La elección de Donald Trump en Estados Unidos abre nuevas perspectivas para la oposición democrática de Venezuela. Pero el esfuerzo de la sociedad venezolana sigue siendo clave, según expertos.

La amenaza de Maduro, que pretende colocar a Venezuela frente a una dicotomía entre el gobierno de la Revolución Bolivariana o una guerra civil, no es una estrategia nueva.

En los últimos años ha disminuido la cantidad de jóvenes que asisten a la escuela, al tiempo que han aumentado la mortalidad infantil y la desnutrición. El Estado parece incapaz de enfrentar estos acuciantes problemas.

El 12 de agosto pasado, durante la celebración del Día Internacional de la Juventud, la vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó: "Nicolás Maduro Moros cuida a la juventud como su joya más preciada". Sin embargo, la cruda realidad de la juventud venezolana—invisibilizada en las estadísticas y reportes oficiales—es otra. Múltiples investigaciones de expertos y organizaciones civiles demuestran que los segmentos más vulnerables de la población venezolana son la niñez, la adolescencia y la juventud. Estos grupos carecen de protección y, en gran medida, son víctimas de diversas formas de violencia.

En mayo de 2023, el Laboratorio de Ciencias Sociales (LACSO), junto con el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), presentaron un conjunto de investigaciones agrupadas bajo el título "Violencia contra la niñez y la juventud en Venezuela". Allí aparece como un tema transversal la violencia estructural, la cual ha generado, durante la última década y de manera sistemática y duradera, un impacto muy negativo en la juventud venezolana.

Según la investigadora Gloria Perdomo, compiladora del informe de LACSO, la violencia estructural se refiere a aquellas "condiciones que se imponen, privando a las personas de sus garantías de derechos humanos, como el derecho a la vida, a un nivel de vida adecuado, a la salud y a la protección inmediata en caso de daño y afectaciones". Estas condiciones reducen significativamente la capacidad de la población para enfrentar sus desafíos de manera autónoma y satisfacer sus necesidades humanas básicas.

En Venezuela, la violencia estructural ha sido consecuencia directa del sistema económico, social, político e institucional que ha prevalecido en el país durante las últimas dos décadas. Según Perdomo, las principales manifestaciones de esta imposición han sido la inseguridad alimentaria, las continuas privaciones a las que la población ha sido sometida, el empobrecimiento acelerado y repentino de las familias, la merma de los ingresos y la negación de libertades. La investigadora agrega a estos factores la omisión y, al mismo tiempo, la represión y arbitrariedad como respuestas del Estado ante las demandas de la comunidad.

Pobreza, marginación y exclusión de la juventud

Desde el año 2015, Venezuela ha estado sumida en una profunda crisis económica, política y social sin precedentes en su historia republicana. Esta crisis ha sido categorizada por diversas organizaciones internacionales, incluyendo a la ONU, la FAO, la OEA y la Cruz Roja Internacional, como una "crisis humanitaria compleja”. HumVenezuela, una plataforma independiente compuesta por organizaciones de la sociedad civil que vigila la emergencia humanitaria en el país, estima que, en la actualidad, de una población de 28,7 millones de personas en Venezuela, alrededor de 19 millones (66 por ciento) enfrentan necesidades humanitarias, y cerca de 18,7 millones (65 por ciento) han sufrido la pérdida o el agotamiento irreversible de sus medios de subsistencia, cayendo en la pobreza. Esta catástrofe humanitaria que afecta a toda la población del país tiene en niños, niñas y adolescentes sus principales víctimas, de acuerdo con el estudio de LACSO.

Susana Raffalli, reconocida experta en protección y asistencia humanitaria, destaca que, en la actualidad, aproximadamente 4,8 millones de niños, niñas y adolescentes enfrentan una situación de inseguridad alimentaria severa o moderada, mientras que otros 9 millones están en riesgo de caer en esa condición. Esta problemática es especialmente crítica en el grupo de los niños, ya que en este segmento las repercusiones no solo son inmediatas, sino que también se proyectan hacia el futuro. Según Raffalli, entre un 9 y un 12 por ciento de los niños en Venezuela (lo que equivale a unos 450 mil) padecen desnutrición aguda, y cerca de 600 mil están afectados por desnutrición crónica.

Otro indicador que evidencia los efectos de esta violencia estructural en la niñez venezolana es la Tasa de Mortalidad Infantil (TMi), índice que cuantifica el número de defunciones de niños menores de un año por cada mil nacimientos vivos. Durante el período 2015-2020, la TMi en Venezuela promedió 26,8, lo que representa un crecimiento superior al 70 por ciento en comparación con el período anterior (2010-2015), cuando la TMi fue de 15,4. Estas cifras reflejan un retroceso de 30 años en los avances logrados por el sistema de salud del país para prevenir las muertes prematuras, según lo destaca Gustavo A. Páez, especialista en análisis demográfico, en su estudio 'Mortalidad infantil en Venezuela” (2023).

Respecto a los efectos de la violencia estructural sobre los jóvenes venezolanos, la Encuesta Nacional sobre Juventud de la UCAB 2021, encontró que casi la mitad de los jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 29 años forman parte de los dos quintiles más pobres del país. Esta encuesta también puso de manifiesto que entre el 2013 y 2021 el fenómeno de la "doble exclusión” entre los jóvenes sufrió un aumento, al pasar de 23 a 37 por ciento el número de venezolanos entre 15 y 29 años que no estaban inscritos en algún centro educativo ni tampoco insertos en el mercado laboral. Entre el 2015 y el 2020, 880 mil jóvenes entre 20 y 24 años "no continuaron su formación” y 821 mil jóvenes, entre 15 y 19 años, dejaron los estudios.

Muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes

Venezuela viene experimentado durante las dos últimas décadas los más altos niveles de criminalidad de su historia, convirtiéndose en uno de los países más peligrosos de la región y del mundo. Dentro de este contexto ha crecido y se ha socializado una generación de jóvenes venezolanos, con edades comprendidas entre diez y treinta años, que no solo han sido testigos y víctimas de esta extrema violencia criminal, sino que incluso han sido partícipes de ella.

Según los datos proporcionados por el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) y citados por el sociólogo Roberto Briceño-León en su estudio "Las múltiples victimizaciones de los jóvenes y la policía”, entre los años 2019 y 2021 se registraron 6.917 muertes violentas de niños, adolescentes y jóvenes venezolanos. Dentro de esta trágica cifra, 4.265 de las defunciones correspondieron a homicidios, mientras que 2.652 fueron muertes catalogadas como enfrentamientos con la autoridad. A estas escandalosas cifras habría que agregar las 4.446 muertes o desapariciones de niños y jóvenes que no han sido esclarecidas o resueltas y que se catalogan como "muertes en averiguación”. De este grupo, 2.129 (48 por ciento) son niños menores de 11 años.

Según los autores del estudio de LACSO, el impactante número de muertes de jóvenes a causa de enfrentamientos con la autoridad está directamente vinculado con la violencia estructural que afecta a la juventud venezolana. En muchas regiones del país, la pobreza, la marginación y la exclusión social han creado un ambiente propicio para que menores de edad sean reclutados por bandas delictivas armadas y sean introducidos al delito. Como destaca la investigadora Carla Serrano en su contribución al libro, "los símbolos de prestigio que definen su identidad generacional, como los teléfonos celulares, la vestimenta y las redes sociales, no son considerados alcanzables a través del estudio o el trabajo. Esto lleva a que algunos jóvenes sueñen con emigrar, mientras que otros se exponen a las bandas delincuenciales locales o, peor aún, a las redes del crimen organizado. Estas últimas les pueden ofrecer comida, entretenimiento, teléfonos e incluso la tentadora promesa de obtener respeto y poder de manera inmediata, sin necesidad de esperar por un futuro mejor".

Frente a esta tragedia, el Estado venezolano, corresponsable de esta situación, y careciendo de un auténtico plan nacional de protección para la niñez y la juventud, ha optado por una política estatal represiva que se dirige especialmente a los estratos de bajos ingresos del país. Durante el período de 2019 a 2021, los operativos militarizados de seguridad ciudadana arrojaron como trágico saldo la muerte de 2.652 jóvenes, muchos de los cuales han sido denunciados como víctimas de ejecuciones extrajudiciales estatales por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos.

Esta sintética radiografía de la realidad de la juventud venezolana permite comprender mejor una de las razones primordiales por las que, entre los años 2017 y 2022, el 50,5 por ciento de las personas que salieron de Venezuela tienen edades que oscilan entre 15 y 29 años (ENCOVI 2022), y por qué esta sangría aún se mantiene en el país.

22 de agosto 2023

https://www.dw.com/es/el-drama-de-ser-joven-en-venezuela/a-66600559?

La selva amazónica, con sus 7,4 millones de kilómetros cuadrados, cubre aproximadamente el 40 % del continente sudamericano, siendo la selva tropical más extensa del planeta. Este invalorable ecosistema posee la mayor biodiversidad del mundo y alberga aproximadamente la quinta parte de toda el agua dulce superficial disponible en la Tierra. Además de regular los ciclos del agua y del carbono, la Amazonía desempeña un papel crucial al absorber las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que contribuye significativamente a la mitigación del cambio climático. Lamentablemente, en los últimos cincuenta años, entre el 17 % y el 20 % de este valioso hábitat ha sido devastado. Distintos estudios advierten que, si se sobrepasa el umbral del 25 % de deforestación en la Amazonía, se corre el riesgo de llegar a un punto de no retorno. Esto resultaría en la pérdida de la capacidad de regeneración de estos territorios y pondría en peligro su función vital como el pulmón vegetal más grande del planeta.

En medio de una creciente preocupación internacional por este desastre ambiental, el próximo 8 y 9 de agosto, los jefes de Estado de los ocho países amazónicos (Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela) se reunirán en la ciudad brasileña de Belém con el objetivo de reimpulsar el Tratado de Cooperación Amazónica (TCA) y fortalecer institucionalmente a la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).

