María Corina Machado dijo: «Yo estoy dispuesta a negociar con Maduro su salida, no su quedada. No estoy dispuesta a negociar la cohabitación y la permanencia de estos individuos en el poder». Y amenazó a Maduro diciéndole: «yo no te quiero muerto, yo te quiero vivo para que enfrentes la justicia, yo te quiero preso». Y no hace mucho, los voceros del interinato sentenciaban que «lo único que negociarían con Maduro sería su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel de Guantánamo».
¿Entregará Maduro el poder si pierde las elecciones? ¿Qué incentivos hay que ofrecerle al chavismo para que no se aferre al poder? ¿Cuáles son las condiciones que se deben crear para facilitar la alternancia en el poder en Venezuela?
El gobierno de Nicolás Maduro no tiene ningún interés en mejorar las condiciones electorales que estimulen a votar masivamente en su contra y lo saquen del poder. Mejorar las condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones es necesario más no suficiente para convocar unas elecciones libres y transparentes. Maduro necesita recuperar los fondos bloqueados para financiar los programas sociales que levanten su popularidad antes de las elecciones, pero lo que más le interesa es negociar las garantías políticas que impidan una cacería de brujas contra el chavismo, en caso de perder las elecciones y tener que entregar el poder.
El gobierno no dejará correr en la carrera presidencial a quienes luego se conviertan en sus verdugos. Maduro no quiere pasar por el mismo calvario por el que han pasado Rafael Correa, Lula Da Silva, Cristina Kirchner y Evo Morales.
Para destrabar las negociaciones que finalmente conduzcan a unas elecciones competitivas, a tono con los estándares internacionales, el oficialismo necesita negociar con anticipación las garantías políticas que impidan se desate una persecución judicial en su contra, una vez que pierda las elecciones. Por lo tanto, un tema clave para hacer posible la alternabilidad en el poder en Venezuela es el de las garantías que se le ofrecerán -tanto al gobierno como a la oposición- para que el resultado electoral no se convierta en una tragedia para los perdedores.
Un Pacto de Convivencia es la clave para destrabar las negociaciones. El respeto a los derechos políticos de los perdedores es un tema cardinal para avanzar hacia una solución del conflicto venezolano por la vía electoral y pacífica, que abra las puertas a la alternancia en el poder. Pero esta negociación no se puede dejar para después de las elecciones, tiene que realizarse antes y debe quedar constitucionalizada, legalmente blindada, y acompañada por garantes internacionales que faciliten el respeto y cumplimiento de los acuerdos.
Un Pacto de Convivencia es la base de un nuevo acuerdo nacional que asegure las garantías políticas para todos los actores, incluyendo a los sectores de la oposición que serían acusados, enjuiciados y condenados por traición a la patria al haber promovido internacionalmente el reconocimiento de un gobierno interino, solicitar sanciones económicas contra Venezuela y haber planteado la invocación del TIAR y una intervención externa. Este acuerdo es lo que puede hacer posible la liberación de todos los presos políticos y el retorno de los exiliados.
Un Pacto de Convivencia también es necesario para crear la viabilidad económica de la transición política. El nuevo gobierno recibirá un país con graves desequilibrios macroeconómicos que contraen la producción y generan inflación, recibirá una industria petrolera en ruinas; tendrá que hacerle frente al grave deterioro de los servicios públicos de agua potable, electricidad, gas doméstico, telecomunicaciones y escasez de combustibles; heredará una enorme deuda social en un país en el que los sistemas públicos de educación y salud están colapsados. Si quiere dar una pronta respuesta a esta problemática, el nuevo gobierno tendrá que aplicar medidas urgentes y drásticas, de lo contrario su base de apoyo se decepcionará y el malestar social atizará un clima de protestas y conflictividad que puede hacer ingobernable al país.
