Después de casi un cuarto de siglo de autoritarismo y tiranía, se están gestando en Venezuela las condiciones y las bases para una activación ciudadana, producto de diversos factores, entre los cuales destacamos el papel que está jugando la elección primaria en los sectores democráticos. Ella está contribuyendo a varios objetivos adicionales a la escogencia de un candidato unitario; está contribuyendo a la legitimación de un nuevo liderazgo político democrático y está haciendo vibrar de nuevo el cuerpo social, que estaba aletargado por largos años de despotismo.

Tan pronto fue designada la Comisión Nacional de Primaria (CNP) le ofrecimos nuestro respaldo, invitamos a la sociedad civil y las agrupaciones políticas a brindarle también su apoyo pleno, hemos hecho el seguimiento de sus actuaciones y hemos formulado recomendaciones, reclamos y reconocimientos cuando ha sido el caso.

Considerando lo anterior, reiteramos hoy nuestro respaldo a las decisiones que ha tomado la CNP, de continuar con la organización de la Primaria por parte de la sociedad civil y de que su realización progrese, no obstante la inhabilitación írrita que pretende el régimen de algunos de sus candidatos. El reglamento de la Primaria no consideró, ni tenía que considerar tal exabrupto, ni existe ninguna base en la Constitución que obligue a ello. En el mismo sentido, exhortamos a los candidatos a mantenerse en la contienda democrática, a que ninguno de ellos se retire y a que todos sigan cumpliendo sus campañas electorales para orientar y entusiasmar a sus simpatizantes.

Pero la realización de la Primaria requiere de esfuerzos y estrategias que eleven considerablemente la activación ciudadana y la probabilidad de su éxito, y por eso exhortamos hoy a la CNP a implementar prontamente acciones que agilicen el proceso y lo alineen firmemente con los objetivos de máxima participación, entre ellas las siguientes:

• Actuar con mayor diligencia en la organización de la Primaria para la diáspora, proceso que no marcha hasta ahora con la necesaria celeridad;
• Establecer mecanismos ad-hoc para el ejercicio del voto de los jóvenes que han sido impedidos de inscribirse en el Registro Electoral;
• Redoblar los esfuerzos en seleccionar los centros de votación y adquirir el equipamiento correspondiente; y
• Modificar el cronograma de trabajo inicialmente establecido, para subsanar los atrasos que el proceso presenta en la actualidad y realizar finalmente una Primaria exitosa.

La Primaria pertenece a la gente y estamos viendo cómo se convierte en un mecanismo activador de la sociedad. Efectuarla en forma transparente, efectiva y alineada con los objetivos de máxima participación será una contribución más a la recuperación de la democracia perdida en Venezuela. Las esperanzas de todos los venezolanos y los ojos de muchas naciones están pendientes de lo que ocurra con ella.

En favor de que la Primaria se realice convirtiéndose cada día más en un instrumento eficaz del cambio, y de que la sociedad civil venezolana se active para impulsarlo, suscribimos este documento,

Carmen Teresa Albanes

Arnoldo José Gabaldón

Alberto Ray

Laszlo Beke

Sary Levy Carciente

Asdrúbal Romero

Claudio Bifano

Vladimiro Mujica

Benjamín Scharifker

Werner Corrales Leal

Juan Pablo Olalquiaga

Caracas:03-07-2023

Caracas, 9 de Julio de 2022

Señores:

Sergio Díaz Granados, Presidente Ejecutivo de la CAF

Gianluca Rampolla del Tindaro, Coordinador Residente de las Naciones Unidas en Venezuela y Coordinador Humanitario.

Distinguidos señores:

A través de los medios de comunicación, hemos sido informados que el pasado miércoles 6 de julio, la CAF y la ONU han suscrito un acuerdo para invertir recursos en la recuperación y restablecimiento de los servicios públicos en Venezuela.

Este anuncio genera esperanzas en que finalmente pueda iniciarse un proceso sostenido para la recuperación de la calidad de vida de la población venezolana la cual ha sufrido un deterioro progresivo y profundo durante los últimos veinte años. Por nuestra parte, lo hemos esperado desde hace varios años y queremos agradecer el esfuerzo que están haciendo por restituir derechos humanos fundamentales a través de la recuperación de los servicios públicos.

Es con el fin de contribuir en este proceso de recuperación que un grupo de profesionales, especialistas en diversas áreas asociadas a la prestación de los servicios públicos en Venezuela, nos dirigimos a ustedes. Nuestro interés fundamental es llamar su atención sobre algunas conclusiones obtenidas de las investigaciones que se han llevado a cabo durante los últimos años y las cuales creemos que pueden contribuir a orientar de manera más efectiva las necesarias inversiones a realizar.

Servicios públicos en Venezuela: un caso de estudio

Venezuela sufre la más profunda crisis de servicios públicos en toda su historia, especialmente en los servicios de agua potable y energía eléctrica. Ello a pesar de haber logrado, al final del siglo XX, los mejores niveles de calidad de Latinoamérica, comparables con los de los países desarrollados.