El ecocidio de la Amazonía venezolana

Venezuela alberga aproximadamente el 6,73% del bioma total de la Amazonía, principalmente en los estados de Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. Esos estados, en su conjunto, representan aproximadamente la mitad del territorio nacional venezolano y albergan al 8,5% de la población total del país, incluidas 24 etnias indígenas. A pesar del valor medioambiental de estos territorios, y de que un 40% de ellos son áreas protegidas por ley, durante la última década la Amazonía venezolana ha sufrido los efectos negativos de una irresponsable política gubernamental que ha causado daños muy graves e irreversibles a esos frágiles ecosistemas.

Durante la última década, el colapso de la industria petrolera venezolana llevó al régimen chavista a centrar su atención en la explotación intensiva de las riquezas minerales en la zona sur del Orinoco. Se estima que esa región alberga, entre otros minerales valiosos, alrededor de siete mil toneladas de oro, lo que representa la sexta reserva natural de oro más grande del mundo. En el año 2016, Nicolás Maduro decretó como "Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco" a un área que abarca más de 112.000 Km2 de la Amazonía venezolana, extensión territorial que excede el tamaño de isla de Cuba. De acuerdo con el portal de investigación InSight Crime, "el oro de Bolívar ha sido un salvavidas económico para el gobierno venezolano, que le ha permitido acceso limitado a los mercados internacionales, eludiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos".

Hoy en día, el impacto de esta política extractivista ha sido tan negativo que la ONG ambientalista SOS Orinoco no ha dudado en catalogarlo de "ecocidio”. La expansión descontrolada de la minería ilegal, la deforestación de más de 140.000 hectáreas de bosques primarios, la contaminación y destrucción de las cuencas hidrográficas y de sus ecosistemas acuáticos, el crecimiento exponencial de la violencia criminal en la zona, así como el desplazamiento forzado y la violación de los derechos humanos de las etnias originarias, son solo algunos de los efectos perversos ocasionados por esta política gubernamental. Estos hechos han sido documentados en numerosos informes e investigaciones de reconocidas organizaciones ambientalistas, tanto a nivel nacional como internacional.

Según denuncia SOS Orinoco en sus informes 2021 y 202, "el Arco Minero ha promovido la minería depredadora, la violencia y la pérdida de soberanía del Estado venezolano, dentro y fuera de la poligonal de dicho arco. La violencia es liderada por los grupos armados organizados (GAO) y por la FANB, quienes se coordinan, reparten y disputan el poder minero, dejando en el camino a muertos, desaparecidos, desplazados, y un nuevo orden que se sustenta en el tráfico de oro, gasolina, mercurio y personas”.

Despliegues militares para proteger el medioambiente

Desde mediados del 2022, en medio de acusaciones por parte de ONG ambientalistas y organismos internacionales de derechos humanos, así como de enérgicas protestas de las poblaciones indígenas que residen en la Amazonía venezolana, y la persistente anarquía y violencia que ha arraigado en estos territorios, Nicolás Maduro inició una serie de operativos militares en contra de la minería ilegal en la región de Guayana venezolana.

De acuerdo con los voceros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), las operaciones militares Escudo Bolivariano Autana y Roraima, desplegadas en el territorio Amazonas Parque Nacional Yapacana, apuntan a la protección ambiental, a la erradicación de la práctica de la minería ilegal, a la expulsión de los grupos que operan en esta zona y a iniciar un proceso de recuperación del área afectada por la actividad extractivista.

La minería ilegal continúa "indeteniblemente” en la Amazonía venezolana

Estas acciones militares, sin embargo, no han convencido a las ONG ambientalistas y defensoras de derechos humanos en Venezuela, las cuales han acusado al régimen de Nicolás Maduro de querer maquillar con ellas su "política minera depredadora” en la Amazonía venezolana.

InSight Crime denunciaba, a finales del año pasado, que estos operativos militares eran simplemente intentos del régimen de Maduro de tomar el control de la explotación minera, pues "por falta de capacidad tecnológica y control territorial, gran parte de la actividad minera en ese estado es controlada por los sindicatos y no por el gobierno. Estas bandas se llevan una tajada del oro producido en las minas que controlan, lo cual reduce la cantidad que termina en manos del gobierno”.

Estas apreciaciones has sido reiteradas por Erick Camargo, del Observatorio de Ecología Política de Venezuela (OEP), quien ha señalado que los operativos militares ordenados por Nicolás Maduro "no han sido en pro de frenar la extracción minera, sino parte de una lucha de poder armada por el control de las minas y el comercio mineral. Las denuncias, especialmente en Yapacana, indican que la explotación minera sigue, pero ahora bajo estricta vigilancia militar, no en procura de la recuperación de los territorios devastados, sino para el control de la actividad”.

Por otra parte, la ONG Control Ciudadano, dedicada al tema militar y a la protección de los derechos humanos en Venezuela, afirmó en un comunicado de prensa, en enero de este año, que "las causas estructurales de la destrucción del Yapacana no podían ser resueltas con una operación militar. La recuperación de la plena soberanía en la frontera, al sur de Venezuela, solo sería posible cuando se reconozca oficialmente que el enemigo a combatir para la Fuerza Armada Nacional es la guerrilla colombiana, que se está consolidando cada vez más en los Estados Amazonas y Bolívar para controlar el gigantesco negocio de la minería ilegal, por los dividendos y poder que genera y sus ramificaciones”.

Es por ello que la SOS Orinoco, organización no gubernamental que viene monitoreando y georreferenciando desde 2018 la huella minera al sur de Venezuela ha calificado a la Operación Autana 2023 como una campaña mediática, y presentó informes y videos que demostraban cómo en los últimos 24 meses la minería al sur del país había seguido expandiéndose. Según esa oenegé, el régimen de Nicolás Maduro está asociado con la guerrilla colombiana y no tiene la voluntad real de expulsar a estos grupos armados del territorio venezolano. En su cuenta de Twitter, SOS Orinoco advirtió el 28.06.2023 a la comunidad internacional que "Nicolás Maduro pretende engañar al mundo ambiental en la cumbre de países amazónicos, pero la realidad de su política minera no se puede esconder: la minería ilegal continúa indeteniblemente”.

Ausencia de política y estrategia nacional frente al cambio climático

Otras evidencias de que persiste el desinterés y la falta de un verdadero compromiso por parte del régimen de Nicolás Maduro respecto de la protección de la Amazonía venezolana lo constituyen el hecho de que el Estado venezolano mantiene vigente el decreto del Arco Minero, y se ha negado a suscribir el Acuerdo de Escazú, primer tratado regional sobre derechos humanos y ambiente, así como varios de los acuerdos de la COP26 de Glasgow. A esas graves falencias se suma el hecho de que, actualmente, el país no cuenta con una política y una estrategia nacional de cambio climático, tal como lo vienen denunciando de manera reiterada los avances del Reporte Académico de Cambio Climático de la Academia de Ciencias de Venezuela.

El lavado verde de la devastadora política minera gubernamental

Dada la gravedad del cambio climático y de la crisis ambiental que se cierne hoy en día sobre el mundo, se han establecido múltiples fondos y programas internacionales que ofrecen financiamiento y recursos a los países que demuestran un compromiso real en la lucha contra la deforestación y el cambio climático. De acuerdo con Erick Camargo, de la OEP, los últimos operativos militares en contra de la minería ilegal en Venezuela formarían parte de "una clara jugada de greenwashing”, un tipo de estrategia de relaciones públicas destinada a transmitir la engañosa impresión de que el régimen de Maduro está comprometido con la protección del medioambiente, y de esta forma poder acceder a dineros de los llamados fondos verdes o fondos para la protección climática (Fondos para Reducir las Emisiones de Carbono, Fondos de Inversión en el Clima, Fondo para el Medio Ambiente Mundial, Fondo Verde para el Clima).

Esperamos que los intentos de Maduro por lavar la deteriorada imagen de su régimen en temas ambientales y presentarse como un gobernante consciente y respetuoso del medio ambiente en la próxima Cumbre de la Amazonía no engañen a la comunidad internacional, especialmente a los otros jefes de Estado amazónicos. Es fundamental que se inste al régimen venezolano a asumir con responsabilidad su deber de detener las acciones ecocidas que continúan ocurriendo en la Amazonía venezolana, y que el Estado desarrolle una genuina política de protección ambiental para estos ecosistemas tan vitales, tanto para la región como para el mundo.

20 de julio 2023

DW

https://www.dw.com/es/venezuela-el-greenwashing-de-maduro/a-66300191?mac...

Este mes de junio, Open Society Foundations publicó el estudio "The Human Costs of a Failing Global Debt System", elaborado los economistas Clemens Graf von Luckner y Juan P. Farah-Yacoub. Estos autores examinaron los costes a largo plazo de los impagos soberanos en una muestra de 131 casos desde 1900, llegando a la conclusión de que el impacto humano y económico de la cesación de pagos de la deuda pública es grave y duradero. Mientras más tiempo se permanece en mora, los costos humanos son mucho mayores.

Venezuela, el país más endeudado de Latinoamérica y el Caribe, cayó en situación de impago en 2017. En el transcurso de estos seis años, y luego de atravesar hasta el 2022 la peor hiperinflación histórica de la región, el país se mantiene hoy en día como una de las economías más inflacionarias del mundo. Al propio tiempo, la sociedad venezolana continúa sumida en una compleja emergencia humanitaria que ha forzado un flujo migratorio que ya supera los 7,3 millones de migrantes, según datos de la Plataforma R4V.

Reputados economistas advierten que Venezuela se encuentra en una situación de imposibilidad para renegociar y cumplir con su deuda pública, a menos que se realice un cambio radical en el modelo de desarrollo del Socialismo del siglo XXI implementado por el chavismo en las últimas dos décadas. Sin embargo, las perspectivas de este cambio son desalentadoras. El régimen de Maduro, hasta los momentos, ha demostrado ser incapaz de abordar estos cambios de manera seria y profunda. De hecho, parece no tener la voluntad de hacerlo. Lo que es aún más preocupante es que parece estar dispuesto a evitar que otros asuman ese cambio, tal como se desprende de las reiteradas declaraciones de los jerarcas del régimen. El pasado 9 de junio, Diosdado Cabello, considerado el segundo hombre más poderoso del régimen, advirtió a los venezolanos que el chavismo "ni por las buenas ni por las malas” abandonará el poder en Venezuela.

