La recuperación de nuestros derechos, a plenitud, debe ser asumida con la determinación y transparencia que merecemos, no es una dádiva, ni requiere intermediarios benevolentes, aunque los aportes con desprendimiento son altamente agradecidos y valorados.

La sociedad organizada adquirirá la fuerza y poder suficiente para incidir sobre toda estructura que pretenda mantener y extender, con la fuerza del impostor, el sometimiento de la población.

La realidad política venezolana no tiende a enrumbarse hacia una  estabilidad dotada de  institucionalidad y legitimidad constitucional; todo lo contrario, nos aproximamos a la consolidación de la inconstitucionalidad del régimen. El 3 de julio es fecha de inflexión mayor y definitiva, se agota el tiempo aplicable a la extendible  condición de un ejercicio presidencial por la ausencia de su titular (de origen ilegal). 

 La Carta Magna, nuestra doctrina de entendimiento, en algunos aspectos, además de establecer en sus artículos los respectivos procedimientos, precisa plazos para su ejecución. El así establecerlo es porque no solo es cumplir con ese mandato sino que para el país es fundamental hacerlo en los tiempos indicados; en otras palabras, los lapsos no son producto del capricho, es en razón de la conveniencia para el normal funcionamiento del estado. 

Más allá de atender lo prioritario y que tiene que ver con la reinstitucionalización política del país, aún incipiente, es necesario avanzar en formular propuestas que se adopten tan pronto ocurra el cambio político y se instale el proceso de reinstitucionalización integral. Una de las múltiples materias que tendrán que ser reconfiguradas con carácter casi de urgencia es la agroalimentación.