En efecto, durante los cuarenta años de la democracia civil, se desarrolló una excelente y robusta infraestructura en todos los rincones del país. Esta infraestructura hoy se encuentra en condiciones lamentables debido al abandono de prácticas adecuadas de operación, mantenimiento y reparación y a la pérdida de las capacidades técnicas y gerenciales necesarias para su efectivo manejo.

Esta situación de deterioro de los servicios públicos, durante los últimos veinte años, se produjo en un entorno de abundancia de recursos financieros. Según cálculos realizados por diversos expertos en el tema, durante los últimos veinte años, se han contabilizado inversiones por más de cien mil millones de dólares americanos en el desarrollo del servicio eléctrico y de más de diez mil millones en el de agua potable. Para poner estas cifras en contexto, se estima que, durante los últimos veinte años, Venezuela ha contabilizado inversiones en ambos servicios superiores a las requeridas para desarrollar toda la infraestructura productiva de agua potable y electricidad con la que contó el país a inicios del presente siglo.

El dinero es necesario, pero no suficiente

La experiencia reciente ha demostrado que, si los recursos para la inversión son administrados con escaso criterio técnico y sin la transparencia administrativa necesaria pueden transformarse en instrumento de destrucción de la calidad de vida de la población, además de ser generadores de una enorme deuda pública que condena a la pobreza en nuestro país. Al respecto, los estudios técnicos que hemos realizado concluyen que:

1.- La contratación de obras sin el concurso de métodos transparentes para la selección de sus ejecutores aumenta los costos y no garantiza la capacidad técnica en la ejecución de estas.

El costo de las obras construidas en Venezuela como resultado de las contrataciones por asignación directa ha sido entre dos y cinco veces superior al de estándares internacionales en obras similares. El mayor ejemplo de esta mala práctica lo tenemos en las obras asociadas al aprovechamiento hidroeléctrico del río Caroní en la central Tocoma, el cual aún no ha sido concluido a pesar de que ha consumido más de 10 mil millones de dólares. Este monto es ampliamente superior al costo estimado cuando se proyectó y decidió la obra. En contraposición, el aprovechamiento de la central Caruachi, de dimensiones y condiciones técnicas similares, le costó al país solo 2.5 mil millones de dólares.

Otro ejemplo son los parques eólicos de Paraguaná y la Goajira para instalar una capacidad total de 176 MW. El costo aportado por CORPOELEC ascendió al equivalente a 2645 US$/KW, un precio que a esa fecha duplicaba el de construcción de un parque eólico similar en China (1300 US$/KW). Ninguno de estos parques produjo electricidad y se encuentran fuera de servicio por problemas de calidad.

2.- Errores técnicos conceptuales de las obras a realizar han conducido a infraestructuras inservibles y hasta provocar serios daños al ambiente y a las personas por inexistencia de estudios de impacto ambiental.

Al respecto, vale la pena referir el caso del trasvase de aguas servidas crudas desde la cuenca del Lago de Valencia hacia el embalse de Camatagua. Dicho trasvase produjo la proliferación incontrolada de algas microscópicas en el embalse, principal fuente de agua potable del país, la muerte de la biota de ese extraordinario lago y provocó la presencia de materia orgánica en la red de agua potable que alimenta la ciudad de Caracas. Hoy en día, este costoso trasvase se encuentra fuera de servicio, afortunadamente, por averías en los equipos de bombeo. El embalse de Camatagua ha iniciado un lento proceso de recuperación natural.

Dentro de este mismo orden de ideas, otro ejemplo es el del denominado Acueducto Bolivariano. Dicho acueducto es el más extenso del país y consiste en 180 km de tubería de acero desde el embalse de Matícora hasta la península de Paraguaná. El acueducto se construyó a pesar de que el embalse de Matícora se encuentra totalmente lleno de sedimentos, situación conocida mucho antes del inicio de las obras. El Acueducto Bolivariano costó 500 millones de dólares que hoy se acumulan como deuda de la República y jamás ha servido para resolver el crónico problema de falta de agua en la península.

3.- Las fallas en la programación de las obras conduce a obras inconclusas donde lo que no se hizo fue lo primero que debía de hacerse, dando como resultado la inutilidad de estas.

Al respecto, dos ejemplos: Para abastecer de agua a la isla de Margarita se construyó el Acueducto Luisa Cáceres de Arismendi correspondiente a 50 kilómetros de tubería en tierra firme. Sin embargo, se dejaron sin sustituir los 25 km de tubería submarina que permitirían traer el agua de tierra firme a la Isla. Dicha conexión submarina se encuentra en muy mal estado ya que cuenta con más de 60 años en servicio y no permite, por lo tanto, la llegada de suficiente agua a la isla.

El proyecto del Tuy IV de la Gran Caracas, ejecutó mas de mil millones de dólares en la construcción de la presa sobre el rio Cuira, la cual fue paralizada antes de concluir, pero no construyó la estación de bombeo de Taguaza ni los 70 km de aducción hacia Caujarito que eran precedentes para aprovechar 6 m3/s adicionales del embalse Taguaza, puesto en servicio durante 1998.