La monstruosa deuda pública venezolana

Con base en los datos del Fondo Monetario Internacional, el economista Gustavo García Osio estima que, al cierre del 2022, la deuda pública venezolana se ubicó aproximadamente en 160 mil millones de dólares estadounidenses. Este descomunal monto equivale al 172% del producto interno bruto (PIB) de Venezuela, mientras que la deuda total de América Latina y el Caribe -unos USD 5,8 billones- es equivalente al 117% del producto interno bruto (PIB) de la región, según se indica en el informe "Lidiar con la deuda” (2023), del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Lo más paradójico del caso venezolano es que la mayor parte de esta "monstruosa deuda pública", como la califica el Observatorio del Gasto Público CEDICE, fue contraída durante la época de la mayor bonanza petrolera que ha tenido el país. Entre 1999 y 2017, las arcas públicas venezolanas recibieron por concepto de ingresos petroleros alrededor de USD 1.034 billones- Justamente durante ese periodo de "vacas gordas” es cuando Hugo Chávez y su sucesor designado, Nicolás Maduro, "quintuplican” el agregado de la deuda externa, pasando de USD 30 mil millones en 1999 a USD 170 mil millones en 2016, según señala CEDICE en su estudio de la deuda externa venezolana.

Despilfarro e impago de la deuda pública venezolana

El que un país adquiera deuda en sí mismo no es malo. Según se explica el en el informe "Lidiar con la deuda” elaborado por el BID, "si el financiamiento obtenido se utiliza para aumentar la inversión de buena calidad y proporcionar mejores servicios, los beneficios deberían superar a los costos. Pero si los niveles de deuda se tornan demasiado altos o la deuda no se gestiona de manera eficaz, entonces los efectos son negativos. Las tasas de interés suben, el costo del servicio de la deuda se vuelve muy oneroso y la emisión de nueva deuda, muy cara o prohibitiva. En última instancia, la inversión y el crecimiento se resienten.”

En el caso de Venezuela, lamentablemente, los ingresos exorbitantes de la bonanza petrolera y los ingentes recursos obtenidos mediante el endeudamiento público no fueron invertidos para impulsar un modelo de desarrollo sostenible en el país. Por el contrario, Chávez y Maduro utilizaron esos recursos para: desarrollar políticas populistas que les aseguraran mantenerse en el poder; exportar la revolución bolivariana a la región; y comprar lealtades, tanto internas como externas, a través de prácticas corruptas. CEDICE, en su referido informe sobe la deuda externa venezolana, señala que "todo este dinero no fue utilizado para garantizar un futuro marcado por un crecimiento sostenido de la economía y procurar un mayor bienestar para los venezolanos. Por el contrario, sólo se utilizó para ganar elecciones y enriquecer a unos pocos a costa de todos”.

Las consecuencias de este despropósito no tardaron en manifestarse. Para el año 2017, Venezuela ya se encontraba inmersa en una grave crisis económica, social y política. En ese momento, Venezuelabajo un régimen sobre el cual pesaban múltiples sanciones internacionales, con un sector productivo, incluyendo el sector petrolero, severamente dañado debido a las políticas populistas de la revolución bolivariana, y con bajos precios del petróleo, era incapaz de producir lo necesario para cubrir sus necesidades básicas y cumplir con los pagos de su deuda pública internacional, todo lo cual derivó en un incumplimiento de pagos o default en su deuda pública.

Los costos humanos del impago recaen de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables

Los impagos por parte de un país (impagos soberanos) imposibilitan a los gobiernos el acceso a los mercados internacionales de capital y dificultan al sector privado nacional acceder a capital a precios competitivos. Estos impagos suelen desencadenar agudas crisis financieras y económicas con graves impactos económicos y sociales en los países deudores.

De acuerdo con los resultados del referido estudio "The Human Costs of a Failing Global Debt System", el déficit en la tasa de crecimiento económico real per cápita de los países que caen en incumplimiento se incrementa en 2,5 puntos porcentuales durante el primer año, en comparación con lo que habría sido en ausencia del incumplimiento. A partir de ese momento, el déficit continúa aumentando en promedio 1,5 puntos porcentuales cada año. Luego de diez años, la brecha alcanza aproximadamente los 14,5 puntos porcentuales, lo cual deja en claro el fuerte impacto negativo prolongado del incumplimiento.

Junto a los costos económicos, la inacción conlleva también costos humanos crecientes. "La esperanza de vida en los países morosos disminuye más cuando los impagos duran más tiempo. Cada año que se retrasa la resolución de un impago, la salud de la población disminuye aún más y, con ella, la esperanza de vida”. Para los países estudiados, en promedio, la esperanza de vida diez años después del incumplimiento se reduce en más de un año en relación con donde habría estado sin el incumplimiento.

En el estudio publicado por Open Society Foundations se encuentra, además, que la peor parte del costo humano de la cesación de pagos recae de manera desproporcionada en los grupos más vulnerables de la sociedad: niños, ancianos y personas en situación de pobreza. Cuanto más se tarda en resolver un impago, más costoso resulta para los menos responsables del mismo. "Los índices de pobreza superan los niveles anteriores a la crisis en aproximadamente un 30% poco después del impago y siguen siendo elevados una década más tarde. El nivel de vida también disminuye drásticamente en función de variables como el acceso a la nutrición, la energía y la salud. En promedio, en el décimo año después del impago, los morosos tienen un 13% más de muertes infantiles al año y los niños supervivientes tienen una esperanza de vida un 1,5% inferior, en comparación con la situación que tendrían de no haber caído en impago.”

Los costos humanos del impago en Venezuela

El caso reciente de Venezuela después de su default de 2017 pone de relieve la asociación insidiosa entre una gran crisis macroeconómica y el bienestar de la población. Algunos de los indicadores que los autores ponen de relieve en su informe son: la duplicación en el transcurso de cinco años del número de mujeres embarazadas en situación de riesgo debido a la falta de atención prenatal oportuna; la pérdida para el 2017 de un promedio de 11 kilogramos de peso por parte del 64 % de los venezolanos; y el aumento en las tasas de mortalidad infantil y la disminución en la esperanza de vida del venezolano.

Una deuda publica impagable a menos que se cambie el modelo de desarrollo

Lo más trágico de esta trágica situación es que no se ven posibilidades de que el régimen de Maduro esté en capacidad de renegociar la deuda pública. El economista Gustavo García Osio, en su entrevista para Hispano Post, advirtió que la deuda venezolana "representa unas 23 veces el valor de las exportaciones totales de Venezuela. Es como si se dijera que si todo lo que se perciba por exportaciones se utiliza para pagar la deuda, estaríamos 23 años pagándola y el gobierno no podría disponer de dólares para otra cosa. Eso da una idea de por qué esa deuda no es pagable y no es sostenible”.

De acuerdo con García, la renegociación de la deuda soberana de Venezuela no puede realizarse de forma aislada porque se corre el riesgo de asumir compromisos de pago que después no se puedan honrar. Por ello, según este economista, para poder enfrentar de forma eficiente el manejo de la deuda publica venezolana es necesario insertarla dentro de un programa económico de mediano y largo plazo que garantice la recuperación económica de Venezuela y le dé viabilidad externa y financiera.

No suena plausible que el mismo régimen que ha conducido a Venezuela a su peor crisis crediticia sea el que libere al país de su postración económica y lo coloque nuevamente en posición de manejar de manera responsable su "monstruosa deuda pública”.

A la luz de estas consideraciones y vista la destemplada declaración de Cabello, surge entonces la siguiente pregunta sobre la urgencia del cambio de rumbo en Venezuela: ¿A cuánto ascenderá el costo humano que los venezolanos, sobre todo los de los sectores más vulnerables, deberán seguir pagando por cada año adicional que el chavismo se mantenga aferrado "por las malas” al poder? Esta es una pregunta que tanto la dirigencia venezolana como la comunidad internacional deberían hacerse.

29 de junio 2023

DW

https://www.dw.com/es/el-costo-humano-de-la-prolongación-del-régimen-de-maduro/a-66072855?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270592181132145&lid=2591845&pm_ln=208515

El pasado mes de mayo, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) de la ONU alertó sobre la muy alta probabilidad (98%) de que durante el quinquenio 2023-2027 la temperatura global sufra un aumento sin precedentes a consecuencia de los gases de efecto invernadero y del fenómeno meteorológico de El Niño. Por ello, el secretario General de la OMM, Petteri Taalas, recomendó a los gobiernos tomar previsiones, ya que este aumento de la temperatura mundial "tendrá repercusiones de gran alcance para la salud, la seguridad alimentaria, la gestión del agua y el medioambiente”.

Esta sombría predicción sorprende a Venezuela –que, por su ubicación, es uno de los países más expuestos a los efectos de El Niño– en medio de una Emergencia Humanitaria Compleja, y muy mal preparada para enfrentar este tipo de fenómenos ambientales. De acuerdo con el Reporte sobre Amenazas Ecológicas (Ecological Threat Report) 2022, publicado por The Institute for Economics & Peace, Venezuela se encuentra dentro de la lista de los 27 países del mundo que corren mayor riesgo de conflicto, disturbios civiles y desplazamientos por causa de la degradación ecológica y de eventos relacionados con el clima. En este informe, Venezuela registra puntajes críticos en materia de seguridad alimentaria y de estrés hídrico (porcentaje de población sin acceso a agua potable limpia).

Lo paradójico de esta situación es que, en materia de recursos hídricos, Venezuela es un país privilegiado. Con una estimación de 1.325 kilómetros cúbicos de agua dulce, Venezuela se encuentra dentro de la lista de los 10 países del mundo con mayores reservas hídricas. Sin embargo, un porcentaje muy alto de su población no tiene garantizado el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud, y para satisfacer sus necesidades básicas. Para marzo de 2022, aproximadamente 7 de cada 10 venezolanos presentaban necesidades humanitarias relacionadas con el suministro regular y el saneamiento del agua, según el Diagnóstico Comunitario de HumVenezuela. Las razones detrás de esta paradoja la encuentran los expertos en décadas de corrupción y mala gestión de los recursos hídricos de Venezuela y en la implantación de un modelo de desarrollo extractivista que ha conducido a una grave degradación de los ecosistemas del país.