Un Pacto de Convivencia es necesario para crear las bases de la estabilidad y gobernabilidad post electoral. Si el gobierno es reelecto debido a la división y abstención de sus adversarios políticos, la oposición lo tiene que dejar gobernar en vez de reditar los episodios de La Salida violenta y la remoción anticipada del Presidente de la República por caminos distintos al electoral. Y si gana la oposición, el chavismo no puede promover una ola de protestas que obstaculicen las reformas económicas, políticas e institucionales que es necesario acometer para que el país salga de la crisis.
La clave para solucionar el conflicto venezolano no está en el canje de mejores condiciones electorales a cambio de flexibilizar las sanciones y liberar los fondos bloqueados. La clave para destrabar el juego y facilitar la alternancia en el poder en Venezuela es la rehabilitación de los precandidatos, la liberación de los presos políticos y el retorno de los exiliados a cambio de un Pacto de Convivencia que evite las persecuciones, juicios y encarcelamientos contra los perdedores.
Un Pacto de Convivencia pasa por una reforma constitucional para que el ex Presidente de la República y el candidato que resulte perdedor sean designados como diputados vitalicios, con inmunidad parlamentaria por delitos políticos. ¿Está la sociedad venezolana preparada para pagar este precio a cambio de unas elecciones limpias que faciliten la alternancia en poder por la vía electoral y pacífica?
Tengamos en cuenta que una eventual victoria de un candidato opositor en las elecciones presidenciales de 2024 tendrá que coexistir con los poderes legislativo, judicial, electoral, y ciudadano –así como la mayoría de las gobernaciones y alcaldías-, que quedarán bajo el control del chavismo. En tales circunstancias, un Pacto de Convivencia es necesario para avanzar hacia una cultura de la coexistencia política, de la cohabitación y cooperación entre los diferentes poderes públicos, para asegurar el respeto y la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno nacional, estadal y municipal.
Un Pacto de Convivencia debe dejar claro el papel que le corresponde cumplir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en el proceso de transición. No basta que la Constitución y la Ley establezcan que la FANB no es deliberante y está subordinada al poder civil, porque la opinión pública nacional e internacional sabe muy bien el grado de poder económico que tiene, así como la identificación política que muestra con el chavismo. En vez de execrar y perseguir a los mandos militares, a la FANB como institución hay que ofrecerle incentivos para que garantice el respeto al resultado electoral y respalde la alternabilidad en el mando político.
El principal obstáculo contra el que tendrá que lidiar un Pacto de Convivencia es la narrativa que se ha implantado nacional e internacionalmente de una Venezuela gobernada por un régimen dictatorial que viola derechos humanos y ha cometido delitos de lesa humanidad, con el cual no hay que negociar nada y cuyos responsables deben ser enjuiciados y condenados por la Corte Penal Internacional. La dirigencia opositora teme pagar los costos reputacionales de darle garantías a un gobierno acusado de narcotiranía aliada de las FARC y del crimen internacional. Por eso evade tocar este punto que es el que realmente tiene trancadas las negociaciones.
En consecuencia, el sensible tema de la Justicia Transicional será un componente clave para que el Pacto de Convivencia no sea desvirtuado como un Pacto de Impunidad, sino como un gran acuerdo nacional que permita avanzar hacia el esclarecimiento de la verdad, la justicia y reparación de daños a las víctimas, la no repetición de la tragedia, el perdón, la reconciliación y el reencuentro de la Nación venezolana para que así pueda retomar la paz política, la senda del crecimiento económico y del bienestar social.