4.- La falta de análisis costo-beneficio apropiados ha permitido I preferencia por implementar infraestructuras poco útiles antes que aquellas que podrían garantizar un mayor beneficio a la población. Algunos ejemplos de esta práctica son:

Venezuela adquirió tres satélites de comunicación, con ningún impacto en el servicio de telecomunicaciones del país, antes de extender y mejorar su red de fibra óptica.

Para abastecer agua a la población se dio preferencia a la compra de 150 plantas desalinizadoras de mediano tamaño, la mayoría de ellas hoy en día fuera de servicio, en lugar de rehabilitar los sistemas de agua potable existentes.

Igualmente, se adquirieron 300 camiones cisterna de gran tamaño para abastecer la ciudad de Caracas en vez de iniciar la reparación del Sistema Tuy ll que permitiría aumentar el flujo de agua para abastecer a la ciudad por tubería.

Se adquirieron 94 km de tubería de acero de 2 m de diámetro, para la aducción Dos Bocas-Barquisimeto sin haber iniciado aún la construcción del embalse, la tubería se encuentra a la intemperie sin ningún uso.

Todas estas malas prácticas no han sido responsabilidad exclusiva de los venezolanos: los principales bancos multilaterales y las agencias de cooperación de distintos países han participado en cada una de ellas.

Un caso preocupante por sus efectos nocivos sobre la población más vulnerable, son las obras asociadas a la llamada ayuda humanitaria, en tiempos de mayor necesidad y muy escasa disponibilidad de recursos de inversión.

Durante los últimos tres años, varios organismos internacionales, entre ellos UNICEF, han venido invirtiendo recursos bajo el concepto de ayuda humanitaria. Estos proyectos se han desarrollado bajo las malas prácticas anteriores y, en consecuencia, sus resultados hasta ahora son desalentadores. A diferencia de otros países en el mundo, las inversiones de UNICEF en Venezuela no han sido transparentes y no permiten el control ciudadano de estas donaciones. Sus contratos son tan secretos como los grandes proyectos antes mencionados.

Corregir es de sabios, el fracaso no es una opción

En tan corto tiempo que ustedes viven en nuestro país será necesario que comprendan la terrible condición que condujo a una situación tan lamentable. Ustedes pueden ser parte de la solución, se lo exige todo el país: la salud y calidad de vida de nuestras familias lo espera con ilusión. Pero el resultado dependerá no sólo de las cosas que hagan sino principalmente del cómo se h gan: es urgente adoptar las mejores prácticas administrativas reconocidas mundialmente y así ser eficaces y eficientes en el manejo de los ingentes recursos públicos que les tocará administrar.

El futuro les pertenece: tienen ustedes el privilegio de hacer tanto por este sufrido país, no pierdan esta maravillosa oportunidad.

José María de Viana

Maria Elena Corrales

Germán Uzcátegui Briceño

Elena Vega Ribas

Cesar Aguirre Urbaneja

Norberto Baussón Garcia

Manuel Guevara Baro

Miguel Nucete Hubner

En su nombre:

José María de Viana

CIV 3.978.284

+584126088542

josedeviana@gmail.com

Inicia con una breve mirada sobre los últimos sesenta años de vida de las universidades autónomas. También hay una reflexión sobre la concepción de estas instituciones, a partir de los objetivos que se les asignaron en la Ley de universidades del año 1958, y sobre su devenir en las últimas décadas. Se reconocen los logros de las universidades en la formación de investigadores y profesionales de alto nivel. Asimismo, se detallan varias situaciones y prácticas que han alejado la universidad de sus líneas directrices iniciales, con una consideración particular sobre la convivencia de las funciones de docencia e investigación, y el impacto de ciertas políticas públicas que han limitado en mucho las acciones de las universidades. Lo comentado, unido a la precaria situación de nuestras instituciones de educación superior, al colapso de los servicios públicos y a los drásticos cambios de la economía del país conforman un terreno fértil para pensar en una necesaria transformación del modelo de universidad.

En medios académicos de hoy se plantea una nueva concepción de Universidad, la de Tercera Generación o 3GU (por sus siglas en inglés – Third Generation University), que consiste en sumar a las actividades de formación profesionales e investigación, la aplicación del conocimiento en correspondencia con empresas, con el Estado, con el sector productor de bienes y servicios y con otras universidades, utilizando mecanismos en red.

A partir de ese marco y de una serie de factores extrainstitucionales impulsores del cambio, se concibe una propuesta de misión, visión y valores para la universidad. A partir de esas líneas directrices actualizadas, se enumera un decálogo de fundamentos que podrían permitir poner en marcha la reestructuración de la universidad.

Ahora invitamos a la lectura del documento integral, y así abrimos el espacio para la participación, con miras a que cada lector pueda aportar su propio decálogo y así, entre todos, construir una agenda para la acción.