Deforestación de las cuencas hidrográficas

Venezuela cuenta con una abundante red de ríos y cuencas hidrográficas que desempeñan un papel fundamental en la disponibilidad de agua, la generación de energía y la biodiversidad del país. Durante las últimas décadas, las principales cuencas hidrográficas de Venezuela se han visto degradadas y contaminadas a causa de la deforestación, la minería, los derrames de petróleo y las actividades agrícolas y pecuarias.

Aunque sobre la deforestación en Venezuela no se dispone de información oficial debido a la política de opacidad informativa del gobierno, organizaciones ambientales y expertos independientes han venido haciendo un seguimiento del problema y alertando sobre el crecimiento acelerado de las tasas de deforestación en el país durante las últimas décadas. Rosales y García, en su estudio "Las cuencas hidrográficas y su gestión integral” (2015), advertían que "Venezuela ocupa uno de los primeros lugares entre las naciones con mayor tasa de deforestación, con 288.000 ha/año, que corresponde a una tasa de 0,62% /año en relación con la superficie de bosques del país (FAO, 2011)”. Por su parte, la ONG Clima 21, con datos de Global Forest Watch (GFW), estimó en su Informe 2022 que Venezuela, entre el 2001 y el 2015, sufrió una perdida promedio de 97.258 ha/año de su cobertura forestal total. Durante los siguientes cinco años (2016-2020), la tasa de deforestación sufrió un aumento acelerado, alcanzando en promedio las 157.307 ha/año. El 57% de esta grave pérdida de la cobertura vegetal se concentró en cinco entidades federales: Bolívar, Zulia, Monagas, Amazonas y Anzoátegui, afectando de manera directa a las dos principales cuencas hidrográfica del país: la del Rio Orinoco y la del Lago de Maracaibo.

Contaminación de las cuencas hidrológicas

Otro factor que ha venido afectando gravemente la capacidad de producción de agua de las cuencas hidrológicas del país ha sido la contaminación directa de sus aguas debido a actividades extractivistas, como la explotación petrolera, la minería y las descargas de efluentes domésticos e industriales.

En su informe del 2021, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación por el aumento de los derrames petroleros que, desde el 2014, se venía produciendo en el país. Entre enero y noviembre de 2021 se reportaron al menos 73 derrames petroleros en el país, siendo las cuencas más afectadas la del Lago de Maracaibo-Mar Caribe.

Aunada a la industria petrolera, otra de las actividades que más ha contribuido con la contaminación de las aguas en Venezuela ha sido la explotación minera. Ha sido dramático el impacto contaminante de la política extractiva del Arco Minero del Orinoco sobre la amazonia venezolana y, en especial, sobre la cuenca del Rio Orinoco, zona donde se produce la mayor cantidad de agua del país. Aunque no se ha podido hacer una cuantificación precisa sobre los daños que estas actividades le han producido al medio ambiente, se cuenta con suficiente evidencia de que el agua, la fauna acuática y las poblaciones de esas zonas han sido contaminadas por el mercurio que se utiliza para la explotación de las minas de oro. De acuerdo con un reportaje del 2021 de la ONG SOS Orinoco, el 35% de los indígenas pemón presentaban niveles de mercurio más altos que lo establecido en los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Infraestructura hídrica inoperativa

Para garantizar un servicio hídrico de calidad, además de preservar las cuencas hidrológicas, es necesario contar con un sistema eficiente de control, distribución y saneamiento de agua. En Venezuela, ese sistema fue desarrollado entre 1940 y 1995. Así lo afirma Jesús Castillo, de la ONG Agua Sin Fronteras: "Durante ese periodo, Venezuela pudo desarrollar uno de los servicios de agua potable más importantes de toda la región, con tecnología de vanguardia y el desarrollo de infraestructura de altísima calidad, para alcanzar altas metas y estándares de salud pública. En ese sentido, ya para los años 90, se podía estimar que el 87% de la población venezolana tenía un buen servicio de agua potable y saneamiento”.

Lamentablemente, durante el transcurso de lo que va del siglo XXI, la infraestructura instalada dejó de recibir por parte de las autoridades competentes la debida atención, mantenimiento y reposición. Para marzo 2022, de acuerdo con el informe de seguimiento de los impactos de la Emergencia Humanitaria Compleja en Venezuela, elaborado por HUMVenezuela, la red de acueductos del país presentaba una reducción del 60% en la cantidad de agua distribuida, disminuyendo de 350 a 140 litros por persona al día, en un sistema con 74% de las tuberías no presurizadas, lo que ocasiona fugas y expone a los habitantes al consumo de agua contaminada. Aunado a ello, el 90% de los embalses destinados para la recolección de agua y el 99% de las plantas potabilizadoras se encuentran con importantes niveles de inoperatividad, según se señala en el Reporte "Derecho al Agua y al Saneamiento 2022”, realizado por el Grupo Interdisciplinario Emergencia Humanitaria en Agua.

Aparte de la mala gerencia, la corrupción gubernamental ha jugado también un papel en la crisis del agua que sufren los venezolanos. La ONG Transparencia Venezuela elaboró un listado de 18 obras para el sector agua que no fueron construidas o quedaron inconclusas, a pesar de haberles sido asignados más de US$ 3.000 millones. En ese listado se encuentran, por ejemplo, el acueducto Mamporal; la construcción de las Represas Dos Bocas y del embalse de Puerto Maya; la rehabilitación de varias plantas de potabilización, entre ellas la de La Mariposa y Caujarito; el Proyecto Tuy IV, y el Sistema Hidráulico Yacambú – Quibor.

De acuerdo con los cálculos del Observatorio de Gasto Público CEDICE, la recuperación del sector agua requeriría US$ 1. 400 millones, distribuidos en 30% de los recursos para saneamiento, 50% para el tratamiento, transporte y cobertura, y 20% para el monitoreo preventivo, en un lapso de tres a cinco años.

Impacto de la crisis del agua sobre los venezolanos

Todos estos factores trajeron como resultado un conjunto de cifras dramáticas para Venezuela en el año 2022. Según el reporte de marzo de 2022 de HUMVenezuela: 19,1 millones de personas tuvieron restricciones severas de acceso al agua; 12,5 millones sufrieron interrupciones severas de suministro de agua por acueducto; 6,9 millones pasaron un mes o más sin agua por acueductos; 6,7 millones no tuvieron conexión a acueductos; 21,2 millones reportaron señales de agua contaminada, es decir no apta para la salud; 4,4 millones no tuvieron acceso a métodos de purificación de agua; 4,4 millones no tuvieron acceso a cloacas, y 1,3 millones carecieron de acceso a servicios mínimos de saneamiento.

A comienzos de este mes, Nicolás Maduro pidió a los venezolanos prepararse para "tiempos de emergencia climática”. ¿No debiera haberse hecho esta advertencia a sí mismo y a su equipo de gobierno desde hace mucho tiempo?

22 de mayo 2023

DW

https://www.dw.com/es/la-paradoja-de-la-crisis-del-agua-en-venezuela/a-6...

Las protestas de los trabajadores venezolanos arrecian ante la acuciante pérdida de capacidad adquisitiva y la falta de perspectivas de mejora de su situación.

Las multitudinarias manifestaciones de los trabajadores de la educación que se vienen produciendo a lo largo y ancho de Venezuela desde inicios de este 2023 tienen como explicación la pérdida masiva de la capacidad adquisitiva de la gran mayoría de los trabajadores venezolanos, cuyos ingresos actuales no son suficientes ni siquiera para adquirir los productos básicos necesarios para subsistir.

Luego de más 400 protestas escenificadas a lo largo de estas dos últimas semanas en casi todos los estados del país, los trabajadores venezolanos no han recibido por parte del régimen de Nicolas Maduro una respuesta concreta y satisfactoria a sus justas reclamaciones.

Hasta la fecha, la estrategia de Maduro ha sido evadir la responsabilidad de su Gobierno frente al agudo deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos y realizar difusas promesas respecto a una futura mejoría de los sueldos de los trabajadores, sin especificar ni cuándo, ni cuánto, ni de dónde saldrían los recursos para pagar esos eventuales aumentos: "Más temprano que tarde pasaremos de esta fase de parto y de resistencia, a una fase de mejoría sostenida de los ingresos de la clase obrera y trabajadora… De mil maneras lo haremos. ¿Pariendo recursos? Pariremos. ¿Produciendo? Produciremos”, declaró Maduro durante la clausura del IV Congreso de la clase obrera.

Amenazas y amedrentamiento a los educadores

La ausencia de respuestas por parte del Ejecutivo nacional a los justos reclamos de los trabajadores ha venido acompañada de las consabidas prácticas de amenaza y amedrentamiento a todos aquellos venezolanos que levantan la voz en reclamo de sus derechos.

Dentro de estas prácticas antidemocráticas resaltan la detención de los manifestantes por parte de los organismos de seguridad del Estado y el uso de la violencia a través de los colectivos armados chavistas.

El jueves 12 de enero, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron de manera arbitraria a nueve trabajadores de las empresas siderúrgicas del Orinoco y Bauxilum que participaban en una protesta salarial. Luego de ser presentadas a los tribunales, estas personas quedaron sometidas a un régimen de presentación y libertad restringida, teniendo prohibido volver a protestar o participar en manifestaciones públicas.

Por su parte, los colectivos armados chavistas, con la misma intención de amedrentar y disuadir a los manifestantes, han venido incrementando sus acciones en contra de las marchas de los trabajadores. El 14 de enero, un colectivo del estado Aragua amenazó a través de las redes sociales a todos aquellos trabajadores que salieran a reclamar mejoras salariales.

El 19 de enero, colectivos armados impidieron que los trabajadores se congregaran a protestar en un sector del oeste de Caracas. Esa misma fecha, en Apure, de acuerdo con un reportaje de la periodista Sebastiana Barráez, oficiales de la Guardia Nacional amenazaron a los educadores con utilizar a los colectivos si no se dispersaban.

