Hace sesenta y tres años cursaba yo tercer año de bachillerato en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay y recuerdo que durante varios meses hubo mucha agitación y manifestaciones estudiantiles en las cuales, probé por primera vez el fuerte olor y el mal sabor de los gases lacrimógenos. Yo no entendía mucho lo que estaba pasando porque era muy poco activo en lo que más tarde comprendí eran actividades políticas.

Ya en los primeros días del mes de enero de 1958 si me enteré de muchas cosas de las que antes casi nada se hablaba en familia, por ejemplo, por qué algunos parientes no podían visitar su Yaracuy nativo y por qué otros no podían dar clases en las escuelas públicas a pesar de ser maestros normalistas. Se develó el secreto de que eran miembros no muy connotados de un partido político proscrito, razón por la que no estaban presos, pero si confinados en su propio país.

El 23 de enero todo cambió con alegría cuando, una combinación de fuerzas y circunstancias permitió derrocar a quien por mucho tiempo consideramos que sería el último dictador venezolano: Marcos Evangelista Pérez Jiménez, elegido por el mismo y la Guardia Nacional. Personaje que confundió el concepto de progreso con el de la construcción masiva de obras civiles, monumentales y muy visibles. Muchas de poco impacto social. Podemos reconocer que dio continuidad a obras iniciadas o proyectadas por gobiernos anteriores, las cuales, de cualquier manera, se hubieran construido. Autopistas, avenidas, hoteles, algunos hospitales, edificios públicos y muchas viviendas en Caracas. Muy pocas edificaciones educativas, acueductos y sistemas de disposición de aguas residuales.

El analfabetismo superaba ampliamente el 50% de la población y las oportunidades de estudio post bachillerato eran prácticamente nulas para los estudiantes de bajos recursos económicos. Pocas instituciones universitarias y el alto costo de las matrículas era los dos principales obstáculos. La vía de escape para algunos fueron las instituciones militares, un poco mejor atendidas y además, daba la oportunidad a sus graduados de incorporarse a la clase dominante de entonces.

La etapa que se inició el 23 de enero de 1958 trajo consigo la reinstauración de un sistema de libertades, democrático y formal, de reconstrucción institucional del cual disfrutamos por cuarenta años, con muchas fallas y limitaciones pero que permitió tener un largo periodo de progreso sostenido y continuidad administrativa. Se fue gestando paulatinamente un país moderno, de lenta pero positiva inserción social gracias a la fuerza que se le imprimió a la educación, al menos durante los primeros veinte años. Un país estable, abierto al mundo y donde progresar honestamente no era difícil.

Insisto en el aspecto educativo porque durante el período democrático se multiplicaron los centros educativos de todos los niveles, hubo incorporación masiva de maestros y profesores, incentivos en forma de becas, ayudas estudiantiles, residencias y comedores casi gratuitos.

Eso permitió que muchos jóvenes con pocos recursos económicos cursaran estudios tanto a nivel técnico como universitario. Técnicos y profesionales que luego fueron útiles a si mismos, a sus familias y al país. Ejemplos comprobables de lo afirmado lo constituyen el Instituto Nacional de Cooperación Educativa (INCE), la gran cantidad de escuela técnicas construidas y los diversos programas de becas de estudio, entre los cuales destaca el denominado Gran Mariscal de Ayacucho. Todos aplicados sin discriminación política partidista. Han sido varios los libros publicados donde se deja constancia de todas las buenas obras y acciones de la democracia liberal que vivimos en esos cuarenta años.

Desafortunadamente, el comportamiento humano no es homogéneo, por lo que en ese periodo de crecimiento y prosperidad, entre tantos buenos se colaron algunos malos, los poco honestos, los pícaros y los corruptos, a quienes hicieron comparsa los resentidos de épocas anteriores, los seguidores de filosofías contrarias a la democracia y los nuevos resentidos que, por alguna razón, no accedieron a lo que ellos creyeron era un botín a repartir, los beneficios del poder.

Los gobiernos democráticos, buenos o regulares, defendían su obra de cinco años en cada oportunidad, pero poco hicieron por sembrar en la mente del pueblo el valor de ser libres, democráticos e institucionales. Que la permanencia y vigencia de las instituciones del Estado debían estar por encima de los gobiernos de turno no fue algo que caló en lo profundo de la conciencia de los venezolanos.