“REPENSAR LA UNIVERSIDAD”

■ Una breve mirada al pasado

La universidad decretada por la Junta de Gobierno el 5 de diciembre de 1958 fue concebida con una profunda visión humanista, abierta a todas las corrientes del pensamiento y al servicio de los intereses del país. Fue ideada al amparo de principios y valores como “una comunidad de intereses espirituales que reúne a profesores y estudiantes en la tarea de buscar la verdad y afianzar los valores trascendentales del hombre”, tal como se establece en el artículo 1 de la ley que la rige.

Durante décadas se intentó, con cierto éxito, forjar una comunidad de investigadores y concebir una universidad formada por profesores que ejercían la dualidad docente-investigador. La lógica era impecable: mejor docente sería aquel que al practicar la investigación, dominaba el estado del arte internacional de su disciplina, y a su vez se enriquecía con la actividad en el aula y otros espacios sociales. Por otra parte, se entendía que la política debía ser parte de la civilidad a la que se aspiraba que llegara el país a la caída del régimen dictatorial.

Sin embargo, en virtud de intereses alejados de los objetivos iniciales, la universidad -así concebida- se fue transformando en una plataforma experimental de combate de partidos políticos o grupos de poder que aprovechaban la existencia de una suerte de extraterritorialidad para someter a prueba sus ideologías, estrategias y aspiraciones. La politización fue un proceso de pactos entre los partidos políticos y reflejo de lo que acontecía en el país. Así se fue construyendo una comunidad académica en la que, al no tener que dar cuenta de sus actividades a organismos contralores, cada uno de sus miembros fue orientándose según sus propios intereses. Hubo quien se dedicó al oficio de profesor-investigador y quien prefirió concentrar su actividad al cumplimiento de horas de clase y dedicar el tiempo restante a otras actividades como el ejercicio profesional o bien, a los fines de intereses políticos o de organización de grupos de poder interno. Todos los profesores recibían una remuneración, según su nivel en el escalafón, y gozaban de los mismos derechos a ocupar cargos de dirección de la institución.

Se produjo una seria contradicción entre la misión que los líderes universitarios, con Francisco De Venanzi al frente, pretendían darle la universidad y la realidad que se iba construyendo. Esto lesionó la estructura interna y su objetivo natural, que no es otro que la formación de profesionales, profesores, investigadores y técnicos, útiles a la sociedad.

La Ley de universidades aprobada y no reglamentada fue lo que permitió que a lo largo de los años se estableciera la forma de cogobierno, la inamovilidad laboral de los docentes tras apenas dos años de servicio, el aislamiento del entorno derivado de su relativa autonomía, el poder de algunos sindicatos, la carencia de un sistema efectivo de rendición de cuentas, académicas y administrativas, las formas de elección de autoridades centrales y decanos. Todas estas son fallas que se hacen ahora muy evidentes por la falta de los recursos económicos provistos por el gobierno. Recursos que antes ocultaban muchas carencias estructurales y funcionales. La realidad para 1998, cuatro décadas después del proyecto de universidad establecido legalmente en 1958, daba cuenta de que la gran mayoría de los profesores sólo practicaban la docencia basada en una valiosa experiencia profesional que jugaba un papel importante y necesario en una economía que, aun sin la diversificación y competitividad requeridas, había crecido intensamente hasta 1978.

A pesar de todo lo dicho y aunque el modelo de universidad de 1958 ahora parezca inadecuado, debemos admitir, sin embargo, que jugó un papel importante en el desarrollo del país a partir de esa fecha. Entre los miles de profesores que han desfilado por sus aulas en el último medio siglo, han surgido investigadores de calidad, no pocos de renombre internacional, y otros que, en la actualidad, prestan servicios en otras universidades, centros de investigación o empresas de gran trascendencia. Se instituyeron unidades superiores para garantizar la creación de nuevas carreras o postgrados que se ajustaran a un determinado patrón y contaran con razonable calidad. Pero no se promovió una evaluación de rendimiento académico y de respuesta a demandas sociales y empresariales. Surgió la homologación salarial y con ella la eliminación de cualquier tipo de evaluación de la productividad de cada profesor y cada universidad. En este sentido resultó absolutamente inadecuada la conformación de un organismo central, la OPSU, supuestamente de planificación, directamente vinculado al gobierno a través de un ministerio, con atribuciones académicas y administrativas que, en muchas oportunidades, han sido un serio obstáculo al progreso de las universidades.

Pero el mundo y el país han cambiado y pareciera necesario efectuar transformaciones importantes. Como concluía el economista Galbraith muchos años atrás, las universidades crecen y se fortalecen, cuando la economía de un país lo hace, al amparo de su productividad en los mercados nacionales e internacionales. Así, mal podrán nuestras universidades cumplir con un papel protagónico en un país que todavía se recuesta en la renta del petróleo, con un desarrollo agrícola, industrial y comercial tan incipiente, como dependiente de los gobiernos de turno que rara vez han contribuido a construir libertades económicas.

