La actual desconexión entre la calma del mercado y las tensiones sociales subyacentes quizás en ninguna parte sea tan aguda como en América Latina. La pregunta es cuánto tiempo más puede continuar esta disonancia evidente.

Por ahora, los datos económicos de la región siguen mejorando y los mercados de deuda permanecen misteriosamente imperturbables. Pero la furia candente se está propagando por las calles, particularmente (pero no exclusivamente) en Colombia. La tasa de nuevos casos diarios de COVID-19 en América Latina ya es cuatro veces más alta que la mediana de los mercados emergentes, incluso considerando que una tercera ola de la pandemia ya está en curso, y esto hace que los 650 millones de personas de la región enfrenten un desastre humanitario en pleno desarrollo.

Mientras la incertidumbre política aumenta, la inversión de capital se ha estancado en una región ya asolada por un bajo crecimiento de la productividad. Peor aún, una generación de niños de América Latina ha perdido casi un año y medio de escolaridad, lo que mina aún más las esperanzas de lograr una equiparación educativa con Asia, mucho menos Estados Unidos.

En el caso de Cuba, Rusia y China, que ya tienen una cabecera en Venezuela, la pandemia presenta una oportunidad para hacer una incursión mayor. Los mercados parecen aliviados al ver que el aparente ganador de la elección presidencial de Perú, Pedro Castillo, un marxista, al parecer tiene por lo menos un par de asesores económicos tradicionales, pero todavía está por verse cuál es la verdadera influencia que tendrán.

Asimismo, los datos económicos latinoamericanos en lo que va del año son buenos sólo porque no son tan espantosos como en 2020, cuando la producción cayó el 7%. En abril, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que el PIB de la región aumentaría el 4,6% en 2021; estimaciones más recientes están más cerca del 6%. Pero en términos per cápita –hoy considerados una mejor manera de medir la recuperación de crisis económicas profundas-, la mayoría de las economías latinoamericanas no regresarán a los niveles pre-pandémicos hasta bien entrado el 2022, o después.

Lo preocupante es que gran parte del crecimiento real de la región este año surge de los crecientes precios de las materias primas alimentados por la recuperación en otras partes, no por mejoras genuinas de la productividad que sustentarán el ingreso a lo largo del ciclo de las materias primas. Para peor, los hogares de bajos ingresos han sido especialmente golpeados por la pandemia y la crisis económica asociada a ella.

Para entender los desafíos políticos de América Latina, basta con analizar sus dos economías más grandes, Brasil y México, que en conjunto representan más de la mitad de la producción de la región. A simple vista, están gobernados por polos opuestos: Brasil por el presidente de derecha Jair Bolsonaro y México por el presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador (popularmente conocido como AMLO). Pero los dos hombres son similares en varios sentidos relevantes.

Si bien los instintos políticos de AMLO están arraigados en la visión radical del mundo de los años 1970, y Bolsonaro parece nostálgico de la era del régimen militar de Brasil, ambos son autócratas erráticos. Asimismo, ambos siguen siendo razonablemente populares a pesar de su manejo catastrófico de la pandemia y una racha de decisiones económicas desacertadas. AMLO canceló el proyecto de un nuevo aeropuerto muy necesario en Ciudad de México poco después de asumir el cargo a fines de 2018, a pesar de que estaba bien avanzado. Y si bien hizo campaña con la promesa de un rápido crecimiento económico, el PIB de México se venía achicando inclusive antes de la pandemia -0,1% en 2019.

Bolsonaro, cuando no amenaza con arrasar el Amazonas, ha seguido teniendo éxito responsabilizando por los problemas de Brasil al opositor Partido de los Trabajadores (PT) de izquierda, que gobernó el país hasta 2016. Varios de los líderes del PT, incluido el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, fueron encarcelados por corrupción.

De todos modos, es enteramente posible que, en unos años, Brasil vuelva a tener un presidente de izquierda –tal vez Lula, cuyas condenas fueron revocadas en marzo–, mientras que México podría volver a estar en manos de un centrista. El futuro curso político de los dos países es difícil de predecir.

¿Por qué los mercados de deuda no están atemorizados ante toda esta incertidumbre? En parte, porque ambos países han seguido siendo bastante conservadores en su manejo de la deuda. Es cierto, se proyecta que la deuda gubernamental de Brasil alcanzará casi el 100% del PIB este año. Pero está esencialmente denominada en moneda local, y los residentes domésticos tienen el 90% del total, con respecto al 80% hace cinco años. Incluso el endeudamiento externo de las empresas ha estado contenido: la deuda externa del país sigue rondando el 40% del PIB.