@victoralvarezr
La espiral inflacionaria sigue pulverizando el valor de la moneda nacional. Quienes ganan un salario fijo en bolívares son los principales perjudicados de esta brutal depreciación. El último aumento del salario mínimo se decretó en marzo de 2022, cuando se fijó en 130 Bs/mes, aproximadamente 30 $/mes. Entre marzo/2022-febrero/2023 la inflación acumulada supera el 250% pero el salario mínimo no ha aumentado en bolívares y –debido a la depreciación de la moneda nacional– ha quedado reducido a solo 5,33 $/mes. O sea, 18 centavos de dólar diarios. El FMI, BM y ONU estiman que quien gana menos de dos dólares diarios (60 $/mes) está sumido en la pobreza.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), más del 90% de los hogares venezolanos es pobre al no poder adquirir la canasta básica que, además de los alimentos, incluye transporte, servicios de luz, agua, gas, vestido, calzado, educación, salud, etc. Y más del 50 % de los hogares está en condición de pobreza crítica, al no poder comprar ni siquiera la canasta alimentaria.
El artículo 91 de la Constitución establece que: «Todo trabajador tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas». Atendiendo a este mandato constitucional, el salario mínimo debería ser al menos el costo de la canasta básica y no solo el costo de la canasta alimentaria.
¿De dónde saldrán los recursos para pagar un aumento del salario mínimo?
El gobierno responde que no hay ingresos fiscales suficientes para aumentar el salario mínimo de la nómina pública al nivel de la canasta alimentaria (400 $/mes) y mucho menos al nivel de la canasta básica (700 $/mes). El sector privado argumenta que apenas está saliendo de la recesión y no podría soportar un aumento semejante que llevaría a muchas empresas a la quiebra.
Pero el salario mínimo no puede verse solo como un costo de producción más. Un salario digno es una condición básica para la sobrevivencia humana, pero también es un requisito para la reactivación económica. Los bajos salarios limitan el consumo privado, principal componente de la demanda agregada que dinamiza la producción, mueve las ventas y hace posible la ganancia empresarial. Sostener y ampliar la recuperación económica necesita aumentar el salario mínimo al menos al nivel de lo que cuesta la canasta alimentaria y, a medida que la economía mejore, llevarlo al nivel de la canasta básica que, además de alimentos incluye vestido, calzado, educación, salud, servicios, etc.
Cuando los ingresos fiscales son limitados, el Estado debe priorizar la protección de los sectores sociales más vulnerables. Con base en un principio de solidaridad, está llamado a aplicar impuestos que hagan posible una redistribución progresiva del ingreso desde los sectores que más ganan hacia los que menos tienen. Pero seguimos atrapados en un círculo vicioso, toda vez que aumentar los impuestos en una economía que apenas viene saliendo de una prolongada recesión sería abortar el proceso de recuperación.
La ola de protestas de los trabajadores del sector público demanda un salario mínimo igual a la canasta alimentaria. El problema es de dónde saldrán los fondos para pagarlo. Algunas fuentes de recursos pudieran ser las siguientes:
Soluciones hay, veremos si hay voluntad política para aplicarlas.
Twitter: @victoralvarezr
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Víctor Álvarez R. Es economista. Investigador/consultor. Premio Nacional de Ciencias.
Muchas son las medidas adoptadas por el propio gobierno que han creado la cultura de dolarización
El colapso de los precios del petróleo y la caída de las reservas internacionales a su nivel más bajo en la última década agravan los problemas que el gobierno viene confrontando para garantizar la liquidación de divisas a los sectores productivos. Sin embargo, les exige que sigan operando para mantener el empleo que allí se genera. Por eso se debate entre mantener un rígido control de cambios o flexibilizar los mecanismos para tener acceso a las divisas y quitarse de encima la enorme presión que ejercen todos los sectores económicos y sociales que reclaman la asignación oportuna, suficiente y transparente de divisas.
Muchas y variadas son las medidas adoptadas por el propio gobierno que han contribuido a crear una cultura de la dolarización. Desde la emisión de bonos de Pdvsa denominados en dólares que se compraban en bolívares, hasta el Convenio Cambiario N° 33 que dictó las normas para las operaciones en divisas en el sistema financiero nacional, pasando por el Sistema de Transacciones en Moneda Extranjera (Sitme) y el Convenio Cambiario Nº 20 que autorizó la apertura de cuentas en divisas, el gobierno ha venido flexibilizando las condiciones que permiten realizar un creciente número de transacciones financieras y comerciales en dólares. Quienes tienen cuentas en divisas en la banca nacional pueden realizar transferencias electrónicas desde y hacia el exterior, lo cual facilita las operaciones de compra-venta en dólares. En el caso de las empresas, éstas pueden mantener fondos en divisas destinados a la adquisición y pago de bienes y servicios relacionados con los proyectos de inversión que ejecutan en el país.