En los últimos 20 años muchas voces calificadas han señalado el fracaso de la economía rentista, el populismo, el clientelismo partidista y sus dramáticas consecuencias tanto en la institucionalidad pública, como en la privada y en la conducta de los ciudadanos. Se han publicado obras importantísimas sobre la historia y la cultura del país, como las derivadas de la COPRE, en libros como Venezuela Siglo XX o Suma del Pensar Venezolano, los documentos derivados de grupos de pensamiento sobre políticas públicas como los de la Mesa de la Unidad y el Plan País, un buen número de publicaciones y documentos de las Academias Nacionales, innumerables foros y organizaciones que han escrutado en detalle la situación de cada sector, estudios efectuados por investigadores de nuestra y otras universidades, sobre la educación superior y la investigación.

Pero más que nada tenemos las enseñanzas del cómo no proceder y la vivencia cotidiana de las consecuencias de un país en ruinas, cuyas expresiones más notables son la migración de millones de venezolanos al exterior, descenso del PIB, crecimiento de la pobreza, militarismo, hiperinflación, inseguridad personal y jurídica, grave deterioro de los servicios públicos, así como la destrucción del sistema asistencial y educativo. Una realidad en la que destaca la recurrente violación de los derechos humanos, de la Constitución y de las leyes.

También contamos con las experiencias, algunas positivas, de modelos universitarios distintos, tanto en el sector público como en el privado. Mucho han hecho las universidades y con bastante éxito, para llevar a la Venezuela decimonónica al siglo XX, pero poco para prepararla para el XXI. El modelo universitario de 1958 parece que ya se agotó.

■ La orientación de la Universidad

La universidad requiere de una estrategia, esencial para fijar su rumbo y alcanzar su objetivo. Su claridad tiene un rol importante en la psicología y la organización de la institución. Vamos a esbozarla en un intento de lograr ese objetivo.

MISION

La misión de la Universidad Central de Venezuela es formar profesionales, científicos y tecnólogos, a través de una educación transmisora de conocimientos actualizados por la comunidad internacional, capaces de desempeñarse competitivamente en los mercados de trabajo nacionales e internacionales con respeto de las normas éticas universales.

VISIÓN

La Universidad Central de Venezuela será una Comunidad Educativa y de Investigación productora de conocimiento que impartirá una formación de proyección internacional. Preparará profesionales, en ambientes de aprendizaje adecuados, para afrontar retos innovadores en los mercados globales, con pleno respeto de los valores sustantivos de la ética y de la democracia. Contará con excelentes docentes e investigadores en su planta profesoral, con un ambiente adecuado para su desarrollo, y pondrá a su disposición las mejores herramientas para propiciar la calidad de su desempeño académico. Su interacción con la sociedad deberá ser intensa, en el marco de las tendencias culturales globales.

VALORES

Formación. Como un proceso de creación de fortalezas espirituales y culturales en los miembros de la Comunidad, fundamentadas en la transmisión y el aprendizaje de conocimientos, así como de competencias y habilidades profesionales y sociales, que propicien la reflexión con uno mismo y con los demás de manera superior, para la continua expansión y desarrollo de la cultura como una manera de ser más libres.

Calidad y excelencia académica. Como una dinámica que propicia la integración de los mejores recursos humanos nacionales e internacionales para la formación de nuestros estudiantes y profesores, e impulsa a una participación activa en el intercambio de conocimiento y tecnología.

Civilidad. Como búsqueda de la justicia, el respeto y la tolerancia, imprescindibles parala convivencia civilizada única garante del ejercicio y la defensa de la libertad, tanto en la formación como en el ejercicio profesional.

Autonomía. Como libertad de pensamiento e independencia financiera.

Independencia. Como libertad plena de fijar sus fines, objetivos y metas con plena autonomía, sólo restringida por lo establecido en la Constitución y el ordenamiento legal vigente. Queda excluido todo interés externo que se oponga a su Misión, Visión y Valores.

■ Factores que impulsan el cambio de la Universidad

La función de la Universidad puede ser entendida de diversas maneras, como un espacio de aprendizaje, una oportunidad para el impulso de conocimiento y de nuevos saberes, un motor de cambio social o un aliado para la productividad. En el primer caso, la Universidad se considera un espacio autónomo de construcción del saber, que forma personas con un fuerte componente intelectual y civil, que goza de la libertad de diseñar sus propios caminos de desarrollo profesional y de contribuir al impulso de la sociedad hacia el futuro.

Cuando se analizan las otras posibilidades, su desempeño se complica. Al tiempo que la Universidad no debe olvidar que la cultura, como idea general, es uno de sus objetivos fundamentales en la formación integral del individuo, debe responder, con conocimiento, a las principales necesidades de la sociedad y a la solución, tanto global como local, de asuntos de interés para el país con un aporte de investigación y gestión que pueda generarle dividendos de diversa índole.

Una visión y orientación que permita a las universidades cumplir con la función cultural, que le es connatural, y con la capacidad de responder a demandas sociales y de innovación es lo que en el momento actual está en discusión.