En cada cambio de gobierno cambiaban no solo los jefes máximos de las instituciones, si no también el funcionariado medio, independientemente de si esa institución y su personal lo estaban haciendo bien o mal. Como consecuencia se cambió el sentido de permanencia y de pertenencia institucional por el de pertenencia al carnet partidista, creando desconfianza, inseguridad laboral e incremento del clientelismo político.

Todas esas circunstancias, que ni los dirigentes y menos aún el pueblo llano pudieron analizar ni asimilar, alimentaron una sensación general de malestar y de convencimiento de que el sistema democrático formal se estaba agotando. Se configuró entonces una situación que fue aprovechada por los depredadores, internos y externos, disfrazados de salvadores para dar los conocidos zarpazos a la democracia, primero como golpes de estado aparentemente fallidos y luego, mediante una irracional campaña política colmada de propaganda engañosa no refutada eficazmente. El funesto resultado fue que de ello se convenció irresponsablemente a una gran mayoría de los venezolanos.

Para alivio de mi conciencia y de mi espíritu nunca he estado en ese grupo. Estoy tan convencido de que le debemos tanto a la democracia liberal que no hay fuerza en este mundo que pueda hacerme pensar lo contrario. Igualmente creo, sin lugar a dudas, que la democracia es perfectible y que sus fallas y errores, todos humanos, se corrigen con más democracia. El tiempo me ha dado la razón, piensen en lo que fue Venezuela hasta 1998 y lo que es ahora, cuando ya ni país puede llamarse dignamente.

24 de enero de 2021

En las noticias del martes 19 de enero de 2021, hubo dos expresiones que me llamaron la atención y que me llevaron a leer otras del mismo día o a recordar algunas anteriores. Las mismas fueron una, del Papa Francisco en comunicación dirigida a Monseñor Baltasar Porras que decía así: al pueblo venezolano probado por sufrimiento causado por el azote de la pandemia, la arrogancia de los poderosos y la creciente pobreza que lo estrangula; la otra, una declaración del Foro Penal Venezolano informando, que al momento, existen 354 presos políticos en Venezuela.

Lo anterior mi hizo pensar que todos los venezolanos, en diferentes circunstancias y lugares, estamos presos por razones políticas.

Primeramente, quienes sub viven en los múltiples calabozos y mazmorras que el régimen tiene diseminados por todo el país, principalmente en Caracas y sus alrededores. Allí están, al menos, los 354 mencionados.

Pero ¿qué libertad tienen aquellos que viven arrinconados por la extrema pobreza, la mala salud no atendida, la ignorancia y la falta de atención educativa? Muy poca, por no decir ninguna. Ellos son presos por causa de las políticas nefastas desarrolladas por el régimen castro-comunista desde hace mas de veinte años. Esa pobreza estrangula, paraliza, apresa bajo el comportamiento arrogante de los poderosos dirigentes y agentes del régimen, quienes no dudan en arrestar definitivamente a quien protesta por esa prisión de collar no-electrónico, cual es la miseria a la que cotidianamente está sometida la mayoría de la población venezolana.

Otros, con algo mas de recursos económicos, tampoco son libres porque ellos sufren grandes restricciones de movilización y comunicación debido a la falta o altísimo costo de los combustibles, deficientes servicios públicos de electricidad, teléfonos, internet, televisión y el exceso de alcabalas y puntos de control a todo lo largo y ancho del país. Ellos están presos en su casa, en su condominio, en su barrio. En otras palabras, tienen la ciudad por cárcel.

Mencionaremos a otro grupo de venezolanos que de alguna manera no sufre de grandes restricciones económicas y por esa razón, cuentan con los recursos financieros para pagar el combustible a cualquier precio y pagar las coimas exigidas para hacer o dejar de hacer en las alcabalas, oficinas del régimen y cuarteles. Esos tienen libertad condicional, si, a condición de que paguen lo exigido y eso también tiene un límite.