Las causas reales de la pérdida del poder adquisitivo

En línea con su estrategia de evadir la responsabilidad de su gobierno, Nicolás Maduro ha reiterado una y otra vez que las sanciones internacionales son las únicas responsables de la profunda crisis económica y de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores.

Sin embargo, diferentes estudios e investigaciones han comprobado que, para agosto del 2017, fecha en la cual se le aplican al país las primeras sanciones no personales, "la economía venezolana tenía 14 trimestres consecutivos de contracción económica, se encontraba ad portas del inicio de la hiperinflación, había perdido acceso efectivo a todos los mercados financieros internacionales, su producción petrolera experimentaba una prolongada tendencia declinante de más de 2 años de duración”, tal y como se señala en el estudio "Impacto de las Sanciones Financieras Internacionales contra Venezuela: Nueva Evidencia” (enero 2021), elaborado por la consultora ANOVA Policy Research.

Colapso del modelo económico del chavismo

Por su parte, los estudios del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) encuentran que "Venezuela registró una caída muy significativa de la actividad económica a partir del cuarto trimestre de 2014. Desde entonces, se han encadenado veinticuatro trimestres consecutivos de contracción económica, que culminaron el primer trimestre de 2021, cuando se observó un crecimiento tenue. Ese impulso perdió fuerza a partir del segundo trimestre de 2022”.

Al respecto, el economista Ángel Alvarado, cofundador del OVF, explica: "La pérdida del poder adquisitivo del venezolano viene a ser una de las consecuencias del colapso del modelo económico del chavismo. Las sanciones del 2017 agudizaron la situación, pero, para ese momento, la economía venezolana ya había entrado en una profunda crisis a consecuencia de: a) La política de expropiaciones masivas, con sus efectos perniciosos sobre la producción nacional, incluyendo a la producción petrolera; b) La política de alto endeudamiento irresponsable y gasto público desenfrenado e ineficiente; c) La política intensiva de control de precios y control de cambio, y d) Los altos niveles de corrupción gubernamental”.

Maduro, con pocas alternativas de política económica

Los trabajadores venezolanos rechazan la política gubernamental de compensación salarial a través de pequeñas bonificaciones, pagadas a través del carné de la Patria, las cuales no forman parte del salario, son entregadas a discreción por el Ejecutivo Nacional y no alcanzan ni siquiera para un día de comida. "Bonos del hambre” y "No quiero bono, no quiero CLAP, yo lo que quiero es un sueldo digno ya”, son algunas de las consignas que se escuchan en las marchas.

La exigencia central de los trabajadores al régimen de Nicolás Maduro es que el Estado venezolano cumpla con el artículo 91 de la Constitución Nacional, el cual dispone que "El Estado garantizará a los trabajadores del sector público y del sector privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

Para diciembre de 2022, el precio de la canasta alimentaria para el grupo familiar, según CENDA, fue de 474,87 US$. Una familia de cinco personas necesitó 63,24 salarios mínimos para costear la canasta básica. El salario mínimo actual en Venezuela es de 130 bolívares, lo cual es equivalente a solo 6,5 US$ dólares al cambio actual del Banco Central.

Gasto público que depende de la industria petrolera

Se estima, pues no hay información oficial al respecto, que en Venezuela existen alrededor de 4 millones de empleados públicos y unos 4 millones de pensionados, lo cual totaliza aproximadamente 8 millones de personas cuyo salario depende directamente del Estado venezolano.

Para hacer frente al gasto público, el régimen de Maduro depende casi de manera exclusiva de la industria petrolera, de la cual proviene alrededor del 95 por ciento de las divisas externas del país. En estos momentos, de los 3 millones de barriles diarios de petróleo que se necesitarían para cubrir las necesidades del país, la devastada industria petrolera venezolana apenas alcanzó, en diciembre de 2022, a producir una cuarta parte de esa cantidad (660 mil bpd ) y existen pocas expectativas de que esta menguada producción pueda mejorarse de manera significativa durante el 2023, incluso si se diera un mayor alivio de las sanciones. Por otra parte, Venezuela actualmente se encuentra excluida de los flujos crediticios internacionales.

El dilema para Maduro es político

En estos momentos, Maduro tiene muy pocas opciones de política económica para responder a las naturales y justas exigencias de los trabajadores del país. En Venezuela, la tasa de inflación mensual de diciembre pasado fue de 37.2 por ciento, la más alta de los últimos veinte meses,y la tasa anual de inflación anualizada durante el 2022 alcanzó el 305,7 por ciento, siendo el país con la inflación más alta de América Latina para ese año.

Según el economista Alvarado, "si Maduro decreta un aumento significativo de los salarios de los trabajadores de la administración pública, le imprimirá una mayor aceleración a este proceso inflacionario. Ello acarrearía una nueva caída de los salarios reales y volveríamos al poco tiempo al punto de partida”.

Por ello, concluye Alvarado, el verdadero dilema de Maduro no es económico, sino político: "La única forma de que se pueda recuperar de manera sostenible en el tiempo el salario real de los venezolanos es con una transacción política que lleve a un cambio real del modelo económico del país”.

El dilema político de Maduro, entonces, se reduce a "transar políticamente un cambio de modelo y solucionar el problema del ingreso salarial de los venezolanos, o atrincherarse en su modelo político y sacrificar la solución salarial de los venezolanos”.

La falta de respuestas concretas del régimen, la utilización de los órganos de seguridad del Estado y de los colectivos chavistas para amedrentar y disuadir a los educadores, y el diferimiento indefinido de la mesa de diálogo en México, hacen presagiar que, lamentablemente, Maduro buscará atrincherarse en su modelo político y sacrificar una vez más la solución real a los problemas de los venezolanos. (ms)

23 de enero 2023

DW

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Uno de los graves problemas de la escuela en Venezuela es la falta de personal docente.

Desde hace más de dos décadas, Venezuela viene siendo conducida bajo las directrices del proyecto político bautizado como "Socialismo del Siglo XXI", implantado por Hugo Chávez en los primeros años de su gobierno, y continuado por Nicolás Maduro hasta el día de hoy.

Con el paso del tiempo, este modelo ideológico-político ha generado un conjunto de profundas distorsiones y desequilibrios. A partir del año 2014, el país desembocó en una "emergencia humanitaria compleja”, es decir, una emergencia que se prolonga en el tiempo y afecta considerablemente a todos los ámbitos de la vida humana.

El sistema educativo venezolano es una de las áreas prioritarias del país que ha sido afectada de manera más profunda. Uno de los principales objetivos del modelo chavista era lograr el acceso masivo de los niños y adolescentes al sistema educativo venezolano. Sin embargo, los hechos evidencian exactamente lo contrario.

Emergencia educativa

En el año 2018, la Asamblea Nacional declaró la "Emergencia Humanitaria Compleja de la Educación en Venezuela, como consecuencia de la inexistencia del Estado docente, la dessalarización del trabajo pedagógico, el irrespeto a la autonomía de los gremios, la violación de los derechos laborales, la gravísima deserción escolar y la migración de docentes, la casi inexistencia de programas de asistencia al estudiante, el incumplimiento de la obligación de inclusión educativa de los pueblos indígenas, la instrumentación de prácticas de persecución y acoso laboral con trasfondo partidista, la imposición de modificaciones al currículo escolar con sesgo ideológico y la vulneración de la autonomía universitaria en todas sus expresiones”.

Esta declaratoria de emergencia educativa fue ignorada por el régimen de Nicolás Maduro, con lo cual la crisis del sistema educativo ha seguido profundizándose. La politóloga Verónica Medina, coordinadora de Investigación de Equilibrium Cende, en su estudio "Cobertura educativa en Venezuela” de julio de 2020, señala que "los objetivos educativos de universalización de la educación primaria y media, y la masificación del nivel universitario no se han cumplido y, lo que es peor, se evidencian retrocesos. A su vez, las promesas de mayor inclusión educativa hacia los grupos vulnerables tampoco se han hecho presentes, evidenciándose grandes brechas de cobertura entre los grupos más y menos favorecidos”. Las últimas investigaciones y encuestas realizadas en el país durante los últimos dos años confirman esta situación.

Un sistema poco transparente y difícil de evaluar

En la medida en que la crisis del sistema educativo venezolano fue haciéndose más evidente, el régimen optó por dejar de publicar datos oficiales para así ocultar la realidad, tal y como ha sido su práctica en otras áreas de la vida nacional. En efecto, ya son varios años, y en algunos casos más de una década, desde que el Gobierno dejó de publicar, por ejemplo, las cifras de la pobreza, deuda pública, producción petrolera, producto interno bruto y balanza de pagos.

En el caso específico del sistema educativo venezolano, el Estado dejó de publicar desde el año 2015 las estadísticas oficiales básicas relativas a la cobertura escolar, presupuesto y gasto en educación, estado de la infraestructura de los planteles educativos y calidad de la educación, entre otras.

Además, y de acuerdo con lo señalado por Medina, "desde el año 1997, Venezuela no se somete a alguna evaluación internacional que permita medir y comparar el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de lectoescritura, matemática y ciencias. A su vez, el Ministerio de Educación lleva diez años sin realizar pruebas nacionales de aprendizaje, aun cuando existe el Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje”.

La escasez y deficiencia de la información oficial ha sido parcialmente cubierta con estudios, investigaciones y encuestas realizadas por organizaciones de la sociedad civil dedicadas al monitoreo de las características y desempeño del sistema escolar venezolano.

Cobertura educativa excluyente y en continuo retroceso

Desde el año 2014, la capacidad del Estado venezolano para atender la demanda de educación de los venezolanos en edad escolar viene cayendo de forma casi ininterrumpida. De acuerdo con los resultados de la última encuesta ENCOVI, en los últimos nueve años la cobertura educativa general para los jóvenes entre 3 y 24 años cayó diez puntos porcentuales, pasando del 73 por ciento al 63 por ciento. Solo en el último año, 190 mil alumnos abandonaron el sistema educativo.

Preocupa de manera especial a los investigadores de ENCOVI la caída de la cobertura escolar en la población de 3 a 5 años. Se estima en más de 1,5 millones el número de alumnos que permanecieron fuera del sistema educativo durante el período 2021-2022. Esto significa que casi la mitad de los niños entre esas edades está fuera de la educación inicial, lo cual tendrá repercusiones importantes en el desarrollo acumulativo del aprendizaje de esos eventuales alumnos. Esta exclusión educativa afecta en mayor medida y de forma sistemática a los más pobres y vulnerables ya que la oferta pública educativa es limitada y la privada es costosa.