La deuda pública de México es más baja que la de Brasil: un 60% del PIB. A pesar de todo su radicalismo, AMLO hasta el momento ha sido un conservador fiscal, muy parecido a Lula en Brasil en su momento. La lección de que las crisis de deuda pueden hacer descarrilar a una revolución populista ha sido bien aprendida.

Es cierto que los gobiernos en toda la región han montado una respuesta macroeconómica sorprendentemente robusta ante la pandemia. Pero tienen mucho menos margen de acción que Estados Unidos para seguir usando financiamiento del déficit. Para aumentar el gasto y abordar la desigualdad de manera sostenible, los países latinoamericanos también deben encontrar el modo de aumentar los ingresos presupuestarios. Irónicamente, las protestas en Colombia no comenzaron como una respuesta a recortes de beneficios, sino porque el gobierno intentó aumentar los impuestos a la clase media para ofrecer más y mejor ayuda frente a la pandemia a los ciudadanos más pobres del país. Los gobiernos que buscan redistribuir el ingreso necesitan aumentar los impuestos a los ciudadanos más acomodados y no disimular temporariamente los problemas con más deuda.

En las últimas décadas, Estados Unidos se ha mostrado reticente a involucrarse profundamente en la resolución de los problemas de América Latina, pero quizás eso cambie. Para empezar, la región necesita una ayuda masiva de vacunas para volver a ponerse de pie. Estados Unidos también puede ayudar fortaleciendo el comercio –especialmente resolviendo los cuellos de botella generados por la pandemia y eliminando medidas proteccionistas que datan de la era Trump.

La mayor parte de América Latina todavía está lejos de las condiciones horrorosas que prevalecen en Venezuela, donde la producción ha caído un pasmoso 75% desde 2013. Pero, dada la catástrofe humanitaria en curso allí, y el espectro de inestabilidad política en otras partes, los inversores no deberían dar por sentada una recuperación económica sostenida.

1 de julio 2021

Project Syndicate

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Igual que las vacunas contra la COVID‑19, la distribución mundial de la recuperación económica durante los próximos dos años no será pareja. Pese al enorme apoyo provisto por las políticas de gobiernos y bancos centrales, subsisten profundos riesgos económicos, y no sólo para las economías fronterizas con problemas de deuda inminentes o para los países de bajos ingresos que experimentan un aumento alarmante de la pobreza. La situación sigue siendo precaria, ya que para domar el coronavirus todavía falta mucho, cunde el populismo, el endeudamiento mundial está en niveles récord y la normalización de las políticas promete ser desigual.

Esto no implica negar las noticias de los últimos doce meses que en general son positivas. Se han obtenido vacunas eficaces en tiempo récord, mucho antes de las previsiones iniciales de la mayoría de los expertos. La vasta respuesta monetaria y fiscal tendió un puente hasta el ansiado final de la pandemia. Y la gente aprendió a convivir con el virus, con o sin ayuda de las autoridades nacionales.

Pero aunque las cifras de crecimiento en todo el mundo han resultado muchísimo mejores de lo que se esperaba en los primeros días de la pandemia, la recesión actual todavía es catastrófica. El Fondo Monetario Internacional prevé que Estados Unidos y Japón no regresarán a los niveles de actividad económica prepandemia hasta la segunda mitad de este año. La eurozona y el Reino Unido (en caída una vez más) apenas alcanzarán ese punto bien entrado 2022.

La economía china es un caso aparte: se prevé que a fines de 2021 haya crecido un 10% respecto de fines de 2019. Pero en el otro extremo del espectro, es posible que a muchas economías en desarrollo y emergentes les lleve años regresar a las trayectorias prepandemia. El Banco Mundial calcula que cuando termine 2021, puede haber otros 150 millones de personas en la pobreza extrema como consecuencia de la pandemia de COVID‑19, en un contexto de amplia inseguridad alimentaria.

Las divergencias en los pronósticos económicos tienen mucho que ver con el cronograma de administración de las vacunas. Se espera que a mediados de este año la vacunación esté muy extendida en las economías avanzadas y en algunos mercados emergentes, pero es probable que los habitantes de países más pobres deban esperar hasta 2022 o más.

Otro factor es la enorme diferencia en el apoyo macroeconómico provisto por los países ricos y los pobres. En las economías avanzadas, la combinación de aumento del gasto público y rebajas de impuestos durante la crisis de la COVID‑19 ha rondado en promedio el 13% del PIB, a lo que se suma otro 12% en provisión de préstamos y garantías. En cambio, esa misma combinación en las economías emergentes llegó a alrededor del 4% del PIB, y la provisión de préstamos y garantías suma otro 3%. Las cifras comparables en los países de bajos ingresos son 1,5% del PIB en apoyo fiscal directo y casi nada en garantías.