Más no resulta fácil terminar de oficializar la decisión de dolarizar la economía para un gobierno que tiene como bandera la igualdad y la inclusión social, toda vez que semejante medida representa una discriminación en contra de la mayoría que no tiene acceso a las divisas. Solo los privilegiados que lograron capturar una tajada de los dólares de Cadivi/Cencoex/Sicad podrán adquirir esos bienes en dólares. Pero los trabajadores que viven de un ingreso fijo en bolívares tendrían que convertirlo en dólares a la tasa de cambio más cara, lo cual vuelve sal y agua sus salarios y les cierra todo acceso a los bienes cuyos precios estén dolarizados.
Por si fuera poco, el artículo 318 de la CRBV plantea que “La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar”. Sin embargo, a la creciente venta de viviendas y boletos aéreos en dólares, se suma ahora la venta de vehículos, lo cual sentencia también la dolarización de los créditos para adquirir vehículos, las pólizas de seguros y las reparaciones que impliquen la sustitución de piezas y repuestos.
¿Por qué se dolariza la economía?
Al igual que toda moneda, el bolívar tiene como funciones básicas las de servir de unidad de cuenta, de medio de cambio y de depósito de valor. Cuando esas funciones comienzan a deteriorarse, la dinámica económica tiende de manera espontánea y natural a utilizar otra moneda que pueda cumplir de mejor manera tales funciones.
Pero la contracción del aparato productivo, las desmesuradas emisiones de dinero sin respaldo para financiar el déficit fiscal y la caída de las reservas internacionales se han juntado para pulverizar el poder de compra del bolívar e implantar la creciente tendencia a la dolarización de la economía nacional.
De hecho, en la economía venezolana hay una inmensa cantidad de productos cuyo precio se define primero en dólares y luego se traduce en bolívares a la tasa de cambio más alta. Y aunque el bolívar se utilice como medio de cambio o pago, en realidad es el dólar el que se ha usado como unidad de cuenta para acordar el precio y cada vez son mayores las operaciones de compra y venta que no solo se contabilizan en dólares, sino que también se concretan en esa divisa, aunque finalmente se legalicen en bolívares en la notaría o registro mercantil.
Adicionalmente, como el bolívar se vuelve sal y agua debido a la inflación, la gente busca ahorrar en dólares. Con inflaciones de 56 y 68 % en los últimos dos años y la amenaza de una inflación mayor a 100 % en 2015, el bolívar ya no sirve para preservar la capacidad de compra de los ahorros. Todos quieren deshacerse tan rápido como puedan de los bolívares comprando dólares. Pero a medida que los dólares son más escasos su precio sube, y en vista de que no hay mayores opciones para invertir, el dólar termina siendo la mejor reserva de valor para preservar los recursos familiares o empresariales.
En conclusión, aunque no sea una decisión oficial que lleve a sustituir la circulación del bolívar por el dólar, la dolarización de la economía venezolana se está convirtiendo en un fenómeno espontáneo a través del cual las personas buscan protegerse de la erosión que sufre el poder de compra de la moneda nacional. Así, un número creciente de mercados se va cotizando y transando en dólares, sobre todo cuando se trata de productos con un alto componente importado, tales como vehículos, electrodomésticos, computadoras, teléfonos móviles, etc. Como no resulta rentable comercializarlos en bolívares que luego no alcanzan para reponer unas divisas que no se consiguen y son cada vez más caras, se va imponiendo la práctica de fijar el precio y hacer la transacción en dólares.