Poniendo a un lado las restricciones para viajar por causa de la pandemia del Covid-19, los venezolanos no podemos movilizarnos libremente hacia el exterior o desde el exterior hacia Venezuela porque el régimen impuso una política restrictiva, declarada o no, en cuanto a la emisión de pasaportes y sus prorrogas, mantenimiento de flotas aéreas y de aeropuertos, restricciones arbitrarias para el egreso o ingreso al país, numero de países con los cuales poder conectarse directamente y otras tantas. Hasta por tierra es casi imposible viajar legalmente a los países vecinos porque las autoridades del régimen asociados a grupos irregulares y delincuenciales tomaron para si el control de las fronteras. Salir o ingresar a Venezuela puede ser de todo menos un ejercicio de libertad, en último caso, una expresión del libre albedrio cuando las personas asumen el alto riesgo de huir por los caminos verdes. Total, que en este caso, se establecieron dos amplias prisiones, una interna y otra externa.

Por último, habría muchas dudas sobre la capacidad de libre movilización de los dirigentes y funcionarios del régimen, incluyendo sus altos jerarcas. Dentro de Venezuela deben estar acompañados de numerosos guardaespaldas y escoltas, que dudo sean de su entera confianza. No hay lugar público al que sean bienvenidos. Al exterior tampoco pueden ir porque, de acuerdo a la justicia internacional, la mayoría de ellos tiene órdenes de captura y precio a su cabeza. Ellos son presos de su propio miedo, de sus actuaciones políticas y personales. Solo le queda refugiarse en sus cuarteles, en sus bunkers, en sus palacios. Venezolanos, todos presos.

20 de enero de 2021

Lo que voy a contar a continuación sonará repetitivo en cuanto a la información contenida, pero quiero expresarlo desde el punto de vista de un ciudadano venezolano común, no un experto médico, economista o politólogo. Alguien que sufre y poco disfruta de lo que está ocurriendo en el mundo y particularmente en Venezuela.

Al respecto, he tomado como punto central de referencia la pandemia causada por el COVID-19, la cual ha dado tanto de que hablar como problema y es triste percatarse de que el tema ha sido muy mal manejado en todo el mundo, sobre todo en cuanto a la cuarentena, a veces laxa, otras estricta, pero que no ha funcionado tal como se esperaba y mucho menos como se deseaba.

Nunca ha sido fácil cumplirla, entre otras razones porque no siempre fue acompañada con suficiente fortaleza de las otras medidas preventivas, tales como el uso conveniente de las mascarillas apropiadas, del aseo personal y del distanciamiento social requerido. Respecto de este último aspecto es triste haber visto y seguir viendo mucha gente en las aglomeraciones más diversas, filas para hacer compras, unidades de transporte público casi desbordadas y, particularmente, espectáculos y fiestas con asistencia masiva.

Es triste que mientras algunos morían de tristeza o por otras causas encerrados en sus casas, otros, irresponsablemente, cometían actos que propiciaban la diseminación del virus y que de alguna manera llegarían a contagiar a los confinados.

Ha sido especialmente triste la forma en que este inmenso problema ha sido tratado en nuestro país aún desde sus días iniciales. Se comenzó con un sobre aislamiento y casi inmovilización de la población con una antelación exagerada, apelando con malicia a un motivo que si bien existía, la amenaza del COVID-19, ocultaba otro más urgente y quizá menos letal como lo fue la falta de gasolina.

Es triste que el régimen informara que el bajo número de casos en marzo 2020 se debiera a las medidas tomadas. La situación actual te indica que lo aseverado no se ajustaba a la verdad. Sucede que el país ya estaba casi paralizado internamente y muy aislado internacionalmente. Con o sin pandemia. La escasez de gasolina hacia muy difícil la movilización, aún entre poblaciones cercanas y el número de personas que viajaba desde el exterior hacia Venezuela era mínimo, casi insignificante en comparación con el movimiento aéreo y marítimo entre otros países.

Es triste que se aprovechó la ocasión para aumentar la represión política y de cualquier tipo de manifestación ciudadana, con el declarado objetivo de la protección de la salud del pueblo, tal como se ufanan los veceros del régimen en las abundantes cadenas de radio y televisión.