Los factores de la inasistencia escolar

La inasistencia escolar de los niños a la educación básica en Venezuela ha estado relacionada con la crisis humanitaria compleja que ha sufrido el país durante los últimos años, de acuerdo con los resultados de la investigación "Diagnóstico de Educación Básica en Venezuela: Reporte Final”, publicado en septiembre de 2021, y elaborado por DevTech Systems con la asistencia de la Universidad Católica Andrés Bello, ANOVA y la Fundación Carvajal de Colombia.

Según la investigación de DevTech Systems, entre las principales causas de inasistencia escolar durante el período 2020-2021 destacan: la falta de comida en el hogar (78,3 por ciento), la falta de servicios básicos (56,7 por ciento), no poder adquirir los materiales y útiles escolares (55,5 por ciento), razones de salud (44,4 por ciento), necesidad de ayudar en las tareas del hogar (43,7 por ciento), el alumno no desea seguir estudiando (43,5 por ciento), el alumno no considera importante la educación (39,7 por ciento), y costo del transporte (25,9 por ciento). Más de la mitad de los estudiantes (56,9 por ciento) reportaron sufrir de vulnerabilidad alimentaria.

Por su parte, los investigadores de ENCOVI 2022 encuentran que las principales causas de abandono de los estudios de los adolescentes y jóvenes en Venezuela son la poca pertinencia de la oferta educativa y la necesidad de trabajar: 35 por ciento de los adolescentes (12 a 17 años) y 22 por ciento de los jóvenes (18 a 24 años) no consideran importantes los estudios, mientras que 21 por ciento de los jóvenes necesitan trabajar.

Escasez de personal docente

Otro de los graves problemas que enfrenta el sistema educativo venezolano es la escasez del personal docente y su cualificación. Raquel Figueroa, especialista en políticas educativas y dirigente sindical de la Federación Colegio de Profesores de Venezuela, denunció el pasado mes de septiembre que el año escolar 2022-2023 iniciaría "con un déficit de 57 por ciento de profesionales de la docencia en las especialidades de matemática, física, química, biología, historia, literatura e idiomas”.

De acuerdo con datos de la Federación Venezolana de Maestros, más de cien mil docentes abandonaron el sistema educativo entre los años 2015 y 2020. Los bajos salarios, la dolarización y la migración forzada son los factores que fundamentalmente explican la deserción de los educadores. La consulta educativa realizada por FundaRedes en el año 2021 señala que "un 55 por ciento de los docentes en el país desarrollan otro tipo de actividades para poder cubrir sus necesidades básicas, ya que los salarios como profesionales de la docencia no les permite tener acceso a mejores condiciones de vida”.

Gricelda Sánchez, presidente de la organización Formación de la Dirigencia Sindical, señala que "en Venezuela, la educación dejó de ser una carrera atractiva, pues el salario actual de los profesores varía entre los 30 y los 140 dólares mensuales”, lo cual es un salario bastante menor al costo de la canasta básica familiar, que alcanza los 376 dólares al mes según los cálculos del Centro de Educación y Análisis para los Trabajadores (CENDA).

Deterioro de la infraestructura escolar y de los servicios básicos

Este lamentable cuadro del sistema educativo venezolano lo completa el progresivo deterioro que ha tenido la infraestructura escolar y los servicios básicos que le sirven de soporte. El "Diagnóstico de Educación Básica en Venezuela” estima que alrededor del 69 por ciento del total de colegios de Venezuela presentan carencias o vulnerabilidades graves en más del 50 por ciento de los ítems evaluados. Las carencias más comunes de carácter agudo son servicios de salud (93,7 por ciento), internet (85,7 por ciento), salas de teatro o música (84,9 por ciento), laboratorios (79,6 por ciento), electricidad (69,9 por ciento), agua (56,6 por ciento), canchas deportivas (46,8 por ciento) y aulas de clase (17,6 por ciento).

Este diagnóstico lo confirma el informe "Estudiar entre ruinas”, elaborado en julio de este año por la organización civil "Centros Comunitarios de Aprendizaje (CECODAP). Esta investigación, que abarcó nueve de los principales estados del país, revela que alrededor de 59 por ciento de los planteles encuestados "presentan graves problemas de infraestructura, originados por un desgaste natural, pero también por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo. Es una constante la presencia de filtraciones, techos caídos, baños inoperativos, falta de pupitres y un precario acceso a servicios públicos especialmente de agua potable, aguas servidas, gas doméstico y electricidad”.

La profunda crisis del sistema educativo venezolano tendrá lamentablemente severas consecuencias negativas en las posibilidades de desarrollo futuro del país. Corregir cuanto antes esta precaria y delicada situación es una prioridad para todos los venezolanos. (ms)

5 de diciembre 2022

DW

https://www.dw.com/es/la-crisis-del-sistema-educativo-en-venezuela/a-639...

En estas dos últimas décadas, Venezuela ha envejecido prematuramente. El país ha perdido, quizás de manera definitiva, un alto porcentaje de gente joven, muchos de ellos profesionales y trabajadores capacitados, que representaban una ventana de oportunidad para impulsar su futuro desarrollo. Actualmente, existen 7,1 millones de venezolanos migrantes y refugiados en el mundo, de los cuales 5,96 millones (84,9 por ciento) se encuentran distribuidos en 17 países de América Latina, sobre todo en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, según los datos de la Plataforma RV4.

Este descomunal flujo migratorio de venezolanos se ha producido en tres olas sucesivas a lo largo de estas primeras décadas del siglo XXI. La primera de estas olas tuvo lugar durante los años iniciales del primer Gobierno de Hugo Chávez.

Esta primera oleada estuvo motivada por los temores e incertidumbres que ocasionó en sectores medios y altos de Venezuela la implantación en el país del llamado socialismo revolucionario del siglo XXI. También influyó en esta primera ola el despido en el año 2003 del 47 por ciento (17.871 trabajadores) de la nómina de la petrolera estatal venezolana PDVSA. La segunda ola estuvo vinculada a la reelección presidencial de Chávez en el año 2006 y la desesperanza respecto a lograr un cambio de régimen en Venezuela. Estas dos primeras olas estuvieron conformadas por profesionales y empresarios, que poseían condiciones económicas favorables, altos niveles educativos, conexiones y altas posibilidades de insertarse en los países de destino escogidos.

Emergencia humanitaria

La última oleada migratoria se inició a consecuencia de la emergencia humanitaria compleja que comenzó a sufrir Venezuela a partir del año 2015. Esta crisis ha provocado hasta el momento la "migración forzada” de más de cinco millones de venezolanos, quienes se han dirigido fundamentalmente hacia los países de Latinoamérica y el Caribe.

A diferencia de las anteriores olas, el perfil del migrante de esta tercera ola atraviesa todo el espectro social y territorial de Venezuela, por lo que un alto porcentaje de ellos, que puede superar al 50 por ciento, posee una condición muy vulnerable, de acuerdo con los resultados de las ultimas "Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI)”, de la Universidad Católica Andrés Bello. En buena medida, esta condición de vulnerabilidad le ha dificultado a este grupo de venezolanos migrantes su desplazamiento, ingreso e inserción en los países escogidos como destino.

Dificultades de inserción en los países de acogida

La recepción y manejo de estos grandes flujos de población migrante vulnerable ha constituido todo un reto para los países de América Latina y del Caribe, en especial a partir del año 2020, cuando sus economías fueron golpeadas por la pandemia.

Esta situación se agravó aún más en el 2022 por la inflación desenfrenada que se produjo en Latinoamérica a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Dentro de este contexto, y de acuerdo con el informe "Refugee And Migrant Needs 2022” (Necesidades de Refugiados y Migrantes 2022), elaborado por la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), "los costos de vida, incluidos los alimentos, la energía, los alquileres y los medicamentos, se dispararon en toda la región, lo que afectó profundamente no solo a los refugiados y migrantes vulnerables, sino también a las comunidades de acogida…

La competencia resultante por puestos de trabajo, plazas de inscripción en escuelas, vivienda y otros servicios entre las comunidades de acogida y los refugiados y migrantes de Venezuela en ocasiones ha aumentado las tensiones sociales y puesto a prueba los niveles de solidaridad que caracterizaron los primeros años de la situación de desplazamiento de Venezuela".

Xenofobia y discriminación

Este informe refleja que el 60,5 por ciento de los venezolanos refugiados y migrantes en América Latina tienen dificultades para acceder a alimentación, vivienda y empleo formal. Por ejemplo, respecto a la vivienda, el 76 por ciento de los venezolanos en Perú, el 46 por ciento en Costa Rica y el 73 por ciento en Panamá carecen de los medios financieros para continuar pagando su alquiler.

En cuanto al empleo, el 34 por ciento de los venezolanos migrantes en Ecuador, el 64 por ciento en Guyana, el 35 por ciento en Panamá, el 40 por ciento en Uruguay, el 29 por ciento en Bolivia, el 27 por ciento Paraguay y el 25 por ciento en Argentina reportan estar desempleados. Con respecto a la nutrición de los niños migrantes menores de cinco años, se encontró que el 13,4 por ciento en Brasil, el 4,4 por ciento en Perú y el 3 por ciento en Ecuador, República Dominicana y Colombia presentaban desnutrición aguda.

Este informe también hace referencia a los niveles crecientes de xenofobia y discriminación que enfrentan los venezolanos migrantes, incluso dentro del sector privado: "Si bien los refugiados y migrantes encuestados en toda la región describieron la relación entre las comunidades y los venezolanos son buenos en general, los desafíos vinculados a las percepciones negativas de los venezolanos son comunes en muchos países”.

