ni siquiera se hizo presente en la asamblea, ¡dirigió el cierre de las puertas y profirió sus amenazas, por video conferencia!, el culillo es libre, dirían algunos.

Con el paso de las horas, la situación se fue haciendo más tensa. El Auditórium prácticamente se transformó en un “Tatami”. Por un lado, dentro del recinto, se encontraban (de acuerdo con las fotos que circularon en las redes) ¡¡¡ocho personas!!! en representación parcial de cuatro (4) asociaciones. Si tomamos en cuenta, que de acuerdo con la Ley del Deporte y su Reglamento, son cuatro (4) representantes por asociación, las presentes deberían sumar 16 y solo llegaban a 8.

Fuera del recinto, se encontraban ¡cuarenta (40) personas debidamente acreditadas! en representación de diez (10) asociaciones que decidieron proceder, y de acuerdo con la Ley, realizaron la asamblea para la cual fueron convocados, eligieron la Comisión Electoral para la elección federativa, propinándole de esa manera, un “KO” fulminante, a todos aquellos que pretenden perpetuarse ilegal y arbitrariamente en la dirigencia deportiva.

El grupo minoritario, al verse superado, salieron huyendo del Tatami (Auditórium) por la puerta trasera y el Pistolero Olímpico cortó abruptamente su video conferencia.

El arbitrario e ilegal procedimiento, de impedir el acceso de los acreditados para el referido evento, representa una flagrante violación a los derechos constitucionales de participación política y sufragio, previstos y consagrados en los artículos 62 y 63 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de resultar contrario a los principios rectores del deporte, y a lo previsto en el artículo 3 de su propio Reglamento Electoral, al no garantizar el legítimo derecho a elegir a un grupo de electores debidamente acreditados.

Este intento demuestra una vez más el carácter totalitario y antidemocrático de las autoridades olímpicas, que pretenden imponer a la fuerza dirigentes federativos acólitos, sumisos a su manera de pensar y proceder, para perpetuarse dictatorialmente en el poder.