Es triste que se le dio un carácter casi exclusivamente militar-policial a las medidas anti pandemia y pareciera, que se cambió el lema de plomo al hampa por el de plomo al virus o a sus portadores. Hombres armados hasta los dientes, con armas de alto poder de fuego, ballenas y tanquetas. Todo un armamento para combatir la pandemia.

Es triste que por esa orientación de las medidas se diera lugar a numerosos incidentes abusivos y casi criminales, tal como el ocurrido con la abogado Eva Leal, agredida violentamente por una teniente de apellido Palmera. Una simple transgresión de una normativa de horario se transformó en un hecho noticioso de alcance internacional, casi equiparable al asesinato del señor Floyd por parte de un policía estadounidense. El abuso policial puede ocurrir en cualquier país y donde quiera que ocurra es condenable.

A manera de comentario ligero sobre ese incidente, es válido expresar que el mismo ocurrió cerca de un bosque llamado Macuto, que no es un Edén ni tiene arboles de manzana, pero si muchas palmeras y el barrio más cercano se llama El Manzano. Sucede también que fue Eva la primera mujer bíblica, la que cometió el pecado original. Y que, siendo leales a la historia, esto sería argumento para una novela o película que podría llevarse hasta una Palma de Oro, no de plomo.

Antes de volver mucho más en serio sobre la dramática situación que hoy vive nuestro país, también es triste y anecdótico el hecho de que los nidos de amor que existían como hoteles, en la vía Caracas-Los Teques, hayan sido transformados en nichos de temor para tener allí confinados a muchos sospechosos de ser portadores del conocido virus. Es triste también sospechar que a pesar de lo bien equipados que deben estar esos hoteles, la precaria situación en que viven no les permite a sus huéspedes tirar la casa por la ventana.

Es triste que se restrinja exageradamente la movilización de personas entre municipios adyacentes, sobre todo cuando configuran una conurbación interdependiente. Tal es el caso de los municipios Palavecino (Cabudare) e Iribarren (Barquisimeto), el primero es esencialmente una ciudad dormitorio cuyos habitantes, en su mayoría, laboran o ejercen alguna actividad en Barquisimeto. Se les está condenando, por una parte, a la inanición y por la otra, a ser transgresores de una norma establecida aceleradamente y sin un análisis a profundidad. Para mayor explicación de este ejemplo, podemos informar que desde el extremo oeste de municipio Iribarren, casi en Quíbor, a la población de Santa Rosa hay unos veinte kilómetros y se podía viajar sin restricciones legales, pero desde la urbanización La Hacienda (Palavecino) a la misma Santa Rosa, tres kilómetros, no se puede. Por cierto, que esa urbanización, aislada y casi privada, depende muchísimo más de Barquisimeto que de Cabudare.

Es triste que a la población más vulnerable económicamente se le someta a esa restricciones de movilidad, que ya de hecho ocurrían por las falencias del transporte público, mientras no se les suministra de manera deseable agua potable, electricidad, gas y otros servicios públicos. Al tiempo de que tampoco gozan de empleos apropiados para generar los ingresos mínimos para su sustento. Dependen, en su mayoría, de una errática distribución de bolsas de alimentos controlada por los miembros de un partido político y sus asociados.

Es triste percatarse que de ahora en adelante es cuando la pandemia nos afectará más severamente, haciendo evidente nuestra precaria situación sanitaria en general y hospitalaria en particular. Pobre mantenimiento de la infraestructura y muy baja dotación de equipos e insumos. Personal desprotegido, mal pagado y en muchos casos amenazados si manifiestan sus quejas y las fallas en sus instituciones.

El llamado de atención sobre todo lo descrito no puede ser solamente a los personeros del régimen y a los funcionarios públicos, es también para todas las personas, independientemente de su pensamiento político, religioso o de cualquier otra índole. Si todos tomamos conciencia de lo que está pasando, saldremos adelante con mas alegrías que tristezas de esta situación.