Aunque el informe de la Plataforma RV4 señala que evidentemente se ha producido un empeoramiento de las condiciones para los refugiados y migrantes venezolanos, también resalta que los gobiernos anfitriones siguen manteniendo el apoyo a la asistencia humanitaria y a los programas de regularización. En este sentido, el informe proporciona ejemplos como "el Estatus de Protección Temporal para Venezolanos (TPS) en Colombia, que tiene como objetivo proporcionar a más de dos millones de refugiados y migrantes de Venezuela un estatus legal regular por un período de diez años, así como programas de regularización comparables, aunque de menor escala, en Perú, República Dominicana y Ecuador, entre otros, que ayudan a los venezolanos a acceder a los sistemas de protección social, obtener ingresos e integrarse en las comunidades de acogida en toda la región”.

No hay condiciones para un retorno masivo

A pesar de las dificultades descritas, y de que en la actualidad algunos índices macroeconómicos y de medición de la pobreza en Venezuela han mostrado una leve recuperación respecto al 2021, situación que Nicolás Maduro ha aprovechado a través de una intensa campaña mediática insistiendo que "Venezuela se está arreglando”, lo cierto es que, hasta los momentos, la conjunción de estos factores no ha logrado detener la salida de venezolanos del país, y tampoco han logrado estimular de manera significativa el retorno de los migrantes a Venezuela.

El plan "Vuelta a la Patria” creado por Nicolás Maduro en agosto del 2018 para apoyar el retorno voluntario de todos aquellos migrantes y sus familias que carezcan de medios propios para el regreso no ha logrado resultados alentadores. De acuerdo con las declaraciones dadas por el canciller Placencia el 28 de agosto pasado, este programa, en sus cuatro años de existencia, solo ha logrado retornar a 29.124 venezolanos procedentes de 22 países, cifra muy poco significativa frente a los millonarios flujos migratorios de venezolanos producidos en la última ola migratoria de venezolanos.

De acuerdo con los resultados de la encuesta ENCOVI, arriba referida, según datos recogidos entre julio y agosto de 2022, la proporción de emigrantes retornados que reportan los hogares encuestados no supera el 6 por ciento de la totalidad de los migrantes venezolanos que han abandonado el país en estas últimas décadas. Según este estudio, "no se vislumbra un proceso de retorno masivo porque no están dadas las condiciones en Venezuela para recibir de vuelta a esa oleada millonaria de ciudadanos que se establecieron en otros países”.

Aunque en el país se ha logrado detener la hiperinflación que se venía sufriendo desde 2017, Venezuela todavía figura como la economía más inflacionaria del mundo. El economista Ángel Alvarado, cofundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, señaló que para octubre de este año la inflación interanual venezolana había alcanzado el 173 por ciento y estima que para finales de año podría llegar al 200 por ciento.

País muy desigual

En efecto, luego de algunos meses de relativa estabilidad, el bolívar ha comenzado de nuevo a devaluarse, impactando de forma negativa al menguado salario mínimo que actualmente equivale a solo $ 12 mensuales. Al propio tiempo, en septiembre de este año el costo de la canasta alimentaria para el grupo familiar de cinco personas ya había alcanzado los 357,68 dólares americanos, de acuerdo con los datos suministrados por el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA).

La pobreza en Venezuela, medida según el nivel de ingresos, alcanza actualmente el 81,5 por ciento de la población, y aunque esta cifra representa una mejoría relativa con respecto al 2021, todavía es extremadamente alta. En estos momentos, 8 de cada 10 venezolanos no cuentan con los recursos suficientes para adquirir la canasta básica. Por otra parte, la leve mejoría en los indicadores macroeconómicos se ha distribuido de forma muy desigual en el país. Según señala ENCOVI 2022, Venezuela es el país más desigual del hemisferio, con niveles comparables a Namibia, Mozambique y Angola. De allí que sea comprensible que un 75 por ciento de los encuestados por ENCOVI señalen que la razón principal por la cual saldrían de Venezuela sería la de buscar un empleo que les permita vivir dignamente a ellos y a su familia.

Deterioro de los servicios públicos

En Venezuela, la precariedad de los salarios ha venido acompañada con un deterioro pronunciado en la calidad de la prestación de los servicios públicos básicos (salud, educación, electricidad, telecomunicaciones, transporte, agua). Este problema constituye no solo un factor que afecta significativamente la calidad de vida de los venezolanos, sino que representa un obstáculo importante para dinamizar la economía y reemprender la senda del desarrollo.

Aunado a ello, de acuerdo con los datos del CENDA, en el último año el costo de los servicios públicos en Venezuela ha sufrido un aumento del 212,88 por ciento. Una familia venezolana necesita 3 salarios mínimos mensuales solo para costear la tarifa básica de los servicios públicos esenciales (agua, electricidad, teléfono, internet, transporte público y aseo urbano). Es decir, se han producido aumentos desproporcionados en las tarifas que además no han tenido como contraprestación una mejora significativa en la prestación de la mayoría de estos servicios.

Los resultados de la Encuesta de Usuarios abril-mayo 2022 del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, arrojan que el 61,9 por ciento de los consumidores valora de forma negativa el servicio de agua y solo un 27,9 por ciento declara contar con servicio permanente de agua. Respecto al servicio de electricidad, el 62,4 por ciento tiene una valoración negativa de su calidad y solo un 14,1 por ciento manifiesta que nunca o casi nunca sufre de interrupción del servicio eléctrico. La Encuesta Nacional de Hospitales (Octubre 2022) reporta que "Para el cierre de octubre, la cantidad de muertes a causa de las fallas de energía han sido 218 en lo que va de año”.

En cuanto al servicio de internet, la encuesta arroja que el 43.2 por ciento de los usuarios tiene una opinión negativa del servicio. Con una velocidad de apenas 4,47 Mbps, Venezuela, junto con Cuba, tiene la peor velocidad de transmisión de banda ancha en América Latina, ocupando el puesto 187 dentro del ranking de 220 países del mundo, según el informe "Worldwide Broadband Speed League 2022”.

La inseguridad sigue siendo un grave problema

Junto a las carencias económicas y a la baja calidad de los servicios públicos, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas que afectan a los venezolanos. El Observatorio Venezolano de Violencia señala que durante el primer semestre del 2022 se registraron 25.222 casos de delitos en todo el territorio nacional, equivalente a un promedio de casi 141 delitos por día y 1.010 por semana. El 16 por ciento de los casos (4.141) fueron delitos de lesiones personales y el 5 por ciento de los casos (1.322) fueron homicidios.

El informe concluye señalando que "la profundización de la Emergencia Humanitaria Compleja, la crisis económica y la permanencia– rebote de la pandemia, parecerían actuar como catalizadores de los hurtos, robos, las agresiones y lesiones personales, lo que podría tener explicación, por un lado, por la creciente pérdida de capacidades en las familias para satisfacer sus necesidades más básicas … Por otro lado, la crisis económica continúa dificultando el acceso a bienes y servicios, lo que aunado a una economía dolarizada profundiza la pobreza de quienes no poseen ingresos en dólares, creando marcadas diferencias y brechas de desigualdad entre habitantes de un mismo sector.”

Otros factores que favorecen la salida de migrantes y el no retorno

Aparte del insuficiente incentivo que han representado las débiles y confusas señales de recuperación de la calidad de vida en Venezuela, existen otros factores que favorecen el no retorno de los venezolanos el país. Uno de ellos es la edad de los migrantes. Según ENCOVI 2022, el 50,5 por ciento de las personas que han salido de Venezuela entre el 2017 y el 2022 tienen edades que oscilan entre 15 y 29 años. Estos jóvenes migrantes se encuentran en edades de formación de familia, por lo cual, con el paso del tiempo, es muy probable que terminen estableciendo familia con nacionales de las respectivas sociedades de acogida. Ello favorecería su integración y estabilidad en esas sociedades, dificultando su eventual retorno a Venezuela.

Otro de los factores que podrían influir en la decisión de un posible retorno de los venezolanos que han salido del país sería la situación legal migratoria en la cual se encuentran en los países de acogida. A pesar de las restricciones impuestas en muchos de los países del hemisferio, el informe ENCOVI 2022 refleja que un porcentaje significativo de migrantes venezolanos ha logrado regularizar su situación legal migratoria. Dos de cada tres migrantes venezolanos poseen ya un estatus regular: un 16 por ciento ha adquirido la ciudadanía del país receptor; un 22 por ciento cuenta con permiso de residencia permanente y un 27 por ciento un permiso temporal. Solo un 12 por ciento estaría en situación irregular, ya sea por falta de documentos o por el vencimiento de éstos. Existe un 17 por ciento de familias cuya situación migratoria se desconoce.

Por otro lado, aquellos migrantes venezolanos que, de forma más o menos exitosa, han logrado insertarse en sus respectivas sociedades de acogida, han propiciado también la migración de sus familiares que se habían mantenido en Venezuela. Los resultados que arroja ENCOVI 2022 muestra cómo desde el 2019 viene aumentando progresivamente los flujos migratorios de nietos/as, hermanos/as, yernos y nueras. Este aumento del 7 por ciento al 10 por ciento constituye una señal de que los migrantes venezolanos están logrando establecerse en los distintos países de destino.

Estas relaciones interpersonales migratorias, o "redes migratorias” se han ido extendiendo más allá de los vínculos familiares, constituyéndose en otro factor importante de incentivo a la migración en el país. A través de estos nexos, los potenciales emigrantes venezolanos obtienen apoyos e información valiosa que reducen los riesgos de desplazamiento y de inserción en las nuevas sociedades. Por ejemplo, la encuesta de Evaluación Conjunta de Necesidades realizada entre julio y agosto de 2020, revela que en Ecuador "la intención de quedarse ha persistido a pesar de las circunstancias de dificultad económica que algunos venezolanos están experimentando, y el 27 por ciento de venezolanos respondieron que están esperando la llegada de incluso más familiares o amigos”.

Pérdida para Venezuela

Este conjunto de factores lleva a concluir a los especialistas de ENCOVI que los eventuales retornos que puedan producirse en un futuro cercano no serán definitivos, y los mismos se traducirán en una circularidad de movimientos: "Difícilmente vamos a recuperar la población perdida. No es probable que se produzcan flujos de retorno de una magnitud cercana al éxodo ocurrido”.