En vísperas de la crisis financiera de 2008, las economías emergentes tenían balances relativamente sólidos en comparación con los países desarrollados. Pero esta crisis las encontró con una carga de deuda pública y privada muy superior, lo que las torna mucho más vulnerables. Si no fuera por los tipos de interés casi nulos de las economías avanzadas, muchos de esos países tendrían graves problemas. Y esto no impidió una serie creciente de defaults soberanos que incluye a Argentina, Ecuador y el Líbano.

De hecho, uno de los mayores riesgos es que se produzca un «berrinche de los mercados 2.0»; y si sucede (o cuando suceda) no afectará solamente a los mercados emergentes. El berrinche de 2013 se produjo cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos comenzó a preanunciar una normalización de la política monetaria, lo que provocó inmensas salidas de capitales desde los mercados emergentes. Pero ahora la Fed se esforzó en transmitir señales de que no tiene planes de subir los tipos de interés en mucho tiempo, e incluso presentó un nuevo marco monetario que básicamente equivale a una promesa de mantener el pie en el acelerador hasta que haya un nivel extremadamente bajo de desempleo.

Es una política totalmente razonable. Como he sostenido muchas veces desde 2008, permitir una inflación transitoriamente superior a la meta del 2% de la Fed implica mucho más beneficio que daño en un entorno de niveles de deuda elevados y actividad económica inferior al potencial. No hay que olvidar que hoy en Estados Unidos hay nueve millones de desempleados más que hace un año.

Pero si Estados Unidos alcanza sus metas de vacunación a mediados de este año y las mutaciones del coronavirus no se descontrolan, es muy posible que se empiece a hablar de una suba de tipos de interés por parte de la Fed, sobre todo si se tiene en cuenta la inmensa reserva de ahorros en poder de muchos estadounidenses, debida en parte a un alza de precios de los activos y en parte a que muchas personas que recibieron transferencias del Estado optaron por ahorrarlas.

Las políticas expansivas en todo el mundo están ayudando a evitar daños permanentes, pero hay muchas empresas más grandes (entre ellas, las megatecnológicas) que no necesitan un apoyo que está llevando la cotización de sus acciones por las nubes. Todo esto no puede sino alimentar la rabia populista (de lo que se tuvo un atisbo en las reacciones de algunos políticos estadounidenses a la reciente guerra de cotizaciones con las acciones de GameStop).

Aunque por ahora la inflación se mantenga en niveles obstinadamente bajos, una explosión de demanda suficiente puede provocar un alza que obligue a la Fed a subir los tipos de interés antes de lo planeado. Las repercusiones de esa decisión en los mercados de activos separarán al fuerte del débil, y afectarán sobre todo a los mercados emergentes. Además, tarde o temprano las autoridades (incluso en Estados Unidos) tendrán que permitir más quiebras y reestructuraciones. La recuperación es inevitable, pero no será igual para todos.

5 de febrero 2021

Traducción: Esteban Flamini

Project Syndicate

https://www.project-syndicate.org/commentary/covid19-uneven-global-recovery-emerging-market-risks-by-kenneth-rogoff-2021-02/spanish

La implosión del gran experimento de Venezuela con el socialismo “bolivariano” está creando una crisis humanitaria y de refugiados comparable a la de Europa en 2015. En autobús, en barco e incluso a pie por caminos peligrosos, cerca de un millón de venezolanos han huido sólo a Colombia, y se calcula que hay otros dos millones en otros países (en su mayoría, vecinos).

Allí muchos terminan viviendo en condiciones desesperadamente inseguras, con poco alimento y ninguna medicina, y durmiendo donde puedan. Hasta ahora, no hay campos de refugiados de Naciones Unidas, sólo una modesta ayuda de organizaciones religiosas y otras ONG. Cunden el hambre y la enfermedad.

En general, Colombia está haciendo lo mejor que puede por ayudar; da atención a los que acuden a los hospitales, y su voluminosa economía informal está absorbiendo a muchos refugiados como trabajadores. Pero con un PIB per cápita que sólo llega a unos 6000 dólares (contra los 60 000 de Estados Unidos), los recursos de Colombia son limitados. Y el gobierno también debe reintegrar urgentemente a unos 25 000 guerrilleros de las FARC y a sus familias, según lo estipulado por el acuerdo de paz firmado en 2016 que puso fin a medio siglo de cruenta guerra civil.

Los colombianos han sido comprensivos con sus vecinos, en parte porque muchos recuerdan que durante la insurgencia de las FARC y las narcoguerras relacionadas, Venezuela absorbió a cientos de miles de refugiados colombianos. Además, durante los años de bonanza en Venezuela, cuando el precio del petróleo era elevado y el régimen socialista todavía no había destruido la producción, varios millones de colombianos consiguieron trabajo en Venezuela.