Los tiempos que vivimos obligan a las sociedades a enfrentar nuevos retos que, aun siendo conocidos, no han sido enfrentados de manera efectiva, particularmente en los países con el perfil económico y sociocultural de Venezuela. Nos referimos a la globalización, proceso que propicia la conformación de una sociedad del conocimiento con un fuerte intercambio comunicacional y tecnológico debido el uso masivo de internet, con el que están cada vez más familiarizadas las nuevas generaciones; a la eliminación progresiva de “fronteras” en el comercio y el conocimiento, como consecuencia de lo anterior; y al desarrollo económico basado en valores no tradicionales.

Esos factores, entre otros, tienen un marcado efecto sobre la forma de planificar el presente y el futuro de los países. Las universidades son parte integrante de la ecuación de progreso, y no pueden pasar por alto las realidades que imponen el presente y, especialmente, el futuro. Deben ser protagonistas activas de los eventos que ya han producido importantes frutos en los países desarrollados.

En nuestro país, si bien el modelo de universidad establecido en 1958 tuvo indiscutibles éxitos en dar respuestas a exigencias de ese entonces, ahora es indispensable preguntarse si ese modelo se adecua a las necesidades actuales del país y de qué manera está respondiendo a las demandas presentes y futuras de la sociedad.

La universidad debe ofrecer soluciones a los problemas de fondo, no solamente difundir conocimientos, y, además, debe dar cuenta a la sociedad, sobre su contribución al progreso integral del país, que es uno de los resultados importantes de la educación.

En medios académicos de hoy se plantea una nueva concepción de universidad, la de Tercera Generación o 3GU (por sus siglas en inglés – Third Generation University). A lo largo de los siglos, se ha pasado de la universidad que formaba profesionales solo a través de la docencia, a la que incluyó a la investigación como parte de la docencia de avanzada. Hoy día, la universidad debe, además, orientar parte de sus esfuerzos a la aplicación del conocimiento en correspondencia con empresas, con el Estado, con el sector productor de bienes y servicios y con otras universidades, utilizando mecanismos en red.

Son éstas las universidades 3GU, las que incorporan la inter y transdisciplinariedad, operan en un entorno internacional sin barreras de lenguaje, son espacios para nuevas actividades tecnológicas (Incubadoras de Empresas, Parques Tecnológicos) y son poco dependientes del Estado.

Esta visión de universidad está basada en una institución altamente productiva y entiende el conocimiento como un bien valioso y además como un instrumento de crecimiento económico.

Para un desarrollo como el descrito, el profesor universitario debe involucrarse implicarse y comprometerse con la realidad que enmarca su acción y su actitud hacia la enseñanza. La idea de investigación que debe inculcar en los jóvenes es diferente a la tradicional, porque vivimos en un mundo distinto, que privilegia la comunicación masiva y la velocidad de difusión del conocimiento. Dicho de otra manera, la Universidad como centro de investigación, docencia y extensión precisa de profesores con una cultura amplia, conectados internacionalmente, bien considerados por sus pares, cuya investigación sea relevante y enfocada a las realidades actuales.

En vez de concentrar la enseñanza en conocimientos consolidados, los profesores deberán hacer énfasis en las novedades que puedan surgir sobre la base de lo ya conocido. Los profesionales que egresen de estas instituciones, además de una preparación sólida en las materias de su competencia, deberán estar en capacidad de continuar aprendiendo y haciendo uso del razonamiento crítico, la investigación y la interpretación de nuevos hechos. Sin prescindir del uso de libros y revistas especializadas, deberán estar interconectados, a fin de estar al tanto de los avances en sus campos de trabajo, participar en conferencias con sus pares en el mundo, estar al día y establecer contactos que les den visibilidad en la frontera del conocimiento.

Llegados a este punto, podemos considerar hacia dónde dirigir la mirada para poner en marcha una reestructuración de la universidad. Proponemos como punto de partida el siguiente decálogo de líneas de trabajo:

► Auspiciar el establecimiento de políticas que garanticen la circulación de la información en un paradigma de conocimiento y ciencia abierta.

► Fomentar la colaboración interuniversitaria y de consorcios académicos.

► Establecer colaboraciones sostenibles con la comunidad empresarial y las administraciones locales y regionales (gobierno-instituciones generadoras de conocimiento-empresas).

► Fortalecer los estudios de postgrado –maestrías y doctorados- como fuente de capital humano para la docencia y la investigación, y -especializaciones- como respuesta efectiva para solventar los grandes problemas de los sectores productivos y sociales.

► Flexibilizar el currículo para permitir carreras de vanguardia, complejas y multidisciplinarias, la mayoría en formatos similares al de postgrados individualizados.

► Participar en redes, proyectos y programas nacionales e internacionales educativos y de investigación.

► Crear mecanismos para evaluar el rendimiento académico de la planta profesoral y la respuesta institucional a demandas sociales y empresariales.

► Elaborar políticas y planes para la integración de nuestros más calificados profesores e investigadores que han emigrado.

► Redimensionar los programas de becas para los estudiantes con miras a garantizar al becario la posibilidad de estudiar sin agobios socioeconómicos. De esta forma se potencian sus posibilidades como educando y se garantiza que buenos estudiantes puedan seguir sus programas de estudio.