Ingeniero Agrónomo, Ph.D. Profesor titular (J) UCLA

Barquisimeto, 29 de junio de 2020

En América Latina y particularmente en Venezuela es tradicional que seamos exageradamente reglamentistas; para casi todo tenemos una ley, un reglamento, una norma, un estatuto, siempre con la noble intención de que las personas actúen dentro de unos patrones de comportamiento deseables y aceptables por la sociedad. Esto es particularmente aplicado a las instituciones públicas del país.

La reglamentación, en general, tiene sus ventajas pero también enormes desventajas cuando no se usan apropiadamente, particularmente cuando no nos cuidamos de su obsolescencia ni aplicamos los correctivos a tiempo y acertadamente.

Esta situación en Venezuela se ha exacerbado durante los últimos veinte años durante los cuales han sido promulgadas leyes para casi todo pero la mayoría de ellas violadas, con mucha frecuencia y sin el consiguiente castigo.

El ámbito universitario no escapa a esa condición, la cual ha frenado, en cierto grado, el apropiado desarrollo y progreso de las instituciones del sector, haciéndolas aún mas vulnerables a los factores adversos a las mismas. Esa exagerada reglamentación promueve la rutina, la inflexibilidad cuando de cambios se trata y limita la capacidad de innovación.

A ese respecto y a manera de ejemplo, existen múltiples reglamentos con relación a cuál debe ser el comportamiento de estudiantes y profesores, pero cuando alguno de ellos se salta, no solo el reglamento correspondiente, sino también el comportamiento ético acorde con su condición universitaria, son tantos los vericuetos legales y sub legales a los cuales se apela, que la sanción o castigo nunca llega o se aplica muy tardíamente. Sucede que, a veces, creamos marcos demasiado rígidos de cumplir pero procedimientos sancionatorios demasiado laxos y complicados.

Otro ejemplo fehaciente son los reglamentos de ingreso de profesores los cuales, hacen prácticamente imposible que un profesional o científico de reconocidos y demostrables méritos pueda ingresar, por primera vez, a la carrera docente en las categorías superiores del escalafón. Se sigue manteniendo la categoría de instructor como la vía preferencial de ingreso, destinada a profesionales recién graduados de poca o ninguna experiencia. Eso supone para las universidades un exagerado costo económico y de tiempo en la formación de su personal académico.

Las equivalencias y revalidas, de acuerdo a las disposiciones reglamentarias existentes, se manejan de manera muy arcaica, con base a los contenidos de materia por materia, sin ninguna consideración a la integralidad de la formación del aspirante a incorporarse, a mitad de camino, a una carrera o aquel que aspira a ejercer legalmente una profesión universitaria sin ser graduado de una universidad venezolana. Esta situación se hará cada vez más compleja a medida que aparezcan nuevas carreras y profesiones con diferentes nombres pero con contenidos muy similares.

Lo mencionado anteriormente nos lleva a pensar que la adaptación de nuestras universidades a un mundo en rápido y permanente cambio ocurre, en muchos casos, muy tardíamente, lo que trae como consecuencia, entre otros aspectos, lo lentos que se hacen los cambios de programas y curricula, no solo en cuanto a sus contenidos sino también en los métodos de enseñanza de los mismos, dificultando adaptarlos a las nuevas realidades locales, nacionales y mundiales.

La rigidez reglamentaria da poca oportunidad a cada profesor de innovar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje acorde con las características de cada materia, cada especialidad, cada ciencia, encasillándolas todas bajo un mismo patrón.

Sobre este tema, estoy convencido de que deben existir las leyes, reglamentos y normas necesarias como guía general para el buen funcionamiento institucional, pero con las vías procedimentales que propicien el dinamismo y la capacidad de actualización permanente de nuestras universidades, de acuerdo con los avances de la ciencia, de la tecnología, la cultura en general y en particular con el progreso de la humanidad a la cual pertenecemos.

Sobre este particular seguramente encontraremos posiciones encontradas entre los más tradicionalistas y los muy proclives al cambio, pero siempre, mediante el análisis y la discusión, ha de encontrarse un punto de equilibrio que beneficie a nuestras universidades. LQQD.

Profesor Titular (J), UCLA, Ingeniero Agrónomo, Ph.D.