Pero el reciente tsunami de refugiados venezolanos está creándole a Colombia problemas enormes, que trascienden los costos directos del mantenimiento del orden y la provisión de atención médica urgente y otros servicios. En particular, el ingreso de trabajadores venezolanos generó una importante presión a la baja sobre los salarios en el sector informal de Colombia (que incluye agricultura, servicios y pequeñas fábricas) justo cuando el gobierno tenía esperanzas de subir el salario mínimo.

Con las primeras oleadas de venezolanos vinieron muchos trabajadores cualificados (por ejemplo, cocineros y conductores de limusina) con expectativas razonables de hallar empleo remunerado en poco tiempo. Pero los refugiados más recientes carecen en su mayoría de instrucción y capacitación, lo que complica los esfuerzos del gobierno para mejorar la suerte de la propia población desfavorecida de Colombia.

Los problemas a largo plazo pueden ser incluso peores, ya que enfermedades que otrora estaban bajo control, como el sarampión y el SIDA, hacen estragos en la población de refugiados, que por la semejanza cultural se mezclan fácilmente con los colombianos. Los dirigentes colombianos más previsores, incluido el nuevo presidente, Iván Duque, sostienen en privado que dispensar a los refugiados venezolanos un trato humano y digno beneficiará a Colombia en el largo plazo, cuando el régimen caiga y Venezuela vuelva a ser uno de los principales socios comerciales de Colombia. Pero nadie sabe cuándo ocurrirá eso.

Lo que sí se sabe es que en muchos años de política económica desastrosa, iniciada bajo el difunto expresidente Hugo Chávez y continuada con su sucesor, Nicolás Maduro, el régimen venezolano dilapidó una herencia que incluye algunas de las reservas comprobadas de petróleo más grandes del mundo. El ingreso del país se redujo en un tercio, la inflación va camino de llegar a un millón por ciento, y millones de personas padecen hambre en un país que debería ser razonablemente rico.

Aunque podría pensarse en una revolución, hasta ahora Maduro ha podido mantener al ejército del lado del régimen, en parte dándole licencia para manejar un inmenso negocio de tráfico de drogas que exporta cocaína a todo el mundo, y en particular a Europa y Medio Oriente. Y a diferencia del petróleo (sobre cuya exportación pesan inmensas deudas con China y otros acreedores), las drogas ilegales reportan a sus vendedores ganancias irrestrictas (salvo en los pocos casos de decomiso).

Por desgracia, muchos miembros de la izquierda en todo el mundo (por ejemplo, el líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn) hicieron la vista gorda ante el desastre en gestación, tal vez por un impulso automático a defender a sus hermanos socialistas. O peor aún, tal vez creyeron realmente en el modelo económico chavista.

Demasiados economistas de izquierda (incluidos algunos que terminaron trabajando para la campaña presidencial de 2016 del senador Bernie Sanders en Estados Unidos) fueron partidarios incondicionales del régimen venezolano. También hubo cómplices oportunistas, incluido Goldman Sachs (que con su desacertada compra de bonos venezolanos sostuvo sus precios) y algunos de la derecha, por ejemplo el comité a cargo de la ceremonia de asunción del presidente estadounidense Donald Trump, que aceptó una gran donación de Citgo, la filial estadounidense de Petróleos de Venezuela.

Hace poco, Maduro puso en marcha un plan absurdo para estabilizar la moneda, mediante la emisión de nuevos billetes supuestamente respaldados por la criptomoneda del gobierno (que es como levantar un castillo de naipes sobre arenas movedizas). Sea que la nueva moneda funcione o no, es seguro que el ejército venezolano seguirá usando billetes de cien dólares para sus operaciones.

En respuesta a las crisis interna y regional generadas por el régimen de Maduro, Estados Unidos implementó graves sanciones comerciales y financieras, y se dice que Trump propuso la idea de invadir Venezuela. Por supuesto, una intervención militar estadounidense sería una locura, e incluso los muchos gobiernos latinoamericanos que ansían la caída del régimen jamás la apoyarían.

Pero Estados Unidos puede y debe enviar mucha más asistencia financiera y logística a los países vecinos para ayudarlos a hacer frente al enorme problema de los refugiados. Y no es demasiado pronto para empezar a planear la reconstrucción y la repatriación de los refugiados, para cuando la variedad venezolana del socialismo –o más precisamente, del clientelismo basado en el petróleo y la cocaína– finalmente se termine.

Traducción: Esteban Flamini

Septiembre 5, 2018

Project Syndicate

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