En el mismo sentido, el informe de la Plataforma RV4 concluye que "se ha vuelto cada vez más claro que muchos de los venezolanos permanecerán en los países a los que migraron, si no permanentemente, a mediano y largo plazo, por lo tanto, asegurar que estos puedan integrarse a los mercados laborales, a los sistemas de salud y de educación, y a las comunidades locales, promete beneficiar tanto a los migrantes y refugiados como a las sociedades en las que viven”.

Estas conclusiones son malas noticias para Venezuela. Este descomunal éxodo significa para el país una gran tragedia cuyos impactos negativos se extenderán hacia el futuro.

18 de noviembre 2022

DW

https://www.dw.com/es/las-posibilidades-de-retorno-del-descomunal-éxodo-de-venezolanos/a-63813356?maca=spa-newsletter_sp_Titulares-2358-xml-newsletter&r=17270342681132153&lid=2346853&pm_ln=176492

El Banco Mundial, en su más reciente actualización del informe sobre seguridad alimentaria, publicada el pasado 11 de agosto, advirtió que "el alza sin precedente de los precios de los alimentos ha provocado una crisis mundial que empujará a millones de personas más a la pobreza extrema, aumentando el hambre y la malnutrición, y amenazando con eliminar los avances en materia de desarrollo logrados con tanto esfuerzo”. La actual inflación en el sector alimentario, que afecta sobre todo a los países de ingresos bajos y medianos, obedece, según el organismo multilateral, a la guerra en Ucrania, a las interrupciones en la cadena de suministro y a las repercusiones económicas de la pandemia de COVID-19.

Respecto al caso específico de Venezuela, el Banco Mundial, utilizando datos del Fondo Monetario Internacional correspondientes al período abril-julio de este año, estimó en 155% la inflación anual de los bienes relacionados con la alimentación en Venezuela, ubicándolo como el tercer país con mayor inflación alimentaria del mundo, solo superado por el Líbano y Zimbabue. Según los datos publicados por el Observatorio Venezolano de Finanzas, la canasta alimentaria familiar en el país pasó de 303 dólares en julio de 2021 a 392 dólares en julio de 2022.

Esta inflación de los alimentos a nivel mundial afecta de manera muy significativa a Venezuela pues agudiza la crisis prolongada de inseguridad alimentaria que el país ha venido sufriendo desde hace más de una década. Desde el año 2010, los porcentajes de la población que enfrenta una grave privación de alimentos (prevalencia de la subalimentación) en Venezuela se han incrementado notablemente, pasando de 2,5% (2010-2012) a 22,9 % (2019-2021), de acuerdo con los informes anuales sobre "El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo”, elaborados por la FAO, FIDA, OPS, WFP y UNICEF.

Por su parte, el "Índice global del hambre” (Global Hunger Index – GHI 2021) elaborado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), indicó que Venezuela pasó de un nivel de hambre bajo (7,4%) en el 2012 a un nivel de hambre grave (22,2%) en el 2021, ocupando el puesto número 82 dentro de un grupo de 116 países, siendo solo superada en la región por Haití (32,8), el cual se ubicó en el puesto 109.

De acuerdo con la FAO, una persona se encuentra en situación de inseguridad alimentaria cuando carece de acceso regular a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para un crecimiento y desarrollo normales y para llevar una vida activa y saludable. En el año 2019, una evaluación de seguridad alimentaria en Venezuela realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas encontró que el 92% de la población venezolana sufría de inseguridad alimentaria. De ese porcentaje, el 32,3% (9,3 millones) tenía brechas significativas o extremas en el consumo de alimentos (Inseguridad alimentaria moderada o severa), lo cual ubicó a la venezolana dentro de las 10 peores crisis alimentarias a nivel mundial durante el 2019. En el informe del siguiente año (2020), el PMA no incluyó a Venezuela debido a la falta de información. Sin embargo, señaló que la seguridad alimentaria del país seguramente estaba empeorando.

Los hallazgos de estas organizaciones internacionales se corresponden con los resultados de la encuesta anual "Condiciones de vida de los venezolanos - (ENCOVI)” de la Universidad Católica Andrés Bello. Esta encuesta reportó para el período 2017-2021 un aumento sostenido de los altos porcentajes de hogares venezolanos que sufren de inseguridad alimentaria: 80% (2017), 88% (2018), 93,4% (2019-2020), y 94.2% (2021). Dentro de estos totales, el porcentaje de hogares del país que reducen la cantidad de alimentos, se saltan comidas y experimentan hambre (Inseguridad alimentaria severa) alcanzó los siguientes porcentajes: 32% (2018), 23,3% (2019-2020), y 24,5% (2021).

Inseguridad alimentaria y desnutrición crónica

En Venezuela, la inseguridad alimentaria ha sido un factor determinante en el aumento de la malnutrición que ha afectado a la población, en especial a sus sectores más vulnerables. Al respecto, la doctora Marianella Herrera, médica investigadora y presidenta del Observatorio Venezolano de la Salud, señala: "En una población que deba enfrentar la inseguridad alimentaria en términos de acceso, disponibilidad, o bio-utilización de los alimentos, se generan importantes impactos en el estado nutricional de sus miembros, sobre todo de aquellos pertenecientes a los grupos más vulnerables que allí conviven como, por ejemplo, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, adultos mayores y niños menores de cinco años”.

Por sus efectos permanentes en el largo plazo, son de especial relevancia los impactos que la inseguridad alimentaria produce sobre la desnutrición de niños menores de cinco años y de las mujeres embarazadas, los cuales pueden conducir a una "desnutrición crónica” en esos grupos. Así lo señala el estudio "Venezuela entre la inseguridad alimentaria y la malnutrición”, elaborado por la doctora Herrera junto a las doctoras Maritza Landaeta-Jiménez y Yaritza Sifontes: "El retraso del crecimiento, o talla baja para la edad, es una alteración en el crecimiento físico y funcional, en gran medida irreversible, debido a una nutrición inadecuada y brotes de infección repetidos durante los primeros 1000 días de vida. Este retraso tiene una serie de efectos a largo plazo para los individuos y las sociedades entre los cuales se encuentran: disminución del desarrollo cognitivo y físico, reducción de la capacidad productiva, mala salud y aumento del riesgo de enfermedades degenerativas como la diabetes”.

La organización Caritas, en un estudio realizado con datos recopilados entre 2017 y 2019 sobre una población de 46.462 niños menores de 5 años en áreas pobres de Venezuela, encontró que el 31,7 % de este grupo de niños tenía una tasa de retraso en su crecimiento. En la misma dirección, la ya referida encuesta ENCOVI encontró que en el periodo 2019-2020, el 30% de los niños menores de cinco años sufría de desnutrición crónica, lo cual ubicaba a Venezuela como el segundo país de América Latina con los peores niveles de esta grave alteración en el desarrollo de estos niños. El Informe de la encuesta cierra con la advertencia de que "las secuelas de largo plazo de los actuales estados nutricionales de Venezuela pueden ser irreversibles”.

La doctora Herrera advierte, además, que "hoy en día se considera que las desventajas ambientales, incluyendo las deficiencias nutricionales, pueden producir alteraciones en la secuencia del ADN de las personas, mientras las deficiencias persistan (marcas epigenéticas), lo cual es terrible porque estas alteraciones podrían pasar de una generación a otra”. En otras palabras, los impactos negativos de la desnutrición crónica no solo acompañarían a la persona por el resto de su vida, sino que podrían ser transmitidos a sus descendientes.

Causas de la inseguridad alimentaria en Venezuela

La nutricionista venezolana Susana Raffalli, especialista en temas de seguridad alimentaria y acción humanitaria, considera que la incapacidad del Estado venezolano para garantizarle a la nación una adecuada oferta alimentaria está asociada, entre otros factores, al deterioro del aparato productivo nacional, la caída de las importaciones, la alta inflación, el bajo poder de compra del salario mínimo del venezolano y a los inadecuados e insuficientes programas alimentarios del gobierno nacional. "Ni sumando los bonos, ni sumando los alimentos subsidiados de la caja Clap y el salario mínimo se llega a tener siquiera 30 % de la canasta del grupo de alimentos mínimo que una familia en Venezuela necesita, y eso, por definición, es una inseguridad alimentaria muy severa”, afirmó Rafalli en noviembre del 2020 en una entrevista con Crónica Uno. A un año y medio de esa declaración, la situación continúa igual. Por ejemplo, el reciente incremento del salario mínimo a 20,25$ apenas alcanza para cubrir el 5% de la canasta alimentaria familiar.

El hueco negro de las cifras gubernamentales

En el reciente informe de junio de 2022 de la FAO y el PMA sobre inseguridad alimentaria aguda titulado "Puntos críticos del hambre: Alertas tempranas”, se señala nuevamente de manera expresa que Venezuela no fue incluida como un foco de hambre debido a la no disponibilidad o a la escasez de datos actualizados sobre inseguridad alimentaria.

Desde hace ya casi una década, el Estado Venezolano ha dejado de publicar cifras oficiales relacionadas con la seguridad alimentaria y la nutrición de la población. El último anuario de mortalidad se publicó en el 2014 y desde el 2015 no se publican cifras sobre el consumo y la disponibilidad de alimentos en el país. La ausencia de datos oficiales ha tenido que ser suplida por investigaciones propias de organismos internacionales y de organizaciones no gubernamentales, las cuales procuran ofrecer una descripción lo más exacta posible de la crisis alimentaria en Venezuela no obstante las dificultades y limitaciones derivadas del silencio del Estado venezolano.

Para los venezolanos expertos en políticas públicas sobre nutrición, así como para los organismos internacionales como la FAO o el PMA, este hueco negro de cifras oficiales es uno de los obstáculos más graves que existen en Venezuela para implementar los correctivos necesarios y así enfrentar de manera eficaz la grave inseguridad alimentaria. Con esta política de silencio, el gobierno pretende reforzar, tanto interna como externamente, su prédica de que en Venezuela la vida se ha normalizado. Sin embargo, esta estrategia nada le dice a la gran mayoría de venezolanos que día a día siguen sufriendo en carne propia los graves efectos de la inseguridad alimentaria.

19.08.2022

DW

https://www.dw.com/es/inseguridad-alimentaria-y-desnutrición-en-venezuela/a-62871194