► Reforzar los programas de becas de postgrado nacionales e internacionales para profesores y egresados, en procura de asegurar que los mejores formados se integren a la planta docente y de investigadores, en condiciones favorables para su desarrollo profesional y personal.

Hemos concebido este texto como una invitación al diálogo, por tanto queremos invitarles muy especialmente, colegas y amigos lectores, a aportar su propio decálogo y así, entre todos, construir una agenda para la acción.

En Caracas, a los 10 días del mes de septiembre de 2020

El documento fue redactado por Claudio Bifano, Aura Marina Boadas, Alicia Ponte Sucre, Alberto Fernández, Alexis Mendoza León, Pedro V. Castro, Carlos Machado Allison y Félix J. Tapia.

Por favor léelo y si lo quieres firmar envíanos un correo a nuevauniversalia.unive@gmail.com con tu NOMBRE APELLIDO (como quieres aparecer; no van títulos); Universidad u otro sitio de trabajo; Número de Cédula.

Firmantes:

Claudio Bifano (UCV) CI 2561521

Carlos Machado Allison CI 2126397

Aura Marina Boadas (UCV) CI 5452636

Alberto Fernández (UCV) CI 4356372

Alexis Mendoza-León (UCV) CI 3968800

Pedro V. Castro (UCV) CI 4051571

Alicia Ponte Sucre (UCV) CI 4356104

Felix J. Tapia (UCV) CI 3661973

Nueva Universalia

https://nuevauniversalia.wordpress.com/2020/09/10/repensar-la-universida...

Invocando a Dios Todopoderoso, guía supremo de los actos de buena voluntad

Desde Aragua, corazón geográfico de Venezuela, puerta de los llanos, del oriente y el occidente nacional, nosotros, integrantes de la sociedad aragüeña estamos obligados a hacer públicos los siguientes planteamientos:

1. Conscientes como estamos, luego de más de 18 años advirtiendo sobre las amenazas y luchando contra un gobierno “revolucionario Bolivariano”, devenido en un régimen totalitario usurpador que atenta contra la propia existencia de la nación como país y Estado nacional y cuya trayectoria histórica se ha caracterizado por la supresión paulatina de las libertades individuales y de los derechos humanos, la sistemática y planificada violación de la Constitución Nacional, la militarización de la administración pública, la politización de las fuerzas armadas y del orden público, la alianza con países remotos, con usos y costumbres ajenos a nuestros valores culturales, aliados con grupos irregulares considerados una amenaza internacional, a todo lo cual hay que agregarle el haber quebrado económicamente en 20 años al país con mayores recursos y riquezas naturales de Latinoamérica, golpeado hoy por la pandemia mundial que azota a la humanidad y con escasos recursos para enfrentarla con éxito.

2. Manifestamos nuestro rechazo a que la única acción política del régimen sea la convocatoria a unas elecciones parlamentarias fraudulentas el próximo 06 de diciembre. Las mismas no resolverán el problema político, económico, social y humanitario que nos agobia, siendo que no es la actual y legitima Asamblea Nacional el problema, sino la presidencia usurpada mediante un proceso electoral fraudulento el 20 de mayo del 2018 y en funciones ilegítimas desde el 05 de enero del 2019.

3. El rechazo a las propuestas elecciones parlamentarias fraudulentas, implica llamar al electorado demócrata a abstenerse de participar en una nueva farsa electoral, cuyo resultado a favor del régimen ya está anunciado, llamado que en ningún caso es a la pasividad política de la sociedad, en momentos de tanta gravedad que ponen en grave riesgo el futuro de todos.

4. Desde Aragua creemos que debe consultarse a los venezolanos, depositarios de la soberanía popular que nos asiste constitucionalmente, y para ello invocamos los artículos 70 y 71, también constitucionales, que establece la consulta popular para decidir “materias de especial trascendencia nacional” y ¿qué puede ser de mayor trascendencia nacional que la propia subsistencia de nuestra nación como país y Estado soberano?

5. Esta consulta popular, necesariamente vinculante, puede organizarse con ayuda, apoyo y supervisión internacional y serviría como forma de movilización y protesta de la población que mayoritariamente no está dispuesta a continuar con un régimen usurpador y mucho menos seguir aceptando fraudes electorales continuados para tratar de darle legitimidad a un régimen que la perdió ante la mayoría de los venezolanos y para la comunidad democrática internacional.

6. Para el logro de la aspiración de que el pueblo decida, consideramos pertinentes plantear, no solamente a la sociedad aragüeña, sino a la sociedad civil venezolana en general y especialmente a los factores políticos genuinamente opositores lo siguiente:

a. Rechazar activamente la participación en el proceso electoral parlamentario, por írrito, ilegal y fraudulento, convocado por un CNE carente de legitimidad No hay condiciones universalmente reconocidas de que el voto será libre, secreto, universal, confiable y auditable.

b. Respaldar la convocatoria a la celebración de un proceso de CONSULTA POPULAR VINCULANTE, acorde con lo establecido en los artículos 70 y 71 de la Constitución, sin la participación del CNE ilegal, tal y como lo determina el artículo 293, parágrafo 5 constitucional.