El encierro cuarentenario me ha obligado, por una parte, a permanecer en el país más tiempo del que tenía previsto y por la otra, dedicarme a actividades no cotidianas, las cuales eran mi obligación como profesor universitario y Presidente del Consejo de Profesores Jubilados (CPJUCLA) de la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado.

Por lo que, aunque suene redundante, deseo expresar una serie de preocupaciones, convertidas en angustias, respecto del quehacer universitario, con énfasis en lo que atañe a los jubilados.

Nuestras actividades se han visto tan reducidas que hasta se podría decir que anuladas. No es que fueran muchas, porque regularmente estaban limitadas a reuniones de frecuencia mensual de tipo cultural y recreativo, con preponderancia de lo musical, todo ello aunado a eventos deportivos propios de las personas de juventud prolongada.

Esa reducción no puede achacarse exclusivamente a la “cuarentena pandémica” la cual, por larga que sea, siempre será temporal. No, eso viene desde tiempo atrás cuando los recursos, tanto los asignados por el Estado Venezolano como por los aportes directos de los profesores, fueron disminuyendo drástica y continuadamente desde hace varios años, lo cual reduce la capacidad de desarrollar las mencionadas actividades.

Se suma a lo anterior, la baja capacidad de movilización de los profesores tanto en sus propios vehículos como en el deficiente transporte público. Causado también por los ínfimos sueldos y pensiones de jubilación. Si los llamamos irrisorios no es porque causen risa si no que más bien dan ganas de llorar.

Colateralmente, aunque no es responsabilidad directa de los gremios de jubilados, los sistemas de previsión social están prácticamente colapsados y es casi imposible atender los casos de hospitalización y cirugía y, muy deficientemente las consultas médicas externas al igual que los servicios de laboratorio.

Las sedes sociales, tanto las de profesores como las de empleados y obreros han sido invadidas o vandalizadas y en el mejor de los casos, en franco deterioro por falta de recursos para su mantenimiento.

En total, que la denominada cuarentena o más bien toque de queda, simplemente ha sellado con broche de maldad la actividad universitaria en general. No ha quedado hueso sano. Los ataques alevosos y continuados contra la infraestructura universitaria han causado mella en casi todo.

La alternativa de trabajo a distancia, a través de las diversas redes comunicacionales son, a veces, casi una falacia. Las fallas eléctricas, telefónicas y de la internet dificultan enormemente la intercomunicación. Situación esta que no es exclusiva de la UCLA si no que afecta por igual, en mayor o menor grado, a todas las universidades y otros centros educativos y de investigación.

Que podríamos hacer al respecto para paliar la situación mientras llega el “día después”, para el cual si hay muchos y muy buenos estudios y proyectos listos para ser aplicados. Yo me refiero a lo que pudiéramos hacer desde ya.

Con relación a la situación socio- económica de los profesores es muy poco lo que podemos hacer en la actualidad. El régimen nos tiene de manos atadas hasta para hacer elecciones de nuevas juntas directivas de los gremios.

Pero los profesores si podríamos hacer algo en favor de los estudiantes, en particular de los que están en los últimos años de carrera y a punto de graduarse. Un poco de sacrificio y una liberalización de criterios puede ayudar al uso de las ventanas, a veces abiertas, de los sistemas comunicacionales, para atender la culminación de algunas unidades curriculares y en particular trabajos especiales, informes de pasantías y trabajos de grado, sin necesidad de la presencia física.

No debemos aferrarnos como a un dogma de fe a los métodos tradicionales de enseñanza. Tengamos plena confianza en la responsabilidad y honestidad de nuestros jóvenes. Ellos son los más interesados en hacerlo bien ahora y en el futuro. Si algunos de nosotros no estamos al día con las más recientes tecnologías comunicacionales, seguramente encontraremos quien nos ayude y asesore. Hagamos el esfuerzo. La juventud en formación y Venezuela como nación lo agradecerán.

Para concluir, con relación a esta situación tan generalizada, me permito expresar que no hay que ser muy avispado ni de mente muy ágil para señalar unos culpables, quienes se han dedicado con la mayor tenacidad y alevosía a la destrucción de Venezuela.

Ingeniero Agrónnomo, Ph. D.

Profesor titular (J) de la UCLA

Barquisimeto, 08 de junio de 2020