c. Esta consulta responde a que, destruida y secuestrada la institucionalidad y demás mecanismos de participación política, debe acudirse a la decisión popular inapelable de la instancia suprema de poder y gobierno que reside en el pueblo, titular del poder originario, dentro del espíritu de los artículos 5, 333 y 347 constitucionales;

d. En consecuencia, solicitamos al ciudadano diputado Juan Guaidó Márquez, en su carácter de presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la presidencia de la República, la convocatoria urgente de dicha Consulta Popular, a ser concertada previamente con la comunidad internacional para que, conjuntamente con la sociedad civil, la programe, ejecute, observe y garantice el cumplimiento del mandato resultante de ella, todo ello con la cooperación humanitaria electoral del mundo democrático

e. Este es un llamado de emergencia para el que resulta indispensable que se nos acompañe internacionalmente en las salvaguardas, la preparación, y la exigencia de respeto a los resultados de esta consulta

f. La Consulta Popular Vinculante es un derecho constitucional, y es nuestra respuesta política enérgica y democrática a los autócratas que pretenden someternos a fraudes electorales, aspirando nuestra rendición por miedo a su violencia.

Un país no puede funcionar sin estado de derecho, sin garantías constitucionales y sometido a los dictámenes arbitrario de poderes designados ilegal e ilegítimamente por un régimen de facto. Queremos y merecemos, por el bienestar de TODOS y para el desarrollo de la nación, un país donde se respeten los derechos, se cumplan los deberes y se garantice la libertad, conducido por gobiernos democráticos surgidos de la verdadera voluntad de su gente.

¡Que el pueblo decida!

Firmado:

Antonio Gallup García, Profesor Universitario jubilado, UPEL; Andrea Hernández M, Profesora jubilada UPEL; Ada Esther Lugo, Médico Veterinario JD de Aragua en Red; Alejandro Giraud, Consultor Agrícola; Armando Abraham Padrón Ojeda, Educador jubilado nacional; Rosa González, Profesora universitaria jubilada; Osmar Gonzáles Quintana, Expresidente APROJUPEL, Maracay; Santiago Clavijo Exdecano Facultad de Agronomía, UCV; Luis Carlos Solórzano, Abogado, Coordinador General de Aragua en Red; José Díaz, Investigador Agrícola, INIA; Rodolfo Marcano, Profesor universitario UCV; Fausto Miranda Investigador Agrícola jubilado INIA; Antonieta Huchet de Valdivieso, Docente jubilada de ME; Gonzalo Enrique Valdivieso, Profesor jubilado UPEL Maracay; Ivan Briceño , Profesor y dirigente deportivo, Miembro del Salón de la Fama del Softball Mundial; Francisca G de Colmenares, Profesora jubilada UPEL Maracay; Romelia Elvira Baéz Morandi, Profesora jubilada UPEL Maracay; Miguel Ángel Colmenares, Profesor jubilado Maracay; Frida Ritcher, Profesora universitaria jubilada UPEL, Maracay; Omar Eduardo Bernal, Profesor Educación Física jubilado; Federico Brito Figueroa, Profesor jubilado UPEL, Maracay; Carmen Mirenchu Amorena, Profesora de Educación Física jubilada UPEL; Elías Moukhallaleh, Empresario; Franklin González, comerciante, Lisselot DaSilva, Supervisora Alcaldía de Mario Briceño, JD Aragua en Red; Yeceenys Ramírez, Profesora de lingüística y literatura, APROUPEL, JD de Aragua en Red; Carlos Flores-Guerrero, Abogado; Ricardo Bueno Cedrés, Comerciante; Paolina Randazzo Aldana, Docente jubilada; Lucila Uzcátegui de Elorza; Profesora jubilada UPEL; Jesús Elorza Garrido, exdiputado, Profesor jubilado, JD de Aragua en Red; Tito Segundo Fernández Coss, Dibujante Técnico; Armando Stump, Ing. Agrónomo; Carmen Teresa Landaeta secretaria y Transcriptora; Juan Viale Rigo, Estudiante Universitario; Aidmara Da Silva, Profesora Cosmiatra; María Teresa Souto Vásquez, Tecnóloga Textil; Luis Felipe Cordero, Ing. Agrónomo; Elena Da Silva, Oficios del hogar; Cecilia de Viale Rigo, Oficios del hogar; Blanca Bastidas, ex Ejecutiva de Banca Hipotecaria; Luisa Palencia de Álvarez, Asesora de empresas porcinas; Marisela Sánchez, Ing. Petrolera; Deicy Beatriz Romero, Terapeuta; Cruz Yolanda Español de Cobo, Docente jubilada; Sandra Uricare de Rodil, Profesora jubilada; Víctor Omar Soto Vega, Profesor, Exdirector UPEL, Manuel Ramón Moreno Salgado Profesor UPEL jubilado; Alejandro Giraud, Consultor Agrícola; Rafael E. Dávila, Profesor Facultad de Agronomía; Hiram Vecchionacce, Profesor titulado jubilado UCV, Georges E. Moukhallaleh K. Gerente Empresarial.